Redacción/ Ríodoce
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo este martes
que él no desempeñó ningún papel directo en la obtención y revisión de
los registros telefónicos de la agencia de noticias The Associated Press
(Ap), y sostuvo que la controvertida decisión dentro del Departamento
de Justicia la tomó el subprocurador general, Jim Cole, al salir al paso
del último escollo que enfrenta la administración del demócrata Barack
Obama.
Tras el triunfal inicio de su segundo mandato, en enero pasado, el
presidente Obama se encuentra en medio de escándalos repentinos que
nunca enfrentó durante su primer periodo presidencial.
Entre ellos están
las acusaciones de que existe persecución fiscal injusta hacia los
grupos conservadores que conforman el Tea Party, sospechas de que el
gobierno encubrió negligencias en el caso del atentado contra el
consulado estadunidense en Bengasi, Libia, en septiembre pasado, la
promesa incumplida de cerrar Guantánamo, donde más de 160 sospechosos de
terrorismo están recluidos desde hace más de diez años sin juicio ni
condena, y el retraso en la aprobación de una reforma migratoria.
La obtención y revisión de registros telefónicos de periodistas de
Ap, vista por críticos como un masivo agravio a la libertad de prensa,
ha provocado un escándalo en Washington y generó cuestionamientos sobre
la forma en que el gobierno de Obama intenta balancear la necesidad de
reforzar la seguridad nacional con los derechos de privacidad.
La Casa Blanca justificó hoy la agresiva política para investigar
filtraciones de información clasificada a la prensa, como parte de los
esfuerzos para proteger la seguridad nacional.
Holder dijo que la información revelada sin autorización puso en
riesgo al pueblo estadunidense y requería una acción muy agresiva.
Indicó que no tenía datos específicos sobre la formulación del pedido
de registros telefónicos de Ap, pero que no creía que el Departamento
de Justicia hubiera realizado malas prácticas.
Confío en que las personas involucradas en esta investigación
siguieron todas las regulaciones del Departamento de Justicia, sostuvo
Holder, durante una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre un
fraude relacionado con el programa de salud Medicare.
El fiscal subrayó que las filtraciones que se suscitaron son muy serias.
En respuesta a las declaraciones de Holder, el presidente de Ap, Gary
Pruitt refutó que la publicación del artículo sobre Al Qaeda hubiera
puesto en peligro la seguridad nacional.
“Mantuvimos sin publicar ese
reportaje hasta que el gobierno nos aseguró que sus preocupaciones
habían pasado. En efecto, la Casa Blanca se preparaba para anunciar
públicamente el fallido atentado con bomba. Pruitt, citado por The New
York Times, señaló que el reportaje era importante porque refutaba
aseveraciones gubernamentales de que la red Al Qaeda no planeó ataques
que coincidieran con el primer aniversario del asesinato de Osama Bin
Laden.
El subprocurador Cole, a quien Holder responsabilizó del espionaje a
Ap, afirmó que la obtención de llamadas cubrió sólo dos meses.
Entendemos su posición en cuanto a que las órdenes para confiscarlas
debieron guardar mayor congruencia con la política del Departamento de
Justicia, pero el material requerido era limitado en cuanto a lapso y
temática, escribió en documentos citados por el mismo rotativo. Había
una base numérica asociada al personal de Ap involucrado en el reporteo
de información clasificada, y no buscaban averiguar el contenido de las
llamadas telefónicas.
El vocero presidencial, Jay Carney, insistió en que a pesar de esta
investigación, Obama está comprometido con la defensa de los medios de
información para realizar su trabajo dentro de la primera enmienda de la
Constitución que garantiza la libertad de expresión. Pero él también,
como ciudadano y comandante en jefe, está comprometido con la idea de
que no podemos permitir que se filtre información clasificada que
lesione nuestros intereses de seguridad nacional.
Carney recalcó que la Casa Blanca no tiene conocimiento de ningún
intento del Departamento de Justicia para obtener los registros
telefónicos de Ap.
La investigación del Departamento de Justicia tiene que ver con la
historia difundida por Ap en mayo de 2012 sobre la existencia de un
espía reclutado por sauditas para infiltrar a la red Al Qaeda en la
península arábiga. El presunto espía recibió una bomba para hacerla
estallar en un avión con destino a Estados Unidos, pero el infiltrado
entregó el artefacto a las autoridades de Riad, a quienes reveló los
detalles del complot.
En una rueda de prensa en la que pasó aprietos para justificar esta
acción, Carney, ex jefe de la oficina de la revista Time en Washington,
no explicó si el gobierno ha llevado a cabo más investigaciones como la
que ejecutó con Ap en otros medios de comunicación.
The Independent señala que los presidentes estadunidenses que tienen
un segundo mandato normalmente sufren todas sus calamidades en ese
periodo.
El diario londinense dice que después de un mandato
prácticamente sin escándalos, la administración de Obama combate
actualmente tres frentes: el atentado en Bengasi por el cual la ex
secretaria de Estado, Hillary Clinton, asumió toda la responsabilidad
antes de retirarse, pero sobre el cual persisten dudas y
cuestionamientos sobre si hubo un encubrimiento del hecho de que las
autoridades pudieron haber evitado el ataque y la muerte de su personal
consular, incluido el embajador estadunidense en Libia, Christopher
Stevens.
Asimismo, el gobierno está bajo fuego pues un reporte divulgados esta
semana por la Tesorería General descubrió que el Servicio Tributario
Interno (IRS por sus siglas en inglés) desarrolló criterios inapropiados
para determinar obligaciones fiscales de los grupos conservadores que
conforman el Tea Party, lo que ha generado un masivo rezago en las
operaciones, tanto del entre fiscal como de las formaciones ligadas a
los republicanos.
Funcionarios no mencionados en el informe de la Tesorería
justificaron los criterios aplicados a los requerimientos impuestarios
de los conservadores como técnicas para simplificar los procesos. Pero
el documento gubernamental acusa a la IRS de “desarrollar criterios que
se enfocan en los nombres de las organizaciones y posiciones políticas,
en vez de las actividades que son permitidas por las regulaciones de la
Tesorería.
Holder, de nuevo, aseguró que el Departamento de Justicia y la
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) examinarán si hubo alguna
violación a la ley por la agencia, que ha admitido haber seleccionado
por nombre y no por actividad a la agrupación “Tea Party y a uno de sus
miembros”, o patriota, para solicitar auditorías.
Lois Lerner, directora del departamento de supervisión de
organizaciones exentas de impuestos del IRS, admitió que los empleados
de una oficina de Ohio clasificaron a los grupos con las etiquetas de
patriota o “Tea Party” para hacer revisiones adicionales durante las
elecciones del año pasado con el fin de determinar si habían violado su
estatus de exención de impuestos. Lerner dijo que la decisión no fue
originada por razones partidistas, sino que constituyó un error de
juicio y en una teleconferencia ofreció una disculpa.
Obama anunció por la noche que se investigarán estas denuncias y
ordenó al secretario del Tesoro Jack Lew emprender acciones contra los
responsables.
Están también las promesas que hizo Obama tanto en su primera como en
la segunda campañas por la presidencia: el cierre de la prisión de
Guantánamo y una reforma migratoria.
(RIODOCE.COM.MX/ Redacción / mayo 15, 2013)
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