LOS MISTERIOS DE CHICAGO EN EL JUICIO DE VICENTE ZAMBADA NIEBLA

EU continúa alargando el juicio que empieza a rayar en el misterio Miguel Ángel Vega   Cuando el juez Rubén Castillo abrió la carpeta y echó un rápido vistazo a todos los documentos secretos que fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos le entregaban en torno al caso Vicente Zambada Niebla, no tuvo otra que mirar confundido a sus interlocutores y entonces comentar que “revisar a detalle tanto material clasificado” le tomaría varias semanas, por lo que determinó posponer el juicio. Lo que sea que haya visto el juez Castillo ese miércoles 25 de enero en la cuarto 383 de una corte federal del Distrito Norte de Chicago, sigue siendo un misterio. De lo que sí hay certeza es que la serie de acuerdos que el Vicentillo asegura existieron en su momento entre el Gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa, tienen entrampado uno de los juicios más escandalosos que se habría entablado hasta ahora contra un narcotraficante latinoamericano. Estados Unidos podría verse envuelto en un nuevo escándalo internacional si los documentos secretos presentados por fiscales estadounidenses el miércoles pasado en una corte federal de Chicago confirman que la DEA, efectivamente, sí prometió inmunidad a Vicente Zambada Niebla para el tráfico de drogas. Esa posibilidad habría obligado al juez federal Rubén Castillo a posponer el juicio contra el Vicentillo hasta el próximo 9 de octubre, según esto porque los documentos presentados por los fiscales Thomas Shakeshaft, Andrew Porter, Michael Ferrara y Marc Krickbaum contenían muchos detalles clasificados y el Juzgado necesitaba tiempo para examinarlos. “Leer todo esto tomará al menos tres semanas, y por eso es necesario el aplazamiento”, dijo el juez a los fiscales. El inicio del juicio estaba programado para el 13 de febrero próximo. La defensa por su parte no tuvo otra que someterse a la decisión del juez, aunque de acuerdo con los abogados, ellos no tendrán acceso al contenido de los documentos por lo que si existe algo que beneficie a Zambada Niebla, esto no será usado ni a favor ni en contra. Ello significa que solo el juez sabrá la verdad en cuanto al contenido en la documentación, y si en algún párrafo muestra que el Vicentillo recibió inmunidad por parte de la DEA, el juez incluso podría dejarlo en libertad al haber sido parte de un acuerdo preestablecido, según explicó la defensa en su momento. Sin embargo, de acuerdo con una moción presentada por los fiscales en septiembre pasado, el Gobierno estadounidense alegó que ese compromiso no pudo haber existido puesto que ni la DEA ni ninguna otra dependencia federal de Estados Unidos están autorizadas para hacer ese tipo de promesas. La moneda parece estar en el aire. Tiro derecho A diferencia de otros capos extraditados a Estados Unidos, Vicente Zambada Niebla es el único que ha decidido entrarle de frente al Gobierno estadounidense. En su momento, por ejemplo, Benjamín Arellano Félix negoció su sentencia a 25 años. Igual hizo Osiel Cárdenas Guillén. No así el Vicentillo, quien al ser arrestado en la Ciudad de México en marzo del 2009 y un año después extraditado, el hijo de Ismael el Mayo Zambada se sintió traicionado y decidió entonces exponer toda la supuesta cloaca de corrupción que habría entre el cártel de Sinaloa y el Gobierno estadounidense. Aparentemente, y según habría de confirmar la propia DEA en el 2011, el Vicentillo venía de entrevistarse con varios agentes estadounidenses apenas un par de horas antes del arresto. Un año después de la extradición y todavía confiado de que había un supuesto acuerdo, el Vicentillo pidió que lo dejaran en libertad de lo contrario revelaría los “pactos” que habría hecho con el Gobierno estadounidense. Por toda respuesta, según consta en el archivo 09-CR-383, Zambada Niebla fue confinado a un cuarto de tres metros por cinco, y se le prohibió todo tipo de interacción con otros presos y solo dos custodios tendrían acceso a él. Pasaban entonces meses para que viera la  luz del sol. Era la respuesta