Después de semanas de
negociaciones, en las que mucho se discutió sobre la pertinencia de continuar
asignando dinero de forma directa a los municipios del país, los legisladores
decidieron no renunciar a esa costumbre creada hace apenas unos años
"Los diputados (...) no van a poder orientar ninguna obra. Va por
fondo directamente a los municipios y de acuerdo a las necesidades que se vayan
a plantear”
Baltazar Hinojosa
Presidente de la Comisión de Presupuesto
“Yo calculo que de todas las obras que
se vayan a llevar a cabo, la Auditoría podrá revisar unas 20 o 30 nada más, no
puede llevar a cabo esa tarea titánica”
Vidal Llerenas
Diputado federal de Morena
"No puedo votar algo que no
conozco; no tengo la capacidad de lectura que tienen mis compañeros para
revisar tantas cosas en unos minutos”
Sergio López
Secretario de la Comisión de Presupuesto
"Es una pena que el dictamen no lo
haya trabajado la Comisión de Presupuesto, sino la Secretaría de Hacienda”
Sergio López
Perredista
302,986 millones para la Secretaría de
Educación
132,216 millones para la Secretaría de
Salud
Los diputados encontraron una
fórmula para combatir, desde su punto de vista, la nociva cultura de los
moches: institucionalizaron el fondo que los inspiraba.
Después de semanas de
negociaciones, en las que mucho se discutió sobre la pertinencia de continuar
asignando dinero de forma directa a los municipios del país, los legisladores
decidieron no renunciar a esa costumbre creada hace apenas unos años.
Aunque el Ejecutivo había
desaparecido los fondos de Pavimentación, Infraestructura Deportiva y Cultura,
al no asignarles un solo peso en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación, los diputados decidieron revivirlos y mandar dinero a los
municipios.
No tendría nada de
cuestionable, a no ser porque en años pasados fue de esos fondos de donde algunos
legisladores se aprovecharon y quisieron hacer –o hicieron- negocios
particulares con dinero público.
Ahora, a pesar de que
aseguran que el dinero público tendrá candados que impedirán su mal manejo, aún
pueden hacerse manejos discrecionales.
El dinero será “enviado” a
municipios, pero sin saber exactamente en qué se ejercerá.
Lo único que cambió fue el
mecanismo de asignación del dinero. La intención y la oportunidad de cometer
actos indebidos en el ejercicio de ese recurso, es la misma.
En los tiempos de los fondos
de Pavimentación, Cultura y Deporte, fueron múltiples las denuncias de alcaldes
acusando que diputados hacían cobros de “comisiones” por haber bajado el dinero
a los municipios.
El modus operandi de quienes
se decían legisladores, pero cobraban moches, era muy diverso.
Las formas de consumar la
transa eran variadas: se denunció que se intentaba cobrar una comisión de ese
recurso directamente; que se “sugería” a empresas constructoras –cercanas al
legislador o propiedad de él- para que realizaran las obras; o se obligaba a
contratar productos y servicios a un sobreprecio para poder justificar
legalmente el moche que se cobraba.
El caso más escandaloso fue
el protagonizado por Luis Alberto Villarreal, quien fuera coordinador de los
diputados del PAN en la Legislatura pasada y al que se le acusó de encabezar
una red de cobro de moches a alcaldes de Guanajuato.
El propio Villarreal, sin
embargo, acudió a la Procuraduría General de la República para que lo
investigaran. La PGR no encontró nada.
Aun así, las denuncias
públicas continuaron; la mayor parte de ellas se hizo de forma anónima, en
medios de comunicación.
A partir de ahí se vio con
reservas la facultad auto otorgada por los diputados de asignar dinero a obras
que consideraban importantes, donde ellos querían.
Estos tres fondos nacieron en
la negociación del Presupuesto de Egresos del 2014.
En noviembre del 2013, cuando
se realizaban las negociaciones del PEF para el 2014, los diputados tuvieron la
posibilidad de etiquetar dinero para obras que ellos gestionaban para algunos
municipios.
Incluso, se dijo que se había
“liberado” un fondo para que los diputados dieran dinero para obras en sus
municipios –o a los que ellos quisieran-, en pago por el voto aprobatorio a las
reformas estructurales, que comenzaron a aprobarse en el 2013.
