Hasta
25 mil billones de dólares están escondidos en decenas de jurisdicciones
offshore. El 90% de esta fortuna pertenece a menos de 10 millones de personas,
equivalente a 0.014% de la humanidad. Los paraísos fiscales despojan a los
Estados de sus ingresos tributarios y estimulan las actividades criminales. Dos
informes elaborados con base en las revelaciones de Panamá Papers y
BahamasLeaks ponen a disposición herramientas para, al menos, erradicar la
secrecía que rige al mundo offshore… pero ni gobiernos ni organismos
internacionales –como la ONU o la OCDE– se atreven a enfrentar los poderosos
intereses que lo sustentan.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- Los paraísos fiscales y bancarios enriquecen a una
porción ínfima de la humanidad y despojan a los Estados de entre 100 mil
millones y 240 mil millones de dólares cada año, agravan la desigualdad y
fomentan las actividades criminales. Sus beneficios para la población son
nulos, en comparación con los daños que provocan. Deben desaparecer.
Tales
son los planteamientos de dos informes que se basan en los datos revelados por
Panamá Papers y BahamasLeaks, las dos investigaciones globales que coordinó
este año el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por
sus siglas en inglés), en las cuales participó Proceso.
En
el informe Derrotar a la economía de la sombra, el economista estadunidense
Joseph Stiglitz –ganador del premio Nobel de economía en 2001– y el penalista y
criminólogo suizo Mark Pieth arremeten contra los “paraísos de la secrecía” y
plantean una política de “cero tolerancia” para eliminarlos.
Su
principio: “La secrecía debe ser atacada de manera global, offshore y onshore.
No pueden existir espacios para esconderse”.
Afirman
que los países cuentan con las armas para combatir la secrecía en estos
territorios: son idénticas a las empleadas en la lucha contra el financiamiento
del terrorismo internacional.
El
segundo informe, elaborado por la Comisión Independiente para la Reforma de la
Imposición Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés) –un
colectivo de organizaciones internacionales que abogan en favor de la justicia
social–, plantea soluciones para erradicar la “competencia fiscal” entre países
y territorios, la cual reduce la capacidad tributaria de los Estados, destruye
empresas nacionales y debilita los servicios públicos.
Panamá
Papers es hasta el momento la mayor filtración de documentos de la historia del
periodismo. Exhibió ante el mundo la red de más de 218 mil compañías de papel,
fideicomisos, sociedades anónimas y fundaciones que el despacho panameño
Mossack Fonseca estableció en jurisdicciones offshore para esconder la fortuna
y la identidad de sus clientes.
BahamasLeaks
reveló la identidad de los beneficiarios de 175 mil entidades offshore
incorporadas en la Mancomunidad de Las Bahamas, entre ellos más de 400 personas
oriundas de México: políticos, empresarios, contratistas de Pemex, banqueros o
financieros.
“Los
Panamá Papers arrojaron luz sobre numerosos abusos que permiten estas estructuras”,
plantea el informe de Stiglitz y Pieth.
Enumera:
fraude fiscal, evasión y elusión de impuestos y lavado de dinero proveniente de
actividades criminales, así como ocultamiento, enriquecimiento ilícito,
corrupción y conflictos de intereses que se ofrecen a políticos, altos
funcionarios y jefes de Estado.
Según
estimaciones de la ONU, entre 7 mil y 25 mil billones de dólares (trillones en
sistema aritmético estadunidense) están escondidos en más de 21 jurisdicciones
offshore, donde escapan a la recaudación tributaria. El 90% de esta fortuna
pertenece a menos de 10 millones de personas, equivalente a 0.014% de la
humanidad.
“CUARENTENA”
El
29 de abril de 2016, tres semanas después de la publicación de los Panamá
Papers, Stiglitz y Pieth aceptaron la invitación del presidente panameño Juan
Carlos Varela –quien tuvo a Ramón Fonseca, uno de los socios fundadores del
despacho Mossack Fonseca, como ministro consejero hasta marzo de 2016– para
integrar un Comité de Expertos Independientes.
Varela
pidió a ese comité elaborar un informe con propuestas de reformas legales e
institucionales para luchar contra la evasión fiscal, la corrupción y el lavado
de dinero en Panamá. En él también participaron académicos, consultores
empresariales y exfuncionarios de este país, entre ellos el expresidente
Nicolás Ardito Barletta.
En
la medida en que avanzaban las labores del comité, Stiglitz y Pieth exigieron
al gobierno panameño que hiciera públicas las conclusiones del informe, “sean
cuales sean”. El gobierno se negó, y en agosto pasado los expertos salieron del
comité. Emprendieron entonces la elaboración del informe que se publicó este
martes 15.
La
publicación de Panamá Papers y BahamasLeaks provocó la renuncia de altos
funcionarios públicos en distintos países, obligó a las autoridades a emprender
investigaciones –entre ellos el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de
México– y generó un amplio debate en la ONU y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre “la erosión de la base
fiscal” que provocan este tipo de prácticas financieras.
