La violencia impone su ley en Sinaloa y orienta
sentencia: la de los criminales “es una conducta normal”, dice Malova
Paúl Mercado/Riodoce
Tener altos índices
de criminalidad en el estado de Sinaloa es algo normal, como también lo es que
consecuentemente no disminuya la percepción de que se trata de un territorio
violento. Pero de eso a que el propio gobernador del estado, Mario López
Valdez, admita que las matanzas o asesinatos múltiples solo muestran “una
normalidad en la conducta de los delincuentes”, significa que las cosas no van
bien.
Que un gobernador
hable de normalidad ante la violencia, y en especial uno como Malova, que por
dos años y tres meses se ha empeñado en hacer creer que el lacerante problema
delictivo no es tan grave como se percibe y se dice, muestra al menos dos
lecturas: o se pretende minimizar una realidad terrible en materia de violencia
o ya se decidió el “gobierno del cambio” a admitir que las cosas deben verse
como son: mal.
La madrugada del
pasado lunes 4 de marzo, el mismo día que el presidente Enrique Peña Nieto
visitó Sinaloa por primera vez como parte de una gira oficial presidencial,
siete personas fueron asesinadas en Agua Verde, municipio de Rosario. Entre las
víctimas, la propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
reconoció que cuatro eran policías.
La jornada de ese
día en Sinaloa fue muy contrastante pues mientras la matanza sacudía al sur del
estado, durante el acto oficial del primer encuentro entre los representantes
de los dos gobiernos, el estatal y el federal, no se tocó el tema de la
violencia con una sola palabra. Fue como si nada hubiera pasado.
Ese mismo lunes, de
acuerdo con el reporte de medios nacionales, ocurrieron otros once asesinatos en
distintas partes del país: en Guerrero asesinaron al titular de la Auditoría
General del Estado, seis fueron ejecutados en Coahuila y tres más en el Estado
de México. Pero Sinaloa puso la mayor parte en la cuota de sangre: siete
homicidios dolosos, para un total de 17 en menos de 24 horas.
Cinco días después,
el sábado 9 de marzo, el gobernador López Valdez fue entrevistado al término de
la inauguración del Gran Triatlón Pacífico Mazatlán 2013. Le preguntaron sobre
los operativos que se realizan en la zona serrana del sur de Sinaloa,
precisamente luego de algunos hechos violentos que se habían presentado en la
región, incluyendo el multihomicidio de Agua Verde.
Malova admitió que
se violentó “un poquito” esa parte del estado.
—¿Tendría relación
con la visita del presidente? —le preguntó una reportera.
—No. Fue una
coincidencia. Nada qué ver; no es ningún mensaje que le están mandando al
presidente de la República… es parte de la conducta normal que tienen los
delincuentes.
No era la primera
vez que un gobernador hacía tal aseveración de frente a la violencia en
Sinaloa. En 2005, cuando Jesús Aguilar Padilla asumió el cargo, el periodista
Carlos Loret de Mola lo entrevistó para conocer su postura ante este fenómeno
social y el mandatario respondió que era algo “normal”.
Las críticas
obligaron a Aguilar Padilla a aclarar que se había malinterpretado su dicho,
mismo que no solo inquietó a la sociedad, sino que quedó registrado como un
intento de pretender minimizar la gravedad del problema en Sinaloa.
Ahora, ocho años
después, Mario López Valdez, también presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), reedita la expresión y le da vigencia a la percepción
violenta que tanto ha combatido pero que a pesar de ello se mantiene sobre el
estado.
Lo normal en Sinaloa
De acuerdo con
reportes periodísticos y con las mismas cifras oficiales de la PGJE, en Sinaloa
es normal que se registren altos niveles de criminalidad, no solo de homicidios
dolosos, sino de secuestros, asaltos bancarios, etcétera.
Solo en estos tres
rubros, si se hace una revisión mínima de las estadísticas de los últimos ocho
años, es posible concluir que las cosas están mal en términos de criminalidad
en el estado.
El año más violento
ha sido el 2010, del periodo de Aguilar Padilla, con 2 mil 250 asesinatos. Pero
después de ese, el 2011 se convirtió en el segundo más violento con mil 906,
seguido en el tercer lugar por el 2012 con mil 464, estos dos pertenecientes al
sexenio de López Valdez.
En cuanto a robos
bancarios, el año con la estadística más alta es el 2011, de Malova, que
registró 154 atracos, uno más que en el 2010 de Aguilar Padilla.
Y finalmente en el
secuestro, un delito que prácticamente había desaparecido en el sexenio de Juan
Sigfrido Millán Lizárraga, los años más intensos corresponden a la actual
administración: 29 en el 2011 y 28 en el 2012. Con Aguilar Padilla lo más que
se registró en un año fueron 19 privaciones de la libertad.
Para el vicepresidente
de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C.,
Ricardo Beltrán Verduzco, la declaración del gobernador Mario López Valdez no
solo es desafortunada sino que refleja una actitud complaciente de la
criminalidad en el estado.