En ese año, los legisladores
del PRD tuvieron oportunidad de etiquetar hasta 35 millones de pesos cada uno;
se dijo que fue una “gratificación” por su voto aprobatorio a la reforma
fiscal.
Para el ejercicio fiscal del
2015, la historia se repitió. Cada uno de los diputados tuvo oportunidad de
etiquetar 10 millones de pesos para obras en sus localidades o en otras, donde
consideraban que había necesidad.
Pasó entonces que algunos
diputados “enviaron” los recursos que les tocaba etiquetar a localidades muy
alejadas de sus distritos, incluso de sus estados, donde había oportunidad de
hacer negocio o cobrar favores políticos.
Ya para la negociación del
PEF 2016, el Ejecutivo decidió dejar en ceros las partidas para estos fondos.
Sin embargo, los diputados
torcieron el procedimiento que habían creado y ahora darán un cheque en blanco
a los municipios, que alcaldes deberán gestionar ante la Secretaría de
Hacienda, que tendrá ahora la responsabilidad de bajar ese dinero para las
obras.
INSTITUCIONALIZAN FONDO DUDOSO
Durante dos años, fueron los
diputados quienes decidían a qué obra se enviaba el dinero que tenía “derecho”
a etiquetar.
Luego de los escándalos por
los moches, los diputados decidieron que el dinero se asignaría a municipios,
sin establecer ninguna obra concreta, con el fin de que los legisladores no
tengan acceso directo a ese dinero.
Ahora, la bolsa de 10 mil
millones de pesos llevará por nombre Fondo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas y Municipios.
Cada uno de los diputados
etiquetó 20 millones de pesos y, contrario a lo que ocurría en el pasado, el
recurso tendrá que ir a los municipios de sus distritos o entidades.
“Los diputados, por ningún
motivo, y de acuerdo a la ley, no van a poder orientar ninguna obra. Que quede
claro: va por fondo. Va por fondo directamente a los municipios y de acuerdo a
las necesidades que se vayan a plantear. ¿Quién? Los presidentes municipales o
las organizaciones”, explicó Baltazar Hinojosa, presidente de la Comisión de
Presupuesto.
Ahora, el fondo –alimentado
con recursos del Ramo 23- será controlado por la Secretaría de Hacienda que
solo enviará el dinero a los municipios una vez que lance las reglas de
operación, en febrero o marzo, y los alcaldes justifiquen plenamente el destino
del dinero.
Para algunos, sin embargo,
esto permitirá una mayor discrecionalidad en el ejercicio del dinero, pues nada
garantiza que desde ahorita no se estén haciendo acuerdos con los alcaldes.
“¿Quién dice que ya desde
antes de que se etiqueten los recursos para los municipios, desde ahorita, no
le dicen a los presidentes municipales que ya saben quién bajó el dinero y que
se moche. No hay manera de controlar nada de eso”, expuso un diputado priista
cercano a la negociación.
Por orden del Senado, los diputados
trabajaron en poner candados para intentar evitar el mal uso de ese dinero.
Ordenaron que sea la
Auditoría Superior de la Federación quien ponga lupa al ejercicio de esos
recursos.
Para Vidal Llerenas, sin
embargo, esta es una medida muy débil, pues es imposible que la Auditoría tenga
capacidad de revisar todos los proyectos.
“No es falta de intención, ni
siquiera físicamente tiene la capacidad de revisar todo; no tiene recursos,
implica viajes a las comunidades. Es fácil decir que debe revisar, pero no
darle los recursos para hacerlo.
“Yo calculo que de todas las
obras que se vayan a llevar a cabo, la Auditoría podrá revisar unas 20 o 30
nada más, no puede llevar a cabo esa tarea titánica”, acusó Llerenas.
La responsabilidad de dar los
recursos recaerá enteramente en la Secretaría de Hacienda, que también deberá
aumentar su capacidad de trabajo para recibir los miles de proyectos que
llegarán a sus oficinas en las primeras semanas del 2016.
LA DANZA DE LOS MILLONES
Para llegar a la aprobación del
PEF, miles de millones de pesos danzaron de un lado a otro en el papel durante
varias semanas.
Desde que el Ejecutivo
presentó su proyecto, en septiembre pasado, fuerzas políticas de todo el país
se volcaron a hacer peticiones al Palacio Legislativo de San Lázaro.
