En pleno periodo vacacional, el informe de la Auditoría Superior del
Estado cimbró al gobierno de Mario López Valdez y lo puso al desnudo en
cuanto al terco estilo de gastar hasta lo que no se tiene, pero sin
rendir cuentas claras. Nada nuevo, por cierto, porque son las mismas
anomalías detectadas en fiscalizaciones anteriores, pero agravadas por
la obstinación del desparpajo, el dispendio y la opacidad. Todo esto en
la impunidad y complicidad.
Lejos de corregir las irregularidades que semestre tras semestre le
ha señalado la Auditoría Superior del Estado, el gobierno de Mario López
Valdez se muestra reincidente no solo en el mal ejercicio del gasto,
sino también en el uso indebido del megapréstamo por 2 mil 600 millones
de pesos que adquirió en julio de 2011, del cual hizo un manejo
arbitrario y oscuro en un monto por más de mil 158 millones de pesos.
Es un caos administrativo. Con una de las deudas públicas más altas
del país, que asciende a 6 mil 664 millones de pesos —de los cuales 2
mil 539 millones de pesos se contrataron de 2010 a la fecha— Malova
prosigue en la utilización dispendiosa y desordenada del presupuesto y
créditos, según se desprende de la auditoría a la cuenta pública del
Gobierno del Estado, correspondiente al segundo semestre de 2012.
En el caso del gasto ordinario estatal, la ASE ha detectado un
posible daño económico por el orden de los 198 millones 430 mil 327
pesos, lo cual ha originado que se emitan 104 observaciones y se
promuevan 41 acciones para fincar responsabilidades administrativas a
funcionarios del gobierno malovista.
Hay de todo en el informe de la ASE, desde contratos de asesoría u
obra asignados al margen de la ley, hasta pasivos por casi mil millones
de pesos en donde se desconoce cuál será la fuente de los recursos para
saldarlos.
De mal en peor la administración del dinero público en Sinaloa, ahora
se alzan algunas voces para que de las observaciones que formula la
Auditoría Mayor se pase a entablar una demanda por peculado contra el
Gobierno del Estado, solicitud que le hace el diputado Manuel Cárdenas
Fonseca a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Luego de tres semestres en que la ASE le ha remarcado al menos 400
irregularidades, en el cuatro período bajo revisión —julio a diciembre
de 2012— el balance hace crisis. Solamente a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a cargo de Armando Villarreal, se le
promueven 64 observaciones, 20 recomendaciones y 26 acciones de
responsabilidad administrativa sancionatoria que lleven a recuperar 186
millones 544 mil 856 pesos que es el probable daño o perjuicio provocado
a la hacienda pública estatal y/o a los recursos federalizados.
Crédito mochado
Del estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre
de 2012, deriva el resultado numeral 12.16 que establece de la revisión a
los estados de cuenta de las cuentas bancarias en las cuales ingresaron
las disposiciones del crédito durante el segundo semestre de 2012, se
detectaron retiros, sin justificar el destino de los mismos, por un
importe de mil 112 millones 690 mil 216 pesos debido a que se
transfirieron a otras cuentas bancarias.
Al considerarse el incumplimiento con lo establecido en el artículo
tercero del decreto número 324 emitido por el Congreso del Estado de
fecha 29 de julio de 2011, se solicita a la Unidad de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado “que en el ámbito de sus
atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso,
instaure, sustancie y resuelva el procedimiento administrativo para el
fincamiento de las responsabilidades administrativas sancionatorias que
se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que, en
su gestión, realizaron transferencias de las cuentas bancarias donde se
manejan los recursos del crédito, sin justificar el destino de las
mismas”.
Además se le solicita a la Secretaría de Administración y Finanzas un
informe detallado sobre el impacto que tendrá en el ejercicio 2013 en
las finanzas públicas y en los diversos programas del Gobierno del
Estado, el hecho de haber utilizado mil 158 millones, 274 mil 164 pesos
del crédito autorizado para fines distintos a la inversión en obra
pública productiva.
Se refiere al crédito de 2 mil 600 millones de pesos contraído por el
gobierno de López Valdez, autorizado por el Congreso del Estado
mediante decreto del 29 de julio de 2011.
Es una de tantas irregularidades identificadas por la ASE porque,
entre otras, también encontró que se hicieron dos pagos no autorizados
en los fines de la llamada megadeuda, existe doble facturación y se
liquidaron una serie de trabajos no efectuados.
Por ejemplo, otra de las observaciones establece que se detectaron
autorizaciones de pago, las cuales se afectan a la cuenta contable 2114
de Aportaciones Municipales para Obra Pública por importe de un millón
238 mil 859 pesos, siendo pagadas en su totalidad con recursos del
crédito; lo cual es improcedente, debido a que estas debieron haber sido
cubiertas con recursos propios por provenir de aportaciones hechas por
las juntas municipales de agua potable y alcantarillado de San Ignacio y
Elota.
