El presidente Felipe Calderón anunció siete puntos para ser más eficaces en
el respeto a los derechos humanos en la nueva etapa de su lucha contra la
delincuencia, los cuales incluyen buscar acotar el fuero militar y evitar la
confrontación, con el fin de proteger a activistas y candidatos en las
elecciones de 2012.
La declaración del Presidente se da en el contexto de la pugna con el PRI por
la supuesta intromisión del narcotráfico en los comicios y dos semanas después
de haber sido demandado ante la Corte Penal Internacional por la presunta
comisión de delitos de lesa humanidad en el contexto de la guerra contra la
delincuencia, que ha dejado unos 50 mil muertos.
Acciones repudiadas y
castigadas Al igual que el día anterior, el Ejecutivo admitió que las
fuerzas armadas han cometido violaciones a los derechos humanos inadmisibles,
repudiadas y castigadas por el Estado mexicano, pero no sistemáticas ni producto
de una política institucional.
Con esa declaración pareció dar un viraje
en el discurso sostenido en los últimos cinco años, que ha negado o minimizado
esas violaciones.
Calderón aprovechó la entrega del Premio Nacional de
Derechos Humanos y la presencia del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, para
anunciar que irá mucho más a fondo en la protección de estas garantías en siete
frentes.
Como parte de su plan, dio instrucciones a la Procuraduría
General de la República (PGR) y a las secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina de explorar mecanismos para que en los casos de integrantes de las
fuerzas armadas acusados de cometer violaciones a los derechos humanos, y con
apego a la ley, se transfiera o decline la competencia militar a favor del
Ministerio Público y jueces civiles.
El Presidente recordó en varias
ocasiones que ha enviado iniciativas de ley al Congreso vinculadas al tema de
los derechos humanos, aún pendientes de resolución. Una de ellas propone
reformar la jurisdicción y el fuero militar, para que los integrantes de las
fuerzas armadas que cometan delitos de desaparición forzada de personas,
violación o tortura, sean juzgados por tribunales civiles, no por
militares.
Agregó que además la Suprema Corte de Justicia de la Nación
emitió criterios que amplían los alcances de la restricción a la jurisdicción
militar, con base, también, en interpretaciones de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Esto ocurrió a partir del caso de Rosendo
Radilla, víctima de desaparición forzada en 1974, durante la guerra
sucia.
El Presidente entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2011
a Federico Manuel Fleischmann. Los acompaña el ombudsman Raúl PlascenciaFoto
Roberto García Ortiz
En otro punto, declaró: lamento profundamente que
ninguno de los tres órdenes de gobierno haya sido capaz de contener la escalada
de agresión y violencia contra activistas, periodistas y, también, candidatos y
autoridades constitucionales.
Prometió que el gobierno federal pondrá
mayor interés en ese asunto y reiteró su llamado a gobierno y sociedad a no
callar y, en todo caso, unir fuerzas, en lugar de confrontarlas, para garantizar
la labor de organizaciones sociales, comunicadores, partidos políticos y
ciudadanos en la vida pública, por el bien de la democracia.
Para lo
anterior, pidió a las autoridades electorales que exploren mecanismos que
protejan a candidatos y activistas en los procesos electorales, particularmente
en los que se avecinan.
Otro aspecto consiste en asegurarse de que la
participación de las fuerzas armadas, la Policía Federal y la Procuraduría
General de la República en la lucha por la seguridad se apegue a la legalidad y
a los derechos humanos.
Prometió actualizar protocolos y directivas para
el uso legítimo de la fuerza, en relación con detenciones y puestas a
disposición de la autoridad –sea agente del Ministerio Público o juez– en la
preservación de las evidencias y la cadena de custodia en la comisión de
delitos.
Para proteger a las víctimas de la violencia ordenó a la
Secretaría de Gobernación que se coordine con diversos organismos para
actualizar plenamente el registro de ADN de fallecidos y personas no localizadas
en el país.
Llamó a los gobiernos estatales y sus procuradurías de
justicia a cumplir con su obligación de preservar evidencias, identificar y
registrar las personas fallecidas o no localizadas cuando inician las
averiguaciones previas. Anunció que enviará al Legislativo una iniciativa de ley
para fortalecer la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas de
la Violencia.
En otra directriz, prometió tener más entendimiento con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y estar abierto al escrutinio de los
organismos internacionales.
Ofreció cumplir plenamente con las sentencias
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, y convocó a los gobiernos estatales y
municipales a hacer lo propio.
Por último, indicó que el gobierno federal
intensificará su esfuerzo de capacitación a los servidores públicos en materia
de derechos humanos.
Claudia Herrera La Jornada |
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