Una investigación de ZETA expone que
siete familias acapararon cargos y plazas sindicales en los primeros 60 días
del nuevo gobierno de Baja California Sur. Alrededor de 34 integrantes de las
familias De la Peña, Jiménez, Mendoza, García, Puppo y Amador, son los más
beneficiados en Secretaría de Salud, SEP, Congreso, Instituto de la Juventud y
de Cultura, así como CECYTE y Universidad Tecnológica de La Paz
La Paz, Baja California Sur.-
El 24 de septiembre -14 días después de la transición del Gobierno del Estado-
ZETA fue el primero y único medio en solicitar vía Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública la declaración patrimonial, declaración fiscal
y declaración de conflicto de interés de todos los funcionarios del gabinete
legal y ampliado del gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis,
derivado de su compromiso durante su toma de protesta: que desde el primer día
de su mandato, la información sería de carácter público.
La solicitud quedó registrada
bajo el número de expediente 555/2015 y fue notificada por la secretaria
técnica de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Cynthia Vanessa Macías Ramos, y recibida por el jefe de la Oficina del
Ejecutivo, Carlos Amed Rochín Álvarez.
La información de los
funcionarios y sus cónyuges no ha sido entregada de manera oficial a este
Semanario por la contralora general del Gobierno del Estado, Sonia Murillo
Manríquez, única facultada -según el Artículo 16, Fracción XII y 32, Fracción
VII de la Ley Orgánica del Estado- para recibir y registrar las declaraciones
patrimoniales de los servidores públicos.
No obstante, según
contestación, bajo el oficio CG/3254/2015, expedido el 14 de octubre, el plazo
para registrar la información patrimonial, fiscal y de conflicto de interés era
de 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del gobernador de Baja
California Sur, Carlos Mendoza Davis, y vence el próximo 10 de noviembre.
El lunes 2 -ocho días antes
del vencimiento de la solicitud de ZETA-, el jefe del Ejecutivo se adelantó y
salió inesperadamente a anunciar la entrega de la información al Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la organización Transparencia Mexicana
(TM), en el marco de la iniciativa 3x3, promovida por estas organizaciones
civiles, las cuales buscan recuperar la confianza ciudadana en las entidades
gubernamentales, a través del compromiso y transformación de la clase política
en México.
El número de expedientes
entregados fueron 46 -según el
gobernador-, los cuales podrán ser consultados, después de ser debidamente
revisados y validados, por cualquier ciudadano en el portal de internet www.3x3.mx.
Durante la conferencia de
prensa celebrada en la Sala de Gobernadores de Palacio de Gobierno, Mendoza
Davis apareció flanqueado por la contralora general del Estado, Sonia Murillo
Manríquez, y el secretario general, Álvaro de la Peña Angulo.
El gobernador presumió
titular el primer Estado en “hacer un compromiso serio con la transparencia y
rendición de cuentas en todo México”, porque –admitió- “comparto el clamor
social que dice ya basta a la opacidad y a la corrupción.
“Por eso lo digo con toda
claridad: en el gobierno de Baja California Sur, hay cero tolerancia a la
corrupción”, se jactó, para luego exponer que “no lo decimos de palabra, hablan
los hechos”.
Fue más explicito: “En otras
palabras, dicho en buen castellano, vamos acabar con el compadrazgo, amiguismo
y cuatismo”.
El titular del Gobierno del
Estado de Baja California Sur enseguida enumeró:
1.-En el caso de la
declaración patrimonial, podrán conocer la evolución y valor estimado de los
bienes que posee cada uno de los funcionarios de esta administración y sus
conyugues -desde el gobernador hasta secretarios de despacho y directores
generales- en el inicio y hasta el final del encargo.
2. En el caso de la declaración
fiscal, es prácticamente el comprobante de que lo mínimo que debe hacer el
servidor público, es cumplir con su obligación constitucional de tributar o
declarar impuestos.
