La pobreza, la desigualdad y el difícil
acceso a la justicia en México para los menos favorecidos quedó en evidencia
con la explosión de la toma ilegal de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo,
problemáticas que el nuevo gobierno buscará solucionar a través de la entrega
de programas sociales
La tragedia en Hidalgo
exhibió los problemas sociales de fondo que persisten en el país, desde la
pobreza, hasta la falta de educación, una brecha de desigualdad que evita que
millones de mexicanos ejerzan plenamente sus derechos fundamentales.
La criminalidad o las deficiencias en la
procuración de justicia tienen entre sus raíces también la falta de
oportunidades, por lo que reducir la desigualdad social es fundamental para
recuperar el Estado de Derecho
Para hacer frente a esta
realidad, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su
conferencia matutina de ayer, presentó un Plan de Desarrollo para el Bienestar
en 91 municipios en nueve entidades por donde pasan los ductos de Pemex.
El fin es ofrecer una
alternativa que aleje a la población de participar en actividades delictivas,
como el robo de combustible.
“En este municipio de manera
especial va a haber atención a familiares de víctimas además del plan general”,
dijo en referencia a Tlahuelilpan, donde las principales preocupaciones de las
familias afectadas son la identificación de personas, la atención médica y el
pago de los servicios funerarios, además de que el panteón municipal ya es
insuficiente.
Por ello, uno de los grandes
cambios que plantea el gobierno de la Cuarta Transformación es darle mayor peso
a los programas sociales para reducir el margen de desigualdad que actualmente
existe entre los mexicanos
Sin embargo, a menos de que
exista una estrategia integral a largo plazo, no podrá erradicarse este
problema estructural, aseguran especialistas.
CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA
El ducto Tula-Tuxpan sufrió
una perforación por los contrabandistas de gasolina llamados huachicoleros, es
cierto. Pero había alrededor de 700 personas que esperaban llenar sus
contenedores de plástico porque, simplemente, había gasolina gratis.
Para los mexicanos más
desfavorecidos la falta de recursos no sólo implica la carencia de
oportunidades y objetos materiales, también significa menos posibilidades de
que se les garantice el correcto acceso a la justicia
La Secretaría de Salud, con
Jorge Alcocer al frente, y el gobierno estatal de Omar Fayad, coinciden en que
el saldo es de más de 90 personas que perdieron la vida y cerca de cinco
decenas de pobladores hospitalizados.
En entrevista con Reporte
Indigo, Ana Aguilar García, directora de proyectos del Instituto de Justicia
Procesal Penal (IJPP), hace un llamado a analizar las causas estructurales que
llevan a las personas a cometer actos delictivos, sobre todo en una demarcación
donde el rezago social está calificado como muy alto.
“Es una situación trágica que
representa una buena oportunidad para analizar las causas estructurales por las
que las personas se involucran en este tipo de hechos como es el robo de
combustibles. Yo no estoy segura de que lo estaban haciendo como una actividad
cotidiana, podría ser que muchas sí pero que otras aprovecharon esa oportunidad
ante el desabasto de gasolina que está sufriendo el estado”, sostiene.
Entre las críticas, hay
quienes exigen una condena para las personas que estuvieron recolectando
combustible, mientras que otros piden una indemnización.
El gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad, ha desmentido que sean las familias las que hayan pedido este pago,
pero asegura que contarán con apoyo de servicios médicos, gastos funerarios y
traslados.
“Antes de pensar en cualquier respuesta
punitiva o penal, tendríamos que preguntarnos qué estaban haciendo ahí (los
civiles) y cuestionar a las autoridades y al gobierno qué podían hacer ellos,
si tenía que haberse activado algún protocolo de emergencia”
- Ana Aguilar García
Directora de proyectos del Instituto de
Justicia Procesal Penal
La región de Tlahuelilpan,
Hidalgo, tiene casi 18 mil habitantes y de acuerdo a la medición a nivel
municipio más reciente que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), 55.1 por ciento de la población,
equivalente a 10 mil 218 habitantes, viven en pobreza.
Entre 2016 y 2019,
aproximadamente, 80 por ciento de las tomas clandestinas se han concentrado en
siete estados de los cuales Hidalgo es el líder.
De ocupar el sexto lugar en
2016, subió al primer lugar en 2018 y 2019, con 164 tomas ilícitas, dijo el
titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
El alcalde de Tlahuelilpan,
Juan Pedro Cruz, confirmó que la segunda fuente de ingresos de los pobladores
del lugar es el robo de combustible.
La medición a nivel municipal
más reciente que realizó el Coneval reveló que el 55.1 por ciento de la
población que vive en Tlahuelilpan, Hidalgo, lo hace en condiciones de pobreza
Sin embargo, la directora de proyectos
del Instituto de Justicia Procesal y Penal pide hacer una distinción entre
quienes se dedican a esta actividad y aquellos que acudieron al sitio de la
explosión
“Hay distintos grados de
involucramiento. No es lo mismo una persona a la que le piden que maneje un
camión con una carga que no conoce a alguien que orquestó la perforación de un
ducto. Es algo que no tiene, necesariamente, una relación directa”, apunta la
especialista.
JUSTICIA PARA LOS MÁS DESFAVORECIDOS
La raíz de la tragedia
ocurrida en Hidalgo está en las condiciones que orillan a una persona a poner
en riesgo su vida para conseguir un recipiente lleno de combustible.
A este problema estructural
se suma el hecho de que la población con una alta vulnerabilidad económica es
la que comúnmente ingresa al sistema penal y la que menos acceso a la justicia
tiene.
El académico de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Miguel González Reyna,
señala que para lograr un Estado de Derecho el gobierno debe procurar que los
vulnerados por el sistema político no sean revictimizados a través del sistema
penal.
El especialista en derecho
menciona que ante un caso de criminalización de la pobreza existen dos
cuestiones para aproximarse a su tratamiento gracias al nuevo sistema de
justicia: un principio de inocencia y el hecho de que una persona es excluyente
del delito si, por ejemplo, el robo se hace por un estado de necesidad.
Sin embargo, debe realizarse
una investigación a detalle y abrirse una carpeta.
“Respetuosamente, en el
ejemplo que vemos con el caso de Hidalgo, hay una polémica donde un grupo de personas
aparentemente marginadas van a robar combustible. Están haciendo una acción
ilícita porque el desconocimiento de la ley no te exime del delito. Sin
embargo, una persona puede tener una conducta ilícita y no darse cuenta de lo
que está haciendo.
“Tenemos que acreditar la
calidad de las personas, si es un individuo de bajos recursos, si está en
condiciones de marginación realmente o si, incluso, pertenece a un grupo
étnico”, explica.
(REPORTE INDIGO/ LUZ RANGEL/ ENE 23, 2019)
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