gringa. La guerra estaba declarada. Preámbulo de una guerra Cual pelea de boxeadores en donde ambos peleadores promocionan un combate, el juicio Estados Unidos vs Vicente Zambada Niebla ha estado lleno de esperas, aparentes acuerdos, amenazas y venganzas. Por una parte el Vicentillo dijo que revelaría los supuestos pactos entre ambas partes y lo cumplió. Estados Unidos negó todo, pero en respuesta lo aisló e incomunicó por completo. El juez Rubén Castillo por su parte, estaba en medio de todo e intervenía solo para dilatar las audiencias hasta que, el miércoles pasado, aplazó por casi ocho meses el inicio del juicio. Jerry Norton, catedrático de la Universidad de Leyes Loyola, Illinois, consideró que era común que en este tipo de casos se dilataran los juicios, principalmente para que ambas partes se preparen, aunque reconoció que el tiempo era un poco más largo que lo normal. “Los retrasos los hace el juez cuando son casos muy complejos y ambas partes deben preparar mejor sus casos; esta pudo ser la razón por la que en este caso el juez dilatara el inicio del proceso”, dijo Norton a Ríodoce. Ciertamente el inicio de juicio quedó programado para una vez que concluyan las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos, en este último país el día de las votaciones será el 20 de febrero, mientras que en territorio mexicano serán el 1 de julio. Randall Samborn, vocero del Departamento de Justicia, dijo que la decisión de aplazar el juicio era solo del juez, pero no precisó si esto tenía algo qué ver con las elecciones en México o Estados Unidos. “El juicio está programado para el 9 de octubre y es todo lo que podemos decir en este momento”, dijo Samborn en un escueto comunicado enviado a Ríodoce. 32 meses de sombras El nuevo retraso en el juicio mantendrá al Vicentillo al menos hasta octubre de este año en prisión, lo que significará 32 meses en una prisión de Estados Unidos. Esta es la cronología del Vicentillo, desde el momento en que fue arrestado y hasta la fecha en que dará inicio el juicio. Marzo 18 de 2009. Lo arrestan elementos del Ejército en la Ciudad de México. Según trascendió, “acababa de entrevistarse con agentes de la DEA en el hotel Sheraton del DF. Febrero 18 de 2010. México lo extradita a Estados Unidos, quien lo reclama para dos cortes distintas en Chicago Illinois y Washington, DC, en donde debe enfrentar cargos por la introducción de cientos de toneladas de droga a ese país. Febrero 23 de 2010. Zambada Niebla es presentado ante el juez Rubén Castillo, ante quien se declara inocente de los cargos que se le imputan. Abril 04 de 2010. El periodista Julio Scherer García publica en la revista Proceso una insólita entrevista hecha a Ismael el Mayo Zambada. Abril 21 de 2010. Se cancela la audiencia previa al juicio, debido a la solicitud de una Orden de Protección de Pruebas. Se reprograma la audiencia para julio 6. Julio 02 de 2010. Se cancela nuevamente la audiencia previa al juicio por supuestas irregularidades en el proceso. Se reprograma la audiencia para el próximo 29 de septiembre. Septiembre 29 de 2010. Se programa la primera audiencia para el 25 de abril. Noviembre 10 de 2010. Fiscales y abogados del Vicentillo presentan una lista previa de posibles pruebas durante una audiencia previa a la del juicio. Se reprograma una nueva audiencia, esta vez el 30 de marzo del 2011. Marzo 15 de 2011. Abogados de Vicente Zambada Niebla presentan una moción ante el juez, revelando que a su defendido la DEA le prometió inmunidad para el trasiego de droga a Estados Unidos a cambio de proporcionar información sobre cárteles enemigos. Marzo 28 de 2010. El juez Rubén Castillo cancela la audiencia programada para el 30 de marzo. Señala el 15 de junio como nueva fecha para la audiencia. Junio 15 de 2010. Los abogados de Vicente Zambada Niebla acusan ante el juez Castillo las condiciones inhumanas en que mantienen al Vicentillo. El juez promete tomar cartas en el asunto, pero fija para el 13 de febrero del 2012. Junio 27 de 2010. Abogados de Zambada Niebla presentan una moción para exigir al juez Rubén Castillo