Ayuntamientos de La Paz y Los Cabos acorralados por deudas millonarias
Nóminas infladas por el amiguismo, exceso de personal, deudas heredadas de pasadas administraciones, han llevado a los ediles a solicitar préstamos por 498 millones 600 mil pesos y 347 millones 474 mil 852 pesos, a 30 años, hipotecando las participaciones federales de los próximos 30 años.
Gerardo Zúñiga Pacheco/Alejandro Acuña Rivera
Los alcaldes de La Paz y de Los Cabos, Esthela Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez Montaño, no hallan la puerta.
Acorralados por las millonarias deudas con proveedores y bancos heredadas de sus antecesores, el abultamiento de la nómina con amigos y recomendados y la falta de voluntad política para implementar un programa de retiro voluntario, en virtud del exceso de personal, los ediles del PRI y del PRD ahora planean endeudarse e hipotecar las participaciones federales de las administraciones municipales por los próximos treinta años.
Para colmo, los regidores avalaron esta decisión en una sesión de cabildo, a sabiendas de que adquirir un crédito bancario golpearía inmediatamente la economía municipal, porque se quedarían sin una gran parte de los ingresos federales, y por ende, se correría el riesgo de quedar imposibilitados para el pago de sueldos, compensaciones y proveedores, amén del gasto corriente y de operación y obras públicas.
Sin embargo, la responsabilidad de tomar la última decisión estará en manos de los diputados, y principalmente, de los integrantes de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, quienes el 17 y 18 de octubre, recibieron formalmente la petición de los ayuntamientos, los cuales presentaron el acta de sesión extraordinaria de cabildo, como muestra de que los regidores avalaron la decisión de endeudamiento de los alcaldes.
Los presidentes municipales, están solicitando permiso para contratar las siguientes líneas de crédito:
1.- Los Cabos: 498 millones 600 mil pesos, y a un plazo que podrá exceder del ejercicio Constitucional de José Antonio Agúndez Montaño, hasta un plazo máximo de 30 años, a ser contratado y dispuesto antes del 31 de diciembre.
2.- La Paz: 347 millones 474 mil 852 pesos y a un plazo que podrá exceder del ejercicio Constitucional de Esthela Ponce Beltrán, hasta un plazo máximo de 30 años, a ser contratado y dispuesto antes del 31 de diciembre.
En el caso de Los Cabos, el plan del edil José Antonio Agúndez Montaño plantea en su esquema que utilizaría el dinero de esta forma:
1.- 179 millones 824 mil 561 pesos en el pago de liquidación de un adeudo bancario existente, contratado el 19 de noviembre del 2009 con el banco BBVA Bancomer, S.A., por un monto de 100 millones de pesos, y cuyo saldo principal insoluto al 30 de agosto del 2011 era de 179 millones 824 mil 561 pesos.
2.- 318 millones 775 mil 439 pesos en la inversión de modernización catastral, adquisición de maquinaria para compactación de basura, obras de pavimentación, alcantarillado en el centro del municipio, equipamiento urbano y modernización de registro público.
3.- Parte del dinero del mismo crédito sería utilizado para el pago de desembolsos y costos relacionados con la estructuración, obtención y contratación de nuevos financiamientos y pago anticipado del crédito a ser liquidado.
En el caso de La Paz, el plan de la alcaldesa Esthela de Jesús Ponce Beltrán plantea en su esquema que utilizaría el dinero así:
1.- Modernización catastral.
2.- Modernización del registro público de la propiedad y del comercio.
3.- Instalación de iluminación solar en oficinas municipales.
4.- Alumbrado público solar en zona sur de la ciudad de La Paz.
5.- Alumbrado público solar en delegaciones y zona rural del municipio de La Paz.
6.- Modernización de la Dirección de Obra Pública y Asentamientos Humanos.
7.- Adquisición de juegos de placas y engomados (a la compañía Cangman Riwong Craft Logo, Co, donde su asesor externo, Israel González León, figura como representante de la empresa).
8.- Horno crematorio.
9.- Modernización de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología y estandarización del nuevo recibo de formato universal de pago en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de La Paz (implementado y contratado por la compañía RCU Sistemas, S.A. de C.V., una de las dos compañías que está acaparando la mayoría de los contratos en el gobierno municipal).
Solicitudes Entrampadas
El caso de las solicitudes de crédito de los alcaldes de Los Cabos y La Paz prácticamente se encuentra entrampado en el Congreso del Estado, cuyos diputados –a diferencia de los regidores— analizan, revisan y discuten los pro y los contra que traería como consecuencia autorizar la contratación de otra línea de crédito a los Ayuntamientos.
No obstante, el diputado y Presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, Juan Domingo Carballo Ruiz, en cuatro días firmó el dictamen de la autorización de los créditos.
