Los sicarios llegaron hasta
la colonia Arboledas de las Mitras en Santa Catarina buscando a El Semillitas.
Sabían de su fama distribuyendo droga desde huerco.
Lo encontraron en una cancha
de futbol llanero con la palomilla de estos barrios a la sombra de montañas de
piedras calizas que crecieron viendo a los cárteles reclutar a sus hermanos.
Los hacían sentir valientes con un móvil con crédito, algunas grapas de coca y
un pago semanal que el jefe de pandilla (y representante de Los Zetas) les
daba.
El Semillitas sabía quiénes
eran y comenzó a correr. Los pistoleros iban encuernados con AK-47.
Traían la orden de saldar
deudas y borrar testigos. El manguerazo de balas alcanzó rápido el cuerpo del
muchacho. Otros sicarios corrieron tras sus compañeros y los remataron. Tenían,
10, 13 y 16 años.
Las balas y la aritmética se
llevan bien cuando se trata del “reacomodo” de pandillas.
La procuraduría de Nuevo León
le dijo a los periodistas que preguntaron sobre el caso, que los grupos de
muchachos reclutados por Los Zetas y el Cártel del Golfo estaban haciendo
ajustes en su estructura.
Pero nunca aclaró que ese
“reacomodo” se orquestaba desde el penal de Topo Chico en Nuevo León.
En Nuevo León hay tres
penales importantes: Topo Chico, Cadereyta y Apodaca. Entre todos conforman una
población de alrededor de 8 mil internos.
El más saturado de los tres
ha sido Topo Chico y la administración local no tiene dinero para sostenerlo.
El gobernador El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, insistía en noviembre de
2005 en hacer negociaciones para resolver esos problemas subrogando los
servicios como ocurre en cárceles norteamericanas: una instancia privada se
hace cargo de servicios que pueden ir desde la seguridad, hasta la atención
médica.
También aseguró que ya
renegociaba con la Secretaría de Gobernación reactivar el Centro de
Readaptación Social ubicado en Mina, que quedó inconcluso en la administración
pasada (Rodrigo Medina).
Pero la idea del mandatario
podría ser una peligrosa “trampa política” por el tipo de violencia que se
cocinaba en Topo Chico.
Isabel Arraiga investigadora
de Litigación Estructural para América del Sur (www.leasur.cl) y quien cursa un
doctorado en Sociología sobre Políticas del Castigo en la Universidad de
Minnesota, afirma a Crónica que las cárceles de Nuevo León no tienen los mismos
ingredientes que las prisiones norteamericanas privatizadas.
Isabel afirma que lo primero
que debería pensar un estado que quiere renovar su política carcelaria, es
cuánta gente no debería estar dentro del sistema penal.
—Las cárceles públicas son
bolsones de pobreza pero eso no significa en ningún caso, que la solución esté
en el sector privado, indica la investigadora.
La activista defiende: “Hay
dos argumentos (trampa) que los gobernantes usan para justificar la inversión
privada: El primero es que sería una buena noticia para el Estado porque lo
liberamos de la carga de hacer la gestión del sistema penitenciario, y por lo
tanto el sector privado va a poder hacer
una gestión mucho más eficiente y creativa a un menor costo”.
LA RE-INVASIÓN ZETA.
Informes de la Procuraduría
General de la República (PGR) verificados con mandos militares establecen que
subdivisiones de Los Zetas tienen células incrustadas en los penales de Nuevo
León.
En Topo Chico destacan Sangre
Zeta y Comando Zeta. También los grupos autonombradas El Círculo y Grupo Delta
que mantienen el control de la prisión a través del pago de beneficios en sus
celdas, tráfico de drogas y extorsiones hacia el exterior.
En mayo de 2013, fuentes de
la Fuerza Civil consultadas por este reportero confirmaron que un comando de
varias camionetas de miembros de Los Zetas logró penetrar a Nuevo León en las
cercanías del municipio de Anáhuac.
No obstante el cerco que la
administración anterior implementó en la zona fronteriza con Tamaulipas, la
colonización del grupo armado volvió a hacerse evidente con alertas que
familiares de internos daban desde al interior del penal de Topo Chico.
Sabían que Comando Zeta
estaba organizando excursiones para eliminar a rivales del cártel de Golfo
incrustados en pandillas locales, principalmente en los municipios de Santa
Catarina, García (municipio que fue gobernado por El Bronco) y zonas limítrofes
de Monterrey y San Pedro Garza García.
En este último, Los Zetas
lanzaron desde el penal una cacería contra ex policías municipales que habían
sido despedidos por no aprobar los exámenes de confianza y ser aliados del
Cártel del Golfo.
El “comando” tenían el
control de Topo Chico hace más de 10 años. Las cuotas en el penal oscilaban
entre 20 y 100 mil pesos semanales para pagar protección al interior,
dependiendo el delito.
—Que no se hagan ojo de
hormiga, aquí se hacía el “Miercoloco”, traían viejas de afuera y todo estaba
permitido, dice uno de los familiares al exterior del penal, mientras intenta
subirse para pedir informes de su familiar.
La versión de otros de los
familiares que no tendrá nombre por su seguridad indica que todo fue un acuerdo
de “exterminio” que se pactó con el Cártel del Golfo para “poner orden” a una
cárcel que nunca estuvo en manos del estado.
(DOSSIER POLÍTICO/ TOMADO DE: DARÍO
DÁVILA / CRÓNICA/ 2016-02-12)
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