abrir una investigación y determinar porqué se mantiene al acusado en completo aislamiento y en situación totalmente “inhumana” dentro de la prisión. Julio 29 de 2010. El Vicentillo vuelve a atacar, y esta vez revela que desde hace años tiene “carta blanca” por parte de la DEA para el tráfico de drogas, así como otros detalles del pacto entre Estados Unidos y el cártel de Sinaloa. Septiembre 09 de 2011. El Gobierno estadounidense niega haber ofrecido inmunidad a Zambada Niebla ni a ningún otro miembro del cártel de Sinaloa a cambio de información. Octubre 24 de 2011. Abogados de Zambada Niebla introducen una nueva moción para exigir a la fiscalía revelar información que demuestra que, efectivamente, el Vicentillo actuó con Autoridad Pública y que Estados Unidos sí le prometió inmunidad por colaborar con ellos. Noviembre 3 de 2011. Reacomodan al Vicentillo a una prisión de mediana seguridad en Milan, Michigan. Noviembre 10 de 2011. El procurador Patrick Fitzgerald dice que no pueden presentar las pruebas que exige la defensa por tratarse de material clasificado, cuyo contenido no puede ser ventilado públicamente. Enero 25 de 2012. El juez Rubén Castillo pospone el inicio de juicio para el próximo 9 de octubre, argumentando tener que leer varios paquetes de material clasificado que los fiscales entregaron. El laboratorio de EU Miguel Ángel Vega A finales del 2007 y principios del 2008, funcionarios estadounidenses visualizaron que, en un futuro no muy lejano, la guerra que encabezaba la administración de Felipe Calderón contra los cárteles en México podría brincar la frontera a su país. Fue cuando algunas agencias federales estadounidenses determinaron estrategias que detuvieran esa violencia. Entre ellas estaba la Oficina de Alcohol, Armas y Tabaco (ATF), que planificó entonces una estrategia que no afectara a sus connacionales, aunque eso no incluía a los residentes del otro lado de la frontera, es decir, a los mexicanos. Pusieron en marcha el operativo Rápido y Furioso, que permitía la entrada de manera deliberada de más de 2 mil armas de grueso calibre a territorio mexicano, para entonces rastrear el destino final de ellas y dar con los dirigentes de los cárteles que estaban provocando tanta violencia en México. De esa manera Estados Unidos terminó armando al cártel de Sinaloa, pero también a otros cárteles de México, entre ellos el de los hermanos Beltrán Leyva, provocando una escalada de muerte como nunca antes en la historia de este país. No obstante, el operativo poco a poco se fue saliendo de control y la ATF no tuvo otra que cancelar el proyecto. Todo había fallado. Pero no importaba, al menos había fallado en territorio mexicano y no afectó a las comunidades estadounidenses, habría sido la conclusión de los altos mando de la ATF. Solo que en esta ocasión, un agente estadounidense sí había resultado muerto a causa del operativo. Se llamaba Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, quien fue muerto con una de las armas que fueron parte del operativo. Hasta ese momento Estados Unidos tuvo conciencia de lo que habían hecho. Fue cuando John Dodson, de esa agencia federal, reveló que no podía cargar con la muerte de Terry, dando a conocer entonces el operativo, el cual de otro modo se habría mantenido en el anonimato. Como Rápido y Furioso, han surgido un gran número de operaciones que Estados Unidos orquesta y ha realizado en secreto en territorio mexicano, incluyendo lavado de dinero y agentes encubiertos, sin que nadie prohíba ni ponga alto a las actividades que ilícitamente realiza el Gobierno estadounidense en México. “Debe exponer qué hacen aquí y darnos detalles sobre todas sus actividades”, demandó el senador Felipe González, secretario de la Cámara Bicamaral de Seguridad Nacional del Senado de la República. Hace un par de semanas un nuevo operativo del ATF fue dado a conocer por el diario Los Angeles Times, es White Gun, que se cree inició a principios del 2009 y fue operado junto con Rápido y Furioso, permitiendo entre ambos la introducción de miles de armas a territorio