JUSTICIA: LOS PUNTOS PODRIDOS

Reconoce STJE atraso del sistema judicial en Sinaloa; urge una cirugía mayor Alejandro Sicairos    El diagnóstico es severo: corrupción, miedo, presiones, amenazas, opacidad y desconfianza amenazan con colapsar el sistema de justicia en Sinaloa. Y el único remedio, aconseja el estudio, es la cirugía mayor. En la antesala de que el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa envíe al Congreso local las iniciativas de reforma constitucional en materia de garantías judiciales y de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, salen a relucir las deficiencias de un sistema obsoleto desde hace décadas. Una revisión a fondo de la situación en que opera la judicatura estatal revela la interferencia de una serie de factores que dificultan la equidad al momento de resolver sobre las controversias en los tribunales del fuero común. El principal es el temor que hace presa al personal de los juzgados en una entidad donde la delincuencia organizada actúa cotidianamente para amedrentar a los ciudadanos y a las instituciones. La mayoría de los jueces y actuarios han sido víctimas de advertencias en el desempeño de sus labores. “Simplemente en hechos en que vamos a entregar citatorios para la práctica de alguna diligencia penal las personas reaccionan violentamente y en algunos casos tenemos que apoyarnos en la fuerza pública. Lo más común es que en los juzgados se reciban casi a diario llamadas anónimas con amenazas de muerte”, dice un actuario. La corrupción, el otro azote de la justicia, exige demoler el vetusto edificio judicial sinaloense y erigir uno nuevo. La muestra es el reciente escándalo que envolvió a jueces locales al verse implicados en el fraude de alrededor de mil 300 millones de pesos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad. Tres enjuiciadores fueron removidos de sus cargos. También se detecta la permanente presión de particulares sobre los jueces en litigios, sobre todo que tienen que ver con el patrimonio o daño financiero. “Persiste la creencia en los sectores económicamente pudientes que la aplicación de la ley es una cuestión que está al mejor postor y constantemente asedian a los juzgados con tal de afectar la equidad en las sentencias a dictar”. A la falta de transparencia en los asuntos que conocen los juzgados, atribuye el diagnóstico la desconfianza que la población tiene hacia el sistema estatal de justicia. Bajo la sombra de una secrecía asumida arbitrariamente, los jueces, abogados y partes en litigio han incurrido en conductas ilícitas que atrofian con severidad la honorabilidad del aparato de justicia. El examen autocrítico que el STJE se hace a sí mismo, exige redimensionar y reestructurar el Consejo de la Judicatura para que realmente sea garante de independencia y autonomía y tenga una función plena de seguimiento y control de vigilancia del trabajo judicial. Nuevo marco judicial El magistrado Enrique Inzunza Cázarez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, advierte que a ningún juez se le pueden tolerar actos fuera del correcto proceder porque afectan el pilar principal de la judicatura que es la credibilidad. —¿Cirugía mayor al sistema de justicia en Sinaloa? —Totalmente. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial donde no haya ningún tema tabú. —¿Se requiere? —Se requiere con urgencia. No podemos generar la transformación del Poder Judicial con el marco normativo que tenemos. Sinaloa se quedó detenido en esa parte. Tenemos que ser autocríticos si queremos avanzar. Si estamos siempre con la actitud de pensar que estamos bien a pesar de que no lo estemos del todo, no podremos avanzar. Sinaloa necesita un marco judicial nuevo que fortalezca la posición institución del Poder Judicial como poder de equilibrio. —¿Cree que se pueda llegar a un esquema de absoluta rectitud en el Poder Judicial? ¿O hay márgenes tolerables? —No, no. No hay márgenes tolerables. Aquí la rectitud es una, no admite matices. Se es o no es. Esto requiere de una serie de medidas de fortalecimiento institucional que tiene que ver con la revisión, la supervisión y generar mecanismos de fortaleza y autonomía de los jueces. Que tengan garantías de que las resoluciones que ellos dictan estarán solamente sujetas al margen jurídico y que no obedecerán a presiones de ninguna índole, provenientes de ninguna parte. —Un problema fuerte es la corrupción. ¿Cuál es la actitud del tribunal en esos casos? ¿Mano dura? ¿Transigirá? —El que accede al servicio judicial debe asumir que el cargo de juez conlleva cargas que son de un comportamiento ético ejemplar. No solamente en el aspecto público sino en la vida privada. Los estándares de comportamiento son los más altos que se tengan y en esa medida estamos obligados a ser ejemplo, a estar libres de toda sospecha. —Se cree que hay tolerancias… —No. No se puede tolerar porque la fortaleza de la judicatura radica en la credibilidad. —¿Es posible un seguimiento completo al trabajo de los jueces? —Sí, claro. Estamos