La
policía secreta renació: civiles infiltrados y golpeadores –que suelen
usar chamarras azules– han actuado violentamente el 1 de mayo, el 10 de
junio, el 13 de septiembre y el 2 de octubre pasados. Son la muestra más
burda de una ilegal escalada represiva contra los movimientos sociales,
que incluye acoso en domicilios, detenciones “preventivas”, utilización
de ambulancias como patrullas y empleo de instituciones conciliatorias
como aparatos parapoliciacos. En esta andanada la acusación contra
grupos “anarquistas” despierta más sospechas que certezas.
El
1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la
Presidencia de la República, se inició una escalada represiva contra las
protestas sociales que, operada por el Gobierno del Distrito Federal
(GDF), se vale del encubrimiento, la provocación, la brutalidad
policiaca y la aparición de un grupo de civiles violentos no
identificados.
Policías y encapuchados han embestido contra
manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o transeúntes
sin relación con el movimiento social.
Las agresiones fueron
documentadas y denunciadas, pero han quedado impunes. Fue el pasado
miércoles 2 cuando se resumió todo lo que a lo largo de 2013 han
señalado grupos que se asumen perseguidos por el gobierno capitalino:
presuntos policías vestidos de civil que se infiltran en manifestaciones
y las violentan, usan uniformes y ambulancias para pasar inadvertidos;
encapsulamiento de granaderos a manifestantes, quienes sufren golpizas y
detenciones arbitrarias.
La lista se amplía: policías y
funcionarios capitalinos que hacen registro fotográfico de
manifestantes, revisiones selectivas en el Metro y unidades de
transporte público, acoso domiciliario y “detenciones hormiga” bajo
cualquier pretexto previo a las marchas: así pasó el miércoles 2, cuando
se les fincaron cargos por delitos contra la salud (narco) a cuatro
jóvenes, presuntamente torturados.
A través del registro que
víctimas, activistas y periodistas han realizado en medios tradicionales
y en redes sociales, así como de imágenes obtenidas por Proceso, fue
posible documentar nueve episodios de alta violencia en 2013. De esos,
al menos cuatro implicaron la participación de civiles infiltrados como
grupo de choque. Algo parecido a lo que pasó el 10 de junio de 1971, El
Halconazo.
Hasta ahora, el gobierno no ha asumido la responsabilidad por la violación de garantías.
(Fragmento del texto que se publica en Proceso 1927, ya en circulación)
/7 de octubre de 2013)
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