En
la administración de la Beca Progreso, la directora denunció a tres
funcionarios estatales de falsificaron documentos y desviaron fondos que
depositaron en sus cuentas personales. Sin investigación concluida desde la
Contraloría y la secretaría de Educación prácticamente los exoneran, pese a la
detección de delitos que se persiguen de oficio
El
Estado investiga a 3 o más funcionarios por el presunto desfalco de casi 2
millones de pesos de la Beca Progreso, recursos con los que debieron beneficiar
a los alumnos de escasos recursos de 110 escuelas ubicadas en la periferia de
Mexicali. Sin embargo, el dinero fue depositado en cuentas personales de
funcionarios panistas.
Aunque
la denuncia no fue ratificada, el subprocurador Zona Mexicali, Fernando Ramírez
Amador explicó que de la acusación “se podrían desprender algunos hechos
delictivos que serían perseguidos de oficio por la procuraduría estatal”.
Sin
embargo desde la Contraloría y el Secretaría de Educación, con una auditoría
inconclusa, los titulares Bladimiro Hernández y Mario Herrera no han tenido
problema en defender a los tres funcionarios que depositaron recursos públicos
en sus cuentas personales y desestimar la acusación penal en contra de los 3
funcionarios estatales por el delito de desvío de recursos y peculado.
Todavía
más, las cuentas públicas en las que se ejecutaron los presuntos desvíos del
año 2012 al 2014, fueron aprobadas por
el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado.
De
hecho, la Directora responsable del Fideicomiso que administra la Beca, Lucia
Margarita Villareal Camarena, quien hizo la denuncia del desvío de fondos,
había rechazado la existencia de malos manejos apenas el pasado mes de junio,
durante la Expo Beca Progreso 2015 cuando la reportera Lucia Gómez le preguntó
en Tijuana.
De
acuerdo a la papelería presentada hoy por Villareal Camarena, al menos tres
funcionarios estatales serían los responsables del quebranto patrimonial al Fideicomiso
del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno
Educativo mal llamado “Beca Progreso”
por un millón 998, 176 pesos producto de los ejercicios fiscales2012-2014 a
través desvío de cheques.
Serían
Román Ernesto Padilla Rivera quien actualmente se desempeña en la Dirección de
Participación Social y Alexander García Luna quien a pesar de no salir en el
padrón de funcionarios tendría una plaza de intendente en el Sistema Educativo
Estatal y Jesús de la Rosa Anaya.
El
involucramiento de este último le dio tintes político-partidistas a la denuncia
por tratarse del miembro de una numerosa y conocida familia de funcionarios
panistas. Su hermano Daniel es titular en la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado, Edel de la Rosa funge como Secretaria Auxiliar de Control y
Seguimiento de la Oficina del Ejecutivo, su fraterno Andrés ex diputado federal
y pre contendiente a la alcaldía de Mexicali, y David quien fuera ex Síndico
Procurador en el Ayuntamiento de Mexicali.
NO CUADRAN LOS NÚMEROS
Beca
Progreso s uno de los programas insignias de la Secretaría de Educación y
Bienestar Social dirigida por Mario Herrera Zarate.
Actualmente
el fideicomiso tiene un presupuesto de 371 millones de pesos que destina a 3
mil 041 escuelas y 326 centros de apoyo, aunque el recurso se maneja por medio
de una cuenta concentradora de Banamex mediante la cual se hacen transferencias
a una subcuenta de HSBC.
De
acuerdo al protocolo, es a las escuelas más alejadas y las de menor alumnado a
las que se les entregaba el recurso en cheque.
Y
conforme a la denuncia de Lucía Margarita Villarreal, descubrió el fraude
cuando las cifras de la Secretaría de Planeación y Finanzas no cuadraban con
las que tenía la misma dependencia estatal ya que éstas se integraban a la “Cuenta
de Nómina Especial” utilizada por diversas dependencias estatales y a la cual
ella no tenía acceso.
En
documentos entregados a ZETA se advierte como cheques tramitados por Jesús de
la Rosa aparecían en el sistema de Beca Progreso como “cancelados” mientras que
en Finanzas tenían la firma de Villareal Camarena, que ahora argumentan podría
ser falsificada.
