El agua en manos de empresarios, el
negocio de los panistas
Indiscutiblemente el primer
responsable –pero también el primer abatido– que desencadenó la aprobación de
la Ley Estatal del Agua, que pretendía privatizar el servicio en el Estado, es
el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid. Su imagen pública está
acabada, su credibilidad insostenible y su ambición de negocios, al
descubierto.
En ZETA se ha documentado
cómo empresarios muy cercanos al mandatario y a su primer círculo están
vinculados a los contratos millonarios del agua, por ejemplo, Fernando Beltrán
con quien Francisco Vega mantiene una relación de amistad de conocimiento
público, además de ser el concesionario de la Vía Corta Tijuana-Tecate.
Como una sola referencia la
Ley le daría mayor seguridad al Acueducto Villahermosa-Mexicali que recorrerá
47.5 kilómetros desde el norte hasta el Ejido Choropo, al sur de la ciudad.
La obra tiene como objetivo
abastecer de 2 millones de metros cúbicos de agua al año a la empresa cervecera
transnacional Constellation Brands.
Fue un proceso de licitación
plagado de irregularidades, así lo denunciaron constructores de la entidad. Se
entregó el contrato a la empresa Urbanización y Riego de Baja California
(URBACA).
Esta compañía está registrada
como socia de Fernando Beltrán Rendón, a través de su filial UR Aguascalientes,
y su presidente, Víctor Ismael Llamas Galván, es copropietario de un terreno de
varias hectáreas en Tecate del propio Beltrán valuado en más de 12 millones de
pesos.
Si bien, el valor de la obra
se licitó en 474 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos 2017 para el
Estado de Baja California, se incluyó un artículo transitorio que amplía esta
cantidad a 550 millones de pesos, entre otros cargos.
Dos personas se identifican
como los fracasados operadores y artífices de la aún ley vigente: Víctor
Lujano Sarabia, subsecretario jurídico
de la Secretaría General de Gobierno, que titula Francisco Rueda y el
Secretario de Desarrollo Urbano, Manuel Guevara Morales.
De ahí para abajo, Antonio
Valladolid, secretario de Planeación y Finanzas, quien maneja los recursos y
los contratos del Estado, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, quien ha
sido denunciado por intervenir y despojar a usuarios del Valle de Mexicali del
agua que reciben, así como Humberto
Bonfante, el secretario de Desarrollo Económico, a quien también se le ha
documentado actos de corrupción y desvíos de apoyos económicos a su empresa por
millones de pesos así como a empresas fantasmas.
Un antecedente a la ley recae
en el Plan de Metropolización del Gobierno Estatal y que contó con el apoyo del
ex delegado de CONAGUA, Eduardo Ledesma Romo y los titulares de las Comisiones
Estatales de Servicios Públicos, quienes firmaron convenios para que se bajaran
400 millones de pesos federales para el estudio del plan que fundiría las
Comisiones Estatales en una sola y que la Ley Estatal de Agua la contemplaba y
la cual recaería en la cabeza de Ricardo Magaña, ex secretario de Desarrollo
Social del Estado.
En el último peldaño están
los diputados del PAN quienes han sido defensores, replicantes y obedientes de
todo lo que ordena el gobernador. Además de los panistas, los diputados del PRD
y Movimiento Ciudadano, Rocío López Gorosave y Job Montoya, votaron y
defendieron la Ley privatizadora.
Ahora resulta que nadie votó por el gasolinazo
El aumento a la gasolina debe
entenderse en varias etapas y por varios autores o cómplices. El Presidente de
la República, Enrique Peña Nieto junto
con su gabinete, principalmente Luis Videgaray, actualmente, secretario de
Relaciones Exteriores pero en la reforma energética su principal operador en el
tema.
En el primer nivel de
complicidad se encuentra el Partido Acción Nacional.
Quienes en su momento votaron
la Reforma Energética y sus leyes secundarias en la legislatura anterior, en
donde estaban los dos únicos panistas por Baja California, Andrés de la Rosa y
Juan Manuel Gastélum, alcalde de Tijuana, quien ha salido a decir que no es su
responsabilidad el gasolinazo por no ser de su competencia. Lo que no dice es que
lo fue mientras fungió como diputado.
Ricardo Anaya, el dirigente
nacional de los panistas, en su momento, acompañado del gobernador del Estado,
Francisco Arturo Vega de Lamadrid calificó como “brillante” la reforma que
elevaría los precios de los combustibles, entre otros productos.
El PAN caminó junto a Peña la
privatizadora reforma energética.
En 2014, antes de que
entraran los actuales diputados, todos los diputados del PRI y del PAN (excepto
2) Partido Verde y PANAL, votaron a favor de la Ley de Hidrocarburos, donde se
contempla la liberación de los precios de la gasolina.
La Ley de Hidrocarburos fue
votada, también por todos los diputados del PRI y en la que se establecía que
“a partir del 1o. de enero de 2015 y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de
2017 la regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel será
establecida por el ejecutivo federal mediante acuerdo. Dicho acuerdo deberá
considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y
las diversas modalidades de distribución y expendio al público”.
El segundo acto que impulsó
la elevación de los precios fue la aprobación en la actual legislatura del 29
de octubre cuando se aprobó, la “Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de la
Federación”, ahí se fijó el impuesto (IEPS) por cada litro de gasolina de 4.16
pesos.
Esa cuota fue avalada por
todos los diputados (excepto por los 34 de MORENA, 4 del PAN, uno del PRD y dos
diputados sin partido) el resto lo dio a su favor incluyendo al Jorge Ramos y
Max García quienes salieron a la semana para intentar mentir y evadir su
responsabilidad.
También fue a favor la
diputada por Baja California, entonces del Movimiento Ciudadano –posteriormente
pasó a la bancada del Partido Encuentro Social –Cinthia Gissel García Soberanes
y Alfredo Ferreiro, quienes también niegan su responsabilidad.
Por último, los diputados que
votaron a favor de la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley de Ingresos de
Hidrocarburos, donde se incluye los montos estimados, donde todos votaron en
general a favor, excepto el diputado de MORENA, Roberto Carreño por Baja
California, su bancada y la del PRD.
Aquí los rostros de los culpables de un estado
convulsionado por el hartazgo social y el abuso y la desinformación oficial.
(SEMANARIO ZETA / Isaí Lara Bermúdez
/Lunes, 23 enero, 2017 12:04 PM)
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