Desvío de recursos públicos, pagos con
facturas apócrifas, retención de cuotas a trabajadores que no fueron enteradas
y contratación de proveedores sancionados por el Gobierno federal son parte de
las anomalías
Desfalca Malova por todos lados Foto:
Noroeste
Después de seis meses de
dejar la función pública, Malova continúa acumulando desfalcos, aquí y allá,
como si se tratara de un juego de beisbol en el que suma carreras.
En la revisión a fondo que
realizó la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas a la Cuenta
Pública de la administración del ex Gobernador Mario López Valdez, se
detectaron diversas irregularidades: desvío de recursos públicos, pagos con
facturas apócrifas, retención de cuotas a trabajadores que no fueron enteradas
y contratación de proveedores sancionados por el Gobierno federal.
Y más anomalías por más de 2
mil millones de pesos que evidenció ayer la Secretaria de Transparencia, María
Guadalupe Yan Rubio, en la presentación del informe de fiscalización elaborado
al área de finanzas y que no incluyó los sectores de educación ni salud.
En la auditoría de seis meses
se revisaron los saldos de 841 cuentas de cheques; 16 mil 724 partidas de
aplicación presupuestal; 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones
de pesos de gasto federalizado y no federalizado; 115 convenios con la Federación
correspondiente a mil 137 obras, y el cumplimiento de 700 proveedores con la
Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria.
COBERTURA DE LOS NEGOCIOS EN SALUD
COMPRAS APÓCRIFAS
Yan Rubio evidenció la realización
de pagos, sin que existan documentos que acrediten la adquisición de bienes y
servicios.
"(También) se
identificaron pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin
que exista proceso de contratación ni contrato de prestación de servicio y
alteración de documentos soporte del gasto", reveló.
Estas acciones transgreden la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, así como la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
EL GRAN HOYO DE LA OBRA
El rubro de obra pública es
uno de los que más registra irregularidades en el gasto.
Yan Rubio evidenció que
encontraron 23 contratos que fueron modificados para incrementar el costo de la
obra por arriba del 25 por ciento del total del precio original, que es el tope
establecido en la Ley de Obras Públicas.
"En varios casos se
observan incrementos mayores al 50 por ciento", detalló.
"Lo que representa pagos
en exceso que se hicieron al contratista fuera de norma y de los márgenes del
contrato", manifestó.
También contrataron
proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de
Administración Tributaria, lo cual está prohibido por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Obras Públicas.
Se ejecutaron traspasos de
dinero a cuentas bancarias, sin justificar, detalló.
"Se realizaron traspasos
no justificados entre cuentas, lo que generó que se adeudara a los contratistas
más del 40 por ciento de la parte del pago de las obras contratadas, debido a
que el Estado distrajo recursos económicos que le correspondía aportar. Aún así
la obra fue recibida formalmente mediante acta de entrega-recepción",
mencionó.
"(También hubo)
celebración de contratos de obra pública sin contar con los derechos de
propiedad de los terrenos en que se ejecutaría la obra", dijo.
Lo anterior es considerado un
incumplimiento en los convenios de coordinación entre el Gobierno local con el
federal.
"Al generarse esta
irregularidad no se cumple el impacto y proyectos objeto de los convenios y
deben reintegrarse los fondos, lo que produce además una afectación financiera al
Estado", advirtió.
"De una revisión a 671
contratos de obra pública, se detectaron faltantes de 58 actas de
entrega-recepción, esta falta provoca que en términos de la Ley de Obra Pública
la obra no se considere legalmente entregada, lo que impide verificar si la
obra se recibió conforme al calendario establecido y con todas las
especificaciones contratadas para poder finiquitarla financieramente de forma
adecuada", expresó.
Yan Rubio dijo que observaron
traspasos de dinero no justificados de cuentas federales por 563.7 millones de
pesos, con lo que no se cumple con la Ley de Contabilidad Gubernamental.
LO QUE NO ENTERÓ
Como ya lo había documentado
la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia confirmó las
retenciones de dinero de cuotas y aportaciones a los trabajadores, sin embargo
no fueron enteradas al Instituto de Pensiones ni al Issstesin, de 2012 a 2016.
"Al cierre de 2016 se
registra un pasivo acumulado por mil 934 millones de pesos de cuotas,
aportaciones y retenciones de trabajadores no enteradas, principalmente al
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa y al Issstesin", especificó.
"Generó un problema
financiero para el Estado debido a que los recursos no enterados se destinaron
a otros fines", comentó.
SIN REGISTRAR
Cuando la Secretaría de
Transparencia revisó la Cuenta Pública detectó que no coincidía con los
registros de las cuentas bancarias.
"La diferencia (es) de
667 millones de pesos. De éstos, 594 millones de pesos corresponden al Banco
Interacciones, lo anterior refleja una contabilidad que no presenta de forma
veraz la información financiera del Gobierno del Estado, ya que es evidente que
no se hicieron los registros contables... (conforme a la) Ley de Contabilidad
Gubernamental", detalló.
LAS ACCIONES
Por el desfalco de 2 mil 164
millones de pesos, el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel va contra los
funcionarios malovistas, advirtió María Guadalupe Yan Rubio.
"Derivado de las
irregularidades que se han detectado y ante el posible daño causado a las
finanzas públicas del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de
Cuentas ha iniciado los correspondientes procedimientos de responsabilidades
administrativas aperturando tres expedientes que importan mil 21 millones de
pesos y que involucran a diversos ex servidores públicos", subrayó.
"Se llamará a
procedimiento de responsabilidades administrativas a otros ex servidores
públicos sobre diferentes asuntos que involucran irregularidades
administrativas y manejo indebido de recursos por más de mil 143 millones de
pesos", dijo.
LO REVISADO
- 841 cuentas de cheques
- 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal
- 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762
millones de pesos de gasto federalizado y no federalizado
- 115 convenios con la Federación correspondiente a
mil 137 obras
23 Contratos fueron modificados para incrementar el
costo de la obra.
$563.7 millones es el traspaso no justificado de
dinero de cuentas federales.
$1,934 millones de pesos no fueron enterados al Instituto de
Pensiones del Estado.
(NOROESTE/ Gabriela Soto/ 11/07/2017 | 04:00 AM)
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