MANAGUA
(apro).- Un año después de que inició el caso de la caravana de las
camionetas con logotipos de Televisa que transportaban 9.2 millones de
dólares y residuos de droga, la justicia nicaragüense no ha podido
precisar quién o quiénes son los autores intelectuales de esa operación
del crimen organizado, pero se siguen buscando nuevas evidencias y
pruebas, afirma Armando Juárez, inspector general del Ministerio Público
de Nicaragua.
Señala que, “por ahora” no se tienen “dictámenes
contundentes” para determinar la autenticidad de la firma de Salvador
Narcia, vicepresidente de información nacional de Televisa, que aparece
en varios de los documentos que portaban los tripulantes de dichas
camionetas. Afirma, sin embargo, que Nicaragua “no renuncia a la
posibilidad de nuevas acusaciones en caso de encontrar pruebas
irrefutables de involucramiento”.
El 20 de agosto de 2012, un
grupo de 18 mexicanos, que viajaba por Centroamérica a bordo de
camionetas Van marcha Chevrolet, pintadas con los emblemas de Televisa,
fueron detenidos por la Policía Nacional de Nicaragua, en el puesto
fronterizo de Las Manos, compartido con Honduras.
Cuatro días
después, la Directora de la Policía Nacional, primera comisionada,
Aminta Granera, presentó a los 18 mexicanos detenidos, capturados con
más de 9 millones de dólares ocultos en compartimentos secretos. Horas
después, la banda, liderada por Raquel Alatorre, fue acusada formalmente
de dos delitos: crimen organizado y lavado de dinero, que días después
se ampliaron a tres, sumándose el de tráfico internacional de
estupefacientes y sicotrópicos.
Meses después, los 18 mexicanos
fueron encontrados culpables y condenados a penas que oscilan entre los
25 a 30 años de prisión. Actualmente, su caso se encuentra en
Apelaciones, en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones, el cual
no se ha pronunciado sobre su petición de inocencia.
En entrevista con Apro, el inspector Juárez realiza un balance sobre este caso, uno de los más sonados en los últimos años en este país.
—A
un año de la detección y captura de la banda de 18 mexicanos, que
circulaban por la región en camionetas pintadas con los logotipos de
Televisa, ¿dónde está la relevancia de este caso: en los 9 millones de
dólares incautados o en el modus operandi que quedó al descubierto?
—Bueno,
por ambas. Creo que tiene muchos asteriscos que hay que valorar.
Primero, es un caso que saca a luz pública a nivel regional operaciones
de crimen organizado bajo formas muy novedosas y singulares, donde se
transporta cantidades abundantes, millonarias de dólares; y el éxito que
representa para los órganos de inteligencia de Nicaragua y el sistema
de justicia para hacer efectiva la política de persecución impulsada por
el gobierno de la República de Nicaragua de cara a no permitir ni el
asentamiento, ni el empoderamiento del crimen organizado.
“Desde
el punto de vista de la fachada es relevante, evidentemente, el haber
expuesto una cobertura de una organización que es una industria de los
medios de comunicación en Latinoamérica, pues, tiene su peso, e
igualmente la estructura organizacional, el apoyo logístico, la fachada,
la creación de enmascaramiento con los emblemas, las chaquetas, etc.,
demuestra que hay un alto nivel organizacional de este grupo y que
evidentemente no es un grupo insignificante, es un grupo poderoso.
—¿Hay alguna evidencia, o alguna pista que lleve a identificar a los autores intelectuales?
—Nosotros
hicimos mucho esfuerzo alrededor de eso. De los documentos, de los
celulares ocupados y de los hallazgos encontrados en un vehículo,
incluso supuesta documentación donde aparentemente tenían una conexión
con funcionarios, empleados de alto nivel de Televisa, eso daba la
obligación de ir tras los intelectuales de todo esto. Pero, ha sido
difícil y no hemos podido, al menos hasta ahora, poder decir con
precisión, estos son los responsables ideológicos, los que han
financiado o estimulado, este tipo de operaciones.