Otra anormalidad tiene que ver con el contrato GES E-S/N/2011
celebrado con el proveedor Grupo Baena S.A. de C.V., por importe de 65
millones de pesos, el cual se derivó del procedimiento de adjudicación
directa según acta de sesión con fecha 28 de junio de 2011. “Se observa
que en la documentación que soporta la adjudicación directa, no existe
ningún documento que justifique la realización del estudio de mercado,
en el que se establezcan los elementos técnicos requeridos de los
servicios a contratar, por lo cual no se justifica la excepción a la
licitación”.
Y así sucesivamente, irregularidad tras irregularidad. Desde la
integración incorrecta de los expedientes de obras, el pago de trabajos
no realizados, hasta pagos en exceso.
Por ejemplo, la ASE encontró (resultado número 90) que con fecha 31
de diciembre de 2011 registran en las pólizas de cheques 259339171 y
259339172 pagos por importes de $521,072.00 y $271,725.36,
respectivamente, por compra de mobiliario y equipo, los cuales no
debieron efectuarse debido a que el total del contrato ya había sido
pagado según pólizas de cheques correspondientes a la obra de
construcción de unidad académica multifuncional, laboratorio, servicios y
sanitarios del Instituto Tecnológico de Sinaloa de Leyva, durante el
mismo ejercicio 2011, con recursos de la deuda.
Sinaloa hipotecado
De acuerdo con el análisis de la Auditoría Superior del Estado, el
total del endeudamiento de Sinaloa es de 6 mil 664 millones 417 mil
pesos al 31 de diciembre de 2012. Cuando Mario López Valdez asumió el
cargo, la deuda era de 2 mil 620 millones de pesos, por lo que se
duplicó en dos años.
Lo anterior significa que la deuda pública por habitante de Sinaloa
creció en 93.4% al pasar de 946.6 pesos en 2010 a 1,831.1 pesos en 2012.
Se menciona en el informe auditor que según el reporte anual de la
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre las obligaciones financieras
totales de los estados, Sinaloa ocupó el lugar 16 en 2010, el 18 en 2011
y regresa al 16 en 2012, respecto al resto, donde el número 1 es el más
endeudado.
El pago del servicio de la deuda pública representa para 2013 el 3.0
por ciento de las participaciones federales proyectadas, debido a que
crecerá en un 133 por ciento con respecto a 2010, mientras que las
participaciones lo harán en solo 23.3 por ciento.
Otra de las cuestiones que define la ASE que con este nivel de
endeudamiento las finanzas estatales se verán afectadas por tres tipos
de obligaciones derivadas del endeudamiento total del estado: el
servicio de la deuda pública, los pasivos de corto plazo que quedaron
sin disponibilidad financiera para cubrirlos, y por el monto dispuesto
del crédito aprobado por el Congreso del Estado y no aplicado en 2012.
Uno de los focos rojos lo detecta en los pasivos sin fuente de pago,
que ascendieron a 915.2 millones de pesos. Es decir, se trata de deuda
para la cual no dispuso de recursos para hacerles frente. “Los pasivos
sin fuente de pago tienen un efecto negativo en las finanzas estatales
al tener que destinar ingresos del año siguiente para hacerles frente”.
Con base a este diagnóstico, el órgano fiscalizador emite las siguientes recomendaciones:
1) No contratar deuda pública de largo plazo en tanto no se eliminen
los pasivos sin fuente de pago y se demuestre su capacidad de
endeudamiento.
2) Trasparentar el manejo del crédito de los 2 mil 600 millones de pesos autorizados para inversión pública.
3) Establecer un control presupuestal orientado a lograr un
equilibrio entre los ingresos y el egreso, así como evitar los pasivos
sin fuente de pago.
4) Avanzar en la implantación del presupuesto basado en resultados
con el propósito de contar con elementos para la evaluación del
desempeño de los programas.
Rastros del dispendio
En la auditoría al segundo semestre de 2012, la ASE elabora 27
recomendaciones a diferentes dependencias del Gobierno de Sinaloa. Con
estas busca una acción resarcitoria de 198 millones 430 mil 327 pesos.
De las dependencias del Ejecutivo estatal señaladas con
irregularidades en el informe, la Secretaría de Administración y
Finanzas encabeza la lista por un anómalo ejercicio de 186 millones 544
mil 856 pesos; la sigue la Secretaría de Educación Pública y Cultura,
con 9 millones 154 mil 068 pesos y la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas con 2 millones 731 mil 402 pesos, cuyo gasto no justifica
plenamente.
Contra estas dependencias, la ASE promovió 41 acciones de
responsabilidad administrativa sancionatoria. De estas, 26 son contra
Administración y Finanzas, 12 contra Desarrollo Urbano y Ecología y tres
contra la Sepyc.