Sin embargo, los otros dos integrantes de esta comisión, Gisela Páez Martínez y Luis Martín Pérez Murrieta, no signaron. Prefieren esperar a que los alcaldes del PRD y del PRI expliquen y presenten por escrito:
1.- La lista de obras con especificaciones técnicas.
2.- Los programas de ejecución de obras.
3.- Los costos de ejecución unitarios.
4.- Los costos de ejecución totales.
5.- La fecha de terminación.
6.- Los procedimientos de adjudicación de obras.
7.- La corrida financiera, es decir, un desglose de mes por mes de cuándo, cuánto, cómo y de qué forma se va a pagar el dinero de la línea de crédito.
Y es que en las solicitudes de la apertura del crédito, los ediles únicamente exponen que el dinero va a ser utilizado en “obra pública productiva”, pero no aportan mayores detalles en una carpeta ejecutiva sobre el uso del dinero.
Por citar un ejemplo, en el caso del nuevo recibo de formato universal de pago en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de La Paz, no se dice cuál es el monto específico que va a ser utilizado para introducir este nuevo sistema ni cómo se recuperaría el dinero, como tampoco de qué manera se obtendría el recurso para pagar el financiamiento.
Créditos Inviables
ZETA reunió opiniones de economistas, contadores y administradores de empresas; la mayoría coincidió que los créditos solicitados por los ediles de La Paz y Los Cabos son totalmente inviables, porque la obra pública se ejecutaría, sin embargo no habría manera de recuperar ese dinero invertido, y es justamente ahí donde inicia el problema.
Uno de los expertos expuso lo que significaría la autorización de los créditos:
“Tú, como empresario, solicitas un crédito porque tienes un negocio y quieres modernizarlo o hacerlo crecer, te avientas un compromiso, porque sabes que en base a ese crecimiento, y a tu cartera de clientes, tienes capacidad de pago.
El dinero lo inviertes, pero lo vas a recuperar, y vas a pagar, sin embargo, lo que estamos viendo en el caso de los ayuntamientos, es que van a invertir el dinero.
La pregunta es ¿cómo lo van a pagar?, porque lo van a invertir, pero no van a recuperar el dinero, entonces ¿cómo lo pagas? ¿Con las participaciones federales si de antemano, se sabe que ese dinero ya está destinado para otros gastos?”, reflexionó.
En las solicitudes de los créditos, Esthela Ponce Beltrán y José Antonio Agúndez Montaño expusieron que el dinero será destinado a “inversiones públicas productivas”, sin embargo, el término –a decir de los expertos— está mal empleado.
Los artículos 73, fracción VIII y 117, Fracción VII de la Constitución Política de México, relacionados a la naturaleza de las inversiones públicas productivas, es bastante claro y conciso.
1.- La inversión pública productiva debe entenderse por todas aquellas erogaciones (gastos) realizadas con recursos provenientes de financiamientos (créditos o deudas) destinadas a la ejecución de obras, contratación de servicios, adquisición de bienes y los gastos para la rehabilitación de bienes que generen directa o indirectamente recursos monetarios suficientes para cubrir los financiamientos respectivos.
2.- En este sentido para determinar si la obra en cuestión es pública y productiva, es necesario que se cuente con los elementos técnicos que así lo demuestren, tales como listados, costos totales de cada proyecto, programas de ejecución y tiempo de terminación de la construcción, corridas financieras que demuestren los rendimientos o recursos suficientes de retorno para amortizar la deuda, la forma de adjudicación de las propuestas, es decir, si será por licitación pública o invitación directa. Además el Congreso del Estado, por medio del órgano de fiscalización superior, deberá auditar periódicamente los avances.
3.- Una vez que se determina, en base a lo anterior, que se trata de una obra pública productiva, es responsabilidad absoluta del Congreso del Estado fundar y motivar adecuadamente el dictamen respectivo, pues no sólo se están comprometiendo recursos públicos futuros (a 10, 15, 20 ó 30 años), lo que de por sí es ya delicado, sino que se busca superar una prohibición constitucional, ya que se establece una regla o prohibición general a estados y municipios para contratar créditos. La única excepción a la regla para contratar créditos es que éstos al contratarse sean destinados a inversiones públicas productivas.
Por eso, y en base a opiniones de los expertos, no se deben de confundir los sistemas creados por la propia Constitución federal en materia de endeudamiento, porque las condiciones como están planeadas las solicitudes de Esthela Ponce y de José Antonio Agúndez, son diametralmente distintas a lo que viene siendo el esquema de la inversión pública productiva.
