San Antonio, Texas.- Un nuevo
testigo presentado por la Fiscalía federal de Estados Unidos señaló que el
secuestro y muerte de más de 300 personas ocurridos en los municipios de
Allende y Piedras Negras fueron en respuesta a la deserción de un miembro de
alto rango en el grupo del crimen organizado que se entregó a las autoridades
norteamericanas.
El caso fue abordado en la
audiencia de esta semana en el juicio que se desarrolla en una corte de San
Antonio, Texas, en contra de Marciano Millán Vázquez.
Identificado como J.
Rodríguez, el testigo que presentó la Fiscalía declaró ante el jurado que la
deserción de Mario Alfonso Cuéllar, más conocido como Poncho Cuéllar, ocurrió
en 2011, y que miembros de alto rango del crimen organizado ordenaron la
matanza.
Precisó que la orden fue ir
contra los socios de Mario Alfonso Cuéllar y con cualquier persona que “oliera”
al desertor.
‘DESERCIÓN’ PROVOCÓ MASACRE EN COAHUILA
El secuestro y muerte de más
de 300 personas registrados en municipios como Allende, Nava y Piedras Negras
fue abordado durante la audiencia del pasado martes en el juicio que se
desarrolla en contra de Marciano Millán Vásquez. Un nuevo testigo presentado por
la Fiscalía federal de Estados Unidos señaló que tales acciones fueron en
respuesta a la deserción de un miembro de alto rango en el grupo del crimen
organizado de Los Zetas y se entregó a las autoridades norteamericanas.
Identificado como J. Rodríguez,
testigo que presentó la Fiscalía, declaró ante el jurado que la deserción de
Mario Alfonso Cuéllar, más conocido como Poncho Cuéllar, ocurrió en 2011 y que
miembros de alto rango del citado grupo del crimen organizado ordenaron el
secuestro y muerte de más de 300 personas en el norte de Coahuila.
Precisó que la orden fue ir
con los socios de Mario Alfonso Cuéllar y con cualquier persona que “oliera” a
desertor. En su presentación el testigo relató lo sucedido en Allende,
Coahuila, y que dichas acciones derivan de las actividades delictivas, aunque
entre las víctimas iban personas inocentes: niños, mujeres.
J. Rodríguez declaró que supo
que Mario Alfonso Cuéllar, más conocido como Poncho Cuéllar, y su mano derecha,
Héctor Moreno, habían dejado el cártel y se sospechaba que eran “soplones”,
publicó el diario San Antonio Express News.
El ciudadano norteamericano
J. Rodríguez señaló que Poncho Cuéllar, además de tener un alto rango en el
grupo del crimen organizado, fue un padrino de los hijos de Omar Treviño
Morales, “Z-42”, que era entonces el líder N°3 en el cártel detrás de su
hermano Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como “Cuarenta” o “Z-40”.
Según informó en su página
electrónica el diario texano, el testigo también señaló que Cuéllar fue sospechoso
de haber robado alrededor de 10 millones de dólares de los Treviño y que las
órdenes eran “seguir para adelante y recoger todo lo que olía a Poncho
Cuéllar”. Manifestó que Millán y otro miembro de rango superior le pidieron que
les proporcionara las direcciones donde Cuéllar podría ser localizado.
FUERON MÁS DE 300 LAS VÍCTIMAS
Durante la citada audiencia,
Russel Leachman, fiscal auxiliar, le cuestionó al testigo si también fueron
levantados niños y J. Rodríguez le respondió que no importaba: “Mujeres, niños,
adultos” y que algunos no tenían nada que ver con el cártel o las drogas.
También mencionó que había mucha gente, más de 300 personas, cifra que le fue
dada a conocer por miembros de alto rango del cártel para el que trabajaba.
“Fue la gente de Allende,
Morelos, Acuña, Piedras (Negras), las zonas circundantes”, respondió Rodríguez,
sobre las ciudades en donde se registraron estas acciones en el estado de
Coahuila. En lo que se refiere a Piedras Negras, señaló que le dijeron que
tenían a 40 personas en sus rodillas y los asesinaron.
