En México, hay 542 niños que, a pesar de
su inocencia, viven el mismo encierro que sus madres en las prisiones
mexicanas. Las condiciones son precarias porque las leyes estatales no
reconocen su existencia ni necesidades.
Tras las rejas, los niños
viven con sus madres en las prisiones mexicanas. Ellos comparten la condena de
la que fue acusada su progenitora: robo, privación ilegal de la libertad o
asesinato. Lo hacen en condiciones precarias, limitadas, de abandono por el
sistema penitenciario.
Aunque hace dos años la Ley
Nacional de Ejecución Penal confirió derechos a los niños en prisiones,
actualmente el 70 por ciento de las leyes estatales no reconocen su existencia,
aun cuando tienen hasta el 30 de noviembre para homologar las legislaciones con
la nacional.
Los niños presos no reciben
alimentación apropiada; no tienen pediatras que atiendan su salud; no tienen
camas para descansar; no asisten estancias infantiles completas; no acuden a
centros educativos; están expuestos a los peligros de fuga y revueltas
internas; no reciben atención sicológica para atender sus problemas, aun cuando
el infante experimenta sentimientos similares a los menores que viven en una
guerra.
Algunos de ellos tienen
nombre, pero no poseen acta nacimiento que les confiera identidad. Otros no han
saboreado un trozo de pizza o sentido una hamburguesa entre sus manos. No han
jugado con un perro o acariciado a un gato. O no conocen los colores primarios
porque sólo ven el tono gris que existe en algunas cárceles del país que están
totalmente cerradas.
En México, hay 542 bebés
recién nacidos hasta niños de 12 años de edad que viven en 174 prisiones, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo,
Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta, asociación civil que estudia la
maternidad en las cárceles, desconfía de la cifra y estima que la cantidad
podría elevarse hasta 700 niños, según los conteos que ha realizado en los
recorridos a los penales.
Reinserta ha detectado que
apenas el 10 por ciento de los centros de readaptación social tienen buenas
prácticas en la atención a los niños, mientras que el 90 por ciento incumple
con los postulados de los tratados internacionales en pro de la niñez, las
resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la
reciente Ley Nacional de Ejecución Penal.
Son los niños invisibles del
sistema penitenciario mexicano.
LOS NIÑOS OLVIDADOS
El Informe Especial de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Condiciones de Hijas e
Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la
República Mexicana de la CNDH reporta que la mayoría de los niños presos viven
en condiciones limitadas en las cárceles. En instalaciones limitadas, con
alimentación insuficiente, atención pediátrica irregular, sin acceso a
educación inicial. Las madres también tienen limitaciones en sus actividades
laborales, educativas y deportivas. En condiciones de hacinamiento y
sobrepoblación.
Lejos de un entorno
agradable, los menores conviven en ambientes de autogobierno, prostitución y en
espacios con falta de higiene a la hora de la preparación de alimentos, pues se
ha detectado presencia de fauna nociva como moscas, chinches, ratas, y
cucarachas.
La asociación civil Reinserta
ha documentado revisiones y pases de lista a las mujeres frente a sus hijos,
esto sin acatar la forma profesional y respetuosa que se establece en el
Artículo 36 de la Ley de Ejecución Penal.
“El personal penitenciario
deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar
actos de revisión donde se encuentren niñas y niños”, se establece en la
normativa.
El INEGI también ha detectado
omisiones en los centros penitenciarios. En su informe Estadísticas sobre el
Sistema Penitenciario Estatal en México de 2017 señala que uno de los
principales problemas que enfrentan los niños, es la falta de acceso a educación
inicial, ya que sólo 19 de los 174 centros femeninos estatales y mixtos
satisfacen esta necesidad.
Además, sólo 10 cárceles
tienen espacio para el área de maternidad y 25 de educación temprana de los
niños. Es decir, la mayoría de los menores y sus madres no tienen acceso a
estas atenciones.