Lo que se oyó en las últimas
semanas en la Cámara de Diputados fue el ir y venir de recursos. Millones iban
y venían.
En total, los legisladores
recibieron 50 mil peticiones de recursos extras a lo que el Ejecutivo envió en
su propuesta.
Estas peticiones
representaban un gasto extra de 796 mil millones de pesos.
“No hay dinero que alcance”,
comentaba el priista Jorge Estefan Chidiac, preocupado porque “la cobija no va
a alcanzar”.
Semanas antes, cientos de
alcaldes acudieron a San Lázaro a pedir dinero para sus municipios. Algunos
hicieron fila durante más de 24 horas, esperando ser recibidos por legisladores
para entregarles sus proyectos.
La mayor parte de ellos
volvieron a sus comunidades frustrados porque no pudieron amarrar buenos apoyos
en la Cámara baja que llevaran sus planes a buen puerto.
Todavía una noche antes del
día de la aprobación, decenas de personas pugnaban por más recursos afuera de
los salones donde se llevaba a cabo la rebatinga del dinero.
Aunque muchas oficinas
permanecieron iluminadas la noche anterior al gran día, en realidad la burbuja
que se encarga de los ajustes presupuestales es muy reducida.
Son apenas una decena de
diputados federales quienes participan en el jaloneo de recursos, ante la
mirada impotente de legisladores de otros partidos.
“Ellos, el Gobierno federal,
el PRI, el PAN, están haciendo las propuestas”, acusó Rocío Nahle, coordinadora
de los diputados de Morena.
De hecho, al votar anoche el
dictamen en la Comisión de Presupuesto, los diputados del PRD y Morena ni
siquiera lo conocían.
“No puedo votar algo que no
conozco; no tengo la capacidad de lectura que tienen mis compañeros para
revisar tantas cosas en unos minutos”, denunció Sergio López, perredista y
secretario de la Comisión de Presupuesto.
Mientras transcurrían las
negociaciones, otros diputados de la Comisión daban vueltas sobre los mismos
datos, sus propuestas y buenos deseos.
Aunque en un primer momento
se dijo que por la mañana de ayer ya se tendría un documento que podría
analizarse por la tarde, en la sesión, ocurrió lo de siempre: el presupuesto
federal acabó siendo discutido de noche.
Cada año, el reclamo de la
oposición es que se discuta a la luz del día, pues ya en la noche, pocos ánimos
quedan para el debate y la discusión en tribuna.
Y menos con el acuerdo que la
mayor parte de los coordinadores alcanzaron en días pasados para agrupar todas
las intervenciones que tuvieran los legisladores a una sola.
Peor aún: el acuerdo de la
Junta de Coordinación Política acordó que, para promover alguna reserva, se
debía indicar no solo el artículo reservado, sino la página, el anexo a que se
refiere y el tomo en el que se inscribe.
Los diputados de izquierda se
quejaron de que, al haber quedado fuera de la negociación y no tener una copia
del dictamen que se aprobaba, no podrían reservarse todos los artículos que
planeaban.
“Es una pena que el dictamen
no lo haya trabajado la Comisión de Presupuesto, sino la Secretaría de
Hacienda”, acusó Sergio López.
Así, efectivamente, se acortó
el debate; pero también la reflexión que antaño se hacía sobre el destino del
dinero público.
Aunque la oposición sabía que
siempre llevaba las de perder, la discusión de madrugada era un buen momento
para discutir sobre la situación del país, la truculenta negociación del
presupuesto o la opacidad en el ejercicio.
La espera del dictamen fue
larga y también lo fue la esperanza de los sectores que querían tener más
recursos.
Uno de los sectores que más
movilizó personas fue, como cada año, el de las organizaciones campesinas.
Con un requerimiento de 22
mil millones de pesos extra a lo que el Ejecutivo les asignó, organizaciones de
varias partes del país, cercanas a diferentes partidos políticos, movilizaron a
cientos de campesinos que permanecieron afuera de la Cámara.
A diferencia de años
anteriores, para el ejercicio 2016, casi todo transcurrió entre cuatro paredes.
Lejos quedó el tiempo en que
gobernadores y presidentes municipales acudían hasta con tambora y platillos
gourmet de sus estados para agasajar a legisladores y así convencerlos de
enviar más recursos a las entidades y localidades.
Lo que sí es inamovible en
cada ejercicio es la presencia de funcionarios de la Secretaría de Hacienda con
quien legisladores negocian los movimientos que se harán al proyecto del
Ejecutivo.
Estas modificaciones deben
consultarse con el Ejecutivo a partir de la controversia constitucional
presentada por Vicente Fox, cuando la mayoría en el Congreso reasignó partidas
de su proyecto de PEF sin consultarlo.
Ahora, los legisladores
tienen la precaución de trabajar en conjunto con el Gobierno federal para evitar
un conflicto constitucional.
LOS GANONES DE LA DISCRECIONALIDAD
El Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el fondo más
discrecional del Presupuesto, tuvo un monto asignado total de 9 mil 948
millones 655 mil 991 pesos.
Fue dividido en dos
capítulos. Uno, con los fondos destinados a los entidades federativas y otro
desglosado por municipio.
En el primer caso, para los
estados, se destinaron 2 mil 486 millones 349 mil 995 pesos. Para los
municipios se enviaron 7 mil 462 millones 305 mil 996 pesos.
El estado que más recursos
recibirá es el Estado de México, con 780 millones.
En segundo lugar, Chiapas,
con 305 millones. A Puebla, se le enviarán 180 millones.
En el caso de los recursos
para los gobiernos locales, los montos son muy variados y van desde 500 mil
pesos hasta más de 111 millones de pesos.
Estos recursos no van
etiquetados, y más bien tendrán que ser bajados a los municipios por los
propios alcaldes, gestionándolos directamente en la Secretaría de Hacienda.
La localidad que más recursos
recibirá es el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, que tendrá 111 millones
290 mil pesos.
La ciudad de Monterrey tendrá
105 millones de pesos, la misma cantidad que el municipio de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León.
A Comalcalco, Tabasco, se le
enviarán 100 millones de pesos.
El municipio de Texcoco,
Estado de México, tendrá acceso a 110 millones; en la misma entidad,
Nezahualcóyotl podrá acceder a 89 millones de pesos.
La delegación Iztapalapa, en
el Distrito Federal, será la más beneficiada de la capital; contará con 86
millones de pesos.
Asignan más a comunicaciones
y al campo
Los diputados federales
hicieron algunas reasignaciones al gasto público propuesto por el Ejecutivo
federal y quitaron recursos de algunos sectores para enviarlos a otros.
En total, las reasignaciones
fueron por 16 mil 928 millones de pesos.
Algunos rubros que fueron
cuestionados, como el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral
(INE) no tuvo modificaciones, por lo que el año entrante ejercerá 15 mil 473
millones.
El Consejo de la Judicatura
Federal, por ejemplo, tuvo un recorte de 4 mil 500 millones de pesos respecto
al proyecto de PEF enviado por el Ejecutivo. Su presupuesto final quedará en 55
mil 872 millones de pesos, en lugar de 60 mil 372 millones.
Al Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación le quitaron 180 millones de pesos respecto a lo
planteado en el proyecto.
El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía también tuvo una reducción de 400 millones de pesos.
La Secretaría de Economía
tuvo una merma de mil millones de pesos.
La Procuraduría General de la
República tuvo una reducción de 300 millones de pesos, quedando en 16 mil 468
millones de pesos.
El Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social tuvo una disminución de 81 millones de pesos.
LOS QUE GANARON
La Secretaría de Hacienda es
una de las pocas que salió ganando, pues tendrá recursos extras por 500
millones de pesos. Su presupuesto final para el 2016 será de 28 mil 502
millones.
Para la Secretaría de
Educación se aprobaron 3 mil 626 millones de pesos más de lo propuesto por el
Gobierno federal; su gasto final será de 302 mil 986 millones.
Para Salud, uno de los
sectores que tuvo un mayor recorte en el proyecto de PEF, se aprobó una
ampliación de 2 mil 551 millones de pesos. Su presupuesto final quedó en 132
mil 216 millones.
A la Secretaría de
Agricultura se le aumentaron 8 mil 111 millones de pesos; tendrá 84 mil 827
millones.
A la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, que tenía un recorte en el proyecto presidencial,
los diputados decidieron darle 7 mil 735 millones de pesos más.
En materia de
infraestructura, se planteó una ampliación de 12 mil millones de pesos para
proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales.
(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA - Viernes
13 de noviembre de 2015)
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