La Ley de Seguridad Interior,
solicitada por las Fuerzas Armadas para regular su intervención en la lucha
contra el narcotráfico, es uno de los asuntos pendientes que dejará la Cámara
de Diputados en este periodo de sesiones que concluye esta semana
Considerada como una de las prioridades
del periodo que está por terminar, la Ley de Seguridad Interior se quedará
empantanada por lo menos algunos meses más
El PRI, sin embargo, ha reiterado que
está en contra de un modelo de mando mixto policial e insistirán en el mando
único
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez,
pidió al Congreso de la Unión debatir el modelo de seguridad del país de forma
integral
El Senado también se irá al receso
legislativo sin ratificar el nombramiento de 19 embajadores, entre los que se
encuentra el envío de Edgar Elías Azar como embajador de México en los Países
Bajos
La iniciativa presentada por el PRI de
eliminar 100 diputados plurinominales fue ampliamente explotada por los
priistas como propaganda, pero no llegó siquiera a la discusión en comisiones
A unas horas de que comience
el periodo de receso más largo del Congreso de la Unión -4 meses-, en la Cámara
de Diputados decidieron cortar el debate y mandarán a la congeladora las dos
polémicas leyes relacionadas con la seguridad.
Se trata de la Ley de
Seguridad Interior, con la que se pretende poner reglas a la labor de las
Fuerzas Armadas; y la instauración del mando mixto policial, para reformar la
estructura de los cuerpos de policía en todo el país.
A pesar de las presiones
tanto de las fuerzas armadas como del Gobierno federal, la falta de acuerdos
empantanó las discusiones y evitó que ambas vieran la luz antes de este 30 de abril.
No es el único pendiente que
dejará el Congreso de la Unión.
Otros asuntos de gran calado
también quedarán en el tintero. El nombramiento del fiscal anticorrupción; la
Ley contra la Desaparición; la despenalización del uso medicinal de la
mariguana; la reducción del Congreso; la Ley de Cultura; entre otros.
Las cosas empeoran por el
proceso electoral en curso. Algunos de estos pendientes podrían salir en
periodos extraordinarios, pero una vez que pasen las elecciones del 4 de junio
y se defina de nuevo el tablero político del país.
Las elecciones afectaron la
tarea del Congreso en todo lo que va del año, consideró el senador Miguel
Barbosa, de la bancada del PT, lo que evitó que se discutieran temas torales
para el país.
“El Congreso de la Unión fue
secuestrado por los intereses político electorales”, acusó Barbosa.
A pesar de la cantidad y el
peso de los pendientes, los congresistas mexicanos se volcarán todo el mes de
mayo al proceso electoral en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
En ello puede ir el futuro de
sus partidos políticos en el 2018.
SEGURIDAD, EMPANTANADA
Ni el aumento de los índices
de criminalidad en algunas zonas del país, ni la presión del Ejército Mexicano
y la Marina Armada de México pudieron disolver la obstinación de las bancadas
en la Cámara de Diputados para legislar las reformas pendientes en materia de
seguridad.
Considerada como una de las
prioridades del periodo que está por terminar, la Ley de Seguridad Interior se
quedará empantanada por lo menos algunos meses más, en espera de que haya
acuerdos entre las bancadas de la Cámara baja.
Mediante la Ley de Seguridad
Interior se busca dotar de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para su
labor en tareas de seguridad y en caso de que haya una “afectación” a la
seguridad interior.
Mientras el PRI ha trabajado
en un documento que ha mantenido reservado al ojo público para crear esta Ley
–sus diputados dicen que tienen listo un predictamen-, desde el Ejecutivo se ha
dado un apoyo sin precedentes a las Fuerzas Armadas.
En lo que va del año, el
presidente Enrique Peña Nieto ha tenido al menos 12 eventos oficiales con las
Fuerzas Armadas. Les ha entregado condecoraciones, ascensos, hospitales y se ha
reunido con familias de militares.
Sin embargo, las
negociaciones del PRI en el Congreso no han alcanzado para convencer a la
Oposición de aprobar esta nueva Ley.
Esto ocurre a pesar de la
exigencia de Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ha pedido
al Congreso de la Unión una Ley que dé certeza a las Fuerzas Armadas para
definir cómo, cuándo y para qué deben ser empleados los cuerpos militares del
país.
“La Ley que se expida debe
regular la intervención gradual de las autoridades, incluyendo a las Fuerzas
Armadas en funciones de seguridad interior, a fin de hacer frente a riesgos y
amenazas que vulneran el orden constitucional y el Estado de derecho, para
mantener la continuidad de las instituciones del Estado”, escribió Cienfuegos
en diciembre pasado.
