Demasiado tarde y demasiado
extraño, seis años después de iniciarse una investigación en contra del ex
Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, la Procuraduría General de la
República decidió actuar activamente en su contra, y ofreció una recompensa por
hasta 15 millones de pesos por información que permita la captura del político
que aspiró a la candidatura presidencial del PRI hace más de una década. ¿Por
qué razón procedió ahora?
Las investigaciones sobre
Yarrington comenzaron en 2009, cuando la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) abrió una indagatoria (la
PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009). Eran los años en los que la Procuradora Marisela
Morales, por instrucciones del Presidente Felipe Calderón, estaba decidida a
llevar a la cárcel a varios gobernadores priistas en los estados del Golfo de
México.
La investigación se empezó a
construir con información de un testigo protegido de la PGR conocido como
“Óscar”, quien detalló cómo funcionarios estatales y municipales en Tamaulipas
recibían dinero del Cártel del Golfo a cambio de protección. De acuerdo con
“Óscar”, identificado años después como César Eduardo García, colaborador del
ex jefe del cártel, Osiel Cárdenas, el dinero lo entregaba Juan Carlos
González, el ex policía ministerial en Matamoros y uno de los principales
operadores de Eduardo Costilla, El Coss, jefe del Cártel del Golfo hasta su
captura en 2012. Sus revelaciones permitieron que la DEA lo acusara en una
Corte Federal de San Antonio, Texas, a donde ante la imposibilidad de poder
perseguirlos en México, la ex Procuradora llevó toda la documentación y la
información que había recabado en su contra.
Durante la campaña
presidencial en 2012, los estrategas del PAN difundieron muy eficaces spots
donde vinculaban a gobernadores priistas con los cárteles de la droga. Pero
como la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota no aprovechó la caída del
candidato Enrique Peña Nieto en las preferencias electorales por esa
propaganda, y en cambio beneficiaba a Andrés Manuel López Obrador, Calderón
pidió a su partido que los retirara del aire. Mientras tanto Morales, que
proporcionó los expedientes al jefe de campaña priista, Luis Videgaray, recibió
en pago la protección del Gobierno peñista en el Consulado General de Milán. La
investigación se congeló en México, pero no en Estados Unidos.
A las imputaciones de “Óscar”
se añadieron las del empresario Antonio Peña Argüelles, quien presuntamente fue
intermediario de Yarrington con Los Zetas. Peña Argüelles fue sentenciado en la
corte federal texana en abril de 2014, quien a cambio de colaborar con las
autoridades, fue sentenciado a sólo dos años y medio de cárcel por los delitos
de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Yarrington, involucrado por
Peña Argüelles en el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de
Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, se ufanaba mientras tanto de
ser amigo del ex Presidente George W. Bush, a quien había conocido cuando fue
Gobernador de Texas y presumía fotografías de él en la Casa Blanca.
En México se sentía blindado
con el apoyo de la PGR, que llegó a desestimar acusaciones puntuales en México
en su contra, como la del ex Diputado local y ex delegado de la Sedesol en
Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, quien dijo que había recibido 80 millones
de dólares del narcotráfico para su campaña electoral para Gobernador. La Corte
Federal en Texas finalmente lo acusó por “conducta criminal”, junto con su
presunto testaferro y lavador de dinero, Fernando Cano Martínez, quien según la
DEA, pagó sobornos con dinero de los cárteles tamaulipecos a funcionarios en
ese estado al menos desde 1998, cuando Cavazos era Gobernador y Yarrington
secretario de Finanzas. Pese a que se le señaló de no sólo haber estado al
servicio de los cárteles, sino formar parte de su estructura orgánica, el PRI
salió en su defensa y dijo que se estaba politizando la justicia.
La PGR nunca quiso actuar
abiertamente en su contra y en varias ocasiones negó incluso que hubiera
investigaciones en su contra. En abril de 2013, el entonces Procurador Jesús Murillo
Karam, exoneró a Yarrington y a otros dos ex gobernadores tamaulipecos, el
actual Senador Manuel Cavazos y Eugenio Hernández -prófugo de la justicia
estadounidense- porque, afirmó la dependencia, las acusaciones de los testigos
protegidos que los habían acusado, eran falsas. Acto seguido, canceló las
órdenes de aprehensión en su contra. Sin embargo, el caso siguió, aunque dando
tumbos, en el Gobierno de Peña Nieto.
Después de que Murillo Karam
dijo haber cancelado la orden de aprehensión en su contra, se reactivó.
Yarrington se amparó, y unos días antes de que fuera relevado Murillo Karam del
cargo en marzo de 2014, un juez federal le negó el amparo al ex Gobernador en
contra de la orden de aprehensión por narcotráfico y delitos contra la salud, derivada
de las declaraciones de los testigos protegidos desautorizados por el ex
Procurador, entre los que se encontraba “Óscar”, en manos de la DEA, que
declaró en San Antonio.
Yarrington es uno de los
ejemplos más contundentes de la narcopolítica mexicana, que nutre la percepción
que el PRI tiene pactos con el crimen organizado. El ofrecimiento de la
recompensa, aunque apunta en la dirección de la justicia, levanta suspicacias.
¿Por qué razón procedió en su contra? No se puede soslayar el contexto político
que se vive, la recta final del Gobierno de Peña Nieto, con un PRI en tercer
lugar de las preferencias electorales para 2018 y en declive. ¿Está
administrando la PGR casos de impacto para levantar al PRI y sobrevivir el
peñismo? Es temprano para saberlo, pero no falta mucho para determinarlo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE
PERSONAL/Raymundo Riva Palacio/24/11/2016 | 01:00 AM)
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