En lo que respecta a Administración y Finanzas, que acumula el mayor
número de irregularidades detectadas, la ASE encontró, al analizar las
transferencias a organismos sociales realizadas por Gobierno del Estado
por concepto de reasignaciones durante el primer y segundo semestres de
2012, no les transfirió 26 millones 633 mil 749 pesos.
Aquí solicita a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas que
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, instaure,
sustancie y resuelva el procedimiento administrativo para el fincamiento
de las responsabilidades administrativas sancionatorias contra los
servidores públicos que no transfirieron esos recursos a organismos
sociales.
Respecto a arrendamientos de edificios, persisten las anomalías ya
señaladas en auditorías anteriores. Al analizar el expediente número
1886 por concepto de arrendamiento de edificio que ocupan las oficinas
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ubicada en calle Topacio
número 921 del fraccionamiento Bonanza, en Culiacán, Sinaloa, arrendado
por la empresa Piero Soluciones Totales, S.A. de C.V., por un importe
mensual según contrato de $265,360.71, se observa que este inmueble es
arrendado por la empresa Inmobiliaria Pasadina, S.A. de C.V., a la
empresa Piero Soluciones Totales, S.A. de C.V., por un importe de
$50,000.00 más IVA, según contrato de arrendamiento, observándose que
esta empresa a su vez subarrenda el inmueble en mención a Gobierno del
Estado de Sinaloa.
En lo que se refiera al manejo de la nómina del Gobierno del Estado,
se detectaron pagos con recibos que no cuentan con las firmas de los
beneficiarios, así como pagos de quincenas donde los trabajadores no
firman de recibido.
La larga lista de irregularidades contrasta con la lentitud u omisión
de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas. El mismo informe
de la ASE establece que, con fecha de corte al 15 de mayo de 2013, desde
enero de 2011 se le han turnado al órgano anticorrupción del Gobierno
del Estado un total de 204 solicitudes para que entable acciones por
responsabilidades administrativas, y únicamente ha resuelto ha resuelto
sobre 19 observaciones.
Por ello el trabajo de la ASE ha dejado pocos servidores públicos
castigados. En contrasentido mientras las observaciones y
recomendaciones del órgano auditor crecen, van a la baja las acciones
legales emprendidas por el gobierno de Malova contra los saqueadores del erario.
Variación del Endeudamiento Total del Gobierno de Sinaloa
Concepto Total
Total de Endeudamiento 6,664,417,718 100.0
Deuda Pública de Largo Plazo 5,159,648,818 77.4
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 2,249,076 n.s.
Pasivos de Corto Plazo 1,502,519,824 22.5
Evolución de la Deuda Pública del Gobierno de Sinaloa
2010 2,620,000,000
2011 3,066,333,333
2012 5,159,648,818
Impacto económico de las observaciones de la ASE
Dependencia Recuperaciones probables
Administración y Finanzas $186,544,856.00
Educación Pública y Cultura $9,154,068.79
Obras Públicas $2,731,402.41
“Si tomaron el dinero y luego lo repusieron, de todos modos es delito”
Debe intervenir la PGJE: Cárdenas
La situación que refleja el informe que rindió la Auditoría Superior
del Estado respecto a las cuentas públicas del gobierno de Mario López
Valdez, correspondiente al segundo semestre de 2012, amerita que
intervengan la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Unidad
de Transparencia y Rendición de Cuentas, para delimitar y fincar
responsabilidades de orden penal, opina el diputado Manuel Cárdenas
Fonseca.
El legislador del Partido Nueva Alianza considera que se configuran
delitos que están a la vista en el informe de auditoría, por lo cual la
ASE debe pasar de las observaciones a las demandas por las vías legales
que correspondan.
“No basta con que los funcionarios respondan que sí tomaron el
dinero, pero que lo repusieron. Tampoco quiero pensar que ellos
agarraron el dinero, que lo hayan metido a alguna empresa que luego se
los reembolsó para que lo repusieran”, agrega.
Cárdenas Fonseca recuerda que una y otra vez ha insistido en que las
dependencias del Gobierno del Estado informen sobre los intereses que
generan los recursos depositados en los bancos, los cuales no se
reflejan en los estados de cuentas que se proporcionan en los resultados
financieros.
—¿Cree usted que se consigne el delito de peculado?
—Ahí está la ley. Ahí está la teoría general del derecho en los códigos penales federal y estatal.
—¿Pero ve elementos para procesar a funcionarios?
—Lee los artículos y verás que aunque hayan regresado el dinero, de
todas formas el delito existe, más tratándose de recursos de un crédito.
—¿Hará usted una denuncia? ¿Llevará esa propuesta al pleno del Congreso?
—Eso le toca hacerlo al auditor mayor. Ni modo que no sepa que hay
delito si ha trabajado en diferentes áreas de finanzas y de
fiscalización.
—La ASE ha hecho hasta las observaciones, ¿no basta con eso?
—No. No basta. Ahí está la ley y hay que aplicarla.
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