MEXICALI,
BC (proceso.com.mx).- Luego de calcular que tiene 25 propiedades a su nombre en
Baja California, el gobernador Francisco Vega -acusado de enriquecimiento
ilícito y de peculado por la propiedad de bienes inmuebles en Estados Unidos y
México- señaló que “si hay alguna consecuencia sobre la transparencia y
honestidad, pues !qué le puedo hacer!”.
El
sonorense que gobierna Baja California desde noviembre de 2013, el quinto
panista en ganar al hilo en las urnas al PRI, advirtió que corre un riesgo como
político pero “prefiero correrlo que andar escondiéndome y usar técnicas y
mañanas de prestanombres que no corresponden”.
Según
la averiguación previa 5189/13/211/AP, presentada en mayo de 2013 por la actual
diputada federal Nancy Sánchez, las 40 propiedades que tenía ese año estaban
registradas a su nombre, a dos de sus hijas, su actual esposa y de Enrique
Rafael Victoria Espinoza, señalado de ser el comprador previo de las
propiedades del político panista.
En
conferencia de prensa, Vega de Lamadrid dijo que las propiedades que tiene en
Baja California están apegadas a la normatividad de transparencia del gobierno
estatal pero se abstuvo de informar el número exacto de terrenos y casas que
posee en la entidad.
“Todo
lo que tengo es público, se hablan de muchas propiedades pero no se hablan de
las que he vendido en mi vida. Hay que darle una revisada puntual (a los
documentos) para ser mucho mas objetivos”, expresó al tiempo de apurar que sus
propiedades son “algunas, no sé el monto pero no coincide con los números que
se identifican, posiblemente tengo 25, hay que revisarlas una por una y saber cuales
son, pero todas están a mi nombre”.
Vega
de Lamadrid sostuvo que todos los bienes que tiene los ha adquirido con
recursos propios de sus actividades empresariales desde hace 40 años, “no me he
beneficiado ni me beneficiaré de lo que es el gobierno ni siquiera de la
condición propia de uno en materia de información”.
En
1989 se afilió al PAN de esta ciudad fronteriza donde era dueño de una casa de
empeño, su cargo en el gobierno de Ernesto Ruffo como director de Inmobiliaria
del Estado coincidió con la adquisición de casas y terrenos, la cual se
incrementó durante su periodo de presidente municipal de Tijuana. Antes fue
secretario de Planeación y Finanzas del gobernador Hector Terán.
Enfatizó
que la relación de las propiedades, que es un tema que floreció en 2013 durante
la campaña electoral, es información conocida y ahora es retomada por otros
medios de comunicación.
Precisamente,
en ese año Sánchez Arredondo presentó una denuncia penal pero fue archivada sin
investigar en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la
Procuraduría General de justicia del Estado. “Nunca me citaron a declarar, la
denuncia quedó ahí, no me equivoqué pues tenía 40 propiedades como candidato y
ahora tiene 60 como gobernador”, comentó.
En
la víspera de la conferencia, el equipo de imagen de Kiko Vega emitió un
comunicado para señalar que no tenía conocimiento de alguna investigación ni
evidencia, además que ha realizado sus declaraciones de impuestos de manera
puntual.
(DOSSIER
POLITICO/ Tomado de: Antonio Heras / Proceso/ 2016-11-27)
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