Foto: Cortesía
En un acto ilegal, el gobierno de “Kiko”
Vega designó a dos empresas, una propiedad de Carlo Bonfante Olache y la otra
de Federico Díaz Gallego, presidente del Cce, como las únicas autorizadas para
vender asfalto a empresas que desarrollen obra pública en Baja California. La
medida pone en riesgo al sector de la construcción, a la libre competencia y
demuestra cómo el gobernador panista ha hecho de la obra pública, un negocio
para unos cuantos
El gobierno de Francisco Vega
de Lamadrid ha ordenado a toda empresa que celebre un contrato de obra pública
en Baja California, comprar el asfalto necesario en solo dos empresas:
Industrias Zahori y Guaycan Químicos y Petrolíferos, ambas vinculadas al
secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache.
La primera fue dirigida por
el miembro del gabinete del gobernador y continúa con su esposa como socia. No
solo eso, el otro propietario de Industrias Zahori es José Federico Díaz
Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Cce) en Baja
California y como tal, el interlocutor entre las cámaras empresariales y el
sector gubernamental.
Que el Gobierno estatal
obligue a los empresarios adquirir el asfalto para obras públicas en la empresa
del líder empresarial y del funcionario estatal, significa un conflicto de
intereses. Además, Díaz Gallego es familiar de Eva María Gallego Salas, esposa
del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y por lo tanto,
pariente político de éste.
Mientras que Guaycan Químicos
y Petrolíferos, la segunda compañía, es propiedad de un empresario con negocios
que también incluyen a la familia de Bonfante Olache.
En sí, que el gobierno
designe a dos empresas como exclusivas para que sus contratistas adquieran uno
de los principales materiales para la realización de construcciones, se trata
de un acto que viola la propia Ley de Obras Públicas, Equipamientos y
Suministros, que pone al borde de la quiebra a las 21 empresas productoras de
asfaltos en Baja California y que ha unido a empresas constructoras para
exigirle al gobierno que detenga este tipo de prácticas monopólicas.
La instrucción del gobierno
se hizo además de manera oficial. Por medio de un documento fechado el 3 de
julio. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morelos, informó a la industria constructora que
estas dos empresas son “las únicas que serán aprobadas para brindar los
servicios de proveeduría de productos asfálticos, utilizados en licitaciones de
obras públicas de Baja California”. Esto a pesar de que, como titular de SIDUE,
Manuel Guevara ni siquiera tiene competencia orgánica para impedir que otras
empresas participen como proveedoras y mucho menos, para designar exclusivos.
Al hacerlo, rompe la regla de la libre competencia que le impedirá al propio
gobierno tener costos competitivos.
EL GOBIERNO SE OTORGA ATRIBUCIONES QUE NO LE CORRESPONDEN
Para dar paso a tal
arbitrariedad, Sidue dijo corroborar que las dos empresas elegidas, situadas en
Mexicali, cumplen con las disposiciones dictadas por las Normas Técnicas de
Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del estado de Baja California.
Estas normas, afirma el
oficio en poder de ZETA, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, el
21 de octubre de 2016, y dictaminan que las plantas de los proveedores de
asfalto deberán estar establecidas en México y con residencia en Baja California.
También deberán contar con
equipo completo de laboratorio y personal certificado en el Estado, con
reconocimiento de la Asociación Mexicana del Asfalto (Amaac-Imt) en el área de
asfaltos.
Lo anterior, sin embargo, no
justifica lo que hizo después el Gobierno del Estado. De acuerdo con el oficio
firmado por Guevara, representantes de dependencias gubernamentales, en
compañía de empresarios y personal de la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), actuaron de inspectores durante un recorrido físico a las
instalaciones de Industrias Zahori, Guaycan Químicos y Petrolíferos, así como
de una tercera empresa, SEM Materials México, el martes 13 de junio.
La decisión de acudir a
revisar las instalaciones, asegura el secretario de “Kiko” Vega, forma parte de
“los acuerdos generados durante la reunión del 12 de mayo de 2017, en la
delegación Baja California, de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), representada por el ingeniero Alfredo Gómez Ramírez.
La medida resulta absurda
para expertos, puesto que el trabajo de certificación de calidad lo hacen
laboratorios acreditados por el Gobierno Federal, así que esta corroboración
física resulta innecesaria e interviene con atribuciones reservadas para otros
organismos.
Además, las normas publicadas
en el Periódico Oficial no hacen mención de que se requiera un recorrido físico
en las instalaciones, solo necesitan la copia de los oficios de reconocimientos
por parte de la asociación que certifica, la norma Amaac-Imt, el laboratorio y
del personal.
Foto: Cortesía.- Federico Díaz Gallego,
Zahori.
En específico, la Asociación
Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (AMICBC) puntualizó,
respecto a la participación de la CMIC, que la Cámara “no es un órgano rector
establecido para dictaminar cómo se participa o licita alguna obra”.
EMPRESARIOS RIVALES INSPECCIONAN COMPAÑÍAS
El hecho de que la tercera
empresa inspeccionada, SEM Materials México, no fuera incluida en la lista de
empresas aprobadas para vender asfalto a contratistas de gobierno, no significa
que no haya pasado las mismas pruebas de calidad.