Ante
la situación, la funcionaria pidió la relación de cheques cobrados a los bancos
obteniendo copia de 47 de ellos el 21 de septiembre del 2015, 4 estarían a
nombre de Alexander García Luna por un valor total de 79 mil 464 pesos, 11 a
nombre de Jesús de la Rosa Anaya por 228 mil 458 pesos y 32 a nombre de Román
Ernesto Padilla Rivera por un valor de 573 mil 226 pesos. ZETA tiene copia de
alguno de estos documentos.
Luego
de comprobar que fueron endosados a estos funcionarios, el 22 de septiembre de
2015 la directora del programa de la Beca, presentó una denuncia por escrito
por el “posible” delito de Peculado con Número Único de Caso 020-2015-41596 en
contra de los tres servidores y/o quienes resulten responsables.
APARATO PARA ENCUBRIR
Para
quienes desde el gobierno apoyan a
Villarreal, el poder de los De la Rosa se hizo sentir el 24 de
septiembre, 2 días después de la denuncia penal en contra de los tres
funcionarios estatales.
Porque
fue cuando Contraloría del Estado se presentó ante la oficina de Villareal para
iniciar una auditoria de “rutina”, ese día solicitaron diversos archivos que
fueron entregados a la dependencia estatal, posteriormente el 28 de septiembre
se levantó una acta circunstanciada a la funcionaria pese a que no se
encontraba en su oficina al estar en Tijuana comisionada por el titular de la
dependencia.
Ese
mismo día le entregaron un procedimiento al personal para que en un plazo de 24
horas se entregará la información, finalmente el 15 de octubre fue suspendida.
Según informó en su momento el secretario de educación a la prensa la
suspensión fue porque se negó a entregar documentación.
Según
imágenes colocadas en su perfil de Facebook, el día en cuestión, la funcionaria
estatal estuvo en Tijuana junto con el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides
para la entrega de un recurso en la escuela Jardín de Niños Citlalli, por lo
que no cuadraría la negativa de información.
Entrevistado
por ZETA el contralor Bladimiro Hernández Díaz aseguró que se trataban de dos
temas diferentes, la denuncia realizada por Villarreal y la auditoría que se
hizo en su oficina.
Incluso
aseguró que dos días después del inicio de la auditoria –el 26 de octubre– la
funcionaria presentó la denuncia administrativa contra tres servidores públicos
en su oficina.
En
un comunicado oficial enviado por la misma dependencia informó que “con fecha
del 24 de septiembre de 2015 se inició una auditoría por parte de la Dirección
de Control y Evaluación Gubernamental (DCEG), tal como consta en el acta
correspondiente”.
Sin
embargo la versión del contralor con fechas distintas, se contrapone a una
serie de documentos en poder de ZETA en los cuales se acredita que la denuncia
se presentó en su dependencia con fecha el 22 de septiembre del 2015 –mismo día
que se presentó la denuncia penal–, el cual fue sellado de recibido el 24 de
septiembre del 2015 bajo el número de expediente 0642 y folio de recibido
201507631 por la DCEG, el mismo día que se inició la auditoría “rutinaria”.
Pero
la dependencia insiste en su comunicado:
“…se
hace necesario puntualizar que se trata de dos procedimientos distintos en
torno al Programa Beca Progreso, el primero referente a la auditoría iniciada
el 24 de septiembre como parte del programa anual y el segundo que se deriva de
la denuncia presentada por la titular de dicho organismo el 26 de septiembre,
una vez que ya había iniciado la auditoría normal”.
—
¿Es común que los recursos del Estado, en este caso los cheques puedan ser
endosados a funcionarios? Se le preguntó al contralor Hernández Díaz.
“No,
hay algunas condiciones en las cuales sí podrían ser, pero en este momento no
tenemos nosotros elementos para asegurar cuáles”, respondió.
—
¿Cuáles son?
“Pues
que el servidor público hubiera registrado una cuenta y que tuviera que hacer
el depósito correspondiente por el medio electrónico, eso es inusual, en teoría
podía suceder pero nosotros la Contraloría haríamos una observación de que es
una irregularidad administrativa aun cuando se hubiera hecho buen uso del
recurso y hubiera llegado a su fin, nosotros lo observamos porque no debe de
aparecer un servidor público en su cuenta personal”, aseguró el contralor.