mexicano. “Aparentemente hubo muchas armas que el ATF dejó entrar a este país. ¿Cuántas? Nadie lo sabe”, señaló una fuente del Congreso de los Estados Unidos consultada por el diario estadounidense. Respecto a eso, no hay resultados ni comentarios por parte del Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, sí deja en claro que todo el territorio al sur de la frontera estadounidense y habitado por más de 113 millones de habitantes, está convertido en la zona donde Estados Unidos practica sus operativos encubiertos que, no solo atentan contra los derechos humanos de los mexicanos, también han dejado una estela de muerte, terror y tragedias que inevitablemente han golpeado la seguridad de sus comunidades, según confirman números de la PGR: 2 mil 826 muertes derivadas del crimen organizado en todo México, cifra que se disparó en el 2008 a 6 mil 837, en el 2009 fueron 9 mil 614, mientras que en el 2010 fueron 15 mil 273 ejecuciones. Coincidentemente toda esa estela de muerte ha ocurrido cuando Estados Unidos ha implementado los operativos Rápido y Furioso, Pistola Blanca, así como con la introducción de agentes encubiertos estadounidenses y con los programas de lavado de dinero por varios millones de dólares que, desde 1984 realiza la DEA en México. Esto sin considerar las acusaciones de Vicente Zambada Niebla, quien asegura que los gringos le otorgaron “carta blanca” para el tráfico de droga. La violencia no va a parar: WOLAPara la Oficina de Derechos Humanos de los Latinoamericanos en Washington, DC (WOLA), el problema de la violencia en México se deriva de la gran facilidad que hay en Estados Unidos para que, cualquier persona mayor de 21 años, adquiera armas de grueso calibre. Maureen Meyer, encargada de estudios de los derechos en México, de WOLA, dijo a Ríodoce que era muy riesgoso que Estados Unidos implementara ese tipo de operativos cuando eran incapaces de legislar el control de armas y ver de qué manera se rastrea a quienes las compran y qué destino dan a los artefactos de más alto impacto. “Creo que deben de revisar esos operativos y castigar si hay responsables, pero sobre todo no debe politizarse como han hecho recientemente sino encontrarse una solución que verdaderamente detenga el flujo de armas a México y por tanto detenga la violencia que vive ese país”, dijo la defensora de los derechos humanos. En tanto el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, reconoció en días pasados haber tergiversado la información sobre Rápido y Furioso y aceptó responsabilidad por el fallido operativo. En una carta dirigida al Comité Judicial del Congreso de ese país, Holder sostuvo que hubo fallas, pero que estas no fueron intencionadas, sino provocadas por una serie de errores derivadas de los informes iniciales enviados a los legisladores. Por su parte el congresista republicano, Darrell Issa, consideró importante continuar con la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias de todo, para castigar a los responsables, incluso, al mismo Holder. “He dicho que Holder no debe continuar al frente del Departamento de Justicia y es algo que debe debatirse”, observó el legislador. Hasta el momento nadie ha enfrentado cargos por ninguno de los operativos, sea Rápido y Furioso o White Gun, y solo se ha cesado al director de la ATF, Kenneth Melson, quien fue quien encabezaba la agencia al montarse ambos operativos. White Gun: el cártel de Sinaloa era el receptor De acuerdo con el diario Los Ángeles Times, el cártel de Sinaloa era el destino final del operativo White Gun, que al igual que Rápido y Furioso permitía la introducción de un número desconocido de armas de alto impacto en territorio mexicano. Según el informe del diario estadounidense, White Gun tenía como objetivo a nueve líderes del cártel de Sinaloa, incluyendo a Joaquín el Chapo Guzmán. Todo habría iniciado con una investigación que realizaba una agente de la ATF, Hope A. MacAllister, quien necesitaba permiso de las autoridades mexicanas para verificar armas recuperadas por soldados y agentes federales para ver si estas pertenecían a unas