LOS CÓMPLICES DEL ENDEUDAMIENTO DE BC

Foto: Tomada de Internet

La deuda pública acumulada mediante créditos bancarios y la adquirida a través de los proyectos de APP que comprometen el presupuesto del Estado durante décadas, fueron propuestas del gobernador, pero aprobadas todas por los diputados y sus partidos políticos, principalmente el PRI. La mayoría de los hoy alcaldes y el aspirante a dirigir el PRI, David Ruvalcaba, levantaron la mano como diputados, tal como el Ejecutivo estatal quiso. Francisco Vega de Lamadrid se endeudó con un Congreso sin oposición

En el Poder Ejecutivo hay una cadena de responsables del endeudamiento en el que se encuentra Baja California, empezando por la cabeza de la administración, Francisco Arturo Vega de Lamadrid y su ex secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid Hernández. Pero son corresponsables los diputados de la Legislatura pasada, quienes aprobaron cada uno de los créditos, al igual que la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y la duración de sus contratos.

Representantes de los nueve partidos políticos que integraron la XXI Legislatura de Baja California, todos, sin excepción, dieron su voto al gobernador para adquirir créditos multimillonarios de 2013 a 2016. Algunos de ellos ahora presidentes municipales y, en el caso del priista David Ruvalcaba, aspirante a dirigir su partido a nivel estatal.

Igualmente los diputados “de oposición” o de los partidos “pequeños”: el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Encuentro Social (PES), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de Baja California (PBC), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (Panal) y desde luego el Partido Acción Nacional (PAN), ninguno se salva de haber convalidado el endeudamiento de Baja California.

Los principales aliados del mandatario de extracción panista fueron los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes formaron la segunda mayoría en el Congreso. Algunos de ellos logrando la candidatura a presidencia municipal, como fueron los casos de René Mendívil en Tijuana, Nereida Fuentes en Tecate y Marco Antonio Novelo en Ensenada, los dos últimos, electos.

En ediciones anteriores, ZETA publicó los montos alcanzados por la deuda pública y los contratos para proyectos público-privados, que si bien el Gobierno las llama “inversiones” y no meramente deuda pública, comprometen partidas específicas del presupuesto estatal a futuro, por diversos años y en cantidades millonarias.

En total, sumando los créditos bancarios y los montos comprometidos en los proyectos de las APP, Baja California está endeudada por más de 93 mil millones de pesos, prácticamente tres veces la escandalosa deuda pública de 2011 que en Coahuila dejó el priista Humberto Moreira, caso por el cual funcionarios terminaron presos y el ex mandatario investigado.

Por las APP, el Gobierno del Estado ha comprometido 72 mil 303 millones 239 mil pesos en seis proyectos, el más grande y duradero de todos, la desaladora de Rosarito, con un pago de 149 millones 312 pesos al mes durante 37 años, sumando 66 mil millones 294 pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el caso de los créditos bancarios que configuran la deuda pública como tal, la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid ha adquirido poco más de 21 mil millones de pesos, tres veces más de lo que José Guadalupe Osuna Millán dejó tras la salida de su gobierno en 2013.

El Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encendió foco amarillo en la deuda de Baja California por “endeudamiento en observación”. Esto implica que, en 2018, el límite para contraer deuda será de cinco por ciento sobre sus ingresos, en dicho ejercicio fiscal. La misma suerte tiene otras entidades como Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Zacatecas, Veracruz y Quintana Roo.

LOS RESPONSABLES

De acuerdo a la Nueva Ley de Disciplina Hacendaria y Responsabilidad Hacendaria, el principal responsable de la deuda pública es el secretario de Planeación y Finanzas, cargo actualmente ocupado por Bladimiro Hernández, pero fue en el periodo de Antonio Valladolid cuando se acrecentó la deuda.

Desde luego que el principal responsable es el jefe del Ejecutivo, “Kiko” Vega; además, su secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, quien sucedió a Guillermo Trejo -preso cuando se despeñaba como secretario general–. Son ellos quienes intervienen en los decretos, aunado a que la persona jurídica de la entidad contratante recae en estas dos cabezas, la Secretaría General incluso como refrendo.

