Primero fue motivo de broma dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuando el periódico británico “The Guardian” reveló en junio pasado que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA por su acrónimo en inglés, había espiado a varios líderes durante la reunión del G-20 en Londres en 2009, se asumían indignados, no porque las comunicaciones del entonces presidente Felipe Calderón hubieran sido monitoreadas, sino porque no lo fueran. Pero cuando la cadena brasileña O Globo divulgó hace tres semanas que también a Peña Nieto lo habían espiado, las cosas cambiaron. La sonrisa se convirtió en impotencia, y con el paso de las críticas en la prensa sobre la tibieza de la respuesta mexicana, molestia.
La cancillería mexicana llamó al embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, para entregarle una nota diplomática donde pedían explicaciones, que al estar de vacaciones en Londres recibió la ministra consejera, Laura F. Dogu, de manos del subsecretario de Relaciones Exteriores, Sergio Alcocer. Funcionarios estadounidenses explicaron por separado en Washington a Alcocer y a Eugenio Ímaz, director del CISEN, que no era ilegal el espionaje porque sólo se había monitoreado la metadata de las comunicaciones de Peña Nieto, sin que los programas intrusivos de la NSA robaran sus contenidos. Aun así, durante la reunión del G-8 en Irlanda del Norte a principios de mes, el presidente Barack Obama le aseguró a Peña Nieto que investigarían si se había violado la ley.
El espionaje, contra el deseo de sus gobiernos, escaló en la opinión pública. Los dos buscaron que la agenda bilateral no fuera dominada por ese diferendo, y eliminaron el tema de la reunión del Grupo de Alto Nivel la semana pasada en México. Sin embargo, el asunto sí fue tratado por el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en una reunión con el presidente Peña Nieto. Biden, confidente de Obama en política exterior y un canal de comunicación directo con la Oficina Oval en la Casa Blanca, expresó a Peña Nieto lo avergonzado que se encontraba su gobierno, y le explicó que el espionaje a líderes del mundo era herencia de la Administración Bush, que lo inició con autorización del Congreso tras los atentados terroristas en su país en 2001. La investigación seguirá su curso, y demorará varios meses que nadie aún puede determinar.
El gobierno de Obama percibe ese el espionaje como legal, gracias a un fallo de la Suprema Corte de Justicia en 1979 que sostiene que los récords telefónicos no son protegidos por la Cuarta Enmienda, que prohíbe búsquedas y decomisos “irrazonables”, y que requiere de una orden judicial respaldada por una “causa probable”. Bajo ese marco actuó la NSA para interceptar comunicaciones electrónicas de extranjeros dentro y fuera de Estados Unidos, mediante un programa de recolección de metadata.
Funcionarios mexicanos afirman que no es lo mismo recolectar metadata –la acumulación de contenidos interceptados electrónicamente–, que contenidos, como sucedió con los teléfonos celulares de Peña Nieto y de varios de sus más cercanos colaboradores durante la campaña presidencial el año pasado. La postura mexicana coincide con la de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por su acrónimo en inglés, que ha cuestionado el fallo de la Corte. Ed Fellen, profesor de computación de la Universidad de Princeton, que declaró a favor de la ACLU en su caso, afirma que no siempre es clara la distinción entre “contenidos” y “metadatas”.
El diario “The Washington Post”, que socializó esta discusión, señala que el simple hecho de llamar a alguien en particular revela información personal sensitiva. En un artículo en agosto, ejemplificó con los patrones de llamadas que pueden hablar mucho de la persona cuyas comunicaciones están interceptadas. En el caso de Peña Nieto, la intercepción fue más allá. Al mostrar el mapa del espionaje en América Latina, O Globo mencionó que se escucharon conversaciones del candidato sobre su idea para un eventual gabinete, con lo cual se trasciende la mera intercepción de metadata al aportar a la NSA información de alto valor estratégico sobre quien encabezaba las preferencias presidenciales.
El gobierno mexicano se encuentra en la trinchera de quienes defienden en Estados Unidos las libertades civiles. Según funcionarios mexicanos, en la Administración Obama hay un lamento real de lo que sucedió con México. Cuando Wayne acudió a la cancillería, dijo sentían lo sucedido. Biden le dijo a Peña Nieto, “we are very very sorry” (“estamos muy muy apenados). Las palabras no serán suficientes para cambiar la percepción en México que su gobierno, en comparación con el también espiado brasileño, ha sido tímido en la protesta. El Presidente necesitará de algo más que una disculpa sentida en privado, y menos aún que al final, le digan “very sorry”, pero que fue una acción legal. Ese sería el peor de los mundos para el gobierno mexicano, y quizás, también, el estadounidense.
(ZOCALO/ Columna de Raymundo Riva Palacio/ 25 de Septiembre 2013)
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