ALFREDO ROMÁN. Funcionario y arrendador.
El Secretario de Salud recibe
pago mensual de 60 mil pesos por alquilar oficinas al Estado
En un evidente conflicto de
interés y posible tráfico de influencias, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel
mantiene contratos de arrendamiento de inmuebles con uno de sus secretarios de
gabinete, un diputado local, una directora de instituto y hermana del
subsecretario de gobierno, un funcionario de la Conagua y la hermana de un ex
alcalde priista.
Los contratos de
arrendamiento que se firmaron, en su mayoría, durante el sexenio de Mario López
Valdez, continuaron en el primer semestre de Ordaz Coppel, a pesar de que
algunos de estos arrendadores ya habían tomado protesta como funcionarios
públicos.
Por ejemplo el secretario de
Salud, Alfredo Román Messina, quien además de su sueldo como funcionario,
recibe un pago mensual de 60 mil 914 pesos por la renta de las oficinas del
Tribunal Contencioso Administrativo en Mazatlán.
Violentando el artículo 15 de
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que
prohíbe que los funcionarios tengan contratos de arrendamiento, servicios u
obras públicas, estos funcionarios cobran sus rentas y además su sueldo como
funcionarios.
EL DOCTOR ARRENDADOR
Alfredo Román Messina,
conocido cirujano mazatleco, propietario de una clínica de renombre en el
puerto, fue uno de los secretarios del gabinete de Ordaz Coppel que se negó a
hacer pública su declaración patrimonial.
Pero lo que sí es público son
las facturas y contratos por la renta de un inmueble que Román Messina tiene
con el gobierno de Sinaloa desde 2007 y que continuó en 2017, una vez que ya
había sido nombrado Secretario de Salud del Estado.
El contrato de 2007, pactado
en diciembre de ese año, fue firmado precisamente por su hoy jefe, Ordaz
Coppel, quien en ese entonces era subsecretario de Administración y Finanzas en
el gobierno de Jesús Aguilar Padilla.
En dicho contrato se
estableció que Román Messina obtendría un pago mensual de 51 mil 750 pesos
mensuales, desde el 7 de diciembre de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2010.
El arrendamiento continuó a
lo largo del sexenio de López Valdez y se refrendó en el gobierno de Ordaz
Coppel con Román Messina ya en un cargo público.
De acuerdo con una de las
facturas por el servicio de arrendamiento, disponibles en el portal de
transparencia del gobierno estatal, en febrero de 2017 el actual Secretario de
Salud facturó al gobierno de Sinaloa 60 mil 913 pesos por la renta de las
oficinas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Mazatlán, ubicadas en
la colonia López Mateos del puerto.
Según precisó el propio
titular de la secretaría de Salud, su contrato fue renovado hasta mayo de 2018.
NO HAY CONFLICTO: ROMÁN MESSINA
Sereno y confiado, Alfredo
Román Messina aseguró que no incurre en un conflicto de interés y que tampoco
viola la ley al arrendar un inmueble al gobierno y al mismo tiempo trabajar
para él.
El Secretario de Salud
defendió que su contrato tiene una antigüedad de once años y que cuando lo
firmó por primera vez no era funcionario público.
A Román Messina se le leyó en
voz alta un párrafo del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, pero él insistió: no hay
conflicto.
“No hay contradicción en lo
que está sucediendo, no hay ningún conflicto de interés”, enfatizó.
—¿Cuándo lo invitaron a ocupar este cargo, en algún
momento se analizó la existencia de este contrato?
—Se lo expresé al señor
secretario de finanzas (Carlos Ortega Carricarte), él lo paso al departamento
jurídico y me dictaminaron que no existía un conflicto de interés.
—¿Hay un documento oficial que valide eso?
—No, lo que tengo es la
renovación del contrato firmado por las autoridades pertinentes.
—¿Cuándo fue esa renovación?
—Se renovó en 2017
—Secretario, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que esto
no representa un conflicto de interés, pues usted es un funcionario público de
primer nivel y al mismo tiempo le presta un servicio al gobierno del Estado?
—Bueno, póngase en mi lugar,
si yo tengo una propiedad que le rento al gobierno sin ser funcionario desde
hace años, no tengo porque recibir una afectación en mi patrimonio por aceptar
un cargo público.
—¿Nunca pensó dejar este contrato para poder ocupar el
cargo público?
—Tendría yo que correr al
Tribunal del edificio y ellos seguramente lo objetarían, tienen derecho a estar
ahí, es un bien necesario para la ciudadanía.
—¿No piensa desistir de este contrato?
— La única razón para que ese
contrato deje de ser procedente es que el Tribunal decida ya no renovarlo.
LA HERMANA ACOMODADA
Con su hermano, Antonio
Castañeda Verduzco, en la subsecretaría General de Gobierno, Blanca Castañeda
Verduzco fue nombrada, a principios de 2017, directora del Instituto Sinaloense
para la Educación de los Adultos (ISEA).
