Hugo Cuellar Hurtado y coindiciados por
el gobierno norteamericano reciben suspensión provisional para no ser detenidos
o arraigados
Ante el Juzgado Segundo de Distrito de
Amparo en Materia Penal de Guadalajara los presuntos prestanombres del
narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, sancionados
financieramente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, promovieron
un amparo en contra de una posible privación de la libertad.
El colombiano naturalizado mexicano Hugo
Cuellar Hurtado, su hija Jenny Jhoanna Cuellar Silva y Margarita Miramontes
Gutiérrez solicitaron la protección del juez federal en contra de actos del
procurador general de la República y otras autoridades.
Los quejosos temen que se dicten en su
contra órdenes de presentación, citación, detención provisional con fines de
extradición, arraigo o inmovilización de bienes de su propiedad e intervención
de sus medios de comunicación y su ejecución material.
Cuellar Hurtado presentó la demanda de
amparo por su propio derecho y además en representación de la sociedad
mercantil cooperativa Avestruz Cuemir S.C. de R.L. de C.V., establecida en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga y favorecida en años recientes con apoyos agropecuarios
de parte del Gobierno Federal.
Al iniciarse el juicio de garantías
298/2014, la juez Fabiola Moreno Pérez concedió la suspensión provisional
respecto de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan
en el estado que actualmente guardan y los quejosos no sean privados de su
libertad personal.
A cada uno de los firmantes de la
demanda de amparo se les fijó una garantía de 50 mil pesos que deberán exhibir
dentro del término de cinco días con el fin de que surta efectos la medida
cautelar que les fue otorgada.
Los antes mencionados fueron señalados
como miembros del Cártel de Sinaloa y colaboradores de Juan José Esparragoza,
quienes establecieron diversas empresas en México y Colombia con la finalidad
de realizar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, según
la Oficina de Control de Activos del gobierno norteamericano. En México aún se
desconoce si existan acciones legales en su contra.
(SEMANARIO ZETA/ Redacción/ 03 de Marzo
2014)
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