—¿Ha
resultado difícil porque los acusados no colaboran en ese sentido,
porque en sus declaraciones nunca quisieron identificar a nadie?
—No.
Esto fue un proceso muy complejo, nosotros comenzamos aquí con los seis
vehículos detenidos, posteriormente se conoció que llegaron a 12, y
después a 16, y ese trabajo fue parte de la Procuraduría mexicana junto
con los medios de comunicación de ese país, de tal manera que lo que se
hizo aquí sí tuvo una trascendencia y al menos dejó al descubierto que
no solamente se trataban de seis vehículos, sino de 18. Yo me imagino
que la Procuraduría mexicana continúa trabajando porque hay abundante
información y material que trabajar y profundizar.
“Nosotros nos
sentimos satisfechos con la labor realizada por la Procuraduría
mexicana, por la asistencia y colaboración con nosotros. Ha habido una
asistencia jurídica en el marco del tratado que ha sido oportuna, a
tiempo, y en el marco de las cosas que hemos solicitado. Nunca nos la
han negado, al contrario. La colaboración ha sido muy, muy profesional, y
nosotros hemos dado a través de nuestra autoridad, que es don Julio
Centeno Gómez, fiscal general de la República, hemos dado el plácet a
esa colaboración”.
La firma de Narcia
—A
un año de la captura, ¿cuál es la conclusión de las autoridades
nicaragüenses sobre a qué grupo criminal está asociada esta banda? En un
momento se habló de que pertenecían a Los Zetas.
—Bueno, la
Fiscalía como tal no ha tenido una información precisa, determinante,
alrededor de los vínculos organizacionales de este grupo de crimen
organizado operando en Nicaragua, puede ser que sea una información del
dominio de la Policía, pero esa parte en realidad no la hemos
compartido. Sí hay, digamos, intercambio de información pero que no es
posible compartir para que sea de consumo periodístico.
—Se habló
en aquel entonces de que el papá de Raquel Alatorre podría ser al frente
de la operación. ¿Les confrimaron las autoridades mexicanas al
respecto?
—Bueno, nosotros y las autoridades de la Procuraduría
mexicana que nos asistieron muy oportunamente, compartimos mucha
información, pero básicamente la información de nuestro interés se
centraba en las operaciones y en los vínculos con Nicaragua. Ya la parte
que surgió alrededor de los bienes allá, de 12 vehículos más, ya fue
del ámbito de la Procuraduría mexicana. Todo lo concerniente a las
casas, a los recursos, a los familiares, también es un aspecto que la
Fiscalía en Nicaragua los desconoce desde el punto de vista operativo.
Sí compartimos alguna información, pero era la que venía a fortalecer la
base probatoria nuestra.
—En su momento, ustedes solicitaron que
se confirmara la identidad de estas personas y para ello ustedes
proporcionaron las huellas dactilares, fotocopias de los pasaportes y de
otros documentos personales. En base a la información que aquí se logró
recopilar, ¿se pudo confirmar finalmente si las identidades son
correctas, así como sus profesiones?
—Sí. Todos corresponden a
esos nombres, pero creo que había un caso en donde no coincide un
apellido, o un nombre, y sobre los pasaporte, en estos momentos no puedo
precisar, pero hubieron casos donde los pasaportes habían sido falsos.
También creo que en la mayoría de los casos, según los reportes, no
lograron concretizar las cédulas correspondientes, pero es un ámbito de
investigación que ya quedó en manos de las autoridades mexicanas.
—Una de las cosas que ustedes solicitaron colaboración fue con la firma de Amador Narcia, ejecutivo de Televisa.
—Sí.
—Ustedes
obtuvieron copia de esa firma en distintos momentos y la sometieron a
análisis de especialistas. ¿Cuál fue el diagnóstico, la conclusión
final, de los peritos?
