El viernes pasado se
cumplieron seis años del asesinato de Armando Chavarría, quien era presidente
del Congreso de Guerrero. Fue acribillado por la mañana a la puerta de su casa
en Chilpancingo, cuando se preparaba para ir a hacer deporte. Su crimen causó conmoción
en la sociedad política. El Presidente Felipe Calderón ordenó a la PGR
colaborar en el caso y resolverlo, pero hasta ahora, eso no ha sucedido. El
crimen de Chavarría no es uno más de la estadística de la violencia en
Guerrero, ni un ejemplo adicional a la ineficiencia del sistema de procuración
de justicia. Es uno de los casos más claros de cómo en México la justicia no
vale cuando los intereses políticos se cruzan, y fotografía un País donde la
ley es aplastada por las complicidades.
Chavarría, apoyado por la
corriente de Los Chuchos, buscó la candidatura al Gobierno a mediados de la
década pasada, pero en las componendas de ese grupo con el PAN, respaldaron al
empresario Zeferino Torreblanca. Cuando derrotaron al PRI, Torreblanca lo
nombró Secretario General de Gobierno como parte de los acuerdos con el PRD,
pero chocó ideológicamente con el Gobernador, quien lo presionó hasta obligarlo
a renunciar. En las elecciones intermedias de 2009, Chavarría ganó una
Diputación local y se convirtió en el presidente del Congreso hasta su muerte.
La investigación de su crimen
se desvaneció con el tiempo, por lo que la llegada del PRD a la Gubernatura,
con Ángel Heladio Aguirre, parecía ser la oportunidad de aclarar el caso. Fue
todo lo contrario: se guardó como secreto en una casa de seguridad en
Cuernavaca. El expediente regresó a Chilpancingo en la última etapa del
Gobierno de Aguirre, quien pidió licencia en la vorágine de la desaparición de
los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. No se ha vuelto a abrir en
el Gobierno priista de Héctor Astudillo.
Es demasiado explosivo el
contenido y muy dañino para muchos, de acuerdo con el curso que llevaba la
investigación, suspendida desde hace años. El asesinato, según extractos del
expediente a los que se ha tenido acceso, aclara quiénes son los autores
intelectuales y materiales del crimen. Se señala a los comandantes “Ramiro” y
“Beto”, del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI), una guerrilla
metida en la producción y el tráfico de mariguana y goma de opio para canjear
por armas, en un ajuste de cuentas porque Chavarría, según las averiguaciones,
incumplió sus compromisos para dar un mayor número de recursos a la guerrilla y
ayudar a derrocar a Torreblanca.
En los extractos de las
investigaciones a las que se tuvo acceso, aparecen las relaciones de Chavarría
con varias de las figuras más importantes del PRD en aquél momento. Aguirre,
que era socio político de Los Chuchos, quiso esconder el origen del asesinato
del presidente del Congreso porque le perjudicaba a él, a sus aliados, y a
otras figuras del PRD, no sólo a sus camaradas de facción, sino también al jefe
de Izquierda Democrática, René Bejarano, y su esposa, la Senadora Dolores
Padierna, quienes aparecen mencionados de manera central en la indagatoria.
Los vínculos de Bejarano en
Guerrero son viejos, y respaldaba a varios dirigentes sociales con
vinculaciones a la guerrilla, como Arturo Hernández Cardona, quien se enfrentó
con el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de acuerdo con una investigación
en manos de la PGR, lo mandó matar. Abarca y su esposa María de los Ángeles
Pineda Villa, se encuentran presos actualmente y han sido vinculados al grupo
criminal Guerreros Unidos, al que se le adjudica la desaparición de los
normalistas de Ayotzinapa. La investigación sobre Chavarría incluye testimonios
de involucrados en el crimen que afirman que Bejarano y Padierna estuvieron en
una reunión en una casa en Tlapa, Guerrero, el 19 de agosto de 2009, en donde
se habló del asesinato del dirigente perredista y del propio Gobernador
Zeferino.
Ni Bejarano ni Padierna
fueron llamados a declarar, porque se consideró que no hubo información
adicional que los ubicara ese día en Tlapa. Pero el seguimiento de la
investigación del asesinato de Chavarría los iba a colocar en una situación muy
delicada cuando aparecieran sus nombres, y el de otros diputados federales y
locales del PRD que también fueron mencionados directamente como asistentes a
la reunión del 19 de agosto. Varios de ellos también fueron vinculados al ERPI
y a organizaciones de masa de la guerrilla, el Frente de Organizaciones
Democráticas de Guerrero, la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, el
FRAP, y otros organismos relacionados con la defensa de los derechos humanos.
El Gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto, que heredó el caso, conocía los vasos comunicantes con el
asesinato de Chavarría, y de los nexos del PRD con guerrilleros y
narcotraficantes. Sin embargo, la facción del PRD que quedaba manchada por
actividades delictivas, más allá de que sus líderes no estuvieran directamente
involucrados en ellas, eran Los Chuchos, con quienes el Gobierno hablaba,
negociaba y armaba las votaciones en el Congreso para las reformas económicas
de Peña Nieto. La facción de Los Chuchos tenía que ser protegida, porque
cualquier acción que la debilitara, afectaba el entramado del Pacto por México.
Que Aguirre escondiera el expediente y buscara desviar el origen del asesinato
al Gobierno de Torreblanca, respondía a esta lógica de encubrimiento político,
donde la ley podía obviarse frente al embate reformador de Peña Nieto. Esto es
México, 2016.
frrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 24/08/2016 | 12:00 AM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario