MÉXICO,
D.F. (apro).- Entre la medianoche del martes y la madrugada del
miércoles 11, cuando todos dormían, furtivamente, como lo hacen los
delincuentes, senadores del PRI, PAN y PVEM aprobaron
las reformas constitucionales para la privatización del petróleo y la
energía eléctrica, consumando así la meta más ambiciosa del gobierno
neoliberal de Enrique Peña Nieto.
Durante mucho tiempo el PRI
tuvo la intención de cambiar la Constitución para abrir a la iniciativa
privada la explotación petrolera y la generación de electricidad,
actividades que estaban consideradas facultad exclusiva del Estado
mexicano. En varios momentos hubo intentos de llevarlo a cabo, pero
priistas y panistas se topaban con inercias internas y una gran
oposición popular a esta iniciativa que contravenía el espíritu soberano
de controlar el sector energético con un claro sentido social.
Después de varias décadas, frente a una sociedad cansada, indolente,
hastiada y distanciada de la clase política, manipulada por los
principales medios de comunicación convertidos en grupos de poder,
inmersa en una crisis y espiral de violencia, el PRI y sus secuaces
encontraron el momento más oportuno para llevar a cabo su plan
subrepticio de desnacionalizar al petróleo y la energía eléctrica, bajo
el eufemismo de autorizar los contratos con privados nacionales y
extranjeros para exploración y explotación de hidrocarburos y gas.
Todo sucedió de noche, aunque ya llevaban 18 horas discutiendo en el
Senado; de última hora, en la madrugada del martes 10, los actores
principales de esta historia pusieron en marcha su estrategia
privatizadora. De manera sorpresiva, los priistas Enrique Burgos, de la
Comisión de Gobernación; David Penchyna, de Energía, así como el panista
Raúl Gracia, modificaron el predictamen que se discutió en comisiones
para ampliar la inversión privada en Pemex y la CFE, permitir que las
empresas mineras puedan entrar al negocio del gas, autorizar a
corporativos petroleros dar servicio de energía eléctrica y sacar al
sindicato petrolero del Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos.
El coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa
Patrón, y el priista José Ascensión Orihuela, reconocieron que los
cambios se concretaron en la madrugada de ese día.
Peor aún, pues
para que la ciudadanía no mirara lo que pasaba dentro del Senado, la
Secretaría de Gobernación rechazó la petición perredista de que el
debate se trasmitiera en cadena nacional en radio y televisión, bajo el
argumento de que su difusión “resultaría desproporcionada, dada la
incertidumbre de su duración, y limitaría el derecho a la información
del que goza la sociedad respecto del resto de los asuntos de interés
general, objetivo primordial de la radio-difusión, de acuerdo con e
artículo sexto de la Constitución federal”.
De nada sirvieron los
gritos de protesta de un grupo de hombres y mujeres manifestándose
fuera del recinto legislativo, resguardado por cientos de policías y
granaderos apostados detrás de una larga barrera de vallas metálicas de
más de dos metros de altura.
Antes de discutir la reforma
energética los mismos partidos: PRI, PAN y PVEM se protegieron contra
las movilizaciones de repudio al aprobar, una semana antes, sin
discusión y negando la entrada a miembros de más de 70 agrupaciones
defensoras de derechos humanos, la Ley de Manifestaciones, marco legal
que atenta contra el derecho de expresión e incluso autoriza “disolver”
las marchas no autorizadas.
Así, lejos de la mirada pública, con
95 votos a favor y 28 en contra, priistas, panistas y legisladores del
Partido Verde lograron su cometido: se fraguó la reforma constitucional
más importante en las últimas décadas, quizá desde que en 1992 Carlos
Salinas de Gortari también impulsó el cambio al artículo 27 en materia
agraria para permitir que la propiedad del ejido fuera privada y no sólo
comunal.
Este miércoles 11 el paquete de iniciativas de reforma
constitucional pasó a la Cámara de Diputados. Y un nuevo cerco policiaco
se levantó alrededor de las calles aledañas al Palacio Legislativo de
San Lázaro.
Más tarde, la oposición de izquierda tomó la tribuna y
el recinto legislativos sólo para demorar la aprobación de los cambios a
los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que permitirán los
contratos con empresas nacionales y extranjeras para la exploración y
explotación de hidrocarburos y gas, como lo hacían antes de 1938, cuando
el general Lázaro Cárdenas se las arrancó de las manos con un decreto
expropiatorio.
Twitter: @GilOlmos
/ 11 de diciembre de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario