sábado, 25 de junio de 2016

CORRUPCIÓN EN SALUD



FOTOS: especial ZETA

La construcción del Hospital General de Ciudad Constitución está repleta de reportes falsos, apócrifos y alterados para supuestamente justificar a la Federación avances irreales en el proceso de edificación de una obra que debió terminarse en enero de 2015 

El 13 de noviembre de 2014, el ex supervisor de obras de la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, Adalberto Arcángel Peralta Espinoza, hizo entrega formal de reportes presuntamente apócrifos y alterados en el proceso de construcción del Hospital General “René Thomas Guijosa Habiff” en Ciudad Constitución.

En aquel entonces la información fue entregada personalmente al contralor general del Estado, Ismael Peñaloza Pineda, luego de que el caso de corrupción fue archivado y sospechosamente no prosperó cuando llegó a manos de la ex contralora general y actual presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XIV Legislatura, Maritza Muñoz Vargas, donde se exponía la ineficiente y negligente actuación de los siguientes funcionarios:

* Othoniel Marrón Amao. Subdirector de Infraestructura, quien dicho sea de paso, es prestanombres del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

* Ernesto Trasviña García. Jefe de Mantenimiento y Conservación de la Subdirección de Infraestructura.

* Leonor Mendoza Nevárez. Ex directora de Administración y Finanzas, y actual administradora de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud.


La corrupción que va del ex secretario de Salud, Virgilio Jiménez Patiño hasta la del actual titular, Víctor George Flores. A un costado, Elmer Tarazón Moreno, director de Servicios de Salud, y quien también tiene muchas cosas que explicar sobre los actos de corrupción al interior de la institución.

Según el expediente CGE/QD/047/2014, el denunciante había fungido como supervisor de obra, del 1 de agosto de 2013 hasta el 3 de julio de 2014, en la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud, y durante ese tiempo pudo darse cuenta de la negligencia, omisión y corrupción que rodea la obra gubernamental iniciada el 3 de octubre de 2012, la cual debió haber concluido el 30 de enero de 2013, en el cuatrienio del ex gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

Después de mil 355 días, es decir, tres años y 260 días, como se pudo constatar en un recorrido efectuado por ZETA, actualmente la obra de construcción del nuevo Hospital General presenta un avance del 60 por ciento en los primeros ocho meses del sexenio del mandatario Carlos Mendoza Davis.

 Aunque oficialmente, según un funcionario de la Secretaría de Salud consultado por este Semanario, registra un avance del 90% en su totalidad.

En otros términos, e independientemente del porcentaje de avance, la obra de construcción registra un retraso de mil 234 días, o bien, tres años y 135 días en el proceso original de edificación, lo que obviamente terminó por elevar el valor del proyecto hasta en 40 millones de pesos, generando un gravísimo desfalco al erario público sin que hasta el momento se hayan deslindado responsabilidades administrativas, incluso penales.

Por el contrario, los presuntos responsables siguen despachando campantemente en sus cargos de gobierno.

El hoy ex supervisor de obra hizo “la entrega de pruebas irrefutables en formato digital de los reportes de obra quincenales apócrifos y modificados, reportes del 6 al 10, emitidos por la compañía supervisora externa de nombre Circulo Arqs, y entregados a la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud”, esta última, encargada de verificar y avalar los procesos constructivos, así como de supervisar y aprobar las estimaciones y pre-estimaciones en el proceso de construcción de la segunda etapa del Hospital General.

La denuncia en poder de este Semanario, transcribe: “(…) descubrí que la compañía supervisora externa, llevaba dobles números en el porcentaje de avance de la obra real, pues los reportes en los números de porcentajes reales ejecutados son irreales, dado que se tenían que sustentar con las pre-estimaciones autorizadas verbalmente por el subdirector de Infraestructura”.


Maritza Muñoz Vargas. Protegió la corrupción en la Secretaría de Salud, desde la Contraloría General del Estado.

El arquitecto contratado originalmente en la supervisión de la obra de construcción del Hospital General de Ciudad Constitución, dijo que “en su momento puse al tanto al subdirector de Infraestructura, Othoniel Marrón Amao, y le pedí no pre-estimar, porque esto constituía un delito del orden federal, tratándose de recursos de procedencia federal”, pero  “hizo caso omiso a mis recomendaciones, por lo que procedí a informar de las irregularidades a los asesores del secretario de Salud (en aquel entonces), Héctor José Angulo Espinoza (actual secretario particular del secretario de Salud, Víctor George Flores), Francisco Jiménez Patiño y Juan Plata Medina, entregando en mano propia al secretario Virgilio Jiménez Patiño, las pruebas de los reportes quincenales de obra falsos, apócrifos y alterados impresos, y con su debida explicación de las irregularidades flagrantes del subdirector de Infraestructura, en contubernio con la compañía supervisora externa, Círculo Arqs”.

