En la comunidad de
Portezuelos, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en noviembre de 2011,
exhumaron 28 cadáveres de unas fosas clandestinas, con el mayor sigilo, sin que
nunca el Gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, hiciera
pública una sola línea. Sobre el entierro clandestino sólo las autoridades de
Veracruz y los habitantes de esa comunidad sabían. Unos guardaron silencio por
miedo, otros por cálculo político.
De los cuerpos exhumados en 2011 de
fosas en Portezuelos, en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, el
Gobierno de Javier Duarte no informó ni una sola línea. Foto:
Archivo/Cuartoscuro
Ignacio Carvajal
Ciudad de México, 10 de
noviembre (SinEmbargo/BlogExpediente).- Fue en noviembre de 2011: docenas de
camionetas blancas, escoltadas por policías, con binomios caninos y
especialistas forenses, arribaron a Portezuelos, localidad de Manlio Fabio
Altamirano, para desenterrar el horror que los delincuentes habían ocultado
durante meses en ese pequeño poblado de 290 habitantes.
De dos fosas las autoridades
exhumaron 28 cadáveres en avanzado estado de putrefacción. De este hallazgo,
pese a que se hizo en plena batalla contra la delincuencia, por la operación
Veracruz Seguro, no hay registros públicos. El Gobierno de Veracruz no emitió
ni una sola línea. Ni un comunicado. Las personas que desde entonces buscan a
familiares desaparecidos en el contexto de la violencia, no tuvieron
oportunidad de buscarles en este panteón clandestino.
Hasta hoy la matanza de
Portezuelos era un secreto que sólo las autoridades de Veracruz y los
habitantes de ese pueblito sabían. Unos guardaron silencio por miedo y los
otros, por cálculo político.
A esa matanza le antecedieron
las de septiembre en Plaza Américas, con saldo de 35 víctimas, y la de dos
casas de seguridad en Boca del Río, en octubre, con 31 víctimas, en la víspera
de una reunión de procuradores de la república con la entonces fiscal nacional,
Maricela Morales, cuando la violencia en Veracruz alcanzaba su punto de
ebullición.
La información sobre la
matanza fue confirmada por la Procuraduría General de la República (PGR)
mediante la solicitud de información 0001700251115 en la que expone que el
sangriento hecho se ubicó “en noviembre de 2011, con el hallazgo de dos fosas
ubicadas en un mismo terreno, la primera con 11 hombres y cuatro mujeres; la
otra, con seis hombres y una mujer”.
Foto: Especial
En el documento obtenido por
medio de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, la PGR indica que hasta la fecha, “los restos de 27
cadáveres se encuentran en el laboratorio de Genética Forense de la
Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la
República, siendo que sólo se logró la identificación de los restos óseos de un
cadáver, mismo que ya fue entregado a sus familiares”.
Es decir, todos esos restos
están allí a la espera de que algún familiar los reclame. Desconocidos para las
madres que se han organizado a la búsqueda de sus hijos y los de otras en
Veracruz, pues para la administración duartista, simplemente, fue mejor el
silencio de las fosas.
“Fueron encontrados de
acuerdo al dictamen de medicina forense, restos óseos que corresponden a 28
individuos. De dichos fragmentos o restos óseos, se obtuvieron 22 perfiles
genéticos, los cuales corresponden a 17 hombres y 5 mujeres”, indica el
documento, que en su análisis resulta escueto y sin contexto.
Un ex funcionario del
gobierno de Veracruz, comisionado a tareas relacionadas a la seguridad en
aquellos días, confirma que “desde Xalapa dieron la orden que ni nos
acercáramos, que el trabajo se efectuaría por directrices desde la capital en
apoyo al personal de la PGR. Todo tenía que llevarse en absoluto silencio y sin
que se fuera a filtrar a los periodistas”.
