Alfonso Lira Sotelo, "El
Atlante".
Alma Delia Lira Sotelo, hermana del
“Atlante”, confirmó en un juicio de amparo que no hay órdenes de aprehensión o
aseguramiento de bienes decretados en su contra. La mujer es señalada por el
gobierno de Estados Unidos como una de las blanqueadoras de dinero del
narcotráfico para el Cártel de Sinaloa, de la célula del “Cheyo Ántrax”. Dos inmuebles
de su propiedad, uno en la colonia El Florido y otro en Jardines del Lago, no
están asegurados; tampoco sus cuentas bancarias, responden PGR, CNBV y SHCP
Autoridades mexicanas
aseguran no contar con órdenes judiciales para privar de la libertad a Alma
Delia Lira Sotelo, hermana del presunto narcotraficante del Cártel de Sinaloa,
Alfonso Lira “El Atlante”, preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, ni han
asegurado bienes de su propiedad en Tijuana, de eso fue enterada la mujer al
resolverse un juicio de amparo interpuesto en esta ciudad.
El Juez Tercero de Distrito
en Materias de Amparo y de Juicios Federales sobreseyó el juicio de garantías
1504/2016 interpuesto por la casacambista luego que recibió los informes
justificados de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de sus
unidades especializadas de investigación, en sentido negativo.
El juzgador también decidió
concluir el juicio de amparo sin conceder, ni negar, la protección de la
justicia de la Unión solicitada por Lira Sotelo en contra de autoridades de
Estados Unidos, pues éstas “corresponden
a un gobierno extranjero respecto del cual el Poder Judicial de la Federación
no ejerce jurisdicción alguna sobre el mismo, dado que no existe norma legal
alguna que conceda facultad para que este Tribunal de amparo pueda conocer
sobre los actos que se le atribuyen por la quejosa”.
De esta forma, Alma Delia
Lira “La Yeya” logró enterarse de que, hasta el momento, no se ha ejercitado
acción penal en su contra, ni dos de los domicilios que están a su nombre están
asegurados como supuso después de que su nombre fue incluido -en septiembre de
2016- en la lista de cabecillas del narcotráfico con los que ciudadanos
estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales o
financieras.
La acción realizada por el
gobierno norteamericano de incluir a Alma Delia y sus hermanos Alfonso “El
Atlante” y Alberto “El Carnicero” Lira Sotelo en el listado de la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro,
ocurrió un año después de que ZETA presentara un reportaje en el que se señalan
las actividades de lavado de dinero que realiza el Cártel de Sinaloa en esta
frontera.
A “La Yeya” se le vincula
junto a Omar Guadalupe Ayón Díaz con el Centro Cambiario Titán, además de otras
casas de cambio ubicadas en el fraccionamiento El Florido, en la Zona Este de
la ciudad, en el Bulevar Insurgentes y otras establecidas sobre el Bulevar Agua
Caliente. A nombre de Alma Delia Lira Sotelo, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) expidió la clave de identidad financiera 0CCBI0.
“El Atlante” fue capturado en
Zapopan, Jalisco, en septiembre de 2014, y “El Carnicero” en septiembre de
2015, en Baja California, encontrándose ambos presos a la fecha. Los hermanos
Lira fueron señalados como líderes de una de las células que opera junto con la
organización de “Los Ántrax” en el control del trasiego de drogas hacia Estados
Unidos y lavado de dinero, en específico bajo el mando de Ismael “El Mayo”
Zambada y Eliseo Imperial Castro “El Cheyo Ántrax”.
“LIMPIA”, POR AHORA
Una semana después del
anuncio de la administración norteamericana, la mujer presentó la demanda de
amparo temiendo acciones legales inminentes en su perjuicio. En su escrito
señaló a 15 autoridades como responsables de pretender encarcelarla y
desapoderarla de sus bienes. Entre ellas enunció a la OFAC, al procurador
general de la República, al director general de Delitos Financieros y de
Procedencia Ilícita de la PGR, al titular de la Unidad Especializada contra el
Lavado de Dinero y al titular de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), también de la PGR.
Foto: Archivo.- Ismael “El Mayo”
Zambada.
Otros mencionados son el
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Fiscales y
Relaciones con el Sistema Financiero; el director general de Control de
Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales; el director general
de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delincuencia Organizada,
todos de la PGR. Así como el titular del Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes (SAE), dependiente de SHCP.
La lista concluye con los
mandamases de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP; el agente del Ministerio Público
de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración
de Moneda (UEIORPIFAM); el delegado de la PGR en Baja California; el titular de
la Agencia Federal de Investigación de la PGR; y el director general Registro
Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) en Baja California.
Los actos reclamados por la
señora Lira Sotelo son: “La ilegal orden de detención, presentación, arresto,
comparecencia, aprehensión o cualquier mandamiento de captura dictado en mi
contra por parte de las autoridades responsables en su doble carácter, tanto
como ordenadoras y ejecutoras, tendiente a procurar mi detención y la
consiguiente privación de mi libertad personal, sin que tengan facultades
jurisdiccionales para ello”.