El denunciante explicó que después de evidenciar la corrupción en el proceso de construcción, y sobre todo la falta de ética y profesionalismo de la compañía Círculo Arqs, los cuales son corresponsables de la corrupción en la construcción del hospital, inmediatamente modificaron los reportes quincenales de obra falsos del número 6 al 9, y los volvieron a enviar al subdirector de Infraestructura, a fin de que fueran reemplazados y así evitar un escándalo.

No obstante, tras verse descubiertos, el despacho de arquitectos no alcanzó a modificar el reporte número 10, pero aún así, se quedaron con el formato digital en forma de avance, el cual entregaron en una memoria USB.

Según el expediente de la Contraloría General del Estado, la entonces directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Leonor Mendoza Nevárez, apoyó incondicionalmente al subdirector de Infraestructura, Othoniel Marrón Amao, y al jefe de Mantenimiento y Conservación, Ernesto Trasviña García, así como a la compañía de supervisión externa Círculo Arqs, quienes sin ninguna ética y profesionalismo, en una serie de correos electrónicos enviados entre ellos argumentaron que procedieron “a falsear la información de los reportes quincenales de obra, por el hecho de que la gestión de las estimaciones ante la federación eran muy tardadas, y para cuando las estimaciones fueran pagadas al constructor, ya se habría alcanzado entonces el porcentaje de obra redactado en los reportes.

“Es un hecho de que la gestión del recurso ante la federación es tardada, de eso no tenía duda ni objeción; pero sí estuve en pleno desacuerdo, y en todo momento me negué a participar en un hecho de que se le estaba mintiendo al secretario de salud, del hasta entonces estado de avance real ejecutado de obra, según Círculo Arqs, y que a su vez, el secretario de salud, con el desconocimiento propio, le presentaba al gobernador (en aquel entonces) Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, datos irreales, una mentira al decir que todo iba bien, que todo iba sobre la marcha en tiempo y forma en el proceso de construcción del nuevo hospital general”, transcribió.

Finalmente, y de acuerdo con la denuncia del ex supervisor de la obra, Adalberto Arcángel Peralta Espinoza, quiso evitar precisamente lo que hoy en día se está viviendo en torno a la obra que tiene un vergonzoso atraso, la cual, a final de cuentas, no pudo ser entregada en tiempo y forma, como quedó establecido y firmado en el contrato del proyecto de construcción del nuevo Hospital General.


La copia de la denuncia del ex supervisor de obra de la subdirección de infraestructura de la Secretaria de Salud, Adalberto Arcángel Peralta Espinoza, recibida el 13 de noviembre de 2014, sobre reportes falseados, apócrifos y alterados en la obra de construcción del hospital general de Ciudad Constitución

Después de presentar la queja en la Contraloría General del Estado, el denunciante fue cesado del cargo.

No obstante, por lo anterior se reprogramó una segunda fecha de entrega al 27 de enero de 2015, la cual después de 508 días de retraso, sigue sin ser consumada.  

LA MAGNA OBRA

El 26 de agosto de 2012, el entonces gobernador del Estado de Baja California Sur, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, anunció el arranque del nuevo Hospital General en Ciudad Constitución.

Durante una gira de trabajo por su natal Comondú, el mandatario dijo que en octubre arrancaría la obra de construcción, en la cual tenían previsto invertir 195 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, además de dar respuesta a las necesidades más apremiantes de los pobladores comundeños.

El gobernador sudcaliforniano adelantó que el ambicioso proyecto contaría con 30 camas, servicio de urgencia, laboratorio, una decena de consultorios, incluido uno especializado en ginecoobstetricia y equipado con la más alta tecnología en laboratorio, ultrasonido y rayos X.

El nuevo hospital -según presumió- pretendía ser la magna obra de su administración en Comondú, ya que reemplazaría al viejo hospital que tenía en ese entonces 37 años de antigüedad y de ofrecer servicio a los comundeños, por lo que era prácticamente obsoleto.

El gobernador recordó que el Estado había duplicado su número de población, por lo que la demanda de servicios de salud había crecido de manera importante, sobre todo con el lanzamiento del llamado Seguro Popular.

En números concretos, la Secretaría de Salud atendía al 34% de los sudcalifornianos, y la tasa neta de crecimiento de los servicios era del 4.1%, por lo que el nuevo nosocomio elevaría de vida de los comundeños.

El proyecto original consistía en edificar y equipar el nuevo Hospital General entre 15 y 18 meses, aproximadamente.

Después del anuncio del gobernador de aquel entonces fue lanzada la licitación pública, bajo el número de expediente LO-903006996-N7-20112, donde fue sometido a concurso el proyecto de construcción del nuevo hospital de Ciudad Constitución.

