Adela Navarro
En los
patios de Previos, a un lado del recinto fiscal, particulares lucran con
camioneros, importadores, industriales y choferes. Les cobraban por entrar al
país, por estacionarse, por bajar la mercancía, por subirla y hasta para
obtener permisos de entidades federales para internar productos a México. El
dinero, se supone debe ser utilizado en mejoras de la Aduana, pero en nada han
contribuido en los últimos meses. El colmo: el Comité denunció penalmente al
administrador de la Aduana por despojo.
Sustentados
en lagunas de la Ley, y la invitación de ex funcionarios para hacer lo no
reglamentado, particulares dedicados a la importación hacen negocio millonario
en el patio de “Previos” de la Aduana de Tijuana.
Están
constituidos (1995) y registrados oficialmente (2003) como “Comité Pro Mejoras
de los Patios Fiscales de la Aduana de Tijuana”.
Durante 14 años usaron el 45 por ciento de los patios fiscales, y la tercera parte de los terrenos de la Aduana, propiedad del Gobierno Federal, como si fuera un espacio concesionado sin serlo, pues se los concesionaron hasta 2009.
A pesar de
las irregularidades, no tuvieron problemas porque cultivaron una excelente
relación con todos los administradores de la Aduana que pasaron por Tijuana y
tenían el acuerdo de trabajo conjunto, explicó José de Jesús Pacheco Jiménez,
representante del Comité.
A partir de
marzo de 2013, con la llegada de Alejandro Amadeo González Guilbot como
administrador de la Aduana de Tijuana, iniciaron las fricciones y las
denuncias.
Durante el
tercer mes del año, personal contratado por el Comité fue encontrado dentro de
las instalaciones sin estar autorizado y haciendo obra no aprobada por la
Aduana en los patios de Previos.
Ante las dos
violaciones desde la administración de la Aduana, notificaron al Comité que no
tendrían acceso a los patios fiscales; ese mismo día solicitaron apoyo de
personal de las Fuerzas Armadas para que resguardaran los patios, y el
administrador recuperó para aduanas dos garitas de acceso a México que el
Comité se había adjudicado desde años atrás. Desde ahí cobraban a razón de 15
dólares el acceso a los patios mexicanos. En ese momento la tercera
irregularidad detectada fue eliminada, el paso se hizo gratuito.
Entonces
salieron a relucir una serie de, para quienes laboran en la Aduana de Tijuana,
irregularidades que perjudican a los importadores y choferes de camiones de
carga que entran a México:
El Comité
Pro Mejoras estaba cobrando la entrada al patio de Previos en 15 dólares por
camión. A los conductores se les proporcionaba solamente un recibo sencillo,
sin códigos ni Registro Federal de Contribuyentes, y con la leyenda en
mayúsculas de “DONATARIO”, seguida por la consigna “Vale por una entrada al
área de reconocimiento previo, vigencia 3 meses”, el nombre de la empresa “donataria”,
las placas del camión, un folio simple y el “Costo $ 15.00 DLLS.”.
Pero aun
cuando se ofertaba como un donativo, el pago era obligatorio, se cobraba en la
garita -construida por Aduanas- y, de no pagarlo, el camión no podía acceder a
los Previos.
Esa
instalación, que es parte de los terrenos de la Aduana y que hoy día supervisa
el Ejército y personal de la Administración de Aduanas, el gerente del Comité
de Mejoras, José Pacheco, insiste en que no es parte del recinto fiscal y que
ellos la tienen concesionada, lo cual los facultaba -según él mismo- para
cobrar la entrada y otros servicios.
Ahí se
encuentran oficinas verificadoras de varias secretarias federales y del
Gobierno del Estado de Baja California, que se encargan de vigilar que los
productos que son importados e internados a México, cumplan con las normas de
seguridad del país; una vez salvado ese proceso se entrega -de manera gratuita
en la mayoría de los casos- el permiso federal para la importación de la
mercancía.
Una vez que
se obtiene el documento federal o estatal, los camiones regresan a la fila de
Aduana para entrar a México, donde pasan por una inspección de Rayos Gamma y,
si el semáforo les toca rojo, el camión debe ser inspeccionado.
