San Diego— El proceso penal contra Serafín Zambada, hijo del
narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, empieza a complicarse.
Nuevamente la audiencia que estaba programada para este viernes, fue
aplazada para el 5 de febrero ante una revelación: la DEA intervino en
unas 100 ocasiones en llamadas telefónicas como parte de la
investigación en su contra.
El expediente 13CR3575-DMS, en poder de El Universal, revela que la
agencia antidrogas de Estados Unidos interceptó llamadas telefónicas de
unos 30 números, ligadas a la investigación contra Serafín Zambada.
La defensa de Zambada interpuso una nueva petición para dar
oportunidad de desahogar las pruebas a favor del joven, que apenas
alcanza los 23 años y fue detenido por conspiración para importar 500
gramos de metanfetaminas y cinco kilogramos de cocaína.
Explica que aunque la acusación de Serafín Zambada fue desclasificada
el 27 de noviembre de 2013, cuando el “señor Zambada Ortiz fue
procesado”, el descubrimiento de pruebas contra el narcotraficante aún
no ha sido revelado.
Asegura que el gobierno de Estados Unidos sólo ha presentado un aviso
indicando que el caso de Zambada se relaciona con el expediente
12-CR-4711-DMS.
Según esta acusación, los cómplices de Zambada serían Daniel
Madrigal; Carlos Flores; Arturo Chávez, Jr.; Ubaldo López; Roberto Luis
Ochoa; Irvine Rodríguez; José Miguel García; José Parra Martín del Campo
y otros ciudadanos estadounidenses de nombre James Lawrence Snowden y
Craig McGruder.
Documentos de la corte revelan que se les acusa de participar en la
distribución de metanfetaminas y cocaína, pero varios de ellos ya se
encuentran en libertad condicional. La Fiscalía del Distrito Sur de
California investiga a Zambada y los demás desde el 16 de noviembre de
2012; desde entonces, se han registrado 183 peticiones y movimientos en
el caso.
En la nueva petición, los abogados de Serafín Zambada, Michael
McDonnel, Saji Vetiyil y Roberto C. Montiel, exponen que su cliente
exige que el gobierno de Estados Unidos revele “toda la evidencia
favorable o desfavorables que afecte la determinación final de la culpa o
el castigo en su contra”.
También exige dé a conocer las copias de las declaraciones escritas o
grabadas y los interrogatorios, así como el material fotográfico de
audio o video captado por agentes del gobierno de Estados Unidos y
pruebas recabadas por las entidades que tienen intercambios de
cooperación y que puedan ser utilizadas en su contra.
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