3. Y finalmente, en
declaración de conflicto de interés, permitirá identificar aquellas actividades
o relaciones familiares que podrían interferir con el ejercicio de las
funciones o la toma de decisiones de un servidor público, así como su cónyuge y
parientes en primer grado.
EL NEPOTISMO
Sin embargo, las palabras DEL gobernador Carlos Mendoza Davis no
dejan de ser solo buenas intenciones, porque los hechos contradicen su discurso
político, de acuerdo con lo que actualmente está sucediendo en los primeros 60
días de su naciente administración.
Durante una investigación de
dos semanas, tras recibir una serie de denuncias anónimas, ZETA logró acreditar
que siete familias de funcionarios y ex funcionarios públicos de la presente y
anterior administración, lograron acaparar 34 cargos públicos y plazas
sindicales a favor de familiares en primero, segundo y hasta tercer grado, así
como parientes políticos, violentando de esta manera el Artículo 46 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur, que
textualmente transcribe:
Fracción XI.- Excusarse de
intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de
asuntos entre los que tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellos de los que pueden resultar algún beneficio para él, su
cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; para con quienes tenga
parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios o sociedades de las que el servidor
público o las antes referidas personas formen o hayan formado en el ámbito de
la administración pública; la limitación de parentesco a que alude la presente
disposición se aplicara hasta el segundo grado por consanguinidad, afinidad o
civil en aquellos municipios con población de hasta 50 mil habitantes y hasta
el tercer grado de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos
municipios con población mayor a los 50 mil y hasta 100 mil habitantes; en los
municipios y población mayor de 100 mil habitantes, el presente ordenamiento
abarcará hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad, afinidad o
civil.
Fracción XII.- Abstenerse de
intervenir o participar indebidamente en selección, nombramiento, designación,
contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier
servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el
caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas
que alude la Fracción XI.
Las familias mayormente
congraciadas con el “cambio de gobierno” de Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor a Carlos Mendoza Davis son:
* La del secretario general de Gobierno, Álvaro de la
Peña Angulo, quien tiene a dos hermanas, un cuñado y tres sobrinos laborando en
la Secretaría de Salud.
* La del ex secretario de Salud, Virgilio Jiménez
Patiño, cuya esposa, dos hijas, dos hijos, un hermano, un cuñado y hasta una
nuera, prestan servicios en la Secretaría de Salud.
* La ex directora de la Secretaría de Salud, Leonor
Mendoza Nevárez, quien tiene a cuatro
hermanos, una hermana, dos primas, una cuñada y hasta su padrino en la
Secretaría de Salud.
* El diputado y presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la XIV Legislatura, Marco Antonio Almendariz Puppo, el
cual tiene a su madre, padre, una hermana y un hermano, así como su prima,
trabajando en el XV Ayuntamiento de La Paz, SEP, Congreso del Estado, Instituto
Sudcaliforniano de la Juventud y Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos, conocido como CECYTE.
* La líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Secretaría de Salud en Cabo San Lucas, María de los Ángeles García Guerrero,
cuya hija labora en la Secretaría de Salud.
* El rector de la Universidad Tecnológica de La Paz,
Allan Alexander Amador Cervantes, el cual tiene a dos hermanos y madre
desempeñándose en esa universidad, Instituto Sudcaliforniano de Cultura y en el
patronato de la Preparatoria “José María Morelos y Pavón”.
A pesar de tener elementos de
prueba y las facultades legales para abrir una investigación oficial sobre el
evidente nepotismo de la nueva clase política gobernante, hasta hoy, la
contralora general del Estado, Sonia Murillo Manríquez, ha guardado silencio al
respecto, así como los órganos de control interno de cada una de las
instituciones gubernamentales.
El Artículo 47 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos establece responsabilidades
administrativas en contra de los funcionarios que infrinjan la Ley por sus
actos, omisiones y castigos, que van desde el aparecimiento hasta la suspensión
del empleo, cargo o comisión, incluso la destitución con inhabilitación hasta
por seis años.
