Entre
el último informe de gobierno de Enrique Peña Nieto rendido ante sus amigos o
comparsas el uno de septiembre de 2014 y este nuevo informe que también será
rendido solo para los que le aplauden, hay un infierno.
Infierno
no para los verdaderos responsables del ataque contra estudiantes de la Escuela
Normal Rural Isidro Burgos, en el cual resultaron tres estudiantes muertos y 43
desaparecidos, ocurrido el 26 de septiembre de 2014. Infierno no para Peña Nieto “exonerado” por
él mismo de conflictos de intereses por el caso de la llamada “Casa Blanca” en
Las Lomas, Ciudad de México, construida por el empresario Armando Hinojosa, la
cual está a nombre de su esposa Angélica Rivera, cuyo caso fue revelado por el
equipo de la periodista Carmen Aristegui en noviembre de 2014. Tampoco para el
señor Luis Videgaray, Secretario de Hacienda,
quien también fue favorecido por el mismo empresario para hacerse de una
mansión en un lujoso club de golf en Malinalco, Estado de México, por la
cantidad de 7.5 millones de pesos, según reveló el periódico Wall Street
Journal, en diciembre de 2014.
Infierno
no para los policías federales que torturaron y mataron con saña a 42 supuestos
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho El Sol, en
Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015. Ni para quienes desde la Secretaría
de Gobernación, con todo cinismo, dejaron salir a Joaquín Guzmán Loera, el
Chapo de la prisión de máxima seguridad conocida como “El Altiplano”, el pasado
21 de julio.
Para
los autores de todos esos hechos todo va bien. El infierno sólo ha sido para el
resto de la población.
¿Qué
cuentas rendirá Peña Nieto ante sus invitados especiales este próximo 1 de
septiembre, cuando lo único que ha administrado en este último año es el
desastre? Veamos.
Peña
Nieto dirá que en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa los principales
responsables están en la cárcel y se ha hecho justicia. La realidad es otra. De
acuerdo con meses de investigación he tenido acceso a documentos, videos y
testimonios que prueban que esa noche no hubo un operativo aislado y unilateral
de la policía municipal de Iguala, sino que hubo todo un operativo de Estado
organizado por el gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre, compadre
de Peña Nieto, por la Policía Federal y por el Ejército, todos coordinados
desde el C4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando). La autoridad menor de esa terrible noche fue
el gobierno municipal.
Aunque
el defenestrado alcalde José Luis Abarca está en prisión, el gobierno federal no
ha logrado acusarlo por el caso de los estudiantes. Según la información de las
seis causas penales abiertas contra Abarca y su esposa María de los Ángeles
Pineda Villa, hasta ahora ningún juez ha dictado una orden de aprehensión en su
contra por ese asunto, y ellos permanecen detenidos por un supuesto crimen
ordenado por él contra integrantes del PRD en 2013, y contra su esposa por
supuestos nexos con el crimen organizado. Los policías estatales,
ministeriales, militares y federales que esa noche de perros cazaron a los
estudiantes, siguen libres e impunes.
En
el caso de la “Casa Blanca” el presidente dirá que su empleado Virgilio
Andrade, Secretario de la Función Pública (SFP), en una investigación
“independiente”, descubrió que no hubo ningún conflicto de interés y que la
compra de la residencia, por más de 70 millones de pesos de su esposa, fue
correcta.
La
verdad es que no hubo ninguna investigación, ni siquiera simulada. En el
documento de cientos de fojas subido a internet por la Secretaría de la Función
Pública sobre el contenido de su investigación, ni siquiera fue incluido el
reportaje hecho por el equipo de periodistas de Carmen Aristegui y se omitieron
todas las pruebas y testimonios contenidos en ese trabajo periodístico, que fue
el origen del escándalo.
Según
esos documentos a Peña Nieto se le hizo un “intenso” interrogatorio sobre el
caso consistente en dos preguntas, ninguna relacionada a su relación de amistad
con Hinojosa y a los miles de millones de pesos en contratos que siendo gobernador
del Estado de México dio al empresario, ni tampoco relacionada con su
participación directa en la toma de decisiones en la construcción de la casa en
la que él y su esposa vivieron antes de mudarse a Los Pinos.
La
investigación sobre el conflicto de interés de Videgaray y su casa en Malinalco fue tan “exhaustiva”
como la que se le hizo al presidente. Andrade omitió señalar que la operación
de la compra de la casa cuya poca ventajosa operación no generó ninguna ganancia
al empresario Hinojosa, fue concluida cuando ya era Secretario de Hacienda,
según dio a conocer el jueves pasado la agencia Bloomberg, aunque en su
exoneración la SFP había dicho que toda la adquisición se hizo antes de que
fuera titular de la SHCP y beneficiara a Hinojosa con muchos jugosos contratos.
Respecto
al caso de Tanhuato, Peña Nieto dirá que la Policía Federal actuó con apego a
la legalidad, basándose en un informe parcial rendido por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Michoacán, ventajosamente días previos al informe
presidencial. Lo que no se dirá es que según señalan fuentes vinculadas al
Ejército, cuando los militares llegaron al rancho después del operativo de la
PF, vieron los abusos cometidos, excesivos incluso para ellos. Fueron militares quienes tomaron las fotos
que comenzaron a circular por redes sociales, gracias a las cuales pudo
conocerse que la PF alteró la escena del crimen y sembraron armas a quienes
fueron asesinados desarmados.
Sobre
la salida del Chapo del penal de máxima seguridad “El Altiplano”, Peña Nieto
dirá que ha ordenado una investigación profunda, casi tanto como la que hizo la
SFP sobre su casa, y que dará con los responsables “caiga quien caiga”. Pero no
presentará ante la porra que estará presente en su informe el video con audio
en el que se ve como Guzmán Loera se esfumó de la prisión acompañado del sonido
de una televisión, que según el reglamento interno del penal no debía tener ni
bocinas, y los fuertes golpes de metal contra el concreto ante los ojos y oídos
de los elementos del CISEN y la Policía Federal que tenían la responsabilidad
de vigilarlo. Tampoco explicará que su
gobierno mostró el video sin audio a la sociedad para ocultar la complicidad
de su gobierno al más alto nivel y no
sólo tres empleados de menor jerarquía, que son los únicos detenidos hasta
ahora.
El
1 de septiembre, cuando Peña Nieto rinda su tercer informe de gobierno, los que
no fueron invitados también estarán ahí presentes como una losa sobre su
ominosa y acicalada figura: todas las víctimas de la corrupción y los crímenes
de su gobierno. Apenas van tres años y
faltan tres más.
(RIODOCE/
Anabel Hernández / 30 agosto, 2015)
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