En este contexto, el
pronunciamiento de la CNDH es demostrar que la situación de los centros de
reclusión es propicia para la transgresión de los derechos fundamentales de
mujeres y niños debido a la serie de irregularidades; y concluye con un llamado
a las autoridades para diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el
sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género.
El riesgo es otro factor que
los menores viven cada día, pues la mayoría de los centros femeninos donde
conviven con sus madres se ubican a unos metros de módulos varoniles, con alto
riesgo de ser alcanzados por balas en hechos violentos, como en Topochico,
Monterrey, donde se han documentado motines con saldo de cerca 50 reos
fallecidos. Reinserta investiga la muerte de un niño, hijo de una reclusa, en
uno de esos enfrentamientos.
“Lo que pasa es que el
sistema penitenciario está olvidado por las autoridades, está ignorado por
completo, ninguno (centro femenino) cumple al cien por ciento, hay algunos que
tienen buenas prácticas como el del Estado de México, Michoacán y Ciudad de
México, el resto no tiene buenas prácticas y otros buenas intenciones como
Sinaloa”, así resumió lo que ha detectado en más de cinco años de
investigación.
LOS NIÑOS PRESOS EN SINALOA
En recorridos realizados en
los penales de Aguaruto, en Culiacán; y El Castillo, en Mazatlán, donde viven
15 de los 17 niños que conviven con sus madres, se constató que los edificios
no están adaptados para la estancia de los menores y no hay garantía de acceso
a una alimentación adecuada según su edad, salud especializada, educación,
recreación y ambiente sano.
En estos centros las 155
reclusas que permanecen encerradas en los cuatro centros penitenciarios de
Sinaloa fueron acusadas de robo de vehículos y a casas, privación ilegal de la
libertad y homicidio. El sistema de justicia del Gobierno mexicano sólo ha
logrado condenar a 93 mujeres de los delitos imputados, mientras que las 62
reclusas restantes permanecen encerradas en espera de sentencia. Quince de
ellas conviven con sus hijos dentro de la cárcel. Son mujeres jóvenes, cuyas
edades oscilan de los 25 a los 40 años. La mayoría provienen del nivel
socioeconómico bajo y sus estudios apenas alcanzan la educación básica. Desde
la prisión, buscan conseguir dinero para sobrevivir: venden dulces, cevichurros
y hacen mandados a otras reclusas que sí pueden pagar.
Aquí, en las cárceles de
Sinaloa, hay 9 bebés menores de un año, y 8 de 1 a 4 años, de acuerdo con
informes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Son niños que no
mantiene el sistema penitenciario, sino sus familias y viven de la caridad de
organizaciones civiles.
El centro femenino de
Aguaruto es, quizá, el reclusorio con más deficiencias y carencias del Estado.
Su estructura tiene medio siglo de antigüedad; las celdas son húmedas, igual
que los salones para talleres; no hay celdas adaptadas para madres con recién
nacidos; apenas un patio grande lo separa del módulo varonil, donde en los
últimos nueve años ha ocurrido, al menos, una decena de fugas de reos. Aquí el
peligro es constante. Las mismas carencias se presentan en el Centro
Penitenciario El Castillo, sólo que los edificios son más nuevos, de 2009.
Aquí el listado de nos hacia
los pequeños es larga: no tienen espacios recreativos propios; no hay estancias
equipadas para actividades de desarrollo infantil; no hay alimentación adecuada
para su edad; no tienen patio de juegos; no tienen servicio pediátrico regular;
y tampoco hay celdas especiales para madres con hijos.
Las condiciones en las que
conviven los menores son precarias: duermen en celdas que huelen a humedad, en
camas de piedra, en colchones usados, y sólo tienen aire acondicionado si sus
familias compran el equipo. Ahí mismo está el baño y una mesa donde se guarda
ropa, zapatos, y pañales; las celdas son tan pequeñas que no queda espacio para
que los niños jueguen. Son frías y mala iluminación.