LAS IRREGULARIDADES
Independientemente de que la
mayoría de parientes de funcionarios y ex funcionarios públicos, salieron
beneficiados por recomendación, por haber participado en el anterior proceso
electoral o por un abuso de poder irracional, el caso que, sin duda alguna, es
el más vergonzoso en la historia del servicio público del Estado, es el de la
Secretaría de Salud, nada comparable incluso con el nepotismo ejercido en el
mandato de los ex gobernadores de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño y
Narciso Agúndez Montaño.
La molestia y el hartazgo de la voracidad de la nueva clase política panista es
tal, que los propios trabajadores del Sector Salud, a través de una denuncia
anónima enviada a ZETA, fueron los responsables de evidenciar a la que llamaron
“mafia”, y la forma en que se “despacharon con la cuchara grande” durante el
proceso de asignación de bases sindicales estatales y federales, en los
linderos de la transición del gobierno de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor
a Carlos Mendoza Davis, donde aparecen involucrados:
* El ex secretario de Salud, Virgilio Jiménez Patiño.
* La ex directora de Administración de la Secretaría
de Salud, Leonor Mendoza Nevárez.
* La secretaria general de la Sección 61 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Baja California Sur,
María Isabel de la Peña Angulo.
* La dirigente sindical del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud en Cabo San Lucas, María de los Ángeles
García Guerrero.
Según pruebas documentales
entregadas a ZETA, los cuatro habrían falseado información, falsificado
documentos -incluso alterado el sistema para favorecer a sus familiares
directos e indirectos- en el otorgamiento de bases sindicales estatales y
federales, aprovechando el programa de Formalización Laboral de los
Trabajadores de la Secretaría de Salud, en cuyo acto de corrupción a gran
escala mucho tiene que ver la todavía subdirectora de Recursos Humanos de la
Secretaría de Salud, Mónica Alejandra Mandujano García, quien dicho sea de paso, como pago a sus
favores salió sospechosamente agraciada con una base sindical federal y un
sueldo quincenal de 12 mil 689 pesos con 97 centavos, pese a ser empleada de
confianza y no reunir los requisitos de antigüedad, contraviniendo así el
reglamento escalafonario de renunciar a su función, cuando menos seis meses
antes y poder -entonces sí- aspirar a la base sindical.
El 29 de julio de 2014, en la
Ciudad de México, la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los
Trabajadores de la Secretaría de Salud, firmó un acuerdo para regularizar a los
trabajadores del Sector Salud en tres fases.
Por el Estado de Baja
California Sur, estuvieron presentes los entonces:
* Secretario de Salud, Virgilio Jiménez Patiño.
* Directora de Administración y Finanzas, Leonor
Mendoza Nevárez.
* Directora del Régimen Estatal de Protección Social
de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro.
* Subdirectora de Recursos Humanos, Mónica Alejandra
Mandujano García.
* Representantes de la Sección 61 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, María Isabel de la Peña
Angulo, Ismael Vega Pérez y Alejandro Salas Armendáriz.
A grandes rasgos, el acuerdo
fue lanzar una convocaría abierta -tal y como lo marcan los estatutos- y en la
primera fase basificar a 315 trabajadores; en la segunda, 151 empleados; y en
la tercera y última etapa, al resto de los empleados, la cual podría consumarse
en 2016.
Los candidatos a ser
beneficiados con bases sindicales estatales y federales -según el acuerdo
firmado- debían ser aquellos trabajadores que hayan ingresado a laborar del 15
de agosto de 2013 hacia atrás, es decir, nadie de nuevo ingreso.
No obstante, de no haber sido
lanzada ninguna convocatoria de manera pública, de la noche a la mañana,
comenzaron a aparecer todos los familiares directos e indirectos del ex
secretario de Salud y sus secuaces, como basificados en la segunda fase de Formalización,
a pesar de que la gran mayoría causó alta después del 15 de agosto de 2013,
cuando Virgilio Jiménez Patiño tomó posesión del cargo el 14 de junio de 2013,
en sustitución de Santiago Alan Cervantes, durante el cuatrienio del ex
gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.
