Tres magistrados federales mexicanos
hablan de los peligros de su profesión después del asesinato de un compañero de
un balazo en la nuca
Un juez federal del norte de
México no usa su camioneta blindada por miedo a que lo confundan con un narco y
lo cosan a balazos. El encargado de un juzgado mixto en uno de los Estados más
letales y corrompidos del país, se sienta diariamente frente a los sicarios de
los cárteles y reza para que los tribunales estatales los condenen a penas
mayores que las suyas. En una realidad donde los impartidores de justicia no
buscan convertirse en los héroes de la lucha contra el crimen, sino en mantener
un bajo perfil y seguir vivos, tres jueces mexicanos hablan sobre los
obstáculos de su trabajo después de que asesinaran a un compañero de un tiro en
la nuca a mediados de octubre.
"No es que nos
levantemos el cuello diciendo que somos los más honestos del mundo porque sí,
hay una razón: si quieres sobrevivir, más te vale serlo", apunta el
magistrado del norte, que pide mantener oculta su identidad y el nombre del
Estado donde trabaja. Su nombre ficticio será Pedro Pérez. "En el momento
en el que les das pie a los criminales para extorsionarte, en el que aceptas
una comida o un regalo insignificante, como una pluma, quedas expuesto. Saben
que pueden sacar algo más de ti y pones en peligro a tu familia y a los de tu
juzgado", añade Pérez. Los jueces federales mexicanos reciben uno de los
salarios más altos de Latinoamérica para disuadirlos de este tipo de prácticas,
el sueldo ronda los 120.000 pesos mensuales (unos 6.000 dólares).
Pérez, que ocupa una de las
plazas judiciales más peligrosas del país, cuenta que no tiene miedo: "El
miedo te paraliza. He tenido y tengo mucha precaución. Hay que poner siempre un
freno, decirles que no. Pero cuando pasan situaciones como la del asesinato del
juez Bermúdez, uno se da cuenta de que debe tener todavía más cautela".
Cuando habla de "tener cuidado" se refiere a tener una vida social
reducida, a no salir casi nunca y no dar ninguna muestra de ostentación; a
dejar de jugar al fútbol con sus amigos abogados, políticos o funcionarios para
evitar las peticiones —a veces exigencias— de favores. A pagar, en definitiva,
el precio por impartir justicia en un municipio donde no existe la Policía
local desde hace dos años y los criminales se los entrega directamente el
Ejército o la Marina. Pero, sobre todo, Pérez advierte que de quien un juez
debe cuidarse es de los abogados.
En ese punto coincide con
otra jueza federal, Dolores Martínez (nombre también ficticio), que ocupa su
plaza en un juzgado del sureste mexicano. Allí la presencia del crimen
organizado no es tan fuerte, pero explica que los juicios por corrupción de
políticos pueden provocar también situaciones de riesgo. "Los abogados son
los que te transmiten la amenaza, casi siempre de manera indirecta, ellos lo
llaman "sugerencia". Son quienes te ponen sobre la mesa que su cliente
es muy amigo de las altas esferas y que tu puesto podría tambalearse, por
ejemplo", explica Martínez.
"Los jueces están
condenados a mantenerse en una mediocridad y discreción para conseguir la
estabilidad", explica Armando Ismael Maitret, presidente de la Asociación
Mexicana de Impartidores de Justicia y actual presidente de la sala regional
capitalina del Tribunal Electoral. El magistrado Maitret añade que cuando un
juez es muy bueno en su trabajo, corre el riesgo de que lo cambien de destino:
"La carrera judicial es lo más parecido que existe a la carrera
militar", apunta. El magistrado explica que por eso muchos intentan no
destacar: "Muchos viven además con el temor de ser trasladados toda su
vida".
JUEZ FEDERAL DEL NORTE DE MÉXICO
En las regiones tomadas por el
crimen organizado, como en la que opera Pérez, intentar ser un héroe contra el
crimen significa cavar su propia tumba. Las competencias de los Estados obligan
a abrir, generalmente, dos procedimientos a los acusados: uno por el delito
estatal (que puede ser homicidio) y otro por el federal.