La oportunidad que los niños
tienen de alimentarse con comida adecuada con su edad es ocasional, cuando sus
familiares les llevan despensa y sus madres pueden cocinar para ellos, sino
comen embutidos, caldos, leche y picante que es la dieta que llevan las mismas
presas.
En la cárcel de Aguaruto
existe la única estancia infantil que hay en Sinaloa que apenas abrió este año,
pero está incompleta: Es una pequeña habitación con un abanico, dos mesas de
plástico y cuatro sillas. Los otros tres centros penitenciarios no tienen
guarderías similares.
Los niños encarcelados no
juegan en los columpios ni en las resbaladillas porque no hay. En Aguaruto, el
único centro penitenciario que sí posee juegos, están viejos y oxidados. Nadie
los usa.
En su reporte especial de
2015, la CNDH revela que en los centros penitenciarios femeninos de Sinaloa se
“observaron deficientes condiciones en la ventilación e iluminación natural y
artificial de las estancias, así como de higiene y presencia de fauna nociva
(cucarachas, chinches, ratas o moscas)”, se trata de los espacios comunes, de
convivencia de niños con sus madres. Además, en Aguaruto, se detectaron
instalaciones eléctricas improvisadas, “lo que genera un riesgo de corto
circuito e incendio”.
Además de las carencias de
infraestructura, alimentación y salud, vivir en una cárcel significa un
tremendo impacto sicológico para los niños, otro factor que el sistema
penitenciario no atiende.
“Las condiciones y
consecuencias sicológicas es un tema que apenas se está visibilizando, hay
pocos estudios sobre el impacto. Lo que tenemos es un poco trabajar el tema de
trauma, lo que analizamos sicológicamente, es que un niño que está en prisión,
es como un niño que está en la guerra, a lo largo de unas secuencias es
traumante y le llega a generar adrenalina que no es como tal adrenalina, es
como una normalización de la violencia, le conocemos como trauma. Las
situaciones se generan por la violencia constante, por estar en convivencia de
incertidumbre, las revisiones de madrugada en las celdas, traslados
inesperados, los niños están en situación de alerta constantemente, y esa
adrenalina tiene afectación a largo plazo”, así lo explica la activista Saskia
Niño de Rivera.
Tampoco hay interés de
dedicar dinero público a su atención. La Secretaría de Seguridad Pública del
Estado confirma que la partida presupuestaria que reciben se dedica para las
necesidades de los centros penitenciarios, sin que exista alguna disposición de
ser invertido en los pequeños.
En 2017, se distribuyeron 8
millones 30 mil 860 pesos; sin embargo, para este año, la cantidad aportada se
redujo en 1 por ciento y se destinaron 7 millones 957 mil 948 pesos. En
conclusión, el Gobierno estatal gasta 4.7 pesos diarios por preso, sin contar a
los niños.
Juan Carlos Campos, ex
Director del Centro de Reinserción Social del Estado, reconoce las carencias
que sufren los niños: no son atendidos por pediatras con regularidad y reciben
ayuda que las organizaciones civiles llevan hasta los centros penitenciarios.
El funcionario acepta que los
menores, en gran parte, dependen de esos donativos, de esta manera han recibido
leche, pañales, ropa y juguetes.
Es así, también de regalos,
como los hijos de las reclusas tienen cunas y portabebés.
-¿Entonces a qué tienen acceso los niños por parte del
Estado, qué les garantizan?
El Sistema aún con sus
limitaciones cuenta con la bondad de organizaciones civiles de Gobierno, hay
una participación activa del DIF Estatal, ellos no nos han dejado solos, tienen
programas de valores. Se mandaron unos estudios para lo de guarderías
ludotecas, para vestirlas, y tener todo lo necesario
La CNDH, en su informe
especial, consigna que estas deficiencias contravienen la Constitución Política
de México y la Convención sobre los Derechos de los Niños. También contradicen
lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley General de los Derechos
Niñas, Niños y Adolescentes que velan por los derechos que tienen los niños a
vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral.