De ahí hacia abajo, en la cadena de responsabilidades -y en caso de que en la deuda se detecten irregularidades-, los investigados o acusados penalmente serían el subsecretario de Finanzas, Miguel Ángel López Arroyo; el procurador fiscal, Jaime Guerra: y en el caso de la Secretaría General de Gobierno, el subsecretario de Enlace Legislativo, Rubén Armenta Zanabia.

LEY DE APP SE  FACILITA CON AYUDA DEL PRI Y PARTIDOS ENANOS

Antes de sacar y que les aprobaran los proyectos de Asociaciones Público-Privadas, se aprobó la reforma al Artículo 100 de la Constitución Política del Estado y se expidió la Ley para el Estado. Así se redactó el Dictamen Uno de las comisiones unidas.

El Decreto 57 (también conocido como Dictamen 62) enlista los proyectos de APP para el presupuesto 2017 y que se extienden por décadas. Para que esto fuera posible, los diputados aprobaron la misma Ley y los plazos de los contratos multimillonarios.

Los diputados integrantes de las comisiones unidas de Asuntos Fronterizos, Comercio, Desarrollo y Fomento Económico e Industrial y Competitividad; Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, votaron unánimemente a favor del dictamen que dio nacimiento a la Ley de APP el 10 de julio de 2014. La única excepción fue Roberto Dávalos, del PRD, porque ese día no asistió al Congreso.

Todos a favor: Nereida Fuentes, David Ruvalcaba, Carmen Frías, René Mendívil, Fausto Gallardo, Armando Reyes, Rodolfo Olimpo, Francisco Barraza, Alberto Martínez, Rosa Isela Peralta, Mario Osuna, Rosalba López, Irma Martínez, Alcibíades García, Juan Manuel Molina, Gustavo Sánchez, Mónica Bedoya, Cardona Benavidez, Julio César Vázquez, Gerardo Álvarez, Marco Antonio Novelo, Miriam Ayón y Felipe Mayoral.

Y en el pleno la votación fue igual: 23 a favor y una abstención de Roberto Dávalos. El ausente fue el diputado Alberto Martínez, de Nueva Alianza.

LOS CÓMPLICES

ZETA revisó los dictámenes y el sentido de las votaciones de cada uno de los diputados durante la conformación de la Cámara de Diputados,  donde se aprobaron los créditos de la deuda pública. Se tomaron todos los dictámenes y votaciones de 2013 a 2016, relacionados con las solicitudes y la autorización de endeudamiento.

Por ejemplo, el PAN y su gobernador regalaron de Navidad a los bajacalifornianos, el 24 de diciembre de 2013, un crédito hasta por 2 mil 885 millones de pesos ante el Sistema Financiero Mexicano.

Aquel dictamen presentado por Guillermo Trejo Dozal obtuvo 14 votos a favor y 11 en contra. Las elecciones acababan de transcurrir y el PRI jugó de oposición.

Aquí los cómplices del PAN. A favor estuvieron: Gerardo Álvarez Hernández, Mónica Bedoya, Peralta Casillas Rosa Isela, Mario Osuna Jiménez -actual secretario de Desarrollo Social Municipal en Tijuana-, Rosalba López Regalado, Cuauhtémoc Cardona Benavides y Gustavo Sánchez Vásquez, a quien su obediencia le ganaría la candidatura de su partido y luego la alcaldía de Mexicali.

Foto: Cortesía.- El gobernador meterá otros 6 proyectos de app’s en esta legislatura.

Además, apoyando ese primer gran endeudamiento (que representaba casi el doble de toda la deuda pública del Estado hasta el año 2000, tras 11 años de gobierno del PAN), estuvieron los diputados de Movimiento Ciudadano: Francisco Alcibíades García Lizardi, actual regidor en Mexicali y dirigente estatal de su partido; y el ex panista Juan Manuel Molina García. En el mismo sentido los dos diputados del PBC: Francisco Barraza Chiquete y Felipe Mayoral de Rosarito. El Panal también votó a favor, con los dedos levantados de Irma Martínez y Alberto Martínez Carrillo. Y por último, el PES, que fue aliado del PRI, pero desde el primer instante su diputado Olimpo Hernández Bojórquez fue sumiso a la sombra del panismo.