Sobre los
patios de Previos tomó control el Comité Pro Mejoras desde hace algunos años,
con la autorización de indistintos Administradores de la Aduana, quienes
permitieron los cobros por entrar al recinto, por maniobrar la mercancía
-bajarla para inspección y subirla de nueva cuenta-, por preinscripción y por
estacionar los camiones.
De tal
suerte que el Comité, cuyo presidente es Carlos Chavarín, y como gerente funge
el señor Pacheco, obtiene ingresos que de acuerdo a Chavarín, en las épocas
buenas -antes que el actual administrador tomara el control del patio-
ascendían en promedio a un millón de pesos. Hoy día, de acuerdo al reporte
financiero de abril de 2013, a 777 mil 657 pesos con 40 centavos, cuyo origen
desglosaron de la siguiente manera:
- Previos,
145 mil 688.50 pesos.
- Maniobras, 372 mil 310.70 pesos.
- Preinscripción, 219 mil 385.50 pesos.
- Estacionamiento, 40 mil 272.70 pesos.
Se supone
que esos recursos son utilizados para mejorar los patios fiscales y de Previos,
así como el mantenimiento de calles, corredores, garitas e inmuebles de la
Aduana de Tijuana; sin embargo, eso no ha sucedido en los últimos meses. De
acuerdo a José Pacheco, porque el administrador González Guilbot no les ha
pedido nada, y a decir por González, porque no está posición de pedirles, dado
que el Comité no está registrado fiscalmente para cumplir con ese propósito.
Al detectar
los cobros indebidos -por entrar a México, por estacionarse- y las
construcciones sin autorización de la Administración, González Guilbot tomó
control de las dos garitas de acceso a Previos y el Ejército de la supervisión
de la mercancía que entra; además, informó a los importadores que no se
cobraría por entrar a los patios.
La respuesta
del Comité fue denunciar por despojo al administrador de la Aduana,
argumentando que desde 2009, el Instituto de Administración y Avalúos de los
Bienes Nacionales (INDAABIN) les había concesionado el área de Previos.
En lo que se
resolvía el proceso legal, los estibadores y el personal administrativo del
Comité pudieron acceder de nuevo a los patios, sin embargo, dejaron de cobrar
las maniobras en la zona de la Aduana. Los pagos ahora se hacen en una oficina
ubicada en las inmediaciones de la zona de Otay.
Para
resarcirse de la baja económica que les representó dejar de cobrar la entrada
(15 dólares), los camioneros informaron que les subieron los precios en las
maniobras. Sobre esto se le cuestionó al representante del Comité, cuya
respuesta fue: “¿Quién te dijo?”.
Las ganancias
Por explotar
la concesión en 2009, el convenio con el INDAABIN determinó una cuota por
derechos de 159 mil 964 pesos al año; 13 mil 330 al mes que debía actualizarse.
Según Pacheco Jiménez, actualmente pagan alrededor de 50 mil pesos mensuales.
A cambio, la
Ley les permite ofrecer el servicio de “manejo almacenaje y custodia” de
mercancía en el área de Previos y constituir fondos a partir de las
aportaciones que efectúen personas relacionadas con el comercio exterior.
Por obligación legal, el dinero que gana el Comité explotando la concesión debe invertirse en: “… el mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de las propias aduanas”, sin embargo, en los últimos tres años, no han aportado un solo peso por estos conceptos, razón por la cual al interior de la Administración General de Aduanas, se está promoviendo una investigación interna.
Entrevistado
por ZETA, José de Jesús Pacheco Jiménez, representante del Comité Pro Mejoras
de los Patios Fiscales de la Aduana de Tijuana, aseguró que están al corriente
en pagos al IMSS, INFONAVIT, entre otros, y que cuentan con registro como
donatarios ante la Secretaría de Hacienda, que todos sus gastos están
perfectamente auditados, incluso tienen un auditor externo.
Detalló que
conforme a la Ley, presentan mensualmente un informe a la Administración de
Aduanas, y aunque Alejandro González Guilbot no los ha recibido últimamente,
entregan el reporte financiero a la oficialía de partes. Cuestionado más a
fondo, comentó que el último reporte que presentaron fue en abril de 2013.
Pacheco
mostró a este Semanario algunos de estos informes financieros mensuales que
correspondieron a 2012 y 2013, todos similares, acreditando ganancias promedio
de 1 millón de pesos mensuales. Hubo alguno esporádico de medio millón.