que formaron parte del operativo Pistola Blanca, un operativo distinto a Rápido y Furioso. No especifica el reporte cuántas ni qué tipo de armas encontró custodiadas por elementos del Ejército mexicano, solo se concluyó que eran artefactos que estaban ligados a su investigación. MacAllister menciona cómo descubrió que el cártel de Sinaloa montaba un campo de entrenamiento en la sierra de Durango, cerca del presunto escondite de Guzmán Loera, y que el grupo criminal pretendía fortalecer su arsenal con lanzagranadas y ametralladoras calibre .50. Para concretar estas acciones, un miembro de ese cártel identificado como Vicente Fernando Guzmán Patiño, contactó a agentes encubiertos de la ATF con la intención de comprarles armas, a quienes les señaló que contaba con $15 millones para gastar en arsenal y que no se preocuparan por el dinero, pues quería las armas más grandes y extravagantes. Después de dicho encuentro, un agente y Guzmán Patiño se reunieron de nuevo frente a un restaurante de Phoenix, donde el supuesto vendedor le mostró al criminal cinco armas en el maletero de su vehículo, incluyendo un rifle Bushmaster y una pistola .50 Sin embargo, tras dicha reunión, en la que el delincuente parecía estar listo para comprar, los informes ya no mencionan a Guzmán Patiño y se desconoce si logró adquirir alguna de las armas. Rápido y Furioso y White Gun son apenas dos de los operativos dados a conocer que, a su vez, sucedieron a otro llamado Receptor Abierto, que permitió la entrada de más de 350 armas a México entre el 2006 y el 2007, mostrando cómo desde hace años el Gobierno estadounidense utiliza como traspatio al territorio mexicano. Irónicamente, durante décadas, en Europa y otros países de primer mundo han descrito a México como el patio trasero de Estados Unidos. Castillo, el juez de la causa El juez Ruben Castillo es el primer magistrado hispano federal en Illinois y uno de los candidatos del presidente Barack Obama para ocupar un cargo en el Tribunal Supremo. Castillo es abogado y se graduó en 1979 en la Universidad Northwestern. De 57 años, ha estado comprometido como juez con el mejoramiento del sistema de justicia criminal. Al mismo tiempo se le reconoce como un férreo defensor de las penas duras en los casos de crímenes que involucren fraudes y abusos cometidos por los responsables de grandes corporaciones, en particular bancos o inversionistas. Hijo de padre mexicano y madre puertorriqueña, Castillo nació en Chicago y se crió en West Town, un barrio obrero del noroeste de la ciudad. Castillo trabajó durante cinco años en un estudio jurídico privado antes de ingresar en 1984 a la fiscalía del Distrito Norte de Illinois donde fue fiscal asistente reconocido por su labor con agencias federales. Cuando el presidente Bill Clinton lo nombró en 1994 para integrar la Corte de Distrito de los Estados Unidos en el norte de Illinois como el primer magistrado latino, Castillo había regresado a la práctica privada y era profesor universitario en Northwestern. Cinco años más tarde, Clinton lo nombró asimismo vicepresidente de la comisión de sentencias, una agencia independiente del sistema judicial que establece los lineamientos sobre sentencias en el sistema criminal federal. En ese cargo abogó para que los jueces pudieran ejercer una mayor discreción en el momento de dictar sentencia, oponiéndose a las estrictas sentencias mínimas obligatorias porque, en su opinión, pueden provocar "disparidades y prejuicios raciales". En su trabajo como asistente de fiscal o durante los 17 años en que ha sido magistrado, Castillo ha sido amenazado y recibido protección especial por algunos casos que ha tenido que juzgar. Según MALDEF, en 1995 apareció por primera vez en el tribunal que dirigía el juez hispano un abogado con poca experiencia llamado Barack Obama, quien representaba a una demanda contra el Citibank por negar hipotecas a minorías. El mismo abogado que después sería representante y senador por el estado de Illinois, y en 2008 se convertiría en el primer presidente negro de Estados Unidos. Con información de Efe.