En contra, el resto de los diputados que no tardaría en ceder y autorizar préstamos multimillonarios para el gobernador.

SIN OPOSICIÓN, AHORA RUVALCABA QUIERE SER DIRIGENTE DEL PRI

El Dictamen 127 ya era testigo de los acuerdos entre el PRI, los partidos rémoras, el PAN y el Poder Ejecutivo. Un año después, también en vísperas decembrinas, a “Kiko” Vega se le autorizó un crédito –también al Sistema Financiero Mexicano- por otros 2 mil 850 millones de pesos.

A los diputados que antes estuvieron a favor, se sumó la fracción del PRI: la actual presidenta municipal de Tecate, Nereida Fuentes, dio su voto a favor, lo mismo la ex candidata -quien perdió las elecciones en Rosarito- Laura Torres; también el actual alcalde en Ensenada, Marco Antonio Novelo; el malogrado candidato del PRI en Tijuana, René Mendívil y Miriam Ayón.

Los aliados del PRI también sumaron fuerza: Fausto Gallardo del PVEM y los dos diputados del PT, Armando Reyes Ledesma y Julio César Vázquez Castillo. El único voto en contra fue el del perredista Roberto Dávalos, quien tampoco resistiría a dar su voto a favor de la deuda kikista.

En mayo de 2015, el gobernador ingresó al Congreso la autorización de un crédito por 688 millones 768 mil 615 pesos, los 13 diputados presentes votaron a favor. El mismo día, otra votación a favor de tres créditos más para las comisiones de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana y Ensenada en Banobras, por 323 millones 49 mil 319.79 Unidades de Inversión (Udis), algo así como mil 841 millones 381 mil pesos.

A favor estuvieron: Gallardo, Olimpo Hernández, David Ruvalcaba, Rosa Isela, Gustavo Sánchez, Mónica Bedoya, Cardona, Molina, Margarita Corro Arámbula -quien suplió a Nereida Fuentes-, Vázquez, López Regalado, Irma Manríquez, Laura Torres y Alcibíades García. Fueron los únicos presentes.

Conforme avanzaba el tiempo, menos resistencia tuvo el gobernador en adquirir créditos bancarios o endeudamientos. Otra solicitud se introdujo al Congreso y se votó el 17 de diciembre de 2015. Ahí se autorizó al gobernador contratar un crédito por 119 millones 622 pesos.

Todas las fracciones votaron a favor, incluyendo al PRI, incluso el perredista Dávalos. Todos a favor: David Ruvalcaba, René Mendívil, Nereida Fuentes, Novelo, Ayón, Irma y Alberto Martínez; Peralta, Álvarez, Mayoral, Alcibíades García, Gallardo, Bedoya, Rosalba López, Cuauhtémoc Cardona, Armando Reyes, Cynthia Selene Ramos, Osuna, Olimpo… 19 votos a favor y ni uno solo en contra.

La deuda pública, pues, fue respaldada por los diputados de la anterior Legislatura. En 2016 fue igual en julio, pasadas las elecciones, el Congreso autorizó un crédito más al Ejecutivo por 5.5 millones de pesos. Nuevamente, 14 legisladores votaron a favor y ni uno solo en contra. Rafael Flores García ya se encontraba como suplente de René Mendívil; Alejandro Quiroga Corella, en lugar de Gustavo Sánchez; Margarita Corro, en representación de Nereida Fuentes; y por Armando Reyes, Armando Espinoza. Un Congreso sin oposición.

Dos meses después, nuevamente los diputados autorizaron otro crédito por 409 millones 793 mil 201 pesos. Todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISAÍ LARA BERMÚDEZ /LUNES, 10 JULIO, 2017 12:00 PM)