Sin embargo,
existe la alta probabilidad que los números en papel no correspondan a la
realidad. Conforme al personal que labora actualmente en los patios de Previos,
diariamente ingresa un promedio de 160 vehículos entre los tipo panel, camión
rabón y los que arrastran contenedores de hasta 20 y 40 pies; independiente de
los cobros autorizados por maniobras, solo por ingresar todos los camiones
debían pagar 15 dólares.
Las
ganancias posibles, solo por esta cuota de entrada no aprobada, superan el
millón de pesos reportados oficialmente como ganancia anual. Cuestión de sumar,
si el promedio de entradas diarias fuera incluso menor que el reportado, solo
100 camiones, serían 3 mil camiones al mes, a razón de 15 dólares cada uno (45
mil dólares).
Incluso a 12 pesos por dólar, lo menos que pudieron tener de
ganancias, solo por entradas, serían 540 mil pesos. Por 160 camiones serían 864
mil pesos, y faltaría sumar las ganancias por el resto de los cobros de
maniobras -manejo almacenaje y custodia- , la renta que cobraban por “asistir”
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la cuota por estacionamiento.
De acuerdo a
informes de ingresos y egresos mostrados por Pacheco Jiménez, en uno de los
meses entraron, a cajas 2 mil pesos; en bancos, 737 mil 638; impuestos
acreditables, 3 mil 541; clientes, 79 mil; para un total de 823 mil 22.19 pesos
en activos.
Respecto a
los conceptos de ingresos, está la entrada a Previos y cobro de entrada que se
hacía en la caseta.
Al ser entrevistado, Pacheco comentó que ese dinero se pedía por el servicio de abrir la caja, maniobras, cobros autorizados por Ley, y pre-inspección de madera. Cobraban 20 dólares a los usuarios porque les daban apoyo con personal, y le dejaban usar un espacio a PROFEPA. “Ya no, además era el más barato, lo hacen en otras aduanas del país y cobran hasta 80 dólares”, aseguró Pacheco.
Tal práctica
dejó de suceder cuando los directivos en México se enteraron de lo que pasaba
y, al considerarla irregular, la detuvieron.
Ese dinero
no se erogó en obra dentro de la Aduana -como ordena la Ley-, sino en temas
como gastos de operación, sueldos de todos los cargadores -son treinta-,
personal de limpieza, personal administrativo; reparación de aire acondicionado
de oficinas, reparación automotriz de equipo, papelería y pago de asuntos
legales. Gasto que en uno de los meses ascendió a más de medio millón de pesos.
Tres años sin mejoras
“Todo el
mundo piensa que el Comité es un negocio de tres o cuatro, no es cierto. Paga
impuestos, está constituido legalmente, es auditado, hemos invertido más de 35
millones de pesos dentro de la Aduana de 1995 a 2011”, dijo Pacheco.
Detalló en
lo que el Comité ha invertido: todo el mobiliario del área legal de la Aduana;
todo el mobiliario del área de operación aduanera; los primeros proyectos de
remodelación de exportación; pavimentaciones, andenes, oficinas y techo de las
instalaciones de la Aduana en el Aeropuerto.
Agregó otros
gastos no considerados en Ley:
- Hasta hace
tres años, la radiocomunicación de la Aduana fue pagada por el Comité.
- La vigilancia privada, de 1995 a 2008.
- “Y un tiempo tuvimos 25 personas asignadas en apoyo administrativo a la Aduana”, refirió el encargado del Comité, pero en los últimos tres años, nada de inversión. “Hemos estado en puros litigios”.
— ¿Y cuánto ha ingresado?
“Mmm… no tengo el dato exacto ahorita”.
Considerando
los estados de cuenta, serían 12 millones por año, le argumenta ZETA. “Pero
tienes que pagar sueldos aguinaldos, distintos despachos de abogados se han ido
en defensa legal y gastos de operación”.
Efectivamente,
a pesar de que se sigue recaudando y que no se ha gastado en obra, el Comité no
tiene -según sus informes financieros -grandes recursos a disposición.