“Aunque la realidad
de Sinaloa sea esa, de nuestro gobernador queremos ver fortaleza, no queremos
ver debilidades ni queremos percibir este tipo de aceptaciones. Yo creo que no
es normal nada de lo que sucede, no podemos vivir en ese ambiente de normalidad;
creo que cualquier delito que se comete, en un país de leyes, debe ser motivo
de preocupación, porque se supone que están las autoridades para combatirlos”,
destacó.
También criticó que
la complacencia con que el Gobierno del Estado ha actuado de frente al crimen
ha colocado a la impunidad en niveles preocupantes, pues de cada cien delitos
cometidos apenas se resuelven dos o tres.
De buenas intenciones
La respuesta del
Gobierno estatal ante multihomicidios como el ocurrido en Agua Verde, Rosario,
no solo ha quedado en una declaración que pretende minimizar este tipo de
hechos. También se ha plasmado en papel.
El pasado 7 de marzo
en Culiacán se firmó el convenio de adhesión del Gobierno de Sinaloa al
Programa Nacional de Prevención del Delito, mediante el cual, y de acuerdo con
el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se le asignarán a Sinaloa recursos por 92.7
millones de pesos para fortalecer los programas preventivos, fundamentalmente
en Culiacán y Ahome, donde el diagnóstico federal reconoce problemas urgentes
de atender.
Malova lo dijo
distinto a la hora de admitir que ambos municipios son conflictivos: “En
Colombia, una manera de atacar la inseguridad y la violencia fue llevando,
dicen ellos, las mejores obras a los peores lugares”.
“Vamos por un
Sinaloa seguro para cambiar la percepción que se tiene de un estado violento”,
agregaría el gobernador, admitiendo lo que tanto niega en su discurso
ordinario.
Pero también presumió
resultados: “De ocupar el lugar 26 a nivel nacional en 2010, como uno de los
estados con más violencia, y con promedio de 6.2 muertos diarios, en 2012 se
redujeron esos índices a 3.2 homicidios por día y en municipios como Navolato,
Mazatlán y Ahome los resultados han sido más evidentes”.
Lo que no dicen las
estadísticas oficiales —apunta Beltrán Verduzco—, las que presumen “un
homicidio menos”, es que ahora hay más desaparecidos y que la sociedad está
denunciando menos. Pero también está el hecho de que la violencia ahora se
ejecuta con altos niveles de saña, lo que inquieta a la sociedad.
Al día siguiente, el
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el gobernador Malova firmó el
Acuerdo por una Cultura de la Paz con el propósito de abatir los índices
delictivos que azotan algunos polígonos de la entidad.
Ahí aprovechó para
convocar a las mujeres, “como el ente más efectivo para erradicar la violencia
que se registra en algunas áreas del estado y que tanto lacera a las familias”,
para que le ayuden a resarcir el tejido social que se encuentra tan
deteriorado.
“Me parece una
incongruencia (el llamado) del gobernador porque mientras por una parte declara
que la cultura de la paz sirve para resarcir el tejido social, con la
participación fundamental de las mujeres, por la vía de los hechos se niega a
solicitar la alerta de género”, reprochó Aurelia Leal, dirigente de la
Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red, A.C. (AMMOR).
Y sobre la
normalidad que Malova admite de la conducta delictiva en el estado, para
Aurelia Leal es inadmisible que la violencia sea vista como una conducta normal
del delincuente: “Es como aceptarle un espacio emocional al cual tendría
derecho la delincuencia, en lugar de combatir con buenas estrategias esas
conductas perniciosas”.
“Los problemas que
tiene el país los tiene Sinaloa, estamos estigmatizados como un estado
violento, igual que un país violento”, dijo López Valdez ante el subsecretario
de Prevención Nacional. Y luego hizo acompañar su dicho con datos del INEGI:
“Sinaloa está en el lugar 26 de 32 entidades, cuando la 32 es la más segura por
cada cien mil habitantes en los delitos que se cometen, pero en percepción
estamos en séptimo lugar”.
Pero la percepción
no es gratuita. Y tan no lo es que el jueves 14 de marzo la propia PGJE
confirmó que en las últimas horas al menos doce personas habían sido asesinadas
en diferentes lugares: seis en el municipio de Sinaloa, cuatro de ellas en un
enfrentamiento y dos más fueron encontradas enterradas. En Culiacán tres fueron
baleadas. Otra más en Mocorito. En Mazatlán una fue encontrada semienterrada y
en Navolato otra flotando en las aguas de un canal.
Es decir, Sinaloa es
una de las entidades donde más se percibe que se trata de un lugar violento,
inseguro, y donde ahora, por “decreto” gubernamental, la comisión de homicidios
dolosos, peor aún, los multihomicidios, no son más que parte de la normalidad
con que actúan los delincuentes.
ASÍ LO DIJO
“Fue una
coincidencia. Nada qué ver; no es ningún mensaje que le están mandando al
presidente de la República… es parte de la conducta normal que tienen los
delincuentes”.
—Mario López Valdez,
gobernador de Sinaloa y presidente de la Conago.
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