El
pasado viernes 11, la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas
impuso una multa de 440 mil dólares a la filial de Mossack Fonseca en el
archipiélago. Las autoridades determinaron que el despacho falló en realizar
los procesos de debida diligencia y en identificar los beneficiarios finales de
las 113 mil 474 entidades que incorporó en la jurisdicción en las últimas tres
décadas.
Sin
embargo, estas medidas son insuficientes para los expertos. En su informe,
recetan varias opciones para erradicar la secrecía en los paraísos fiscales y
bancarios. Según ellos, hay que obligar a las jurisdicciones opacas a colaborar
con las administraciones tributarias, so pena de ser excluidas del sistema
financiero internacional. “Sabemos qué hacer con las enfermedades contagiosas:
cuarentena”, sentencian.
Sus
recomendaciones incluyen sanciones severas contra cualquier persona, empresa o
banco que tenga actividades o presencia en jurisdicciones “no cooperativas”.
También instan a “atacar toda la industria que facilita la secrecía”, como los
bufetes especializados –Mossack Fonseca es uno de ellos–, los despachos
fiscales o los bancos.
“Para
penetrar la red de corporaciones, fideicomisos y fundaciones, una etapa
decisiva sería eliminar las entidades zombies” que dificultan las
investigaciones, plantean los expertos.
También
llaman a erradicar la figura de “directores de papel”: empleados de despachos
que firman en los registros oficiales para ocular la identidad de sus
beneficiarios finales. Leticia Montoya, una empleada de Mossack Fonseca,
aparece en el directorio de cerca de 11 mil entidades offshore, por ejemplo.
Pero
en muchas ocasiones “los recursos destinados a las agencias de policía y su
compromiso con la transparencia total está limitado”, estiman los expertos.
Añaden: “Cuando quisieron, las agencias de inteligencia procesaron cantidades
mucho mayores de datos”, tomando como ejemplo la lucha contra el terrorismo.
“Estos
paraísos existen sólo porque Estados Unidos y Europa miran hacia otro lado,
bajo la influencia de su propio 1% (de los más ricos)”, deploran.
Y
puntualizan: estos países “lamentan los vicios de los centros offshore, pero
dentro de sus propias fronteras existen burbujas de secrecía donde estas malas
prácticas continúan”.
En
el 2000, la OCDE creó una lista negra de paraísos fiscales, recuerda el
informe. Dos años después, eliminó de ella a la gran mayoría porque adecuó sus
normas a los estándares del organismo internacional. En 2009, la OCDE sostenía
que no existían paraísos fiscales en el planeta. Los Panamá Papers la
desmintieron.
Los
expertos aseveran que con el combate contra la secrecía está en juego la propia
estabilidad interna de los países. “Si no somos capaces de demostrar a nuestros
ciudadanos que la globalización puede ser contenida, que puede ser amansada
para el beneficio de la gran mayoría, asestarán un contragolpe (hacia dicha
globalización)”, advierten.
COMPETENCIA FISCAL
El
ICRICT, por su parte, estima que los países entraron en una lógica de
“competencia fiscal”, ofreciendo a las empresas tasas de imposición corporativa
–es decir, la proporción de impuesto que pagan las empresas sobre sus
ganancias– cada vez menores, para atraerlas en su territorio.
Sin
embargo, el colectivo de organizaciones recuerda que ese impuesto a los
ingresos corporativos representa 8% del ingreso fiscal de los países
desarrollados y el doble para los países en desarrollo, con lo que financian
parte del gasto público.
“La
competencia fiscal genera mayores desigualdades y empobrece los servicios
públicos”, deplora. Además, “mina el estado de bienestar en el norte, el
desarrollo en el sur, y las inversiones en infraestructura, tecnología,
educación y otros en todas partes”. Asume que “todos los países se
beneficiarían de un incremento en las tasas de impuestos corporativos”.
Desde
los años ochenta las tasas de impuestos a los ingresos corporativos se
derrumbaron: de 45% a 25% en los países desarrollados; de 40% a 25% en países
de ingresos medianos –como México– y de 45% a 30% en los países en desarrollo.
En
lugar de coordinarse para aplicar una tasa mínima de imposición a nivel
internacional, los países compiten entre sí mediante una batería de herramientas
con las cuales las empresas multinacionales reducen de manera drástica sus
obligaciones tributarias.
Figuran
entre ellas las entidades offshore, las patent boxes –que permiten a las
empresas deducir de sus impuestos las ganancias derivadas de una patente–, los
acuerdos de doble tributación y las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE),
como las que el gobierno mexicano pretende instaurar en el Istmo de
Tehuantepec, en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Puerto Chiapas,
cerca de Tapachula.
Las
multinacionales se volvieron expertas en aprovechar estos arreglos fiscales. El
informe recuerda que transfieren en promedio uno de cada tres dólares de sus
ganancias en paraísos fiscales, lo que representa una pérdida de 200 mil
millones de dólares para los países que no pertenecen a la OCDE, y entre 400
mil y 500 mil millones de dólares para los miembros del organismo
internacional. El caso de Apple es emblemático: a nivel global, la empresa paga
apenas 0.005% de impuesto sobre sus ganancias.
(PROCESO
/ REPORTAJE ESPECIAL/ MATHIEU TOURLIERE/ 27 NOVIEMBRE, 2016)
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