El
representante opinó: “Te voy a decir qué es lo que va a pasar cuando el Comité
desaparezca o deje su espacio a una empresa que venga de fuera, que va a ser
del Distrito Federal: lo que cuesta 15 dólares, les va a costar 50 dólares; y
lo que ahorita pagan 80, van a pagar 140 dólares. Eso es lo que va a suceder,
el Comité le brinda competitividad a la industria maquiladora, que es el 80 por
ciento de sus usuarios”.
Tras afirmar
que los fondos estaban a disposición de la Aduana, justificó que no se han
entregado en los últimos años, porque “… ellos sacaron unos lineamientos que
van en contra del artículos 202 de la Ley Aduanera, que dice, ‘los comités se
coordinarán con las aduanas locales’. Los lineamientos nuevos dicen que los
comités se coordinarán con las áreas centrales, y los trámites se llevaban de
tres a seis meses”.
Como su
convenio instruye que deben entenderse con la Aduana de Tijuana, en lugar de
hacer trámites con México, decidieron promover un juicio de nulidad que sigue
en trámite en el tribunal fiscal.
La última
vez que hicieron obra en la Aduana. Fue el primer año de Luis Torres Torres
como administrador de Aduana.
Legalmente establecidos
Conforme a
un documento presentado por Pacheco, fue en el año 2009 cuando el Instituto de
Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales les otorgó la concesión núm.
02-2282-0/PFMO/CPF/20/09 que abarcan los mil 500 metros cuadrados de la
Plataforma de reconocimiento previo del Puerto Fronterizo Mesa de Otay.
“…para
instalar andenes de revisión y todo lo necesario para su operación, así como la
infraestructura y mecanismos indispensables para el correcto y eficiente
manejo, almacenaje y custodia que presta el comité, respecto de mercancías que
ingresan a la aduana…”.
Con la
advertencia: “No podrá utilizar total o parcialmente el área citada para un fin
distinto al previsto en la cláusula anterior”.
El
clausulado también indicaba que el comité debía pagar sus servicios, sin
embargo la luz y el agua son costeadas por la Administración General de
Aduanas.
La creación
y funcionamiento del comité se basa en el artículo 202 de la Ley Aduanera:
“…las personas relacionadas con el comercio exterior, podrán constituir fondos
en cada aduana, cuyo fin sea el mantenimiento, reparación o ampliación de las
instalaciones de las propias aduanas, en los términos que establezca la
Secretaría mediante reglas”, eso fue lo que hicieron un grupo de aduaneros
privados que se constituyeron como asociación desde 1995, pero formalizaron su
acuerdo con Aduana federal hasta el 6 de mayo de 2003.
Conforme al
mismo artículo 202: “…el patrimonio de dichos fondos se integrará con las
aportaciones que efectúen las personas antes mencionadas, con el remanente del
producto de la venta obtenido de conformidad con el artículo 32 (abandono de
mercancías que pasan a propiedad del fisco federal) de esta Ley… “… así como
por las cantidades que aporten las personas que hubieran cometido daños en las
instalaciones o equipos que se utilicen en la operación aduanera o con las
cantidades que aporten las personas a las que se les impongan multas y que
opten por aportar cantidades equivalentes a las multas impuestas en los
términos de los artículos 181, 191 y 193 de esta Ley”.
El
articulado antes mencionado refiere multas que van de los 3 mil 280 pesos a los
98 mil 280 pesos a quienes sin autorización, ingresen, circulen, realicen algún
trámite, usen un gafete o dañen las instalaciones o introduzcan productos
prohibidos a los patios fiscale.
(SEMANARIO ZETA/ Adela Navarro/ julio
29, 2013 12:01 PM)
Tres años sin mejoras
Los cobros en dolares y pagos en efectivos en caja
Detalló en lo que el Comité ha invertido: todo el mobiliario del área legal de la Aduana; todo el mobiliario del área de operación aduanera; los primeros proyectos de remodelación de exportación; pavimentaciones, andenes, oficinas y techo de las instalaciones de la Aduana en el Aeropuerto.
Agregó otros gastos no considerados en Ley:
- Hasta hace tres años, la radiocomunicación de la Aduana fue pagada por el Comité.
- La vigilancia privada, de 1995 a 2008.
- “Y un tiempo tuvimos 25 personas asignadas en apoyo administrativo a la Aduana”, refirió el encargado del Comité, pero en los últimos tres años, nada de inversión. “Hemos estado en puros litigios”.
— ¿Y cuánto ha ingresado?
