Documentan de enero de 2016 a la fecha
sobornos, abusos de autoridad y peculado
Ciudad de México.- En año y
medio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha denunciado a 34
empleados de la Administración General de Aduanas (AGA) ante el Ministerio
Público.
El período comprende de enero
de 2016 a junio de este año, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda.
La mayoría ha sido por
cohecho (sobornos), pero también hay casos de abuso de autoridad, peculado,
ejercicio indebido del servicio público e incluso operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
En el mismo período, el SAT
ha denunciado también a 443 funcionarios ante el Órgano Interno de Control
(OIC) por responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones.
La AGA ha sido el eslabón más
débil del fisco en México por la corrupción en los trámites de comercio
exterior.
En 2016, por cada 10 mil
trámites de importación y exportación, se detectó que hay mil 57 donde ocurren
actos de corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e
Impacto Gubernamental del Inegi.
En trámites federales, la
actividad de comercio exterior ocupa el cuarto lugar en corrupción, por debajo
de averiguaciones previas, procesos judiciales laborales y juicios laborales.
En abril de 2016 el SAT
comenzó con su proyecto Hacia la Aduana del Siglo 21 para mejorar la operación
con tecnología más avanzada en la revisión y, sobre todo, hacer más
transparente el despacho aduanero, pero aún así siguen apareciendo
irregularidades.
El pasado lunes, Reforma
publicó que Marcoflavio Rigada Soto, administrador central de Apoyo Jurídico de
Aduanas, fue destituido por el SAT porque forma parte de una red para importar
autos chocolate, tráfico ilegal de mercancías e incluso traficar patentes para
agentes aduanales.
El jefe del SAT, Osvaldo
Santín, admitió el martes en entrevista en una estación de radio que el
funcionario fue separado de su cargo y se investigan responsabilidades
administrativas o penales.
Sin embargo, el propio
organismo respondió más tarde a Reforma que no podía hacer pública información
involucrada en procedimientos legales, porque ponía en riesgo el debido proceso
y, por lo tanto, no le es posible proporcionar detalles del caso.
En la red también está
involucrado el agente aduanal Roberto Ruiz Armas, con patente número 1656 y
sede en San Luis Río Colorado, Sonora.
Ante ello, la Confederación
de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM),
explicó que dicho agente no forma parte del organismo y por lo tanto no le
pueden exigir seguir el Código de Ética.
Aclaró que hay 66 agentes
operando fuera de la CAAAREM.
(EL MAÑANA DE REYNOSA/ AGENCIA REFORMA/21 / AGOSTO /
2017)
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