En ningún momento el
presidente Andrés Manuel López Obrador ha modificado su discurso: el robo de
combustible es consecuencia de la corrupción que ha generado pobreza. López
Obrador establece una línea clara, que legalmente es inexistente, entre las
comunidades que compran o roban combustible, que parafraseándolo serían la
sociedad buena, víctima por la marginación en la que han vivido, frente a
gobiernos corruptos del pasado que crearon sistemas de saqueo de hidrocarburos
en donde mete en una misma bolsa a empresarios y miembros de la delincuencia
organizada, que sería la sociedad mala.
La dicotomía del discurso
permea en su voz, sin que se le vean las contradicciones. Pero su propia
palabra está construyendo una trampa: si casi un centenar de muertos y
sabotajes sostenidos del crimen organizado tienen su origen en la corrupción de
gobiernos anteriores, ¿por qué quiere dejar el pasado en el olvido y no como
prólogo del cambio de régimen? El deseo político de López Obrador se está
agotando en lo prolífico de su retórica y propaganda.
Enfrenta, como quedó de
manifiesto en su conferencia matutina del martes, un desafío pocas veces visto.
Los criminales, en reacción a su cruzada contra el huachicoleo, están
saboteando sistemáticamente los ductos de Pemex. La osadía criminal tendrá
condiciones abiertas para confrontar al Estado–porque eso está haciendo-
únicamente si encuentra espacios de mezquindad entre los mexicanos y regateo al
llamado presidencial de enfrentarlos sin ceder. Si en el pasado, quienes hoy se
resisten a ser sometidos por los criminales tomaron partido por los criminales
porque se acomodaba a su lucha política, sería una irresponsabilidad
imperdonable seguir la misma estrategia. Nunca será momento para cobrar ese
tipo de facturas, porque los criminales son eso, delincuentes.
Pero hay otros grupos, blanco
preferido de López Obrador para justificar sus acciones, los anteriores
gobiernos a los que sin matices y mucha generalización, acusa de haber sido
cómplices de la delincuencia organizada. El discurso sin acción concreta,
eventualmente perderá fuerza. Utilizar la corrupción de sus predecesores como
la fuente de todos los males, tiene un límite retórico. Si quiere salvar a la
sociedad buena de que rinda cuentas ante la ley por cometer delitos, tiene que
actuar contra la sociedad mala.
La semana pasada anunció el
inicio de investigaciones contra políticos y ex funcionarios presuntamente
vinculados con las redes criminales del huachicol. Pero en el discurso, sus
lanzas han ido más alto, ex presidentes y anteriores funcionarios en los
gabinetes de Hacienda y seguridad. No ha dado nombres, pero los objetivos de
sus acusaciones han ido directamente contra Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón
y Vicente Fox. El presidente debe dejarse de simulaciones y si tiene evidencia,
como uno supone que tiene quien hacer imputaciones tan serias, debe actuar en
su contra, y aportar elementos para que la Fiscalía General abra carpetas de
investigaciones. En ese paquete debe incluir a los ex directores y
subdirectores de Pemex, a quienes también ha señalado como cómplices del delito
federal.
Es importante que López
Obrador se aleje del discurso propagandístico y comience a actuar en aspectos
concretos. Acusaciones orales y estigmatización no son suficientes ante el
ataque del crimen organizado en contra del Estado Mexicano. El presidente
necesita de acciones que respalden su afirmación de que irá con todo y contra
todos los que resulten responsables del saqueo petrolero, sin amedrentarse ni
ceder. Que sea la judicialización de esos casos los que determinen los grados
de responsabilidad de los gobiernos anteriores y quienes los encabezaban. Pero
debe apurarse porque la tragedia en Tlahuelilpan empezó a costarle en la
opinión pública.
Una encuesta dada a conocer
este martes por el Gabinete de Comunicación Estratégica, muestra que si bien
López Obrador mantiene un altísimo nivel de opiniones positivas (88.7%), la
mayoría de la gente a nivel nacional (54.6%) considera que fueron los
pobladores de la zona quienes se acercaron al ducto para recoger combustible,
por lo que en la misma proporción los considera responsables de la explosión.
El presidente ha eximido a los pobladores de la zona como los responsables, y
acusado a la corrupción de anteriores gobiernos la responsabilidad total de la
tragedia. En la encuesta, sólo el 1.8% a nivel nacional considera que ex presidentes
y gobiernos anteriores son los responsables de la explosión y, ante la oferta
de López Obrador de apoyar económicamente a los familiares de las víctimas, 7.5
de cada 10 mexicanos, se manifestó en contra.
La reacción en las redes
sociales, siempre muy proclives a López Obrador, fue peor. De acuerdo con el
análisis de GLAC, una consultoría de seguridad y tecnología que publica
regularmente sus mediciones El Financiero, entre el 18 y el 21 de enero
registró 375 mil 8 menciones, donde el 98.83% se expresó en contra de la
actuación de López Obrador, destacándose entre los argumentos la falta de
capacidad para atender ese tipo de emergencias. Este pulso, volátil como todo
lo que navega por las redes sociales, refuerza en diferentes proporciones lo que
midió la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica.
Ambas mediciones revelan
agotamiento en el discurso de López Obrador de que todo es culpa de la
corrupción, y establece los matices que el presidente no utiliza. Para evitar
que esta caída coyuntural pueda convertirse en tendencia, López Obrador tiene
que dar resultados tangibles. Ahora es cuando si tiene evidencias de corrupción
de ex presidentes, ex secretarios de Estado y ex funcionarios, debe
denunciarlos. De otra forma tendrá que encontrar nuevos enemigos porque los
actuales se le están desvaneciendo entre las manos de la opinión pública.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(SEMANARIO ZETA/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 23 DE ENERO DE
2019)
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