El diario texano señala que a
través de una entrevista telefónica con Ernest González, asistente del fiscal
de los Estados Unidos, señaló que Cuéllar está siendo procesado por cargos
relacionados con el tráfico de armas. También que Cuéllar ha cooperado y
testificado en tres ocasiones en el juicio federal de Texas, relacionados con
otros operativos del grupo del crimen organizado Los Zetas.
Rodríguez fue condenado a
cadena perpetua sin libertad condicional, después de un juicio en San Antonio
en 2014 por el tráfico de drogas y asociación en el secuestro de un hombre de
Eagle Pass que fue retenido por 2 millones de dólares. El testigo accedió a
declarar en varios casos para reducir su condena a 25 años.
El diario San Antonio Express
News también publicó que Rodríguez testificó acerca de otras personas que le
dijeron fueron asesinadas por el cártel en otras ocasiones, entre ellos Víctor
Cruz, su esposa, uno de sus jóvenes hijos y un amigo del hijo. Otras víctimas incluyen
al ciudadano estadunidense Severino Abascal Villarreal, de quien el cártel
sospechaba que ayudaba a la Policía norteamericana, y su novia, Silvia
Alejandra Vanely Luna.
El testigo establece que
acudió ante Millán para conocer sobre el paradero de Abascal, esto a petición
del padre de Abascal y que en respuesta Millán le dijo: “Deja de pedir por él.
Acabamos de cocinarlo… en ácido”.
ENFRENTA 10 CARGOS
Tales declaraciones formaron
parte de las actividades relacionadas con el juicio contra Millán Vásquez, que
se desarrolla en el Distrito Oeste de Texas, y que enfrenta 10 cargos, entre
ellos el asesinato de cuatro personas y que son identificadas por iniciales en
documentos presentados por la Fiscalía federal a la Corte, además de otro grupo
de personas que incluye a menores de edad. Todo lo anterior forma parte del
primer cargo.
A lo anterior se suman los
cargos de conspiración para poseer, introducir de forma ilegal y distribuir en
Estados Unidos drogas como mariguana, cocaína y metanfetaminas. También se le
acusa de emplear a menores de edad en las operaciones relacionadas con las
mencionadas drogas, así como por conspiración para poseer armas de fuego para
el tráfico de droga.
Es también acusado de
declarar falsamente ante un oficial federal, tras presentar una identificación
falsa a nombre de Rigoberto Sánchez Ramírez.
LAMENTA OBISPO VERA IMPUNIDAD
Humberto Moreira,
exgobernador de Coahuila, goza de impunidad pese a ser señalado por diversos
delitos en México, España y Estados Unidos, criticó el obispo Raúl Vera.
En conferencia de prensa,
aseguró que Moreira no será investigado por las recientes declaraciones de un
operador financiero de Los Zetas, quien dijo ante una Corte federal de Texas
que el cártel pagó a Moreira al menos 4 millones de dólares a cambio de
protección.
“Nunca, en el caso del señor
Humberto Moreira, nunca se ha investigado la deuda espantosa que dejó, y el
Congreso del Estado cerró los libros, no se puede saber en qué quedaron 64 mil
millones de pesos”, reclamó.
“Si ya tiene protección de
ese tamaño, con la mano en la cintura dice que eso no es cierto. Ya pasó lo de
España, y a la hora de la hora todo acabó”.
La justicia en su caso no
llegará, dijo, puesto que el exgobernador está protegido por intereses
económicos.
En su homilía, pidió a la
Virgen de Guadalupe por los migrantes, refugiados, desplazados, desaparecidos,
internos en cárceles, personas con discapacidad y por los campesinos en México.
DENUNCIAN MATANZAS EN CORTE DE LA HAYA
El empresario coahuilense,
Armando Guadiana Tijerina, presentó ayer en la Corte Internacional de Justicia
de La Haya, dependiente de la ONU, una denuncia por delitos de lesa humanidad
contra el Gobierno del Estado de Coahuila, por la masacre de unas 300 personas
del municipio de Allende, y por las ocurridas dentro del Penal de Piedras
Negras.