“Mmm… no tengo el dato exacto ahorita”.
Considerando los estados de cuenta, serían 12 millones por año, le argumenta ZETA. “Pero tienes que pagar sueldos aguinaldos, distintos despachos de abogados se han ido en defensa legal y gastos de operación”.
Efectivamente, a pesar de que se sigue recaudando y que no se ha gastado en obra, el Comité no tiene -según sus informes financieros -grandes recursos a disposición.
El representante opinó: “Te voy a decir qué es lo que va a pasar cuando el Comité desaparezca o deje su espacio a una empresa que venga de fuera, que va a ser del Distrito Federal: lo que cuesta 15 dólares, les va a costar 50 dólares; y lo que ahorita pagan 80, van a pagar 140 dólares. Eso es lo que va a suceder, el Comité le brinda competitividad a la industria maquiladora, que es el 80 por ciento de sus usuarios”.
Tras afirmar que los fondos estaban a disposición de la Aduana, justificó que no se han entregado en los últimos años, porque “… ellos sacaron unos lineamientos que van en contra del artículos 202 de la Ley Aduanera, que dice, ‘los comités se coordinarán con las aduanas locales’. Los lineamientos nuevos dicen que los comités se coordinarán con las áreas centrales, y los trámites se llevaban de tres a seis meses”.
Como su convenio instruye que deben entenderse con la Aduana de Tijuana, en lugar de hacer trámites con México, decidieron promover un juicio de nulidad que sigue en trámite en el tribunal fiscal.
La última vez que hicieron obra en la Aduana. Fue el primer año de Luis Torres Torres como administrador de Aduana.
Legalmente establecidos
Conforme a un documento presentado por Pacheco, fue en el año 2009 cuando el Instituto de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales les otorgó la concesión núm. 02-2282-0/PFMO/CPF/20/09 que abarcan los mil 500 metros cuadrados de la Plataforma de reconocimiento previo del Puerto Fronterizo Mesa de Otay.“…para instalar andenes de revisión y todo lo necesario para su operación, así como la infraestructura y mecanismos indispensables para el correcto y eficiente manejo, almacenaje y custodia que presta el comité, respecto de mercancías que ingresan a la aduana…”.
Con la advertencia: “No podrá utilizar total o parcialmente el área citada para un fin distinto al previsto en la cláusula anterior”.
El clausulado también indicaba que el comité debía pagar sus servicios, sin embargo la luz y el agua son costeadas por la Administración General de Aduanas.
La creación y funcionamiento del comité se basa en el artículo 202 de la Ley Aduanera: “…las personas relacionadas con el comercio exterior, podrán constituir fondos en cada aduana, cuyo fin sea el mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de las propias aduanas, en los términos que establezca la Secretaría mediante reglas”, eso fue lo que hicieron un grupo de aduaneros privados que se constituyeron como asociación desde 1995, pero formalizaron su acuerdo con Aduana federal hasta el 6 de mayo de 2003.
Conforme al mismo artículo 202: “…el patrimonio de dichos fondos se integrará con las aportaciones que efectúen las personas antes mencionadas, con el remanente del producto de la venta obtenido de conformidad con el artículo 32 (abandono de mercancías que pasan a propiedad del fisco federal) de esta Ley… “… así como por las cantidades que aporten las personas que hubieran cometido daños en las instalaciones o equipos que se utilicen en la operación aduanera o con las cantidades que aporten las personas a las que se les impongan multas y que opten por aportar cantidades equivalentes a las multas impuestas en los términos de los artículos 181, 191 y 193 de esta Ley”.
El articulado antes mencionado refiere multas que van de los 3 mil 280 pesos a los 98 mil 280 pesos a quienes sin autorización, ingresen, circulen, realicen algún trámite, usen un gafete o dañen las instalaciones o introduzcan productos prohibidos a los patios fiscales
Tres años sin mejoras
Los cobros en dolares y pagos en efectivos en caja
Detalló en lo que el Comité ha invertido: todo el mobiliario del área legal de la Aduana; todo el mobiliario del área de operación aduanera; los primeros proyectos de remodelación de exportación; pavimentaciones, andenes, oficinas y techo de las instalaciones de la Aduana en el Aeropuerto.
