Contraloría lo inhabilita 10 años para ocupar cargos
públicos…
La
Contraloría de Guaymas notificó al Director de Obras de Infraestructura
Educativa del Gobierno del Estado que además de no podrá ejercer un cargo
público, pagará una multa de 3 millones de pesos y queda sujeto a una
investigación del orden federal que también pesa sobre Jorge Humberto Vila
Cueto, representante legal de la empresa OPSON, Construcciones y Servicios,
S.A. de C.V., quien firmó contrato el 25 de noviembre del 2010…
Jesús Ortega / Dossier Politico
Hermosillo, Sonora
(DP).- El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de la Contraloría
Municipal inhabilitó 10 años al ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga
Hernández, por presuntos desvíos de recursos públicos en la pérdida de 205
toneladas de asfalto donadas por Pemex al Municipio.
La Contraloría
notificó al Director de Obras de Infraestructura Educativa del Gobierno del
Estado que además de no podrá ejercer un cargo público, pagará una multa de 3
millones de pesos y queda sujeto a una investigación del orden federal que
también pesa sobre Jorge Humberto Vila Cueto, representante legal de la empresa
OPSON, Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., quien firmó contrato el 25 de
noviembre del 2010…
“Sin consentimiento
de Petróleos Mexicanos, el entonces alcalde realizó convenio verbal con OPSON
para que dispusiera del asfalto; violó así diverso clausulado del contrato, por
lo cual ahora Pemex requiere el pago de un millón 538 mil 539 pesos con 19
centavos y, canceló todo tipo de apoyo social al Municipio de Guaymas”, lo
anterior se desprende del Expediente CMQ 87/2012 hoy RO 04/13.
El 16 de noviembre
del 2012, Dossier Político publicó que el gobernador Guillermo Padrés nombró al
ex alcalde de Guaymas, César Lizárraga, un ex presidente municipal señalado por
la actual administración por presuntas ilegalidades y desvío de millones de
pesos del erario público, Director de Obras de Infraestructura Educativa.
El mandatario, en
octubre, realizó otros 4 cambios en su Gabinete donde destacan los ex alcaldes
Alejandro Zepeda Munro y José Ángel Hernández, quienes dejaron en “quiebra” a
Puerto Peñasco y Nogales, respectivamente, según lo declarado hace 3 semanas
por el tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda.
Desde septiembre del
2013, por supuestos desvíos de recursos, tráfico de influencias, actos de
corrupción y malos manejos de recursos federales etiquetados a programas
definidos, ex titulares del Ayuntamiento de Guaymas, en especial los ex
alcaldes Mónica Marín Martínez y César Adrián Lizárraga Hernández, fueron llamados
a comparecer ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Guaymas y
la Comisión Especial Plural de Entrega-Recepción.
Ambos ex Presidentes
Municipales han sido llamados a comparecer ante Contraloría y también para
responder por irregularidades encontradas mediante el proceso Entrega-Recepción
por parte de la Comisión Especial Plural, órgano ante el cual ya comparecieron
tanto la ex alcaldesa, Mónica Marín, como el ex Tesorero, Carlos Dueñas Rivera.
A partir del pasado
lunes 12 de noviembre la ex contralora Iveth Guerrero Padrés; el ex director de
Desarrollo Social, Víctor Flores García; la ex oficial mayor, Alma Delia Silva
Carrillo y la ex alcaldesa Mónica Marín Martínez, se han estado presentando
ante la Contraloría Municipal para responder por los posibles fraudes que se
investigan en el programa social de “Cemento barato”, en perjuicio de cientos
de guaymenses.
Sin embargo, los ex
funcionarios se habían guardado el derecho de reserva para responder los
cuestionamientos verbales y todos, solicitan plazo de 5 días hábiles para
responder por escrito.
Por millonarios
desvíos federales del programa Subsemun en el tema de Seguridad Pública, el ex
tesorero municipal, Carlos Dueñas Rivera; la ex administradora de la Dirección
de Seguridad Pública, Claudia Matzumilla Concle, de nuevo la ex alcaldesa
Mónica Marín Martínez, el ex contralor Carlos Cortés y el ex alcalde César
Adrián Lizárraga Hernández, fueron requeridos para rendir su declaración.
Contrario al resto
de los que han sido llamados, Lizárraga Hernández decidió evadir toda
responsabilidad ante los guaymenses, no acudiendo a los llamados de la
Contraloría, violando así la ley de responsabilidades.
Los funcionarios
estatales ocupan la Subsecretaría Técnica del Ejecutivo y la Dirección Administrativa
de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el resto de la
administración, movimientos anunciados en la víspera del Tercer Informe de
Gobierno de Padrés Elías.
