La semana pasada un grupo de comuneros que tuvo su origen en el ejido
Higueras de Sanalona, tomó las oficinas de la Semarnat para exigir el
cumplimiento de un decreto presidencial expedido en 1948. Sí, en 1948,
es decir, hace 65 años. Parece un chiste pero no lo es.
De acuerdo al decreto del entonces presidente Miguel Alemán Valdés,
que buscaba crear las condiciones legales y sociales para la
construcción de la presa Sanalona, los comuneros que resultarían
afectados por la obra debían ser compensados con 862 hectáreas y la
construcción de 43 casas habitación en el predio La Palma, de Navolato,
además de servicios públicos básicos, el pago de bienes como árboles
frutales, cercas etc.
Pero de acuerdo a los ejidatarios, la federación no les cumplió. Se
construyeron y entregaron las casas, se les pagaron algunos bienes, pero
no se les entregó la totalidad de las tierras con que serían
compensados.
Al menos eso es lo que alegan y por lo cual sostienen una vieja lucha
en los tribunales. En 2008 el asunto llegó a la cámara de Diputados y
ésta emitió un exhorto a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para
que saldara esta cuenta con los comuneros. Otro antecedente, ahora
legal, es que el Juez Tercero de Distrito con sede en Culiacán, otorgó
un amparo a los quejosos bajo el expediente 833-2009.
En eso está el litigio. La CONAGUA, según dijo a Ríodoce el delegado
de Semarnat, alega haber cumplido a cabalidad los compromisos del
decreto presidencial, pero los ejidatarios dicen que no. Lo cierto es
que películas como esta estamos viendo siempre que una gran obra se hace
sobre propiedades ejidales. Nunca el Estado deja conformes a los
afectados porque nunca el espíritu de un decreto se cumple por aquellos
que tienen la obligación de operar los mecanismos para hacerlo y, por el
contrario, siempre estarán en primera fila aquellos que aprovecharán la
situación —incluyendo a líderes vivales— para llevar dinero a sus
bolsillos.
En Sinaloa sobran referencias en ese sentido, donde el despojo del
patrimonio de los más jodidos es el sello de la casa. Picachos, la
Carretera Mazatlán Durango, el Libramiento III de Mazatlán, son algunos
de estos casos, casi todos salpicados por el abuso del poder a través de
la fuerza pública, como fue el caso de los seis comuneros de Villa
Unión, Chicuras y San Francisquito, pertenecientes a Mazatlán, que
fueron detenidos por policías ministeriales de Culiacán el 6 de julio
del año pasado, acusados de obstrucción de las vías de comunicación. Con
el agravante de que la mayoría eran ancianos.
No se diga más del caso
de Picachos, donde los comuneros nunca fueron liquidados de acuerdo a lo
pactado con el Gobierno, y encima de esto una y otra vez fueron
reprimidos hasta porque pretendían hacer una parodia del gobernador en
un Carnaval de Mazatlán.
Pero si se trata de una obra de la CFE es igual. Pasó con comuneros
de San Miguel del Carrizal, Concordia, cuando protestaron por lo fraudes
de que fueron víctimas por una red de corrupción que salía de la propia
dependencia federal, pasaba por despachos de abogados y se internaba a
los juzgados, afectando tanto el patrimonio de los ejidatarios como de
la nación, pues la misma CFE fue esquilmada.
Un caso vivo —la mayoría de los casos están vigentes, véase si no con
el de los ejidatarios de Sanalona después de 65 años— es el de los
campesinos del ejido Potrero de Cancio, en Choix, donde 12 de los
comuneros están presos por enfrentar a la compañía minera Paradox y el
empeño del gobernador, Mario López Valdez, de defender hasta la
ignominia la causa empresarial aunque sabe que legalmente no tiene la
razón.
Todos los niveles de Gobierno, cuando se trata de obras “magnas”, de
inversiones extranjeras o de vías de comunicación cuya necesidad nadie
niega nunca, actúan con el mismo criterio de “defender” por encima de
todo “el desarrollo” a costa, muchas veces, hasta de la vida de los
afectados. Ejemplos sobran.
Bola y cadena
CÓMO CREER EN LA JUSTICIA si, por ejemplo, en el caso de Paradox, el
despacho legal que defiende a la empresa es “Higuera Gómez y Asociados”,
a través del abogado Jonathan Gutiérrez Palomares, quien forma parte
del mismo. Sí, el despacho del procurador de justicia, ni más ni menos. O
cuando un empresario denuncia al hijo del procurador y antes de una
semana le queman el negocio.
Sentido contrario
BUENA LA DENUNCIA de la Auditoría Superior de la Federación por el
presunto desvío de recursos del Seguro Popular. Aunque por la descomunal
corrupción que existe en la Secretaría de Salud que regentea a su
antojo el doctor Ernesto Echeverría, esto debe ser solo el principio de
una investigación que debiera poner a varios en la cárcel.
Humo negro
POR RAZONES MIL habíamos considerado a la LX legislatura como una de
las peores en la historia moderna de Sinaloa, curiosamente bajo un
“Gobierno del cambio” y cuando se esperaba que actuara como verdadero
contrapeso del poder Ejecutivo. Pero lo que en las primeras semanas de
su gestión ha mostrado la actual legislatura nos hace pensar que podría
ser peor. Lástima por Sinaloa.
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