"La clave está en ser
sumamente objetivo con el expediente. Y rezar para que el juez estatal le haya
sentenciado a más de 20 años por homicidio. Así yo puedo ponerle los años
justos por uso de armas de fuego, unos seis, y pasar desapercibido. La cuestión
es trabajar apegados a derecho y no pasarse de la raya", confiesa el juez
del norte.
"Sin duda, un juez en
México corre muchos riesgos. Muchos se juegan la vida, o por lo menos su
trayectoria", apunta Maitret. El asesinato a sangre fría de Vicente
Bermúdez —de un tiro en la cabeza mientras practicaba deporte— desempolvó el
viejo debate sobre los jueces sin rostro, como se implementó en países como
Colombia, en los años duros de Pablo Escobar. Sin embargo, el Poder Judicial ha
dicho que aceptar estas medidas sería claudicar, aceptar que México se
encuentra en un estado de excepción.
Desde la Secretaría Ejecutiva
de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal insisten en que los
atentados contra los jueces no son tan comunes — registran siete atentados
contra federales desde 1987—. Según las cifras otorgadas a EL PAÍS, sólo 74 de
1.391 jueces cuentan con medidas de seguridad como vehículos blindados,
escoltas y chalecos antibalas. La mayoría de los funcionarios que tienen una
protección, están en juzgados ubicados en los penales federales (Ceferesos) y
en entidades con fuerte presencia del crimen organizado.
El órgano reconoce, no
obstante, que el 90% de los homicidios cometidos contra los jueces federales no
han obtenido todavía una sentencia firme, como ocurre en general con la mayoría
de delitos en México.
"Esto es muy grave. Para cualquier
asesinato es importante que se esclarezcan las causas, pero tratándose de los
jueces, la urgencia debe ser mucho mayor.
El miedo se expande hacia
todos los que tienen que sentenciar. La autonomía entonces se encuentra
amenazada", resume Maitret.
Y añade: "El caso del
asesinato de Bermúdez, un joven idealista, que luchaba por la injusticia y que
quería ser un combatiente a la corrupción, manda un fuerte mensaje para quienes
quisieran seguir sus pasos. Por eso debemos saber cuanto antes si lo mataron
por su trabajo o no, y castigar a los responsables".
Pérez es uno de los pocos
magistrados que sí recibe una protección extra del órgano judicial. Pero no le
sirve de mucho, porque usarla significaría colocarse en el blanco de los
criminales. Su destino es pasearse como un vecino más por la "ciudad sin
ley" para la que trabaja y correr con los mismos riesgos que sus
habitantes. La justicia de México la sostienen funcionarios como estos, cuya
firma debajo de cada sentencia sella para siempre su futuro.
JUECES FEDERALES ASESINADOS, DE 1987 A 2016
Pedro Villafuerte Gallegos, juez de distrito del Estado de Morelos.
Fue asesinado en septiembre
de 1987.
Recibió 33 impactos de bala,
una por cada condena que impuso.
Sergio Novales Castro, magistrado de Sonora.
Fue encontrado muerto en el
año 2000, con signos evidentes de tortura.
Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala, magistrados adscritos en Sinaloa
Fueron asesinados a balazos
en noviembre de 2001, por una sentencia que emitieron.
René Hilario Nieto, adscrito del Estado de México
Fue asesinado a balazos en
agosto de 2006 por otra resolución.
Carlos Elarza Amores, juez de distrito del Estado de Nayarit
Fue atacado a balazos en
2010, aunque sólo falleció uno de sus escoltas.
El secretario del juez
federal Ruben Avelar Castro, adscrito
en Jalisco
Fue asesinado a balazos en
2011, aparentemente por unas diferencias
durante una diligencia judicial.
El juez Vicente Antonio Bermúdez, adscrito en el Estado de México
Fue asesinado de un disparo
en la cabeza el 17 de octubre de 2016.
Fuente: Consejo de la Judicatura Federal.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Elena
Reina / El País/ 2016-11-23)
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