Conforme a la convocatoria, los recursos provendrían del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, cuyo gasto fue autorizado el 31 de julio de 2012, bajo el número de folio SNP1/153210/277/2012, expedido por Banobras.


El expediente remitido al órgano de control interno de la Secretaria de Salud, y el cuyo caso paso a manos de la jefe de la unidad, Ariadna Aracey Ocampo Ávila, nombrada por el interior titular, Virgilio Jiménez Patiño

Las compañías interesadas en participar en la construcción del nuevo hospital -según copia de la licitación en poder de ZETA– fueron:

* Anáhuac Organización Constructora, S.A. de C.V. Representada por Jesús Manuel de la Peña Manríquez.

* Integradora Peninsular de Constructores de Baja California Sur, S.A. de C.V. Encabezada por Rafael Meza Osuna.

* Constructores Asociados de Teotihuacán, S.A. de C.V. Representada por Martha Elizabeth Rodríguez Flores.

* Maranges Arquitectos, S.A. de C.V. Liderada por Mario Monterrubio Cotija.

El 26 de septiembre de 2012, el Comité de Obra Pública de la Secretaría de Salud, emitió el fallo de adjudicación, entregando la obra Maranges Arquitectos, S.A. de C.V. e Integradora Peninsular de Constructores de Baja California Sur, S.A. de C.V, por considerar que eran las propuestas técnica y económicamente solventes.  

LAS CONFESIONES

En el expediente CGE/QD/047/2014, abierto por Contraloría General del Estado, aparecen una serie de correos enviados entre Othoniel Marrón Amao, subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud, a través del correo arqothoniel@hotmail.com; y Gilberto Buitrón Escobar, jefe de supervisión externa de Círculo Arqs, quien utiliza el correo gbuitron@circuloarqs.com.mx

En una de las conversaciones, el supervisor confiesa:

“En base a tus indicaciones para autorizar la estimación No. 6, te adjudico tabla comparativa, y señalo en las columnas el avance acumulado hasta la estimación No. 5, el avance real ejecutado, dato de Círculo Arqs, y por último, la estimación No.6, autorizada verbalmente por ti”.

El jefe de supervisión del despacho de arquitectos expuso:

“En referencia a tus indicaciones, me presente en la oficina del Arq. Oscar Arévalo, superintendente de Maranges Arquitectos, S.A. de C.V, en referencia a que no estaban de acuerdo con los avances presentados por supervisión, y no se tuvo una respuesta, dato, etc, el cual descalifique el avance señalado por la supervisión, por lo tanto, no aceptamos que se descalifique un avance, sin tener las justificaciones y argumentos técnicos, la constructora no tiene precisado cual es su avance real ejecutado”.

Finalmente, el representante de Círculo revela:

“En referencia a los anterior, y en base al avance real ejecutado y a los avances pre-estimados, el informe quincenal No.8, es irreal, debido a que se reflejaran porcentajes para cubrir los avances pre-estimados”.

La información de la denuncia fue remitida al contralor interno de la Secretaría de Salud, Julio Buenrostro de Dios, bajo el oficio número CGE/3442/2014, solicitando abrir una investigación y rendir un informe de avance de investigación.

El entonces contralor Ismael Peñaloza Pineda, se lavó así las manos y remitió la denuncia al órgano de control interno por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Secretaría de Salud, de ahí que requiriera “un informe de avance de todas y cada una de las actuaciones que a la fecha haya realizado como parte de las investigaciones relacionadas al expediente”.


Las confesiones sobre pre-estimaciones consideradas como delito federal por tratarse de recursos de Gobierno de la Republica

El contralor Julio Buenrostro de Dios, quien dicho sea de paso, es esposo de la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Gisela Páez Martínez, fue separado de su cargo a finales de la administración pasada, siendo reemplazado por Ariadna Aracely Ocampo Ávila.

Sobre estos hechos, y durante el recorrido por la obra en construcción, ZETA obtuvo información de que “la edificación había sido muy irregular y constantemente estaba parada”, pues según uno de los vigilantes, “la Secretaría de Salud no tiene dinero para pagar a las empresas, las cuales única y exclusivamente trabajan cada vez que sale pago”.

La segunda etapa de la construcción registra un avance del 60%, pero no puede ser culminada, por lo que continúa en obra negra y sin señal alguna de cuándo podría ser terminada.

El 26 de enero de 2016, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, hizo un recorrido por la obra de construcción del nuevo hospital, acompañado del alcalde de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, y el secretario de Salud, Víctor George Flores.