Y además, el gobierno de
Ordaz Coppel le renovó sus dos contratos de arrendamiento con el Estado, a
pesar de que ya fungía como funcionaria.
Castañeda Verduzco le renta
al gobierno de Sinaloa las oficinas donde se ubica el Instituto de Pensiones
del Estado y las oficinas de la Secretaría de Agricultura en Culiacán.
Mensualmente, por ambos
contratos, la directora del ISEA recibe un pago de 78 mil 386 pesos.
En 2012, cuando su hermano
era dirigente del PRI en Culiacán, Blanca Castañeda obtuvo el contrato de
arrendamiento para las oficinas del IPES. Este contrato, por el que recibe 44
mil pesos mensuales, fue refrendado en abril de 2016 y se alargó su duración hasta
el 31 de marzo de 2019.
La Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos le prohíbe a Castañeda Verduzco
mantener dicho contrato. Pero también en este caso, la ley ha sido letra
muerta.
Castañeda Verduzco también le
factura al gobierno de Sinaloa un monto de 34 mil 015 pesos mensuales por las
oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
BENEFICIADOS POR LA POLÍTICA
Y aunque no son funcionarios
en turno, también destacan arrendadores que en algún momento tuvieron una
relación con la política que podría haberlos beneficiado.
Como el caso de Graciela
Duarte García, hermana del ex alcalde priista de Ahome, Arturo Duarte, quien
obtuvo un contrato de arrendamiento con el gobierno del Estado en 2015, cuando
el también ex subsecretario de Finanzas gobernaba el municipio cañero.
Graciela Duarte firmó su
contrato de arrendamiento el 15 de diciembre de 2015 y desde entonces cobra una
renta mensual de 97 mil 809 pesos por el inmueble que ocupan las oficinas de la
Dirección de Fiscalización y de la Dirección de Vialidad y Transporte en Los
Mochis.
El gobierno de Ordaz Coppel
le refrendó su contrato en 2017.
También es arrendador del
Estado, el ex delegado de la Conagua en Sinaloa, José Rosario Peñuelas, quien
recibe una renta mensual de 13 mil pesos por la renta de las bodegas para la
Agencia del Ministerio Público en Guasave.
DIPUTADO Y EX LÍDER SINDICAL: PENSIÓN DE LUJO Y RENTAS
CON GOBIERNO
Apenas comenzaba a
difuminarse el escándalo por la mega pensión que recibe el diputado y ex líder
sindical del SNTE 53, Silvino Zavala Araujo, cuando su nombre aparece de nuevo,
pero ahora en las listas de arrendadores del gobierno del Estado.
Comenzaba su periodo como
dirigente sindical en 2012 cuando Silvino Zavala obtuvo su primer contrato de
arrendamiento con el gobierno de Mario López Valdez, en lo que podría tratarse
de un posible tráfico de influencias, un delito que ya está tipificado en el
Código Penal de Sinaloa.
El ex líder sindical, quien
además de su sueldo como diputado que alcanza los 155 mil pesos, recibe una
pensión de 93 mil 575 pesos mensuales, también le cobra al Estado por la renta
de dos locales que ocupan las supervisiones escolares 002 y 009 en la colonia
Centro de Culiacán.
FACTURA. Del diputado.
Según una de las facturas más
recientes, Zavala Araujo ha recibido mensualmente un pago de 40 mil 109 pesos
como arrendatario del estado.
De acuerdo a la información
disponible en el portal web del gobierno de Sinaloa, el bien que arrenda Zavala
Araujo se seguirá rentado de forma indefinida.
¿QUÉ DICE LA LEY?
ARTÍCULO 15.—
Todo
servidor público, tendrá los siguientes deberes: Abstenerse en ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas, de autorizar pedidos o celebrar contratos
relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de
bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de
obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un
empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de
las que dichas personas formen parte.
NO HAY IRREGULARIDAD, DEFIENDE SAYF
El secretario de
Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, defendió que no existe
conflicto de interés en los casos de arrendamientos de inmuebles entre
funcionarios públicos y el gobierno de Sinaloa.
Aunque sin especificar el
sustento legal, Ortega Carricarte dijo que su área jurídica analizó el tema y
descartó la violación a la ley, debido a que los contratos se firmaron cuando
el arrendador aún no era servidor público. Una vez que asumieron el cargo, los
contratos sólo se renovaron.
Defendió que las condiciones
económicas de los contratos tampoco cambiaron, por lo que no existe un
beneficio adicional para los funcionarios.
Al cuestionarle si
independientemente de lo jurídico, el tema representa un conflicto ético,
Ortega Carricarte justificó que cancelar los contratos y buscar otros edificios
significaría una situación muy complicada para el Estado y un gasto oneroso.
Dijo que los contratos no se
cancelarán, a menos que se encuentre una opción de renta en mejores condiciones
que las actuales.
(RIODOCE/ MIRIAM RAMÍREZ/ 21 AGOSTO, 2017)
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