En febrero, el general
secretario sostuvo que esta Ley es importante para dar certeza a la ciudadanía.
“No debe ser una ley a modo
para las Fuerzas Armadas. Esperamos que fortalezca al Estado mexicano, que
puntualice lo que a cada quien le corresponde hacer y rinda cuentas”, dijo el
funcionario.
La participación de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública comenzó hace una década, cuando
el entonces presidente Felipe Calderón decidió comenzar un ataque frontal a los
grupos delincuenciales.
Los partidos de Oposición no
se han movido de su lugar desde diciembre pasado, cuando el tema fue impulsado
por el PRI, particularmente por el coordinador de la bancada tricolor, el
mexiquense César Camacho.
Mientras el PAN puso como
condición aprobar primero el nuevo modelo de mando mixto policial, el PRD pidió
que se abriera el debate para escuchar a expertos y organizaciones civiles para
tener un panorama amplio sobre lo que se votaría.
Ninguna de las dos cosas
ocurrió. Aunque un grupo de organizaciones pidió audiencia directamente a la
Junta de Coordinación Política de la Cámara baja para exponer sus argumentos
contra la Ley, el órgano legislativo no les dio cita.
El nuevo modelo policial del
mando mixto fue aprobado por el Senado en diciembre pasado; sin embargo, en la
Cámara baja, ni siquiera ha comenzado el análisis en comisiones.
“La mejor forma de respaldar
el trabajo comprometido de las Fuerzas Armadas es precisamente fortaleciendo a
las policías locales, para que atiendan de manera eficaz a los ciudadanos en
sus localidades y de esa manera el Ejército cumpla con su función primordial de
garantizar la soberanía nacional”, ha dicho Marko Cortés, coordinador de los
diputados del PAN.
El PRI, sin embargo, ha
reiterado que está en contra de un modelo de mando mixto policial –donde habrá
una sola policía, pero en las localidades que puedan tomar la seguridad, lo
harán- e insistirán en el mando único.
“Condicionar la aprobación de
esta ley (de seguridad interior) a que resolvamos mando mixto o mando único, me
parece injustificado. He hecho pública la posición de mi fracción respecto del
rechazo a la minuta que contiene el planteamiento de mando mixto, sigue siendo
nuestra convicción que lo que este país necesita en materia de seguridad
preventiva, de seguridad pública local, es el mando único”, dijo César Camacho,
líder de los diputados del tricolor.
EXIGEN MODELO INTEGRAL
Desde diversos sectores se ha
alzado la voz para pedir que se apruebe esta legislación sobre las Fuerzas
Armadas, pero también sobre la formación de nuevos cuerpos civiles.
Graco Ramírez, gobernador de
Morelos y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pidió
responsabilidad al Congreso de la Unión para privilegiar los consensos en este
tema, pero debatiendo el modelo de seguridad del país de forma integral.
“No se puede privilegiar, por
la urgencia, darle legalidad a la emergencia, estableciendo únicamente la
legislación de la intervención de las fuerzas del Ejército y de la Marina
Armada de México en labores de seguridad.
“Es urgente hacerlo de manera
integral, para comprometer a todos los gobernadores a que dejen de tener al
Ejército en sus estados, que dejen de ocupar a la Marina en sus estados, y se
ocupen de formar policías en sus estados y que sea tarea prioritaria construir
policías y no pedir Ejército, Ejército y más Ejército”.
El Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) pidió que se negocie esta ley bajo una lógica de urgencia,
pues es imperativo recuperar la tranquilidad en el país.
“Esta legislación no puede ni
debe ser vista como la normalización de lo extraordinario, sino como la
regulación de lo inevitable. Es decir, necesitamos que la participación de las
Fuerzas Armadas esté regulada, pero no por eso podemos claudicar en la tarea de
seguir fortaleciendo los cuerpos civiles de seguridad pública”, expusieron ayer
los empresarios, en un comunicado.
El colectivo
#SeguridadSinGuerra, que agrupa a decenas de organizaciones civiles que están en
contra de la Ley de Seguridad Interior, comenzó una campaña en redes sociales
para evidenciar a los congresistas que están a favor de esta legislación.
LOS OTROS PENDIENTES
Los temas de seguridad no son
los únicos que se quedaron en la antesala de la discusión en el Congreso de la
Unión.
En la Cámara de Diputados
quedó pendiente la iniciativa presentada por el PRI para disminuir el tamaño
del Congreso, eliminando 100 diputados plurinominales.