Los propios trabajadores del
Sector Salud –con base a algunos oficios en poder de este Semanario-
solicitaron que todos los casos sean revisados uno por uno e investigados por
Contraloría Interna, cuya titular, Ariadna Aracely Ocampo Ávila, ha sido omisa
y complaciente. En el amañado proceso
-aseguran dos trabajadoras de Salud-, ciertos funcionarios incluso solicitaron
astutamente sexo a algunas empleadas, a cambio de ser beneficiadas con las
bases sindicales estatales y federales.
Los casos más representativos
de este galopante abuso de poder en la Secretaría de Salud, son los de:
Isabel Moreno de la Peña. Sobrina del secretario
general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, e hija de la secretaria general
de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de
Salud, María Isabel de la Peña Angulo.
José Alberto Garay Ibarra. Esposo de Isabel Moreno
Peña y yerno de la secretaria general de María Isabel de la Peña Angulo.
Luis Fernando Godínez de la Peña. Sobrino de Álvaro y
María Isabel de la Peña Angulo.
José de Jesús Guzmán Alvarado. Cuñado del ex
secretario de Salud, Virgilio Jiménez Patiño.
Seth Adriana López García. Hija de la líder sindical
de la Sección 61 en Cabo San Lucas.
Algunos ni siquiera cumplen
con los requisitos de antigüedad, y, de un día para otro, aparecieron
basificados en el arranque del gobierno de Carlos Mendoza Davis.
LA INVESTIGACIÓN
Sobre estos hechos, el
secretario de Salud, Víctor George Flores, fijó su postura y dijo que “a más
tardar en un mes sabrán si hubo o no nepotismo en la asignación de bases
sindicales para los familiares” de su antecesor, la ex directora de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Salud y la dirigente de la Sección 61 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el Estado.
El funcionario se comprometió
a revisar las plazas sindicales estatales y federales, “y si hay algo que se
tenga que solucionar, lo haremos conforme a derecho de manera conjunta con la
representación sindical”.
La postura del titular de la
Secretaría de Salud no ha sido del todo bien vista por trabajadores del Sector
Salud, sobre todo porque -según la denuncia- “en ese caso en particular,
tenernos el primer conflicto de interés del gobierno de Carlos Mendoza. Por un
lado, el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña, y por el otro, su
hermana María Isabel de la Peña Angulo, líder del sindicato, quien está siendo
señalada de coludirse con los anteriores directivos de la Secretaría de Salud
para falsear información, falsificar documentos e incluso alterar el sistema
para favorecer a sus familiares directos e indirectos en el otorgamiento de
bases sindicales estatales y federales”.
“¿Cómo van a resolver este
caso?”, preguntaron los trabajadores, después de ver la postura “tan tibia”
-consideraron- “asumida por el nuevo secretario de Salud, quien mostró una
postura sumisa, cuando el 20 de septiembre participó en una reunión con los
hermanos Álvaro y María Isabel en Palacio de Gobierno, donde sospechosamente no
tocaron el tema de las bases, sino hablaron del pliego petitorio 2016 de la
Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.
En ese encuentro, y del que
poco o nada transcendió, María Isabel presentó un rosario de peticiones a su
hermano Álvaro, privilegiando el interés personal que el de la sociedad, como
solicitar dinero del erario público a manera de apoyo para el tradicional
festejo de los trabajadores y el mantenimiento de las instalaciones sindicales,
así como el pago de luz del edificio y mantenimiento del parque vehicular;
incluso un estímulo especial para la estructura de la dirigencia sindical que
sería distribuido entre los integrantes de su comité ejecutivo por concepto de
puntualidad y asistencia, y cuya bolsa pretende repartirse discrecionalmente en
diciembre de 2015.
Sobre las acusaciones, la
hermana del secretario general de Gobierno se desligó de inmediato de las
irregularidades, afirmando que ella solo revisaba “los documentos que enviaban
de la subdirección de Recursos Humanos”, los cuales eran enviados para su
debida aprobación de basificación a la Ciudad de México, porque documentalmente
“había un antecedente y un derecho de los beneficiarios”.