—En el caso de Amador Narcia hicimos los
requerimientos a través del tratado (de asistencia judicial), a través
de Procuraduría. Nos enviaron una primera parte de muestras que de
acuerdo a nuestro criterio técnico criminológico de nuestro laboratorio
no reunía las características técnicas, pero sí hubo colaboración y sí
hubo disponibilidad.
“Posteriormente enviamos un segundo
requerimiento, aclarando los aspectos técnicos de nuestro laboratorio,
solicitando las ‘muestras libres’, que es un criterio criminológico
técnico que se requería para tener una conclusión más científica.
Recibimos la ‘muestras libres’ de la firma del señor Narcia, y recibimos
documentación privada, que no puedo decir acá, que nosotros
solicitamos, y también nos fue proporcionada.
“De tal forma que el
laboratorio nuestro llegó a la conclusión de que el material no era
apto como para que tuviéramos un dictamen contundente, entonces
decidimos dictar un “por ahora”, que es una circunstancia procesal que
nos permite nuestra ley ante la falta de obtención del material
necesario para ser comparado, porque resulta que las comunicaciones que
nosotros encontramos en la Van de la gente capturada aquí, son
aparentemente facsímil, y eso tiene sus desajustes a la hora de
imprimirse. Entonces, eso ha dificultado un poco la pericia.
“Igualmente
también requerimos algunos sellos, tanto del notario como de algunas
oficinas gubernamentales mexicanas, que aparecían sellando las
comunicaciones (incautadas a Raquel Alatorre). Eso ha quedado ahí, en
espera, por eso fue que dictaminamos el “por ahora”.
El “por ahora”
—¿El “por ahora” significa que hay una especie de impasse, para seguir ahondando en las investigaciones, para buscar nuevas evidencias?
—El
“por ahora” es una figura procesal que nos permite exactamente eso,
como no podemos dar una conclusión determinante, no podemos decir
“tenemos caso”, entonces nos tomamos un tiempo con el fin de poder
recopilar cualquier otra evidencia más allá de las que tenemos, que nos
permita llegar a un auto conclusivo. La ley nos da tres meses para que
una vez dictado el “por ahora”, hagamos ese trabajo, y si no vamos a
tener que acusar si llegamos a tener pericia concluyente, o tendríamos
que dictar un auto conclusivo que bien puede ser cerrar la
investigación.
—¿Han solicitado nuevas pruebas para llegar a una conclusión final al cabo de ese periodo?
—Aparte
del material éste que tenía que ver con las “muestras libres” de la
firma del señor Narcia, requerimos unas muestras de unos sellos de unas
oficinas y de unos abogados.
—¿Oficinas privadas o gubernamentales?
—No,
gubernamentales. Es que las comunicaciones de la supuesta División de
Eventos Internacionales de Televisa, están dirigidas a algunas oficinas
gubernamentales, como aduanas, etcétera. Vienen acompañadas de unos
sellos, entonces eso es lo que queremos, eso está supuesto de enviarse, y
ya teniendo el conjunto, vamos a valorar.
—Entonces, ¿tomarán la decisión de abrir una causa o de cerrar el caso si no se logran pruebas adicionales?
—Evidentemente
ha sido difícil determinar quiénes son los autores intelectuales, uno
de nuestros objetivos a investigar, no solamente porque hemos tenido
dificultad en cuanto a las pericias, que eso ya es un asunto de
laboratorio, sino también por las características de los documentos a
comparar.
“Repito, sí nos proporcionó el señor Narcia todo el
material que nosotros requerimos, pero para el laboratorio nuestro
(criminalístico) el material suministrado no reúne las características
para que nosotros tengamos una pericia contundente, y por tanto, por
ahora, vamos a tener eso ahí.
