Loma de Bácum. “Unas
burladas, otras corrompidas, así actuaron siete de nuestras ocho autoridades
yaquis al firmar un contrato con el gobierno y la empresa IEnova para
introducir el gasoducto”, dijo Teódulo González López, comisionado para la
Defensa de la Tierra, el Agua y los Derechos Humanos de la Etnia.
Actualmente la obra está
paralizada porque el gobernador de Loma de Bácum no sólo no firmó la concesión
del territorio, sino que entabló un proceso judicial en contra.
Esta semana, EL UNIVERSAL
hizo un recorrido por la reserva yaqui, donde se detectaron kilómetros de
tierra deforestada en un ancho de más de diez metros para la introducción de
infraestructura.
González López dijo que en el
“despojo”, existió la complicidad de las siete autoridades yaquis que
autorizaron el paso por la reserva indígena del Gasoducto Sonora, segmento
Guaymas- El Oro, en una longitud de más de 90 kilómetros a razón de pago a peso
por metro cuadrado por año, en un término de 30 años.
Las irregularidades y
omisiones fueron incurridas en contubernio por el gobierno federal y la
empresa, quienes “se llevaron a negociar a las autoridades tradicionales y
duales a lo oscurito”, en reuniones que sostuvieron en Ciudad Obregón y en
Hermosillo, donde aceptaron el trato a espaldas de los 33 mil yaquis de los
ocho pueblos, aseveró.
Recordó la cansada y larga
trayectoria de la lucha judicial de la tribu para impedir la construcción y la
operación del Acueducto Independencia, el cual aún se encuentra en litigio y
trasvasando agua del Río Yaqui hacia Hermosillo.
Y con tristeza señaló que la
lucha férrea por la defensa del agua no termina cuando ya se configura un nuevo
despojo, ahora de la tierra, esto sólo fomenta más la división interna, pues de
los ocho pueblos yaquis, hay 17 gobernadores, unos tradicionales y otros duales
[no reconocidos por parte del pueblo], dijo. Los ocho pueblos yaquis donde
habitan 35 mil personas, pertenecen a tres municipios diferentes: Pueblo de
Vícam Primera Cabecera, Tórim, Pótam, Rahúm, Huirivis y Belem, al municipio de
Guaymas Sonora; Loma de Bácum, al municipio de Bácum y Loma de Guamúchil
(Cócorit) al municipio de Cajeme.
Obra paralizada en Bácum. En
un aviso oficial de la tribu, resultado de la consulta realizada el 28 de mayo
del 2015, se advirtió: “La presente es para ratificar que la Nación Yaqui de
Loma de Bácum, pueblo indígena con poderes soberanos de autogobierno,
reconocidos y protegidos a nivel nacional e internacional, no concedió permiso
a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio
con propósito de llevar a cabo actividades con relación al proyecto de
Gasoducto Guaymas-El Oro”.
Lo anterior fue resultado de
una consulta con la Tropa Yoemia, representantes eclesiásticos, autoridades y
comunidad en general, donde se rechazó por unanimidad el megaproyecto del Gasoducto.
El documento está firmado por
el gobernador de la tribu yaqui de esa comunidad, José Bacaumea Espinoza, donde
se le ordena a la empresa que cese y desista de toda actividad en el
territorio, de lo contrario, advirtió medidas drásticas de acuerdo a los usos y
costumbres de la etnia.
Posteriormente, se interpuso
un amparo encabezado por Bacaumea y los representantes de Pueblo Mayor,
capitán, comandante y secretario, donde se exige respeto a la autodeterminación
en lo relativo a la decisión de no otorgar el consentimiento para el paso del
gasoducto.
Aclaró en la demanda de
amparo se trata de un terreno comunal reconocido por el Estado mexicano en 1940
y aun cuando siete autoridades tradicionales hayan dado su consentimiento, las
decisiones se toman por unanimidad de los ocho pueblos, no por mayoría, ni 50%
más uno, como se rige en algunas figuras legales del derecho mexicano escrito.
El gobernador de Loma de
Bácum, comunidad perteneciente el municipio de Bácum, refirió en la demanda
está defendiendo legalmente las 485 mil hectáreas que constituyen en territorio
ancestral sobre la obra.
Exigió, además, la reparación
de los daños materiales a casas, parcelas, cerro del Boca Abierta, arroyos,
zanjas, deforestación, corte de plantas medicinales, de pastoreo, agostadero,
daño ambiental, afectación social, cultural, religiosa y cosmogónica generados
con más de 40% por ciento de avance de la obra.
Pedro Joaquín Coldwell,
secretario de Energía, informó que se ha hecho la consulta previa libre e
informada donde siete tribus ya dieron su consentimiento, sólo falta que la
empresa que está haciendo el gasoducto negocie con el pueblo de Bácum.
“Hay que ver el lado positivo
de los gasoductos, van a permitir que los sonorenses tengan energía más limpia,
que las plantas de combustóleo que hay se reconviertan, como está sucediendo,
que emitan 70% menos de gas en efecto invernadero.
“Permitirán tarifas cuatro
veces más baratas, que traerán un desarrollo industrial impresionante; los
estados que van a progresar son los que tengan disponibilidad de gas natural”,
subrayó el funcionario.
Sin embargo, González López,
quien asegura que representa a 10 mil yaquis inconformes, reitera que “no se
dio cumplimiento fiel a los procedimientos establecidos en el Protocolo para la
Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas de Conformidad
con Estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.
Los yaquis. El territorio
yaqui, ubicado en el sur de Sonora, guarda historias milenarias de hombres y
mujeres que a través del tiempo han defendido con sangre sus derechos sobre 485
mil hectáreas otorgadas por decreto presidencial de Lázaro Cárdenas.
El 90% vive en pobreza y 60%
padece de pobreza extrema. Convertidos en peones de sus propias tierras que
rentan por falta de recursos para hacerlas producir.
Son alrededor de 35 mil
yaquis o yoremes ,como se hacen llamar, asentados en las comunidades de Vícam
(la natividad del Señor), Pótam (Santísima Trinidad), Tórim (San Ignacio de
Loyola), Rahum (La Ascensión del Señor), Bácum (Santa Rosa de Lima), Huirivis (Santa
Bárbara), Cócorit (Espíritu Santo) y Belem (San Miguel Arcángel), que viven en
su mayoría con analfabetismo y marginación.
Son dueños de 50% de las
aguas de la Presa Álvaro Obregón que se sirve del Río Yaqui, y carecen de agua
potable, sólo una parte de Vícam, cabecera de los ocho pueblos, tiene agua
entubada, pero no potable; tampoco pavimentación y drenaje hay en Pótam, pero
está colapsado, expresó Teódulo González López.
Para ellos, los servicios
básicos de salud son insuficientes.
(DOSSIER POLITICO/ COMUNICADO / AMALIA
ESCOBAR / EL UNIVERSAL/ 2016-08-24)
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