Los trabajos de exhumación
–relata la misma fuente- se efectuaron durante tres noches. De día no se hizo
nada. A penas despuntaba el alba, y con ello comenzaban a salir los campesinos
al surco y los ganaderos a la ordeña, el equipo y los especialistas eran
desplazados a Veracruz para su descanso; caía la noche y cobijados por ella
regresaban los hombres de traje blanco y tapaboca azul a sus oficios entre
tinieblas en un predio ubicado cerca del basurero de Portezuelos, sobre la
carretera Oluta-Soledad de Doblado.
En medio de la inmundicia los
elementos de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones ayudaron a
forenses federales para la extracción de los restos humanos, en su mayoría puro
esqueleto y carne podrida. En ese sitio, mientras duraba la noche, los
oficiales eran alimentados por otros que se dedicaban a traer suministros de las
tiendas cercanas, y siempre, siempre, sin dirigir la palabra a los locales.
Antes de ingresar al predio,
los oficiales eran revisados escrupulosamente para quitarles teléfonos
celulares o cámaras. Al terminar, también eran inspeccionados acuciosamente para
evitar fugas de información.
“La mayor parte de los
cuerpos, estaban hechos pedazos y decapitados. Había hombres y mujeres que
fueron enterrados con todo y ropa. Había por lo menos cuatro que tenían ropa de
militar, no sé si marinos o militares, pero traían uniformes. Por eso se volvió
mucho más restringido el acceso a esa información”, dice el mismo ex
funcionario que pidió anonimato a condición de ampliar el contexto de esa
masacre.
Del hecho, no hubo informes
ni si quiera a los alcaldes vecinos de Veracruz, Soledad de Doblado ni al
“anfitrión”, Patricio Torres, priísta y allegado al exgobernador Fidel Herrera
Beltrán, con quien colaboraba antes de edil cargándole la maleta y atendiendo
peticionarios.
Antes de esta masacre, los
pobladores de Portezuelos relatan historias terribles sobre despiadados
sicarios que se apoderaron de la carretera Soledad de Doblado a Oluta, misma
que conduce a Paso del Macho y a Córdoba, espectro geográfico de Veracruz con
amplia presencia del cártel de Los Zetas.
Se volvió literalmente pueblo
fantasma por las noches, en que los demonios armados con cuernos de chivo y
tablas de castigo deambulaban sin control por esos rumbos hasta el arribo de la
Secretaría de Marina y la SEDENA con la operación Veracruz Seguro puesta en
marcha tras las masacres de Plaza Américas y de las casas de Costa Verde y
Jardines de Mocambo.
Por esa carretera desde
Oluta, pasando por Santa Rita, Santa Elena y numerosos pueblos hasta Camarón de
Tejeda, se observa la decadencia económica: negocios cerrados, tiendas llenas
de basura y sin productos para comerciar, vulcanizadoras, talleres mecánicos y
locales sin ser usados. Dejados al garete como si sus dueños hubieran huido de
la maldición.
Casi un año después de la
matanza de Portezuelos, se registro el homicidio de siete integrantes de una
familia en Mata Loma, ambas localidades separadas por 5 minutos de recorrido
por carretera. Cuatro de las víctimas eran niñas a quienes igual que los tres
adultos, les cortaron la garganta. Les encontraron dos días después de haberles
asesinado y eso por el olor a muerto que se percibía a varias cuadras desde la
humilde vivienda escena del delito.
Pese al hermetismo sobre la
matanza en Portezuelos, en cuanto al multihomicidio en Mata Loma de vez en
cuando corre el rumor de que la tragedia cayó sobre la familia por que vieron
lo que no debían, cerca de la carretera que conduce a Soledad de Doblado,
reforzada la versión por la detención, días antes, por elementos de la SEDENA,
de varios pistoleros.
Y para confirmar que en esos
rumbos no se puede colaborar con las autoridades, está la desaparición de
Giovanni de Jesús Mejía Mendoza, y su amigo, Jesús Llanos Martínez, el pasado 3
de junio de 2013, en la vecina Soledad de Doblado.
“Un día antes él y su amigo
estaban trabajando en su talachera, cuando llegaron elementos de la Marina a
pedirle que le repararan 16 llantas, los marinos andaban en operativos y tenían
varios retenes en la zona, allí estuvieron un buen rato mientras les reparaban
los neumáticos, pagaron y se fueron”, cuenta un familiar de Mejía Mendoza,
quien en ese entonces contaba con 28 años.
