Salario mínimo: situación peligrosa
El incremento de 2.45 pesos diarios decidido ayer para el salario
mínimo general en el país –el cual asciende a 62.3 pesos diarios en la zona A; a
60.57 en la B y a 59.80 en la C– es una muestra más de la proclividad del
gobierno federal a conducir la política económica desde la simulación.
El
aumento referido ha de ser cotejado con la entrada en vigor, a partir de hoy, de
un nuevo incremento en el precio de las gasolinas, con lo que ese combustible
acumula un encarecimiento de 11 por ciento en lo que va del año.
Semejante alza,
junto con las registradas en las tarifas de gas y electricidad, pone en
entredicho las moderadas tasas inflacionarias proyectadas por las autoridades
económicas para 2011, de alrededor de 3.36 por ciento: la percepción
generalizada es que el aumento de precios a lo largo de este año ha sido mucho
mayor y que, ante tal circunstancia, el incremento aprobado ayer para el
minisalario es sencillamente insignificante.
La población enfrenta un nuevo ataque al poder adquisitivo del salario.
Aunque aumentos como el de ayer sean presentados en el discurso oficial como
medidas de fortalecimiento a la economía de los trabajadores, lo cierto es que,
a lo largo de la primera década de este siglo, los salarios han acusado un
retroceso superior a 50 por ciento, y actualmente representan la cuarta parte de
lo que significaban en 1976.
Ante ello, resultan inverosímiles las amenazas
lanzadas ayer por el titular de Economía, Bruno Ferrari, a empresarios
tortilleros, en el sentido de que no permitirá que el fin de año se convierta en
un periodo de abusos contra los consumidores, pues la principal ofensiva proviene, justamente, de las propias autoridades.
Desde hace años, diversos funcionarios gubernamentales han tratado de
minimizar esta circunstancia, afirmando que el salario mínimo es sólo un
referente económico y que prácticamente ningún trabajador percibe un ingreso tan
bajo.
Tal alegato, sin embargo, es desmentido por diversas voces del ámbito
académico y político: según el estudio Cálculo del salario en México, de
acuerdo con la Constitución mexicana, del Observatorio del Salario
de la Universidad Iberoamericana, 13 por ciento de la población ocupada en el
país –es decir, unos 4.8 millones de personas– gana un salario mínimo por día.
Pero, aun dando por buenas las cifras oficiales, si el aumento de 4.2 por ciento
decidido ayer se coteja con el precepto constitucional (
los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos), resulta palmario que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos viene incurriendo, desde hace varios años, en una situación contraria al espíritu y a la letra de la Carta Magna.
En la desoladora circunstancia nacional presente, la continua ofensiva contra
las percepciones de los trabajadores no es buena para nadie: no lo es,
ciertamente, para los propios asalariados, pero tampoco lo es a la larga para
los patrones ni para las autoridades: sin alzas salariales significativas
resultará llanamente imposible fortalecer el mercado interno e impulsar, de esa
manera, las perspectivas de reactivación de la economía; sin el abandono a la
estrategia de contención salarial y de sacrificio de los trabajadores no parece
haber otro camino que el debilitamiento del sector formal y el ensanchamiento
del informal –incluyendo, claro, las actividades ilícitas–, la profundización de
los descontentos sociales y, en suma, la agudización de la ingobernabilidad que
ya se padece en diversas regiones del país.
Parece difícil imaginar una manera más eficaz de socavar la de suyo precaria
estabilidad del país que este ejercicio de simulación que se reproduce año con
año.
Hasta ahora, las cúpulas sindicales del charrismo tradicional han
servido, a la vez, como diques de contención y como legitimadoras de la ofensiva
contra los trabajadores.
Pero incluso esas arcaicas estructuras corporativas
tienden, en la hora presente, a debilitarse, y el gobierno comete un grave error
si piensa que esa dinámica podrá continuar por mucho tiempo.
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