En el Congreso del Estado, algunos diputados, luego de analizar las peticiones de los ediles de La Paz y Los Cabos, tienen sospechas de que el dinero pudiera ser utilizado en el gasto corriente, el pago de sueldos y comprensiones que registran un retraso de hasta un mes en el personal de confianza e incluso en el pago de aguinaldos en diciembre próximo.
Opiniones encontradas
Las solicitudes de los créditos han divido las opiniones de los diputados, porque aunque a estas alturas ya se habla de una alianza entre PRI, PRD y MRPS, el dictamen de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos todavía está pendiente de emitirse oficialmente, a pesar de que el diputado Juan Domingo Carballo Ruiz, ya signó unilateralmente, y por sí solo, la autorización de contratación de las líneas de crédito que deberá tener cuando menos, dos firmas de los tres integrantes.
Al respecto, el diputado del PRI y líder de la bancada, Juan Alberto Valdivia Alvarado, dijo que desde hace cuatro semanas están haciendo un estudio minucioso para conocer de viva voz la opinión de los alcaldes. Asimismo han estado trabajando con el secretario de finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, respecto a la petición del refinanciamiento de las deudas, y por otro lado, de la nueva solicitud.
“Yo creo que siempre, y cuando, los recursos estén destinados a proyectos que generen inversión productiva, podrían ser aceptable por este Congreso, y en las próximas semanas, estemos definiendo en conjunto, cuál sería la respuesta a la solicitud de los ayuntamientos”, advirtió el legislador.
Por su parte, el diputado del PRD, Carlos Castro Castro, comentó que están en el análisis de la petición, y de antemano dijo estar dispuesto y en la mejor disposición de apoyar a los municipios en su oportunidad, siempre y cuando, no se excedan algunos conceptos que se están planteando en las solicitudes.
— ¿Cómo va apoyar a los municipios?
“Fortaleciendo una área como catastro, un área como registro público, para que al mismo tiempo, puedan ir combatiendo el rezago de sus sistemas, porque la demanda sigue creciendo y la capacidad de demanda sigue siendo la misma, por citarte un ejemplo”, respondió.
Finalmente, el diputado del PAN, Ernesto Ibarra Montoya dijo que están analizando la situación, aunque adelantó que están de acuerdo con la reestructuración de las deudas, sobre préstamos que tienen vigentes los ayuntamientos de Los Cabos y La Paz.
— ¿Usted lo ve como algo viable, luego de que han surgido algunas inconsistencias en las cuentas de los municipios?
“No, es difícil, es difícil porque uno que anduvo en campaña, fue testigo de que uno atacaba y decía del endeudamiento que existe en los municipios, y en el gobierno estatal, lo estamos analizando muy maduramente, porque no podemos equivocarnos, lo que sí es viable es la reestructuración, porque se van ahorrar cerca de 40 millones de pesos en los 4 años y medio, pero en el préstamo hay que ser congruentes de lo que dice uno en campaña, y lo que se hace, ya sentado en un curul, yo como legislador, estoy en contra, pero no es sólo estar en contra, es analizar, los pros y los contras de estos endeudamientos”, comentó.
El dispendio
Hoy por hoy, los diputados coincidieron en revisar muy a fondo sobre el uso del dinero público, máxime cuando en la edición 1962 de ZETA, fueron expuestos los primeros brotes de corrupción de la alcaldesa del PRI, Esthela Ponce Beltrán, tras descubrirse en una investigación de ZETA que desde que asumió el poder y a la fecha, un particular y dos compañías han sido los proveedores favorecidos en la compra de productos y servicios, sin necesidad de entrar a licitación, a pesar de recibir millonarios contratos que rebasan los 504 mil pesos, contraviniendo al Artículo 26 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Por eso los legisladores requieren revisar cada uno de los rubros para evitar que las obras sean sobrevaluadas. No sólo el caso de la alcaldesa del PRI está en la mira de los legisladores, también hay que contemplar los gastos exorbitantes del edil del PRD, José Antonio Agúndez Montaño, quien en julio pasado gastó 32 millones 782 mil 219 únicamente en el rubro de servicios personales.
En la cuenta pública de ese mes, los regidores aprobaron por unanimidad el dictamen de gastos del Ayuntamiento de Los Cabos, y no revisaron ni analizaron, todo lo relacionado a ese apartado de egresos, sobre todo porque sobrepaso el dinero presupuestado en 4 millones 847 mil 188 pesos.
Lo anterior es solamente uno de los 7 rubros manejados en ese mes de julio y donde la cantidad está muy por encima de los gastos de fomento al deporte, cultura, becas escolares, apoyos asistenciales y obra pública inclusive.
Este caso expone que existe un dispendio absoluto en el manejo de los recursos públicos y que contrasta con la petición de la solicitud de crédito y de las constantes quejas de que en el Ayuntamiento de Los Cabos, no hay dinero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario