CHILPANCINGO,
Gro. (apro).- La agudización de los conflictos sociales y la
persistente violencia que provocan una percepción de ingobernabilidad en
la entidad, desencadenó el cese de al menos tres funcionarios del
gobierno de Ángel Aguirre Rivero, informaron fuentes oficiales.
Los
personajes de la administración que hasta el momento han sido
sacrificados son el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; la
titular de la Secretaría de Educación, Silvia Romero Suárez y el
secretario de Seguridad Pública, Guillermo Jiménez Padilla, indicaron
las fuentes.
Al respecto, el director de Comunicación Social del
gobierno estatal, Pedro Julio Valdez Vilchis, informó que se avecinan
cambios y enroques en la administración de Aguirre aunque dijo que aún
“no hay nada oficial”.
Entrevistado vía telefónica, Valdez Vilchis
dijo que el gobernador Aguirre se encuentra en la Ciudad de México pero
no especificó las causas.
No obstante, fuentes oficiales
aseguraron que se trata de un cónclave donde participan miembros de la
dirigencia nacional del PRD y funcionarios de la Secretaría de
Gobernación federal, quienes están avalando los cambios en el gabinete
de Aguirre.
Desde hace 10 días este medio dio a conocer que el
secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla,
habría presentado su renuncia al cargo aunque sigue participando en
reuniones del gabinete de seguridad denominado Grupo Coordinación
Guerrero, conformado por autoridades castrenses y políticas de los tres
niveles de gobierno.
Mientras que el secretario de Gobierno,
Humberto Salgado, anunció este sábado su renuncia al cargo por la crisis
que enfrenta el gobierno estatal ante la agudización de los conflictos
sociales que no ha podido resolver la administración de Aguirre, entre
ellos las protestas del movimiento magisterial y la proliferación de
grupos de autodefensa ciudadana.
La falta de operación política en
la administración es tan grave que la semana pasada Aguirre utilizó
como empleado al miembro de la dirigencia estatal del PRD, Óscar Chávez
Rendón, para destrabar el conflicto registrado la semana pasada en San
Luis Acatlán, donde integrantes de la Policía Comunitaria adherida a la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron
durante tres días a 13 policías ministeriales y municipales, así como a
un funcionario del ayuntamiento y del Tribunal Superior de Justicia.
En
este sentido, también se contempla la renuncia de la secretaria de
Educación en la entidad, Silvia Romero, quien prácticamente ha sido
rebasada por la problemática que se vive en el sector educativo en el
que se han generado dos conflictos que tienen en jaque a la
administración de Aguirre.
El primero fue el asesinato a tiros de
dos normalistas de Ayotzinapa durante el desalojo de un bloqueo de que
realizaban estudiantes en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de
2011 para exigir una audiencia con el mandatario estatal porque sus
demandas de plazas y becas no fueron atendidas por la funcionaria.
El
segundo es la protesta del magisterio disidente en contra de la
aprobación de la reforma educativa que se convirtió en el Movimiento
Popular de Guerrero y que en los últimos dos meses provocó un paro de
labores, manifestaciones violentas, bloqueos de calles y de la Autopista
del Sol, acciones que exhibieron el vacío de autoridad y desataron
críticas en contra del gobierno de Aguirre.
/ 13 de mayo de 2013)
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