Guevara justificó en el
oficio que SEM Materials México negó la entrada a la comitiva, “expresaron que
por política interna, tienen como limitante la visita de competidores”. La
decisión no resulta extraña.
Cualquier empresario sabe que
abrir las puertas de sus procesos de calidad y de producción a personal de
gobierno e incluso a empresarios rivales -como lo fueron los representantes del
sector privado- es regalar información confidencial y otorgarles una ventaja en
competitividad.
El ingeniero Víctor Escobar
Sánchez, presidente estatal de la Asociación Mexicana de Ingenieros
Constructores de Baja California declaró respecto a esta medida: “estamos en
total desacuerdo y exigimos a nuestras autoridades que modifiquen y corrijan
esta actitud y permitan la participación de todos, en un libre comercio”.
En una carta, la AMICBC
reprueba que los representantes del sector privado acudieran a las visitas a
los laboratorios de las empresas. “A la vez, son juez y parte, ya que ellos
también participan en las licitaciones y proveedurías del asfalto para Baja
California, violentando con esto la ley de la libre competencia y creando un
monopolio para que solo estas dos empresas provean al Estado de las mezclas
asfálticas que el mismo requiera”.
A la exigencia se sumó (Compañías
de la Industria de la Construcción (Comice) en Tijuana, Tecate y Rosarito,
fundada en 2016 y con 40 compañías asociadas, a la cual fue dirigido el oficio
de SIDUE.
Según los cálculos de estas
dos asociaciones, en Baja California trabajan alrededor de 21 plantas de
asfalto. De las cuales, 10 se ubican en Tijuana, seis en Mexicali, dos en
Ensenada y tres más sobre carreteras entre municipios.
“Dejarlos fuera de la
competencia implica que estas empresas cerrarían y dejarían a todos sus
trabajadores desempleados, en la zozobra y con un efecto negativo en la
economía regional”, apuntó el ingeniero Escobar Sánchez.
MUNGARAY Y DÍAZ GALLEGO, LOS AVALES
Según lo establecido en el
documento, el hijo del ex secretario de Desarrollo Económico de Baja California,
Alejandro Mungaray Moctezuma, participó en este ejercicio como director de la
Facultad de Ingeniería de Uabc, en Mexicali.
Manuel Guevara
El joven Mungaray asumió este
cargo una semana antes de la visita de inspección. Llegó en el momento preciso
para aportar un valor académico, institucional y, en teoría, autónomo del
Gobierno Estatal, a la inspección realizada.
Al final del mismo oficio, se
marca copia tanto a subsecretarios y directores de SIDUE; como al director
general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), así
como a la Dirección de Obras y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
del Ayuntamiento de Tijuana.
Lo cual implica que la
determinación de que Industrias Zahori y Guaycan Químicos y Petrolíferos sean
las únicas proveedoras de asfalto en obras públicas, se extiende a gobiernos
municipales y órganos descentralizados.
A Federico Díaz Gallego
también se le entregó una copia del escrito en su calidad de presidente del
CCE, a pesar de que también es propietario de Zahori.
Como representante de esta
empresa, se le gira copia a Jorge Fiorentini Cañedo, director general de Industrias
Zahori y hermano de Francisco Fiorentini Cañedo, empresario que se ha
pronunciado a favor del Sistema Estatal Anticorrupción.
INDUSTRIAS ZAHORI, LA GRAN BENEFICIADA CON “KIKO”
No es la primera vez que
Industrias Zahori se beneficia de esta manera durante la administración de
“Kiko” Vega. En 2015, la compañía recibió casi 3 millones de pesos provenientes
de fondos del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), cuyo destino
era decidido por un comité presidido por Bonfante Olache.
A inicios de 2016, cuando
Industrias Zahori solicitó la devolución de más de 8 millones de Impuesto al
Valor Agregado (IVA) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), éste
realizó una auditoría que encontró operaciones simuladas en la empresa.
Algunos de sus proveedores
resultaron tener domicilios fiscales que no correspondían con el giro al que
decían pertenecer y otras empresas que facturaban a Zahori, simplemente no
fueron localizadas.
De acuerdo con una
investigación en la Secretaría de la Función Pública y en el Órgano de Control
Interno del SAT, el entonces administrador de la Auditoría Fiscal en Mexicali,
José Ramón Gurrola Alvarado, intentaba agilizar el trámite de devolución del
Iva, a pesar de que la compañía no cumplía con los requisitos, argumentando que
Díaz Gallego, entonces presidente del CCE en Mexicali, lo presionaba con acudir
personalmente a la Ciudad de México para solicitar la devolución del impuesto,
si no se le atendía en Mexicali.
Gurrola Alvarado escribía
correos electrónicos a sus superiores diciendo que los dueños de la empresa
(Federico Díaz Gallego y Carlo Bonfante Olache) “son gente muy importante” y
que al ser “una empresa reconocida”, no era necesario verificar las
exportaciones que realizaba.