Esa propuesta fue ampliamente
explotada por los priistas como propaganda; empero, no llegó siquiera a la
discusión en comisiones.
Los diputados también
hicieron oídos sordos a la minuta para despenalizar el uso medicinal de la
mariguana, a pesar de que fue aprobada por el Senado en diciembre pasado y a
pesar de que se trata de una iniciativa presentada por el presidente Enrique
Peña Nieto.
La bancada del PRI no ha
hecho mayor esfuerzo en la Cámara baja por aprobar dicha regulación, aun cuando
han recibido presiones de familiares de pacientes enfermos que requieren
medicamentos hechos con base de cannabidol.
No se aprobó la Ley contra la
Trata de Personas, que lleva varios meses en los debates; ni la Ley General de
Cultura, que reglamentará a la recién creada Secretaría de Cultura.
Por si fuera poco, los
diputados también dejaron para después el nombramiento de los nuevos
contralores internos para los órganos constitucionalmente autónomos, como el
Banco de México, la Cofece, la CNDH, el IFT, el INEGI, el INAI, el INE y el
INEE.
Tampoco realizaron el
nombramiento del comisario de Pemex, funcionario encargado de analizar el
funcionamiento de la empresa y reportarle al Ejecutivo y al Congreso de la
Unión.
En el Senado, los pendientes
también suman decenas, pero algunos son polémicos y de alta prioridad.
El primero es el nombramiento
del fiscal anticorrupción y la reforma al esquema de la Fiscalía General de la
República.
Mientras el PRI acusa a la
Oposición de no tener voluntad para nombrar al nuevo fiscal, el PAN ha señalado
que hay presiones para que éste sea nombrado bajo el esquema legal actual, con
lo que se convertiría en un funcionario que actuará bajo el yugo del fiscal
general de la República, que seguirá supeditado al Ejecutivo.
“Tras las presiones para
apresurar el nombramiento de la Fiscalía Especializada, se esconde realmente la
intención gobernante, para que esa nueva institución quede controlada y
maniatada, inservible por un largo periodo, pues la rectificación posterior del
entramado institucional, entrañaría un proceso políticamente difícil y
notoriamente dilatado”, denunció Fernando Herrera, coordinador de los senadores
del PAN.
Los senadores prevén realizar
un periodo extraordinario, una vez que pase el proceso electoral del 4 de
junio, para concretar este nombramiento y amarrar los cambios constitucionales
que eviten el pase automático de la PGR a la FGR.
A la falta de este
nombramiento se suma el de los 18 nuevos magistrados del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, pues
será su brazo juzgador.
Aunque es el Ejecutivo quien
estuvo en falta al no mandar sus propuestas de 3 magistrados para la Sala
Superior del TFJA y 15 para las 5 nuevas salas regionales, desde el Senado no
hubo presión para recibir estas propuestas.
El otro gran pendiente que
dejarán los senadores será el de la Ley contra la Desaparición Forzada, pues
aunque ya se encontraba con un gran avance, el documento de observaciones
enviado por el Ejecutivo enfrentó nuevamente a los legisladores y el Gobierno
con las organizaciones de la sociedad civil que buscan a desaparecidos o
acompañan a sus familiares.
El Ejecutivo pidió
desaparecer del proyecto de Ley la Comisión Nacional de Búsqueda, que había
sido planteada como el ente que estaría encargado de la búsqueda de personas en
todo el país; ahora se pretende que esta facultad resida únicamente en los
estados.
Las organizaciones han
criticado también que utilizar el término “persona no localizada”
indistintamente de si se trata de una persona ausente o una víctima de un hecho
delictivo, vulnera a las víctimas porque afectará la declaración de ausencia.
El Senado también se irá al
receso legislativo sin ratificar el nombramiento de 19 embajadores, entre los
que se encuentra el envío de Edgar Elías Azar como embajador de México en los
Países Bajos.
TEMAS APLAZADOS
Algunos de los asuntos de
gran calado que también quedarán en el tintero son:
> Nombramiento del fiscal
anticorrupción
>Reforma al esquema de la Fiscalía
General de la República
>Nombramiento de los 18 nuevos
magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
> Ley contra la Desaparición Forzada
> Ley contra la Trata de Personas
> Ley General de Cultura
> La despenalización del uso
medicinal de la mariguana
> Reducción del Congreso
>El nombramiento de los nuevos
contralores internos del Banco de México, la Cofece, la CNDH, el IFT, el INEGI,
el INAI, el INE
y el INEE
> Nombramiento del comisario de Pemex
> Nombramiento de 19 embajadores
(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA / MARTES
25 DE ABRIL DE 2017)
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