HERMOSILLO, SON.- De 2010 a la fecha, agentes de la Border
Patrol han asesinado a 20 personas con el uso excesivo de la fuerza, de
los cuales 18 eran mexicanos y seis de estos homicidios se perpetraron
en territorio mexicano, documenta el Colectivo Justicia Fronteriza.
Mediante un comunicado, el grupo observa que este número es alarmante, por lo que se inició una revisión de la política interna de la Patrulla Fronteriza por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional. No obstante, hasta ahora ningún agente ha sido condenado por sus acciones, lamenta.
Este miércoles 4 de septiembre se lanzará la campaña ¡Justicia para
José Antonio, ni una más! A lo largo del mes habrá una serie de acciones
coordinadas que culminarán con una manifestación el 10 de octubre de
2013, partiendo de la plaza Miguel Hidalgo de Nogales, Sonora.
Casos documentados
El 6 de junio 2010, dispararon y mataron a Sergio Adrián Hernández Güereca en Ciudad Juárez, Chihuahua, un joven de quince años de edad que recibió un disparo mientras veía a un agente de la Patrulla Fronteriza detener a un migrante.
El 6 de junio 2010, dispararon y mataron a Sergio Adrián Hernández Güereca en Ciudad Juárez, Chihuahua, un joven de quince años de edad que recibió un disparo mientras veía a un agente de la Patrulla Fronteriza detener a un migrante.
El Departamento de Justicia cerró su caso el 27 de abril 2012, por no
tener suficiente pruebas para inculpar al efectivo y por no tener
jurisdicción en un caso en que la víctima estuvo en territorio mexicano
al momento de su muerte.
El 5 de enero 2011, Ramses Barrón-Torres, de 16 años, originario de
Nogales, Sonora, recibió varios impactos de bala mientras tiraba piedras
del lado mexicano por una reja.
Según la investigación del Departamento de Justicia, los agentes
pudieron esquivar las piedras, pero aun así dispararon y mataron al
joven. El caso fue cerrado el 9 de agosto 2013 por no tener jurisdicción
en un caso donde víctima estuvo en territorio mexicano.
El 7 de julio de 2012, dispararon y mataron a Juan Pablo Santillán,
de 30 años y padre de cuatro niños, fue baleado mientras recogía leña a
orillas del Río Grande.
En tanto el de septiembre de 2012, dispararon y mataron a Guillermo
Arévalo Pedroza, de 36 años , en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mientras
celebraba los cumpleaños de sus hijas en la orilla de Río Bravo.
Y por último, el 10 de octubre 2012, accionaron sus armas contra José
Antonio Elena Rodríguez en Nogales, Sonora, cuando el joven de 16 años
que caminaba rumbo a su casa por una calle, perfectamente iluminada, en
el centro de la Ciudad en el lado mexicano.
Fue en ese instante que los agentes dispararon contra el mexicano desde detrás de la valla fronteriza, sobre un terraplén de seis metros. Informes indican que siete de las ocho balas entraron a José Antonio desde atrás y hacia arriba a través de su cuerpo, lo que indica que los agentes continuaron disparando después de que José Antonio estaba herido y tirado en la banqueta, boca abajo.
Casi un año después del asesinato, el Departamento de Justicia y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos todavía no han publicado información básica acerca de la muerte o cualquier investigación.
No han revelado los nombres del agente o agentes responsables y tampoco publican el video de vigilancia del homicidio.
El Departamento de Justicia se niega a decir si se llevará cargos penales en contra de los responsables y, aparte de unas declaraciones sencillas, el gobierno de México se mantiene en silencio ante estas injusticias.
Las demandas del colectivo
El Colectivo Justicia Fronteriza exige que el Gobierno mexicano
proteja y defienda a sus ciudadanos con dureza y seriedad.
Representación en los casos ante tribunales estadounidenses y llevarlos
hasta la Suprema Corte de Justicia o a Tribunales Internacionales.
También solicitan acuerdos bilaterales de atención a los casos, al igual que iniciar una investigación de los casos desde México y solicitar la extradición de los agentes responsables.
De acuerdo a la Ley de Atención a Víctimas, argumenta, el gobierno debe proveer la atención integral de las familias en México, que incluya la reparación del daño. Así como coadyuvar con las familias de las victimas en todo el proceso legal y no tolerar que ningún otro mexicano sea asesinado en su territorio por agentes de los Estados Unidos.
(EXPRESO/ Redacción/ Miércoles, 04 de Septiembre de 2013 00:35 )
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