El diputado Luis Moreno
Hernández acusó a Manuel Guevara, secretario de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de intimidar y presionar a los diputados que se han pronunciado en
contra de los proyectos de asociaciones público privadas (APPs) para que
cambien el sentido de su voto y a través de la desaladora a instalarse en
Rosarito, vender agua a Estados Unidos.
Como un comportamiento
indigno, calificó Moreno al del funcionario de Kiko Vega durante su
comparecencia ante el Congreso del Estado días atrás.
Lejos de aportar argumentos
técnicos y científicos para respaldar las APPs, consideró el diputado del
Partido Encuentro Social (PES), Guevara acudió al Congreso con el afán de
increpar a los legisladores que han manifestado que su voto será en contra de tales
contratos.
El legislador expresó su
preocupación por el endeudamiento durante 37 años que estos proyectos
ocasionarían a Baja California.
“Como no tienen forma de
convencernos con razones y estudios más allá de toda duda razonable, ahora
quieren obligarnos por las malas a ser cómplices de empeñar no solamente
nuestro futuro, sino el de nuestros hijos y nietos”, manifestó.
A pesar de que es una minoría
en el Congreso la que se opone a las APPS, Moreno ha defendido su postura en
contra de los proyectos de este tipo.
A través de un comunicado de
prensa, el legislador puntualizó que el secretario actuó no solo falta de
ética, sino que de manera ilegal puesto que acudió en representación del
gobierno estatal.
“Al presionarnos para que
cambiemos el sentido de nuestro voto, está violando la independencia del Poder
Legislativo”, precisó el también dirigente estatal del PES.
Sin embargo defendió que los
diputados que se oponen lo hacen “en plena facultad de su soberanía,
representando al pueblo de Baja California, decidimos decirle ‘no’ a estos
proyectos que se nos están presentando. Ni el poder Ejecutivo, ni otros órdenes
de gobierno, ni mucho menos las empresas beneficiadas con las APP”.
Más allá del comportamiento
de Guevara, el diputado puntualizó que el funcionario estatal miente al decir
que no hay ninguna intención de venderle agua a los Estados Unidos, puesto que
el Distrito de Agua de Otay, California, ya obtuvo un permiso del Departamento
de Estado, a fin de construir el acueducto que transportará que se conectará
desde la desalinizadora hasta el territorio californiano.
“El presidente del Distrito
de Agua de Otay, Mark Robay, ya hasta declaró a los medios sandieguinos que le
comprarán entre 19 y 57 millones de litros diarios de agua a la desalinizadora.
Pero el Ejecutivo, creyendo que vivimos en el oscurantismo y no podemos saber
lo que ocurre en Estados Unidos, insiste en mentirle a los bajacalifornianos,
diciendo que toda el agua de la desalinizadora será para Tijuana y Rosarito”,
lamentó.
Acerca de construir una
planta desalinizadora, Moreno cosideró que esto es innecesario, además de que
las condiciones en que se pretende edificar y operar son leoninas.
Recaclcó que los
bajacalifornianos tendrán que pagar 60 por ciento más por el consumo de agua y
así pagar esta planta que parece más construida en torno a un negocio y no a
satisfacer las necesidades de la población.
“Un negocio donde todos los
bajacalifornianos ponemos el dinero y la empresa que operará la planta será la
única que saldrá ganando”, concluyó.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ SÁBADO, 21 OCTUBRE, 2017
03:04 PM)
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