El mandatario se dejó llevar por la información del subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud, Othoniel Marrón Amador, y emocionado, dio el banderazo de los trabajos de supuesta conclusión del hospital “René Thomas Guijosa Habiff”.

Oficialmente, se habló de un avance del 90% en la edificación del nuevo nosocomio, y durante una entrevista, el gobernador adelantó la posibilidad de inaugurar la totalidad de la obra negra entre agosto o septiembre, e iniciar el proceso de equipamiento en diciembre próximo.

ZETA solicitó una entrevista con el secretario de Salud, Víctor George Flores, la cual no pudo ser concedida por encontrarse éste fuera de la ciudad, siendo este medio canalizado al titular de Administración y Finanzas, Renato Carlos Cuevas López, quien se limitó a informar que la obra “presenta un avance del 90% en la construcción, y está por ser entregada oficialmente”.

Sobre el grave retraso nadie quiso hablar, pero según un funcionario de la Secretaría de Salud, quien no autorizó publicar su nombre, por no ser la voz oficial, “la principal causa del atraso fue por una serie de desacuerdos y conflictos internos que en la administración pasada surgieron entre las empresas constructoras, los supervisores externos de Círculo Arqs y funcionarios de la Secretaría de Salud”.

“Eso no permitió avanzar, incluso la obra estuvo parada a finales de 2015, porque la Secretaría de Salud no pagaba y el constructor, no avanzaba porque no le pagaban”, situación que prácticamente se resolvió en febrero pasado, y desde entonces, la obra no para de construirse.

Acorde con el funcionario, lo que vino a destrabar el problema “fue sacar de la supervisión externa a la compañía Círculo Arqs” como una medida para poder reiniciar la obra por parte de las compañías constructoras.

Sobre las irregularidades, la contralora general del Estado, Sonia Murillo Manríquez, se abstuvo de hablar al respecto, pues a través de su secretario, indicó que el caso estaba en manos de la jefa de la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, Ariadna Aracely Ocampo Ávila, quien prácticamente no sabe ni dónde está parada.

En entrevista con este Semanario, la funcionaria se negó hablar del tema, al -según ella- no estar “autorizada para dar información que obra en los expedientes de procesos que estamos investigando”.

Cuestionada sobre el estatus del expediente o de la investigación, y completamente renuente, pidió solicitarlo “por escrito, a través de la Unidad de Transparencia, y yo le daré respuesta”.

— Lo único que queremos saber es si el expediente está abierto o cerrado, se le hizo saber, planteó ZETA, a lo que Ocampo contestó:

“No sé si está abierto o cerrado, porque no me tocó a mí recibir la denuncia”.

— Sí, pero usted maneja los expedientes o los archivos, ¿nos podría decir si está abierto o cerrado el expediente?

“No puedo, porque ni siquiera sé qué hay en los expedientes”, expresó despreocupada.

Obviamente, la respuesta dejó en evidencia el grado de seriedad, responsabilidad y preocupación de la funcionaria del gobierno de Carlos Mendoza Davis.

El contrato de supervisión externa de la obra de construcción del nuevo Hospital General de Ciudad Constitución a favor de la compañía Círculo Arqs -según el contrato ISSBCS-SUPHGCC-2015/07- fue adjudicado de manera directa, y sin haber entrado siquiera a licitación pública, tal y como lo establece el Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, sobre compras superiores a 316 mil pesos.

Según el contrato, la compañía con razón social Círculo Arquitectos Asociados, S.A. de C.V. firmó un jugoso contrato con el hoy ex secretario de Salud, Virgilio Jiménez Patiño, y la ex directora de Administración y Finanzas, Leonor Mendoza Nevárez.

El contrato fue por 3 millones 858 mil 672 pesos con 40 centavos, más 617 mil 387 pesos con 58 centavos del 16% de IVA, para un total de 4 millones 476 mil 059 pesos con 98 centavos.

Según el documento en poder de este Semanario, el  tiempo de contratación fue del 29 de enero al 27 de junio de 2015, es decir, un plazo de 150 días naturales por concepto de formular cada quince días un reporte de revisión y autorización de estimaciones, y turnarlas a la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud.

Después de los conflictos con la compañía constructora, y tras la denuncia presentada en Contraloría General del Estado, Círculo Arqs fue separado de la obra de construcción.

Cabe destacar que la inversión inicial del nuevo Hospital General de Ciudad Constitución, estaba estimada en 195 millones de pesos, pero luego de tantos meses de retraso, subió a 235 millones de pesos, es decir, 40 millones de pesos más por concepto de ampliación del presupuesto, gestionado y entregado en la administración pasada; sin embargo, no fue ejecutado por los conflictos internos entre la compañía constructora, el despacho Círculo Arqs y la Subdirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud.
  

(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga /Martes, 21 junio, 2016 12:00 PM)

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