ARTÍCULO 43:
“Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que
permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto
físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social”.
ARTÍCULO 44:
“Corresponde a quienes ejerzan la patria
potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la
obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las
medidas apropiadas”.
El Gobierno mexicano ha sido incapaz de
proveer lo que mandata la Ley Nacional de Ejecución Penal en su Artículo 36 y
en el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre
las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana de
2015.
“Las hijas e hijos de las
mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el internamiento de
estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante
las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan
cumplido tres años de edad, garantizando en cada caso el interés superior de la
niñez”.
“A que su hija o hijo
disfrute del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación
de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la
legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud”.
Y para garantizar sus
derechos fundamentales, el Gobierno mexicano debe asegurar acceso a los
servicios médicos de calidad, educación inicial a los tres años y participación
en actividades lúdica, lo cual no está cumpliendo.
INVISIBLES… EN LAS LEYES
Aunque la Ley Nacional de
Ejecución Penal reconoce los derechos que tienen los niños que viven con sus
madres en las prisiones mexicanas, la mayoría de las leyes estatales que
regulan los centros penitenciarios no lo hacen.
En una revisión a las leyes,
decretos y declaratorias vigentes de las 32 entidades del País, se detectó que
sólo cinco entidades han armonizado su legislación con la ley federal con lo
que cual reconocen sus derechos a la atención médica, alimentación y educación.
Sin embargo, el 70 por ciento
restante de las legislaciones aún no da reconocimiento a los niños en prisión.
Sus leyes no tienen capítulos ni artículos en los que provean derechos a los
pequeños.
En 17 leyes estatales sobre
ejecución de condenas, medidas de seguridad, penas preventivas y restrictivas
no establecen edad límite para que los niños puedan permanecer en los penales.
En cuatro entidades está marcado hasta los tres años; y en otros tres estados,
entre los que aparece Sinaloa, la edad de permanencia es hasta los seis meses.
Sólo cinco estados ya están
armonizadas sus legislaciones y aplican de manera oficial la Ley Nacional de
Ejecución Penal de mantener a los niños hasta los 3 años en prisiones. Pero en
cuatro entidades más varían las edades de 1 a 6 años.
Esta anomalía permite casos
extremos, como en Chilpanchingo, Guerrero, donde se permiten niños hasta los 12
años.
En Sinaloa también existe esa
disparidad, incluso de un municipio a otro. En el centro penitenciario de
Culiacán la estancia de los niños está permitida hasta los 3 años, pero en
Mazatlán, apenas a unos 216 kilómetros de distancia, es hasta los 4 años.
Esto violenta la Ley de
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa que
en su Artículo 40 señala lo siguiente: “las mujeres podrán tener en su compañía
a sus hijos menores de seis meses”, pero esto no se cumple.
Saskia Niño de Rivera afirma
que las entidades tienen hasta el 30 de noviembre para acatar la Ley Nacional
de Ejecución Penal y desechar sus propias reglas.
LA CIFRA NEGRA
Saskia Niño de Rivera,
directora de Reinserta, evidencia la incongruencia entre la cantidad de niños
que el Gobierno mexicano reporta al interior de las cárceles con los que la
asociación civil ha documentado en las visitas que ha realizado a los
diferentes centros penitenciarios del país.
En su visita al centro
penitenciario de Topochico, en Monterrey, contó más de 70 pequeños, mientras
que el reporte oficial registró menos de 40. En Sinaloa, en mayo, le informaron
de 12 menores en los cuatro centros penitenciarios, pero semanas antes el
Estado aseguraba que había 17.
No hay datos precisos de
cuántos niños tienen en la cárcel su hogar. Se estima que podrían alcanzar los
700, aunque el INEGI reporta 542.
Es la invisibilidad de los
niños presos.
(NOROESTE/ SHEILA ARIAS/ 27/08/2018)
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