construyendo precisamente el mecanismo de seguimiento, control e inspección puntuales. Era algo que se había descuidado y yo he entendido que uno de los ejes torales del pleno del tribunal y de la presidencia en este caso, es tener mecanismos institucionales. —¿Puede haber jueces que actúan fuera de la ley por presiones, no necesariamente siempre por actos de corrupción, porque operan miedos o amenazas algunas ocasiones? —Claro, por ello la Constitución establece garantías a los jueces y magistrados, entre ellas la estabilidad en el cargo, la imposibilidad a ser privado de él a no ser por la comisión de actos que la misma Constitución prevé, el derecho a un haber una vez retirado del cargo, que tiene la finalidad de fortalecer la situación y garantizarle a los ciudadanos que quienes resuelven tienen una fortaleza institucional que les permite que sus resoluciones únicamente estén inspiradas en las normas que va a aplicar y que no ceda a presiones de ninguna índole. —¿Y qué dice la percepción? La gente sigue desconfiando de la justicia… —La percepción es una situación en la que yo no podría fijarle mi posición. —¿Pero están conscientes de una percepción negativa? —El sistema judicial en general, en todo el país, por diseños institucionales que no permiten que haya toda la transparencia posible, genera desconfianza. El reto es entender que necesitamos transparentar más para generar mayor confianza. Donde hay transparencia se dificulta que prohíjen conductas apartadas de la ética. La transparencia es la mejor vacuna en contra de la corrupción. Claves de la reforma El Supremo Tribunal de Justicia del Estado reconoce que la urgencia de fortalecer y modernizar la justicia es una cuestión de Estado. Esto implica responsabilidades propias de la judicatura y responsabilidades concurrentes y compartidas con los otros poderes. Es impostergable emprender una profunda reforma jurídica del sistema judicial. Para ello se trabaja en la elaboración de dos iniciativas: una de reforma constitucional en materia de garantías judiciales y otra de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en las que se establezcan, entre otros temas de alta relevancia: 1) La autonomía presupuestal del Poder Judicial y la irreductibilidad de su presupuesto. 2) Función de control constitucional y de equilibrio entre los poderes del Estado. 3) Procedimientos reglados para la selección de jueces y magistrados, basados en concursos de oposición públicos. 4) Un Consejo de la Judicatura con mayores capacidades y atribuciones para tutelar la independencia de magistrados y jueces, así como para vigilar que la función jurisdiccional cumpla con los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. 5) Especialización de los órganos de impartición de justicia en materia de justicia oral mercantil. 6) Juzgados de control y de juicio oral en materia penal. 7) Escuela Judicial. Evaluando a los jueces La más reciente evaluación del Consejo Coordinador Financiero, del cual forma parte la Asociación de Bancos de México, denominada “Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas, indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional local”, aporta una idea de la situación en que está el sistema judicial estatal. Aspecto evaluado en Sinaloa                                            Posición en el país Calidad de los juzgadores                                                                1 Calidad de las resoluciones                                                              1 Imparcialidad en los procedimientos                                                 2 Rapidez de procedimientos hipotecarios                                            3 Rapidez en procedimientos de ejecución                                           3 Controles y supervisión                                                                   7 Confiabilidad de servicios periciales                                                  8 Duración de diligencias de emplazamiento y ejecución                       8 Salario de jueces                                                                           10 Estructura y funcionamiento de tribunales y servicios auxiliares         10 Uniformidad de criterios                                                                 11 Lapsos de inactividad judicial imputables a autoridad judicial             12 Condiciones materiales de los juzgados                                           13 Autonomía de los jueces y magistrados                                           15 Condiciones materiales de las salas                                                20 Suficiencia de recursos humanos                                                    28 Existencia de medios de acceso electrónicos a la información            29 Ejecución con independencia de presiones de las partes o terceros    29 Rapidez de los procedimientos ejecutivos mercantiles                       30 Rapidez en los procedimientos ordinarios mercantiles                       30