Uno de los fuertes de Zahori es
la fabricación de asfaltos y son precisamente los concretos asfálticos, junto
con los concretos hidráulicos, materiales principales en la construcción y
específicamente, en la obra pública. De acuerdo con cálculos de ingenieros, los
concretos asfálticos son utilizados en un 40 por ciento de las calles.
Carlo Bonfante.
Industrias Zahori se
encuentra además en la lista de proveedores del Gobierno del Estado. De acuerdo
con los documentos más recientes en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio (RPPC), los socios mayoritarios de Industrias Zahori son Eva María
Gallego Salas y Federico Díaz Gallego, además de aparecer como propietarios de
otras filiales, como Corporativo Zahori, Sistemas de Impermeabilización Zahori
y Comercializadora Zahori.
GUAYCAN, NEGOCIO DE MINEROS, CASAS CAMBISTAS Y ASOCIADOS
DE LA FAMILIA DE BONFANTE OLACHE
En 1995, Francisco Javier
Sánchez Rodríguez, Alma Angélica Vucovich Seele, Yolanda Prado Valenzuela,
Pablo Coronel Soqui y Juan Acosta Maya, se asociaron para crear Guaycan
Químicos y Petrolíferos, dedicada a la producción, maquila, compra, venta,
distribución y demás actividades relacionadas con los asfaltos.
A finales de la década de los
noventa, Alma Angélica Vucovich Seele fungió como diputada federal del Partido
Revolucionario Democrático (PRD), en representación de Chihuahua.
Coronel Soqui cuenta con otra
empresa, registrada en junio de 2004, en Tijuana. Se trata de Minería Chaidez y
Compañía, de la cual es accionista junto con Moisés Chaidez Aldrete, Efraín
Iñiguez López y Emigdio Libreros García.
Por su parte, el hijo de
Yolanda Prado y Pablo Coronel Soqui, Annuar Coronel Prado, se asoció con la
primera para registrar el centro cambiario Copra, en 2011, ubicado también en
Tijuana, cuando el joven tenía apenas 21 años de edad.
Sin embargo, es Francisco
Javier Sánchez Rodríguez quien funge como actual apoderado legal de la empresa
y quien está vinculado a un primo de Carlo Bonfante Olache, precisamente en
otra empresa dedicada al asfalto, de la que es propietario.
El 1 de octubre de 2002, de
acuerdo con una escritura pública, fundó la compañía Asfaltos e Hidrocarburos,
en Tijuana. Lo hizo junto con su hermano, Adolfo Óscar de Jesús Sánchez
Rodríguez.
No obstante, Francisco Javier
ocupaba 99 de las 100 acciones con valor total de 49 mil 500 pesos. En el acta
de constitución de la empresa, aparece el nombre de Roberto Garín Olache como
comisario en el Consejo de Administración.
Garín Olache es primo de
Carlo Bonfante Olache. Además de este negocio, Garín Olache adquirió, junto con
Raymundo Muzquiz, prominente empresario y desarrollador inmobiliario en
Tijuana, y Melchor Devese, varios predios en Playas de Tijuana, según una
partida inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en 1988.
“PONEN EN RIESGO A TODO EL SECTOR”: AMICBC
En entrevista con ZETA, el
ingeniero Víctor Escobar Sánchez, presidente estatal de la Asociación Mexicana
de Ingenieros Constructores de Baja California, advirtió que al obstruir los
términos legales de la libre competencia, no solo afectan el fomento a la
competitividad, sino que “ponen en riesgo a todo el sector de la construcción”.
También defendió la postura
de SEM Materials de no permitir una inspección con empresarios presentes. “Que
no permitan la visita, no quiere decir que no cumplan con los estándares de
calidad”, comentó a la par que explicó que la compañía cuenta con la
certificación Amaac-Imt en Estados Unidos, país que comenzó con esta
certificación antes que México.
“Direccionan la compra de
todo el producto que se vaya a utilizar en el Estado a dos empresas asfálticas,
por considerarlas las únicas que cumplen con características de la normatividad
de la AMAAC, cuando muchas otras cuentan con esta certificación”, señaló.
Al igual, manifestó su
preocupación de que Zahori y Guaycan impongan precios para sus materiales, al
ser las únicas autorizadas para vender el asfalto a contratistas de gobierno.
“Va crear un monopolio del asfalto en el Estado”, opinó.
De igual forma, el ingeniero
Escobar Sánchez señaló que el sector de la construcción ya se encuentra
afectado por el recorte de 200 millones de pesos en obra público que el
Gobierno Federal realizó al presupuesto 2017, en comparación al del año
anterior, por lo que esto es un nuevo golpe.
“Es necesario que el Gobierno
del Estado rectifique su postura y busque cómo abrir la libre competencia y
crear el espacio para que nuestras empresas locales se desarrollen. Que lo
tomen en cuenta el gobernador y el titular de SIDUE. Nos manifestamos en contra
de estas acciones”, finalizó.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS
/LUNES, 31 JULIO, 2017 12:00 PM)
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