Guadiana busca que la Corte
Internacional investigue los asesinatos de más de 500 niños, mujeres, ancianos
y adultos ocurridos entre el 2008 y el 2013 en el norte de Coahuila, así como
la participación u omisiones cometidas por funcionarios públicos del estado.
“En un penal deben entrar los
criminales, pero sabemos que en el Penal de Piedras Negras metían a
secuestrados, a gente inocente, y los asesinaban”, expresó Guadiana Tijerina
vía telefónica.
“Pero vemos que no hay nadie
detenido, ninguna autoridad ni estatal ni municipal ni federal, vemos que ni el
Estado ni la PGR investigan, entonces, ¿a dónde recurrir?”.
Esta semana, durante un
juicio en una Corte Federal de Texas a un líder Zeta en Piedras Negras,
testigos presentados por la Fiscalía, declararon haber ejecutado y presenciado
más de 300 asesinatos en Allende, incluidas mujeres y niños, así como
secuestro, asesinatos y desapariciones ocurridas dentro del penal de Piedras
Negras, que estuvo bajo control de los Zetas de 2009 al 2012.
“El penal de Piedras Negras
es un recinto oficial que depende del Gobierno del Estado y particularmente de
la Secretaría General de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia”,
precisó Guadiana Tijerina.
UN SOLO CLAMOR: ¡JUSTICIA!
Hay heridas tan profundas que
no se pueden ignorar y mucho menos dejar que el tiempo se encargue de diluir el
dolor que provocan. Las que sufrió Coahuila en los aciagos años en que la
delincuencia se impuso a sangre y fuego y que encuentran sus expresiones más
dramáticas en los terribles hechos de Allende y Piedras Negras, registrados
durante la Administración pasada, son de esa naturaleza.
Ningún coahuilense puede hoy
regatear los éxitos en materia de seguridad que ha logrado la presente
Administración estatal. Se viven otros tiempos, de mucha mayor tranquilidad y
paz; los excesos del hampa quedaron afortunadamente en nuestro pasado reciente
y la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, y especialmente la
decidida participación de las Fuerzas Armadas, permiten augurar aún mayores avances.
Sin embargo, queda esa herida
abierta que exige ser sanada con la única receta efectiva para ello: justicia.
Las revelaciones de testigos
en el juicio que se le sigue en la Corte de San Antonio a un exlíder de plaza
del hampa en Piedras Negras, refieren masacres indiscriminadas que enlutaron a
cientos de familias en el norte del estado. Son víctimas que merecen la mínima
satisfacción de que los hechos que agraviaron a todos los coahuilenses, a todos
los mexicanos, no queden impunes.
La actual administración
estatal se ha empeñado, con éxito, en mejorar los niveles de seguridad y
tranquilidad en la entidad. Los esfuerzos hasta el momento realizados han
rendido frutos. Queda esperar que con el mismo empeño y dedicación se resuelva
hasta sus últimas consecuencias ese episodio negro en nuestra historia.
Hoy todos los coahuilenses
estamos a prueba; sociedad y Gobierno debemos colocarlos a la altura de las
circunstancias y demostrar, cada quien en la medida de su capacidad y
responsabilidad, que apostamos por la justicia plena y a fondo en casos que hoy
se ventilan en cortes de Estados Unidos y la Internacional Penal de La Haya,
pero que, en esencia, marcaron una dolorosa etapa de nuestra vida, y aquí deben
aclararse y proceder contra los responsables.
Para avanzar plenamente, para
encarar con solvencia nuestro futuro, hay que cerrar todos los capítulos
pendientes, que nadie quede impune en los casos que hoy significan un lastre en
nuestra vida en común.
Es por la justicia, es por
Coahuila.
(ZOCALO/ AGENCIAS/ 14/07/2016 - 03:05
AM)
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