Cuando llegó la noche,
sujetos fuertemente armados arribaron a la talachera y se llevaron a los dos
mecánicos. A la fecha no aparecen. Cuentan que la madre de uno de ellos
prácticamente es un espíritu que deambula por las calles de Soledad de Doblado
en busca de su hijo, siempre tímida, asustadiza, con una foto de su chico entre
sus pertenencias, y con la esperanza de encontrarle, recorre morgues y se apura
a tener información cuando aparecen ejecutados. Como ella, en esa región,
docenas de mujeres y padres buscan a sus desaparecidos sin que haya algún
estimado de cuantos ausentes hay o algún padrón para contabilizarlos o
darle#101;s visibilidad.
En Portezuelos, la vida corre
apaciblemente por estos días, ubicado a unos 30 minutos del puerto jarocho,
enclavado en la ruta al mausoleo de Camarón de Tejeda –que recuerda el
enfrentamiento entre mexicanos y franceses en abril de 1863-; por las tardes,
los pobladores salen a tomar el fresco cerca de la carretera, beben refresco de
cola mientras los niños corretean por las calles o el cuadro de pelota. Hay
grandes arboledas y las fragancias del campo se extienden a lo largo de
pastizales y pequeñas ordeñas.
“Pensamos que nunca se iba a
saber esto, creímos que jamás saldría en las noticias”, dijo un poblador de
Portezuelos cuando es cuestionado en torno a los hechos de noviembre de 2011.
Los colores del rostro le suben y le bajan al recordar esos días. “Nosotros no
sabíamos lo que hacían ellos (los delincuentes) allí; acá se refugiaron para
hacer sus chingaderas. Lo bueno que encontraron esas fosas las autoridades y ya
no regresaron más (los malosos)”, explica.
El terreno en donde se hizo
la exhumación colinda con el poblado, comunicado por una vereda de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), como acostumbran, cuando se asentaron los delincuentes en
este predio, el dueño no le quedó de otra más que cederlo y no pararse allí en
mucho tiempo. Aún luce lleno de monte y algo descuidado por la falta de
mantenimiento. En el poblado nadie quiere dar el nombre del propietario.
Desaparecidos de Manlio Fabio
ni si quiera figuran en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas de la PGR, el cual contiene casi 800 registros de desaparecidos
en Veracruz, la mayor parte durante la administración de Javier Duarte de
Ochoa.
Los colectivos de madres en
busca de sus hijos ausentes de Veracruz y Xalapa consultados sobre esta fosa,
no contaban con información, y desde ambas organizaciones se perfila la idea de
que podría ser una de tantas masacres ocultadas por el gobierno del estado.
Al operativo para silenciar
esta matanza, se sumó también la SEMAR, pues aun con que la PGR confirmó el
hallazgo, la cuestionarle a la Secretaría de Marina sobre algún parte
informativo sobre el hecho, lo negó, así se lee en la petición de información
marcada con el folio 00013000461315:
“Se hace de su conocimiento
en lo que corresponde a la Secretaría de Marina, se hizo una búsqueda
exhaustiva en el Estado Mayor de la Armada, por ser el área que pudo tener esa
información, que se está requiriendo (…) dicha búsqueda no encontró
documentación que mencione que esta dependencia haya tenido conocimiento de lo
realizado por la Procuraduría General de la República en el municipio de
Altamirano Veracruz”.
En otra solicitud, la
000700134915, a la Secretaría de la Defensa Nacional, se le pide lo mismo, y
los militares reiteran que buscaron la información, y no encontraron registros;
sin embargo, afirman que es la SEMAR la dependencia con responsabilidad sobre
este tipo de hechos en el estado de Veracruz después del lanzamiento de la
operación Veracruz Seguro.
(SIN EMBARGO.COM/ Redacción / noviembre 10, 2015 - 17:23h)
No hay comentarios:
Publicar un comentario