Además de estos
cambios, el Gobernador Padrés también dio a conocer que Francisco Villanueva
ocupará el cargo de subsecretario de Gobierno en sustitución de Luis Fernando
Rodríguez quien a partir de hoy ocupará la representación del Gobierno del
Estado de Sonora en la Ciudad de México.
El 22 de septiembre,
ante la grave crisis financiera por la que atraviesan más del 60 por ciento de
los Municipios de Sonora, el tesorero del Estado, Mario Cuen Aranda, pidió a
los nuevos Alcaldes que denuncien las arcas vacías y el endeudamiento público a
la Contraloría estatal a fin de iniciar con las investigaciones.
En esa oportunidad,
el tesorero dijo que “los Presidentes Municipales entrantes deben denunciar el
daño patrimonial por violar las leyes y por lo tanto deben de proceder en
consecuencia denunciando esas irregularidades ante la Contraloría estatal, pero
aquí cada ayuntamiento tiene que decidir según sea el caso”.
Destacó que el
Municipio con mayores problemas financieros es Puerto Peñasco, y de hecho son
más, pero hasta este momento los alcaldes que llegaron a trabajar a estos
municipios son los únicos que se han acercado al Gobierno del Estado a
solicitar rescate financiero, por lo que se avizora un panorama oscuro al
finalizar el año y la implementación de nuevos impuestos en Sonora, dijo el
funcionario estatal.
“Piden el apoyo al Gobierno
estatal porque están llegando y se van encontrando con sorpresas, adeudos de
nóminas, adeudos con proveedores, no están todos los bienes que dicen que están
en los Municipios”, apuntó.
Informó que algunos
presidentes municipales de las pasadas administraciones, incluso, se acercaron
al Gobierno para que los apoyaran con recursos para el pago de los últimos
adeudos por lo que se les parte del Fondo de Participación Municipal… pero no
les fue suficiente.
“A algunos
municipios se les adelantó el 50 por ciento de sus participaciones, pero ni así
les alcanzó a los nuevos alcaldes; los ayuntamientos, la mayoría, no se
encuentran con finanzas sanas, tienen adeudos de sueldos, de proveedores, de
gasolina, con la Comisión Federal (de Electricidad)… todos ellos están
ejerciendo una presión muy fuerte sobre los nuevos alcaldes, hay Ayuntamientos
que los recibieron a oscuras, sin luz porque se las cortaron”, aseguró.
El 18 de abril, el
entonces diputado local Ulises Cristópulos Ríos, aseveró a Dossier Político que
“es evidente que el Gobierno del Estado está en quiebra, pues una gran cantidad
de proveedores ha manifestado de manera, algunos discreta y otros de forma
abierta ante los diputados, que tienen el problema de adeudos muy fuertes del
Gobierno del Estado.
Hay obras que no se
concretan, apoyos que no llegan, y una gran cantidad de proveedores a los que
se les deben fuertes cantidades. Esto indica una situación muy compleja en
cuanto a la capacidad económica del Gobierno del Estado”.
Como se recordará,
la calificadora de deuda Standard& Poor’s comentó en su momento que, de
continuar el excesivo gasto corriente del Gobierno, el Estado podría caer en
una calificación crediticia a la baja. Ahora, unos peses después, Fitch Ratings
ya dio al estado una calificación crediticia negativa.
Por su parte, el 23
de abril del 2012, el entonces diputado federal Miguel Pompa denunció a este
medio “un grave desorden financiero” del Gobierno de Sonora, al acusar que
mantiene adeudos con transportistas locales, de realizar descuentos a
trabajadores del Estado.
Explicó que el
desorden financiero ha tenido un impacto directo en las actividades productivas
del agro sonorense y ha polarizado a la sociedad en temas como el agua, el
transporte, la educación, la seguridad pública y la procuración de justicia.
Hay un desorden
fiscal importante en Sonora que no ha salido totalmente a flote porque el
gobierno federal lo solapa, hay problemas que están descalabrando las
actividades económicas locales y son una muestra de la irresponsabilidad
política y técnica del gobierno estatal.
“Ya hay un déficit
importante de pagos; hay incertidumbre en las elecciones locales por falta
oportuna de recursos para materiales, no se liberan a tiempo las prerrogativas;
empezaron a descontar de los sueldos de los trabajadores de la salud, la
procuración de justicia está en riesgo y el transporte público está también
paralizado”, criticó el priísta en esa ocasión.
(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega / 2013-05-13)
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