MERCADEA ISEA CERTIFICADOS DE PREPA ABIERTA

Otro escándalo del Nuevo Sonora

Conrado Rivera Durazo,  ex trabajador del Instituto Sonorense de Educación para Adultos pide se investigue presuntos negocios turbios con exámenes y expedición de certificados de bachillerato en sistema abierto; la denuncia, que ya analiza la Secretaria de la Contraloría estatal  involucra al Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión, sección Hermosillo, que dirige José Cruz Victorín,  al ser ubicado como uno de los beneficiarios del actuar de una red dedicada a lucrar con la venta de guías de estudio que garantizan la obtención de certificado de educación media superior abierta en tan solo dos meses.

 

Una red de tráfico de influencias tejida por hilos que llevan a una ilegal compra- venta sobre pedido de certificados de bachillerato en sistema abierto, y en la que estarían involucrados altos directivos del Instituto Sonorense de Educación para Adultos de Sonora, ISEA,  organismos  privados, civiles y gremiales, fue hecho del conocimiento de la Secretaría de la Contraloría Estatal por un ex trabajador de esta institución.

Se trata del ciudadano Conrado Rivera Durazo, quien, desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2014, laboró en el área administrativa de la coordinación de preparatoria abierta del ISEA, tiempo suficiente, según asegura, para  descubrir una red de tráfico de influencias  al interior y exterior del Instituto, donde aparentemente se estarían expidiendo certificados de bachillerato abierto sin cumplir con la normatividad del sistema de educación para adultos en su modalidad abierta que debe regir en todo México, peor aún, a cambio de aportaciones económicas de los beneficiarios.

Rivera dice haber aglutinado pruebas contundentes y evidencias  sobre actos al margen de la ley en el ISEA a lo largo de los años que laboró, antes de ser despedido en septiembre del año pasado, cuando fue señalado como quien pretendería poner al descubierto las anomalías en la acreditación de materias, presentación de exámenes extra ordinarios y expedición de certificados de estudios sin el sustento académico y normativo que debe seguir a ese proceder.

Tales documentos, acompañados de eventuales pruebas que sustentan su denuncia, fueron presentados por el ex trabajador del ISEA ante la Secretaría de la Contraloría Estatal, con atención directa a su titular, Guadalupe Ruiz Durazo, quien  instruyó a la directora General de Órganos de Control y Vigilancia María Trinidad Leyva Candelas atendiera personalmente al quejoso,  comprometiéndose esta funcionaria, ante la presencia de este medio, de llegar hasta las últimas consecuencias sobre los señalamientos, una vez analizados los elementos y admitidas las pruebas y poder tipificarse como denuncia formal.

En su informe a la autoridad, el  recurrente demanda una investigación a fondo sobre el proceder de tres altos funcionarios del ISEA como responsables directos,  así como organizaciones privadas y gremiales que pudieran estar coludidas en esta presunta red de tráfico de influencias que desde el Instituto ha permeado en varios sectores de la sociedad, al menos en los últimos cinco años.

En la denuncia por escrito, cuya copia obtuvo Dossier Político, el ex trabajador del ISEA señala como presunto cabeza de la red de tráfico de certificados  al propio Director General del Instituto en mención, Eduardo Romero Campa, al Director de Servicios Educativos, Halamán Santos Márquez y al Coordinador de Preparatoria Abierta de la misma entidad pública, Ángel Armando Maytorena Hernández.

Otros señalados son algunos organismos civiles, escuelas privadas intermediarias y sindicatos, entre los que sobresale, el Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión, sección Hermosillo, que dirige José Cruz Victorín y los que resulten responsables, de una presunta colusión para lucrar con la expedición de certificados de preparatoria abierta, tan solo en Hermosillo, sin descartar que su campo de acción alcance otras regiones del estado y del país.

PREPA ABIERTA, TIANGUIS DEL “ACORDEÓN”

Conrado Rivera fue entrevistado por Dossier sobre su denuncia de presunto tráfico de certificados de preparatoria y sobre la denuncia al respecto presentada y recibida por la Contraloría Estatal de sus propias manos y por propia voluntad.

Y es insistente al ventilar que por instrucciones y decisión del director general del ISEA, Eduardo Romero Campa,  a través de dos de sus más allegados colaboradores,  cientos de adultos alumnos se han hecho acreedores a certificados de bachillerato abierto sin mérito escolar alguno o aprovechamiento real de conocimientos básicos en educación media superior.

No son pocos y  principalmente  se incluye en la larga lista a recomendados de funcionarios estatales y municipales, o liderazgos afines al grupo político del titular, o organizamos de la sociedad civil o gremiales que han convenido con el Instituto y actuar como padrinos de alumnos que solo tienen cursada hasta la secundaria.

El denunciante puso a disposición de la Contraloría Estatal los indicios de corrupción en el ISSEA, en donde miles de alumnos de bachillerato abierto, previa “aportación voluntaria”  de cien pesos por concepto de pago de una “guia de estudio” por cada examen presentado,  se han hecho acreedores al certificado de preparatoria en un tiempo récord de dos meses,  tiempo en el cual el alumno habría presentado y aprobado un total de 33 exámenes, es decir, un promedio de un examen cada dos días.

“Las irregularidades consisten en que, previo acuerdo económico pactado, (cien pesos de cada guia de estudios correspondiente a cada uno de los 33 exámenes) el estudiante obtiene en dos meses el certificado. Es decir, con las 33 guia de estudio que le venden en cien pesos cada una, le garantizan y ayudan a acreditar esas 33 materias del plan de estudios, además de un alto promedio en sus calificaciones, que en circunstancias normales no alcanzaría”, relata Rivera Durazo a la Contraloría.

Dijo que esta anomalía inicio a mediados del 2012, cuando la coordinación de preparatoria abierta del ISEA, por instrucciones del director general y sin el aval de las autoridades federales del sistema abierto, elaboró, editó y puso a la venta, un material que le denominaron ‘Guia de Estudio para Asesorías’, que para el denunciante no es otra cosa que un “acordeón”, a disposición de  quien acceda a pagar los cien pesos por cada examen que quiera presentar.

En las cuentas e informes financieros del ISEA no aparecen por ningún lado los ingresos por concepto de pago de Guía de Estudio para Asesoría, aunque si se muestran en su portal los listados de miles de alumnos que han obtenido su certificado de estudios, mediante la acreditación de exámenes extraordinarios y ordinarios.

Al respecto, la normatividad del ISEA establece que todo alumno del sistema de bachillerato abierto podrá solicitar como máximo se le apliquen ocho exámenes cada mes, distribuidos en cuatro cada quince días, si estos son del tipo evaluación ordinaria.

En caso de exámenes considerados extraordinarios,  para acceder a ellos el alumno deberá tener acreditadas al menos 20 materias de las 33 que contemplan el plan de estudios, y las evaluaciones se realizarán una cada semana, es decir, para pasar las trece materias restantes requerirá el alumno presentar no más de cuatro pruebas de conocimiento al mes.

Sin embargo,  esto no sucede en el ISEA Sonora y la gran mayoría de alumnos que adquieren su certificado y que formen parte de la lista que presenta alguna organización que ha signado convenio de colaboración con el Instituto,  logra cursar las 33 materias en tan solo dos meses con calificaciones que van del siete al diez de promedio, siempre y cuando adquieran la Guía de Estudio para Asesorías”, cuyo costo es de cien pesos por cada examen presentado.

Al son del “acordeón”, bailan de cachetito el STIRT y el ISEA

Como una muestra que asoma a las múltiples anomalías en el ISEA, Conrado Rivera Durazo, presenta ante la Contraloría Estatal una relación de alumnos que supuestamente son trabajadores adheridos al Sindicato de la Radio y la Televisión, sección Hermosillo, donde a estos días, al menos unos doscientos habrían obtenido su certificado de preparatoria abierta en el insólito lapso de dos meses, acreditando en dicho lapso 33 exámenes extraordinarios, no solo satisfactoriamente, sino obteniendo calificaciones de ocho puntos en promedio.

No solo eso, el denunciante asegura que ha sabido de manera extra oficial, que algunos alumnos y supuestos trabajadores habrían pagado al sindicato mencionado entre seis y ocho mil pesos por la obtención de su certificado de preparatoria, al margen de tener que cubrir al ISEA el pago de cien pesos por cada una de las 33 guías de estudio para asesoría que corresponden a cada examen presentado para liberar el documento que los acredita como haber cursado el bachillerato abierto “satisfactoriamente”.

Es por ello, que el señor Rivera Durazo está demandando a la Secretaría de la Contraloría que investigue si los alumnos beneficiados con certificado de preparatoria mediante convenio entre el ISEA y el STIRT, corresponde efectivamente a trabajadores de la industria radiofónica y televisiva de Hermosillo y si estos efectuaron un pago monetario, ya sea al gremio que los apadrino o al ISEA.

De resultar haber pagado alguna cantidad, se demanda que el caso sea turnado al Ministerio Público para proceder penalmente por una probable comisión de delitos contra la administración pública y el patrimonio de los beneficiados en contra del dirigente sindical, Jose Cruz Victorín y el director del ISEA, Roberto Romero Campa y sus subalternos con cargos directivos.

El denunciante recordó que en febrero del 2013 el dirigente del STIRT, José Cruz Victorin y el Director del ISEA en Sonora, Roberto Romero Campa signaron un convenio para ofrecer la preparatoria abierta, originalmente, a un grupo de cincuenta afiliados al gremio; pero al ver los signantes que el programa resulto “todo un éxito”, pronto el universo se amplió a cien trabajadores beneficiados con la acción colaborativa.

Este fenómeno, para Rivera Durazo no es otra cosa que en “una vil muestra de las ambiciones personales y desmedido acto de lucro y deshonestidad por parte de Jose Cruz Victorin y Roberto Romero, quienes han visto la educación abierta como una beta rica de explotar para los negocios sucios que dejan millones de pesos en las cuentas de estos personajes, sin que rindan cuentas a nadie, ni nadie se las exija”.

El caso es que, pasado el tiempo, a estos días que corren no menos de doscientos “sindicalizados” tan solo de la sección Hermosillo han obtenido su certificado de bachillerato abierto.

“Todo se ha realizado con el mismo procedimiento, lo que confirma y refuerza la sospecha de actos de corrupción y tráfico de influencia. Un número no determinado pero si comprobado no son trabajadores de  la radio o televisión en Hermosillo. Unos son trabajadores de dependencias del gobierno del estado, reconocidos militantes y activistas del partido en el gobierno, algunos más familiares  o amigos de trabajadores o personas trianguladas por funcionarios de los órdenes de gobierno estatal o municipal en turno.

Se habla de que por cada certificado expedido, la persona beneficiaria debe cumplir con un aportación que no está determinada con precisión, pero que fluctúa entre los seis mil y ocho mil pesos”, concluye Rivera Durazo.

(DOSSIER POLITICO/ Fernando Gutiérrez R. / 2015-07-07)