Las
contradicciones de la administración de Enrique Peña Nieto en materia
de comunicación y publicidad son abundantes: Aunque mantiene un derroche
millonario para cultivar su imagen, se muestra reacio a transparentar
sus gastos en esos rubros; incluso habla de “información inexistente”
cuando el IFAI le pide rendir cuentas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Siempre
proclive a cultivar su imagen en los medios, dispendioso en materia de
publicidad desde su gestión como gobernador del Estado de México,
Enrique Peña Nieto sigue destinando partidas millonarias secretas para
su promoción, ahora desde Los Pinos.
Según datos oficiales
la Presidencia de la República tiene un grupo especializado en gestión
de imagen, estrategias de comunicación y manejo de la opinión pública. Y
aun cuando nadie sabe cuánto ha gastado el gobierno en publicidad en
los últimos 10 meses ni quiénes han sido contratados por la Presidencia
para esos trabajos –más de una tercera parte de su personal se aboca a
esos menesteres–, ya se le asignaron nuevos fondos.
Pese a las
críticas recibidas por esos desplantes aun desde su campaña –cuando
jóvenes del movimiento #YoSoy132 criticaron su cercanía con el duopolio
televisivo y los pagos millonarios a Televisa para que sus mercadólogos
le construyeran una imagen publicitaria a modo–, Peña Nieto y su equipo
no dejan de apostarle a los medios para posicionarse.
Tras esos
reclamos, que se iniciaron en mayo de 2012 en la Universidad
Iberoamericana y se extendieron a varias universidades e incluso ganaron
las calles, Peña Nieto presentó un Manifiesto por una Presidencia Democrática
en el cual se comprometió a trabajar con transparencia y a impulsar una
legislación para regular la publicidad desde Los Pinos (Proceso 1917). Hasta ahora no ha cumplido.
Ante
la opacidad con la que se conduce en lo relativo a contratación de
publicidad oficial, varios particulares han acudido al Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); no han tenido
respuesta aun cuando ese tipo de gastos tiene carácter público y son
parte de las obligaciones mínimas de transparencia que deben
actualizarse en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Las
peticiones sobre cuánto se invierte en los estudios de opinión, diseño
de campañas, planes de comunicación y las producciones para ejecutarlos
–por lo general se contrata a empresas privadas cuyos nombres se
desconocen hasta ahora, pues los recursos de que disponen los avalan
sólo la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Presidencia–
tampoco se han hecho públicas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1922, ya en circulación)
/31 de agosto de 2013)
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