Los
hombres de negocios que incurrieron en lavado de dinero,
triangulaciones y delitos fiscales y financieros para asegurarse de que
el beneficiario de sus apuestas, Enrique Peña Nieto, llegara a la
Presidencia de la República, se encuentran muy atareados: Ahora tramitan
amparos contra los actos que deriven de las investigaciones del SAT, la
CNB y la PGR en torno al llamado Monexgate.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Personajes presuntamente involucrados en lavado de dinero y
en delitos fiscales y financieros relacionados con el Monexgate que
llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República promueven
una serie de amparos para impedir que continúen las investigaciones en
su contra.
Los recursos presentados han sido interpuestos contra
actos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía de Delitos Fiscales y
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) de la PGR.
La pasada administración federal,
encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, identificó a varias empresas
“virtuales” y a otras de fachada que venden comprobantes fiscales a
personas físicas y morales para que realicen deducciones fraudulentas
ante el SAT, de acuerdo con un reporte publicado por el diario Reforma
el 11 de diciembre.
Algunos de los nombres revelados aparecieron
en la investigación que la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal
Electoral realizó sobre el llamado caso Monexgate. Dicho organismo
respaldaba con documentos la denuncia del PAN y el Movimiento
Progresista, los que en junio, julio y agosto de 2012 fueron revelando
varios nombres de empresas que conformaron el entramado financiero del
PRI y su entonces candidato presidencial.
Pero también se dio a
conocer que una de las compañías que participaron en el Monexgate, el
Grupo Comercializador Cónclave, S.A. de C.V., lo mismo ofreció sus
servicios a Caminos y Puentes Federales (Capufe) el 16 de diciembre de
2010 que al PRI en 2011, cuando pasó a formar parte de sus proveedores.
Uno
de los dueños de dicha empresa, César González Rodríguez, también es
socio de Servicios y Desarrollo Akropolis, otra de las que presuntamente
intervino en el entramado Monexgate aportando 1.4 millones de pesos a
la firma Inizzio, según se desprende de los registros públicos de ambas.
Como
se recordará, ante las evidencias aportadas, el 24 de julio de 2012 el
PRI aceptó haber recurrido a los monederos Monex para la campaña
presidencial, aunque rechazó utilizar la ilegal triangulación de
recursos. Se justificó alegando que Akropolis contrató a Alkino que, a
su vez, pidió los servicios de Atama, la cual, “por falta de recursos”,
contrató a Inizzio para que la financiara.
El PAN había denunciado
el empleo de tarjetas Monex por parte del PRI, y semanas más tarde
Andrés Manuel López Obrador destapó los nombres de Inizzio y Efra como
adquirentes de las tarjetas. Esta última firma es propiedad de la
familia Fraga, reconocida como militante priista.
Tanto Inizzio
como Atama y Diseños Artísticos Industriales, presuntamente involucradas
en el Monexgate, tienen como apoderado a Alejandro Jaén Pérez
Lizárraga. Éste es el nombre falso con el que José Luis Lozada Neyra
opera en sus más de 30 empresas, de acuerdo con información dada a
conocer por Proceso, medio al que algunos colaboradores de él –quienes
pidieron el anonimato por temor a represalias– declararon que dichas
firmas las utiliza para la venta de facturas “a todos los partidos, no
sólo al PRI”.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1941 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
/15 de enero de 2014)
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