“Pero, el hecho de que lleguemos a
una conclusión al cabo de tres meses o más, y tengamos que dictar una
resolución sobre el caso, no significa para nada (renunciar) a nuestra
labor de inteligencia, a nuestra labor de judicialización, que el día de
mañana no podamos acusar a cualquiera que aparezca vinculado a este u
otro caso. No hay que entenderlo así porque no se trata de eso; es algo
como que lo vamos a tener ahí, sin olvidarnos de él. Estamos claro.
—¿Quiere
decir entonces, que no se puede decir si Televisa o algún funcionario
de Televisa intervino o no de alguna forma, directa o indirectamente, en
esta operación?
—No, lo voy a decir de otra manera. Nosotros no
podemos confirmar que Televisa, a través de cualquier empleado o
funcionario de ningún nivel, haya tenido que ver algo. No lo podemos
afirmar. Por eso se trata de tener una investigación sumamente
profesional, porque obviamente aquí la investigación no giraba
exactamente hacia Televisa. Aquí la investigación era determinar el
origen de la fachada, de la cobertura, de la línea de conducta que ellos
adoptaron y ver en realidad cuál era su origen.
¿Estamos?
“Entonces
hasta el momento no, con responsabilidad lo digo, nosotros no hemos
encontrado en nuestra investigación un elemento probatorio que nos diga:
‘Sí, alguien de Televisa estaba vinculado a esto’. No lo hemos
encontrado, de ser así ya lo hubiéramos acusado.
—¿Ustedes han sostenido encuentros con ejecutivos de Televisa o con representantes de Televisa en todo este periodo?
—Sí,
nosotros tuvimos alrededor de tres ó cuatro encuentros, tanto con el
representante mexicano, que no me acuerdo ahorita los nombres, también
acompañados de representantes nicaragüenses, de una firma de abogados
acá. Estas reuniones fueron más motivadas por ellos, solicitadas por
ellos, pero nuestra investigación básicamente o fundamentalmente se
ejecutó a través del auxilio de la Procuraduría mexicana, a la cual
agradecemos ese profesionalismo, porque ciertamente así se ha dado. El
propio embajador, su equipo en Nicaragua, los procuradores regionales
(asentados) en Guatemala nos han asistido y nos han cumplido.
—Recuerdo
que antes de pronunciarse sobre el peritaje de la firma del señor
Narcia, usted fijó una fecha, pero luego se produjo un retraso de un par
de semanas. Ese retraso provocó suspicacias sobre los motivos o las
causas del mismo…
—Le voy a contar qué fue lo que pasó. Yo ya
había dicho que estamos trabajando eso, pero a veces los medios, no
todos, son muy dinámicos, por así decirlo, y las cosas no han sucedido y
ellos por dar una noticia, por ganarse la primicia, en determinado
momento alguien dio una primicia, pero resultó que las cosas no marchan
como quiere el periodista, las cosas marchan a cómo tiene que marchar, y
nosotros cumplimos un procedimiento. Esto no tiene una motivación
periodística, esto tiene una motivación coercitiva, de persecución
penal. Y una vez que concluimos, procedimos a comunicárselo a las
personas que lo teníamos que comunicar, y una de éstas era Televisa.
Nosotros le comunicamos a Televisa, y posteriormente hicimos un
comunicado de prensa que ya lo divulgamos a todos los medios.
—¿Alguno de los 18 detenidos ha solicitado ser repatriado a su país para cumplir su sentencia allá?
—Eso
también fue una especulación periodística. Ellos nunca han solicitado
ser repatriados para cumplir su condena a México. Posiblemente lo hagan
en algún momento. Ellos ahorita están cumpliendo la pena que se les
impuso, que va de entre 25 a 30 años por los delitos de transporte
internacional de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias
controladas, lavado de dinero y crimen organizado internacional.
“Ellos
apelaron, tuvieron su audiencia de apelación. El tribunal no se ha
pronunciado y, pienso yo, especulo, que también va a pasar a casación en
su momento. Por eso la extradición está lejísima y no ha sido planteado
nunca.
/30 de agosto de 2013)
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