Agregó otros gastos no considerados en Ley:
- Hasta hace tres años, la radiocomunicación de la Aduana fue pagada por el Comité.
- La vigilancia privada, de 1995 a 2008.
- “Y un tiempo tuvimos 25 personas asignadas en apoyo administrativo a la Aduana”, refirió el encargado del Comité, pero en los últimos tres años, nada de inversión. “Hemos estado en puros litigios”.
— ¿Y cuánto ha ingresado?
“Mmm… no tengo el dato exacto ahorita”.
Considerando los estados de cuenta, serían 12 millones por año, le argumenta ZETA. “Pero tienes que pagar sueldos aguinaldos, distintos despachos de abogados se han ido en defensa legal y gastos de operación”.
Efectivamente, a pesar de que se sigue recaudando y que no se ha gastado en obra, el Comité no tiene -según sus informes financieros -grandes recursos a disposición.
El representante opinó: “Te voy a decir qué es lo que va a pasar cuando el Comité desaparezca o deje su espacio a una empresa que venga de fuera, que va a ser del Distrito Federal: lo que cuesta 15 dólares, les va a costar 50 dólares; y lo que ahorita pagan 80, van a pagar 140 dólares. Eso es lo que va a suceder, el Comité le brinda competitividad a la industria maquiladora, que es el 80 por ciento de sus usuarios”.
Tras afirmar que los fondos estaban a disposición de la Aduana, justificó que no se han entregado en los últimos años, porque “… ellos sacaron unos lineamientos que van en contra del artículos 202 de la Ley Aduanera, que dice, ‘los comités se coordinarán con las aduanas locales’. Los lineamientos nuevos dicen que los comités se coordinarán con las áreas centrales, y los trámites se llevaban de tres a seis meses”.
Como su convenio instruye que deben entenderse con la Aduana de Tijuana, en lugar de hacer trámites con México, decidieron promover un juicio de nulidad que sigue en trámite en el tribunal fiscal.
La última vez que hicieron obra en la Aduana. Fue el primer año de Luis Torres Torres como administrador de Aduana.
Legalmente establecidos
Conforme a un documento presentado por Pacheco, fue en el año 2009 cuando el Instituto de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales les otorgó la concesión núm. 02-2282-0/PFMO/CPF/20/09 que abarcan los mil 500 metros cuadrados de la Plataforma de reconocimiento previo del Puerto Fronterizo Mesa de Otay.“…para instalar andenes de revisión y todo lo necesario para su operación, así como la infraestructura y mecanismos indispensables para el correcto y eficiente manejo, almacenaje y custodia que presta el comité, respecto de mercancías que ingresan a la aduana…”.
Con la advertencia: “No podrá utilizar total o parcialmente el área citada para un fin distinto al previsto en la cláusula anterior”.
El clausulado también indicaba que el comité debía pagar sus servicios, sin embargo la luz y el agua son costeadas por la Administración General de Aduanas.
La creación y funcionamiento del comité se basa en el artículo 202 de la Ley Aduanera: “…las personas relacionadas con el comercio exterior, podrán constituir fondos en cada aduana, cuyo fin sea el mantenimiento, reparación o ampliación de las instalaciones de las propias aduanas, en los términos que establezca la Secretaría mediante reglas”, eso fue lo que hicieron un grupo de aduaneros privados que se constituyeron como asociación desde 1995, pero formalizaron su acuerdo con Aduana federal hasta el 6 de mayo de 2003.
Conforme al mismo artículo 202: “…el patrimonio de dichos fondos se integrará con las aportaciones que efectúen las personas antes mencionadas, con el remanente del producto de la venta obtenido de conformidad con el artículo 32 (abandono de mercancías que pasan a propiedad del fisco federal) de esta Ley… “… así como por las cantidades que aporten las personas que hubieran cometido daños en las instalaciones o equipos que se utilicen en la operación aduanera o con las cantidades que aporten las personas a las que se les impongan multas y que opten por aportar cantidades equivalentes a las multas impuestas en los términos de los artículos 181, 191 y 193 de esta Ley”.
El articulado antes mencionado refiere multas que van de los 3 mil 280 pesos a los 98 mil 280 pesos a quienes sin autorización, ingresen, circulen, realicen algún trámite, usen un gafete o dañen las instalaciones o introduzcan productos prohibidos a los patios fiscales
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