Ismael Bojórquez
Un espectáculo
similar vivimos en Sinaloa hace seis años, cuando el entonces secretario de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño (qepd), encabezó en el Palacio de Gobierno una
reunión con todo el Gabinete de Seguridad para poner en marcha lo que llamaron
el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato. Como anfitrión, Jesús Aguilar Padilla.
Estos operativos
iniciaron en Michoacán, luego se replicaron en Tijuana y más tarde en
Chihuahua. Felipe Calderón, una vez en el poder, había iniciado su guerra
contra el narcotráfico. El evento, según anunciaron esa vez, fue para convenir
nuevos esquemas de prevención del delito y combate al crimen organizado. Dieron
a conocer la estrategia: desplegar 1 mil 433 elementos de la Sedena, vehículos
y aeronaves; 740 policías de la SSP federal; 500 marinos y 50 agentes de la
Procuraduría General de la República. En total dos mil 723 efectivos.
Ahora hubo menos
ruido. Estuvieron todos los mandos, el de la Marina, del Ejército, de la SSP,
la PGR, Gobernación y cinco gobernadores de la región. Como anfitrión, Mario
López Valdez. No quisieron correr riesgos. La reunión, de tres horas, fue en el
hangar de Gobierno del Estado. Venían los mandos de dos reuniones previas, una
en Saltillo, Coahuila y la otra en Monterrey, Nuevo León. Con el mismo esquema,
el mismo discurso: analizar incidencias delictivas y elaborar estrategias que
estarán siendo evaluadas cada mes. Al final, nada que aclare por dónde va la
estrategia de Enrique Peña Nieto contra el crimen organizado, algo que ya
debiera exigírsele al menos por los principales actores políticos, el Congreso,
los partidos…
Una de las líneas
estratégicas del Gobierno federal ya quedó clara: el silencio. Ese mismo día de
la reunión trascendió un comunicado del coordinador de delegaciones de la PGR,
José Martín Godoy Castro, donde informa que el titular de esta dependencia ordena
a los delegados impedir el acceso de periodistas a las instalaciones de la PGR.
Además, prohibió a sus delegados hacer declaraciones a los medios de
comunicación. Las medidas se tomarían a partir del 1 de marzo.
Ya había decidido el
Gobierno bajarle decibeles al tema de narco y parece una medida prudente. No se
puede hablar del tema hasta en la inauguración de una carretera —aunque no esté
terminada— o la puesta en marcha de una granja de cerdos, como lo hacía
Calderón, en su afán de justificar su sangrienta y mostrenca guerra que al
final perdimos todos.
Pero el silencio
puede ser un buen escondite para el fracaso y, en el más extremo de los casos,
para ocultar las complicidades del Gobierno. Una cosa es que no se revelen
datos sobre operaciones concretas, pistas… y otra que la sociedad no sepa hacia
dónde la llevan. Porque al final de cuentas el Gobierno es el que menos pierde.
Los saldos más cruentos del fracaso de Felipe Calderón los pagó la sociedad.
Ahí están los 65 mil muertos documentados y los 25 mil desaparecidos en su
sexenio que acaba de dar a conocer la Secretaría de Gobernación.
Por lo menos en
materia de seguridad el saldo de los primeros cien días de la presente
administración ha sido rojo. Al menos 3 mil 200 personas han sido ejecutadas.
Es seguro que sean más (considerando que hasta para contar los muertos somos
malos), porque a esta cifra hay que agregarle los desaparecidos que luego serán
reconocidos por el Gobierno. En Sinaloa, por poner un ejemplo casero, tenemos
al menos una docena y algunos de ellos se achacan a autoridades policiacas.
De manera que solo
ante este escenario los actores políticos, incluida la sociedad, debieran estar
exigiendo ya hacia dónde apuntan las estrategias de EPN. Si este cuadro de
homicidios se mantuviera en los seis años que vienen, la cifra de muertos
andaría por los 80 mil asesinatos… más sus desaparecidos de rigor. Una cifra
espeluznante.
Después del infierno
que significó el sexenio pasado, es poco concebible que las cosas empeoren,
pero no debe descartarse. El fenómeno del narco está ahí y, como el dinosaurio
de Monterroso, llegó para quedarse. Tenemos en la puerta de al lado el mercado
de drogas más grande del mundo y en México organizaciones criminales que
sobrevivieron a seis años de guerra y que, en algunos casos, como la de Joaquín
Guzmán Loera, resultaron fortalecidas.
Bola y cadena
DESPUÉS DE LA
REUNIÓN QUE SOSTUVO aquí el Gabinete de Seguridad, Miguel Ángel Osorio, el
titular de Gobernación, dijo que las estrategias (¿¿¿???) se estarán evaluando
cada mes. Qué bueno. Que sirvan por lo menos esas reuniones para contar los
muertos. Las políticas del Gobierno deben tener plazos. Esta por qué no.
Sentido contrario
EL GOBIERNO DE
SINALOA, por lo pronto, va de la miopía a la desfachatez, ahora al responder a
familiares de desaparecidos, que no deben culpar a las policías si sus hijos
desaparecen… porque “¡hay patrullas clonadas!”.
Humo negro
LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA y el Consejo Estatal Electoral firmaron un acuerdo para
blindar el proceso electoral. El compromiso es que haya seguridad para los
miles que participarán en el proceso, que las sedes electorales estén bien
resguardadas, que haya seguridad en las casillas. ¿Y quién tomará medidas para
blindar las campañas electorales contra el dinero del narco? ¿Gerardo Vargas
Landeros? ¿Malova? ¿El PRI? ¿El PAN? ¿El PRD? ¿Jacinto Pérez Gerardo?
(RIODOCE.COM.MX/ Ismael Bojórquez / marzo 17, 2013)
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