También reclamó el presunto
aseguramiento, confiscación o cualquier acto tendente a privarle de la
propiedad de sus bienes inmuebles que identificó de la manera siguiente:
“1. Predio urbano lote 28, de
la manzana 119, colonia El Florido, delegación La Presa, con una superficie de
doscientos metros cuadrados, clave catastral FD-119-028, cuyas medidas y
colindancias son al norte ocho metros con calle Lima, al sur ocho metros con
lote 9, al este veinticinco metros con lote 29, y al oeste con veinticinco
metros con lote 27, de esta ciudad de Tijuana, así como sus construcciones
existentes en el mismo.
“2. Unidad U13, condominio
Privada Clavel, ubicado sobre el lote 7, de la manzana 151, del fraccionamiento
Jardines del Lago, con superficie de setenta metros cuadrados con seiscientos
cuarenta y dos centímetros, de estacionamiento 1, catorce punto ochocientos
cincuenta metros cuadrados de estacionamiento 2, catorce punto ochocientos
cincuenta metros cuadrados, indiviso 4 603% privativa ciento cuarenta y ocho
punto ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados, de esta ciudad de Tijuana,
Baja California”.
En su demanda, Alma Delia
afirmó que ambos bienes inmuebles estaban inscritos a su nombre en el RPPC, con
sede en Tijuana. Además, reclamó el “congelamiento, inmovilización de mis
cuentas bancarias, o bien, cualquier acto que no me permita disponer de ellas”,
actos presuntamente realizados fuera de todo procedimiento administrativo,
penal, judicial o de cualquier otra índole, pues refirió que las autoridades
responsables constitucionales no se encuentran facultadas para emitir tales
actos reclamados.
Con excepción de tres de las
autoridades referidas, que no existen bajo la denominación señalada por la
quejosa, y la norteamericana que no fue emplazada, el resto respondieron sus
informes en el sentido de que no existen los actos que la mujer reclama, por lo
que al no presentarse pruebas en contrario, motivaron al juez a decretar el
sobreseimiento del juicio de amparo.
BIEN “CLAVADO”
Mientras “La Yeya” encuentra
un respiro legal, su hermano Alfonso Lira Sotelo “El Atlante” está recluido en
el penal de máxima seguridad “Occidente” en Puente Grande, Jalisco, donde ha
promovido diversos amparos desde 2015 reclamando incomunicación, falta de
atención médica adecuada, actos de tortura y hasta la necesidad de que las
autoridades penitenciarias le doten de un par de tenis y otro de zapatos.
El presunto jefe de sicarios
de la organización criminal del “Cheyo Ántrax”, detenido el 16 de septiembre de
2014 en un centro comercial de Zapopan, se encuentra procesado penalmente por
su probable responsabilidad en la comisión de portación de arma de fuego de uso
exclusivo del Ejército, y contra la salud en la modalidad de posesión de
clorhidrato de cocaína con fines de comercio.
A finales de 2015, un juez
federal le concedió un amparo que dejó sin efecto el auto de formal prisión que
un juez de distrito de procesos penales federales dictó en su contra y que
confirmó el Cuarto Tribunal Unitario, debido a algunas irregularidades
procesales, pero al reponerse el procedimiento, nuevamente fue declarado
formalmente preso y su causa continúa, sin sentencia hasta ahora.
Entre las múltiples argucias
legales de la defensa se pretendió acreditar una supuesta entrega retardada del
detenido por parte de los elementos aprehensores ante el Ministerio Público
Federal en la Ciudad de México, así como la versión de que los agentes que
detuvieron a “El Atlante” y a sus coacusados Felipe Misael Angulo Rentería y
Juan Carlos Beltrán Ayala, viajaban ocultos en una camioneta de la empresa de
paquetería Estafeta y no tenían orden de aprehensión en su contra.
Los aprehensores justificaron
la demora en la puesta a disposición de los imputados, debido a que el huracán
“Odile” restringió la salida de vuelos esa tarde-noche y el traslado se realizó
vía terrestre desde Guadalajara, arribando a las instalaciones de la SEIDO
aproximadamente a las 3:30 am del 17 de septiembre de 2014.
También se acreditó que hubo
flagrancia en la detención de los miembros de la célula del Cártel de Sinaloa
porque en el vehículo en que circulaban y fueron interceptados en Plaza
Galerías, llevaban una subametralladora Intratec y una pistola tipo escuadra de
la marca Llama, ambas calibre nueve milímetros, abastecidas en sus cargadores.
En la guantera de la unidad también se localizó una bolsa con aproximadamente
medio kilo de un polvo blanco, que a la postre resultó ser cocaína.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA/ LUNES, 31 JULIO, 2017 12:00 PM)
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