LA SUSPENSIÓN
La
Procuraduría General de Justicia del Estado citó a la funcionaria para
ratificar la denuncia penal el 15 de octubre del 2015 a las 10 de la mañana,
según testigos de la oficina de Villarreal, “extrañamente” la funcionaria fue citada por sus jefes ese mismo día pero a
las 9 de la mañana para notificarle la suspensión temporal.
Aseguran
el movimiento administrativo fue de “mala fe e intencional” para obstruir la
justicia, porque con la suspensión
quedaba relegada de sus funciones durante el tiempo que se realizara la
auditoria y eso le impedía legalmente realizar la ratificación de la denuncia
para la que había sido citada.
El
15 de octubre, minutos antes de iniciar la comparecencia ante el Congreso del
Estado por la glosa del segundo año de gobierno, el titular de la SEBS, Mario
Herrera Zarate afirmó a ZETA que la auditoría en mención se llevaba como parte
de un proceso administrativo regular.
Sin
embargo, en su turno, el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides aseguró ante el
pleno del Congreso que la directora de Beca Progreso había sido suspendida por
Contraloría del Estado en represalia por denunciar a los funcionarios. Dijo que
la denuncia penal no había avanzado y que la funcionaria fue suspendida sin
previo aviso y sin derecho a comparecencia.
También
acusó la injusticia de que Lucia Villareal quede fuera de la dependencia
mientras que los tres señalados del desfalco de 0.52 por ciento del presupuesto
mediante utilización indebida de recursos, continuarán laborando.
Por
su parte el secretario de Educación Mario Herrera afirmó que se trataba de un
tema de la Contraloría del Estado y mencionó que estaría al pendiente de la
presunción de inocencia y al debido proceso.
Días
después el secretario de Educación cambio de parecer, el miércoles 21 de
octubre tomó partido, así Herrera salió a la defensa de los denunciados,
advirtió que éstos no tenían contacto directo con el recurso educativo pese a
que De la Rosa fungió en ese cargo hasta noviembre del 2014.
POSIBLES DELITOS DE OFICIO
El
subprocurador Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador confirmó que la denuncia
no fue ratificada por la funcionaria debido a que no se encontraba en funciones
al ser suspendida temporalmente, pese a ello dijo que se podrían desprender
algunos hechos delictivos que serían perseguidos de oficio por la procuraduría
estatal.
Afirmó
que la denuncia fue por el endoso y falsificación de 74 cheques aunque en la
carpeta solo presentó 47 que representan 898 mil pesos y del resto ya fue
solicitado a la Comisión Nacional Bancaria.
“Señala
que hay algunos cheques que fueron reportados como cancelados, pero que si
fueron cobrados entonces obviamente necesitamos recabar todas las diligencias
para llegar a la verdad, señala ella que hay firmas falsas, pero obviamente
acaba de presentar la denuncia y estamos recopilando nombramientos, cédulas de
trabajo”, afirmó el funcionario.
En
cuanto a la Contraloría dijo que han estado en contacto y que “tienen plena
apertura y que la información que solicitemos no la van a remitir”, apuntó
Ramírez.
NIEGA GUSTAVO
El
diputado local del PAN y posible precandidato a la alcaldía de Mexicali,
Gustavo Sánchez negó “rotundamente” que existiera algún ofrecimiento de una
regiduría a la directora de “Beca Progreso” Lucia Villarreal, afirmó que aún no
ha decidido si buscará contender –como candidato a la alcaldía–, por lo que no
estaría en posición de ofrecer algún puesto a la funcionaria.
Esto
en relación a lo publicado en de
diversos medios de comunicación que señalan la denuncia hecha por Villarreal
como un movimiento, un golpe político dirigido por Sánchez en contra de Andrés
de la Rosa –hermano de Jesús–, para provocar que éste desista de participar en
la contienda interna en busca de ser candidato del PAN a la alcaldía de
Mexicali.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ CRISTIAN TORRES CRUZ / FOTOS. CRISTIAN TORRES/ 26 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS 12:00:50)
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