Durante una entrevista con
ZETA, la lideresa se justificó y expuso que “los señalamientos provienen de
gente que no pudo entrar a la segunda fase de la basificación, porque hubo un
recorte presupuestal, y solo pudieron entrar 151, es decir, el recorte afectó a
casi el 60 por ciento de la gente que estaba programada para basificarse, y dos
o tres con intereses muy personales han estado generando este problema”.
La dirigente se remontó ocho
años atrás, cuando “el 40 por ciento de los trabajadores que se basificaron la
última vez no eran trabajadores de Salud, ahora no nos pueden decir que ningún
trabajador sea empleado de la Secretaría de Salud”.
De la Peña Angulo admitió que
las plazas que últimamente se repartieron eran asignables y fueron “al 50 por
ciento cada uno”, entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Sección 61
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. “Fueron para
gente que ya estaba adentro, y si entró un pariente del anterior secretario y
un pariente mío, es gente que ya tenía derechos, ya que algunos están desde que
antes que ambos asumiéramos el cargo, y ganaron derechos considerados inclusive
en la misma Ley Federal del Trabajo”, argumentó.
En la entrevista, María
Isabel calificó las acusaciones de
“calumnias” y “mentiras”: “No me avergüenza absolutamente nada de que yo haga
hecho algo mal, estamos conscientes de que no entró mucha gente que estaba
esperando la oportunidad, pero eso no quiere decir que no vaya a entrar, viene
la tercera etapa, y ahí entrará todo aquel trabajador que tiene un derecho”.
— ¿No es mucha casualidad que
toda su familia, y las de otros ex funcionarios, hayan alcanzado bases
rápidamente cuando existen decenas de trabajadores que han esperado, como dice
Usted, mucho tiempo la oportunidad de ganar una base sindical? ¿Qué nos dice de
su hija, su sobrino y su yerno?, cuestionó ZETA a De la Peña, quien en tono
molesto respondió:
“Mire, yo le puedo decir
contundentemente, y sin ninguna pena: mi hija es una nutrióloga titulada con
cédula profesional, muy preparada. Yo no la metí, cuando yo entre aquí (hace tres
años), ella ya tenía ocho meses, ella fue una trabajadora que la sufrió como
todos y tardaban hasta tres meses para pagarle.
“Por otro lado, efectivamente
mi yerno es un trabajador que tiene siete años de antigüedad, no era mi yerno,
y mi hija tiene tres años de casada, y tiene el derecho, como todos, igual que
el los hijos del ex secretario de Salud (Virgilio Jiménez Patiño), tiene tres
hijos y ya tenían siete años; y la otra doctora tenía ocho, y el otro muchacho,
automáticamente salió en la lista, y pues la verdad, yo no tengo nada que
esconder”.
— ¿Y su sobrino?
“Bueno, él tiene cuatro años y es un muchacho
preparado, y tiene una base provisional que se le asignó y fue del 50 por
ciento del secretario, yo no lo metí a trabajar, él ya estaba y cumplirá cinco
años en enero, y yo aquí tengo tres recién cumplidos”.
Aunque la secretaria general
de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de
Salud calificó de “mentiras”, lo que “andan diciendo sobre el tipo de bases que
obtuvo mi familia y la de los ex funcionarios”, ZETA obtuvo vía Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el informe de plazas
existentes en la Secretaría de Salud del cuatro trimestre de 2014 y del segundo
trimestre de 2015, y confirmó que la familia De la Peña son poseedores de tres
plazas federales y tres estatales; los Jiménez tienen tres federales y cinco
estatales; los Mendoza ocupan dos federales y siete estatales; en tanto los
García cuentan con dos plazas estatales.
Finalmente, María Isabel de
la Peña recordó: “Yo tengo 30 años de servicio, y mi marido, tiene 35 en la
Secretaría de Salud”.
(SEMANARIO ZETA/ INVESTIGACIONES
ZETA/ 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LAS
12:00:04)
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