Aparte del dolor por su inesperada ausencia, los familiares de desaparecidos
enfrentan otros pesares, como los atrasos y adeudos por créditos hipotecarios,
el obstáculo para disponer de los bienes a nombre del familiar desaparecido, los
acosos por deudas de bancos y afianzadoras, ante la falta de un acta de
defunción que oficialice la pérdida; aunque ya hay una propuesta de reforma al
Código Civil que está en manos del Congreso.
Sergio Haro Cordero
Ahogados en deudas, enfrascados en problemas civiles causados por la violenta
desaparición de un ser querido, cientos de víctimas padecen ante la
imposibilidad de que la ausencia o presunción de muerte de su pariente
secuestrado, sea declarada jurídicamente en un plazo que les permita enfrentar
los problemas de la ausencia y continuar su vida familiar.
Para los consanguíneos de hombres y mujeres privados de la libertad y
desaparecidos desde hace varios años, particularmente en medio de pugnas
internas de los cárteles en Baja California, es un tema contradictorio, pues
subjetivamente quisieran pensar que sus familiares están vivos, pero
objetivamente deben empujar la reforma para oficializar su muerte.
En Mexicali una señora sigue pagando el crédito educativo en una universidad
privada por la carrera de abogado de su hijo, aunque éste fue privado de su
libertad desde hace cinco años, tiempo en el que no se ha sabido nada de su
paradero. Mensualmente abona a una deuda de más de cien mil pesos.
Otra mujer en
Tijuana, pese a la necesidad y a ser beneficiaria, no puede disponer del dinero
que en una institución quedó de su hijo, también desaparecido desde hace varios
años.
A ello se suman deudas por casas hipotecadas con bancos o con INFONAVIT,
autos a nombre de personas que ya no están, que parece se las tragó la tierra y
que no pueden ser vendidos por la falta de la firma del propietario legal.
Este cúmulo de casos, que la Procuraduría archiva como asuntos sin resolver,
complican para la familia de las víctimas hasta los trámites más comunes en el
estado. Como ejemplo, los niños hijos de desaparecidos no pueden concretar el
pasaporte por la falta de firma del padre ausente.
De acuerdo a las leyes actuales, legalmente siguen vivos, aunque sus
hermanos, padres, hijos o esposas reciban información, no oficial, incluso de
autoridades, que les obligan a presumir que han sido asesinados.
Como las desapariciones y presuntos homicidios no son investigados porque las
autoridades le restan importancia, al tratarse de supuestas venganzas entre
traficantes menores, los deudos permanecen en el limbo jurídico.
Ante la evidente doble victimización de la familia de los desaparecidos, los
grupos sociales dedicados al tema en el estado insisten en eliminar la barrera
legal que impide reconocer los decesos y dar un formato jurídico a las
desapariciones, que permita a los parientes continuar su vida.
Proponen legislar respecto a las figuras de las llamadas declaración de
ausencia y presunción de muerte; la idea central es reformar el Código Civil
bajacaliforniano para que, a más tardar en dos años -actualmente son seis-, se
declare legalmente la presunción de muerte. En el otro caso, la propuesta es que
en un año -la vigente marca dos- se decrete la declaración de ausencia.
En la actualidad existe un dictamen al respecto que la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobará en sesión el lunes
30 de enero y presentarán, posteriormente, para votación del pleno, según
informaron los diputados.
Sin embargo, de última hora han surgido propuestas para agilizar los trámites
-de por sí ya atrasados por años- y no dejar nada a criterio de los jueces
civiles, incluso no tener que esperar uno o dos años para legalizar esa
situación de ausencia, aunque esto último sigue en discusión.
Urgen reformas
Las cifras hechas públicas por la Asociación Esperanza contra las
Desapariciones Forzadas y la Impunidad, indican que en los últimos años, más de
mil 400 personas han desaparecido.
Fernando Ocegueda, dirigente de Unidos por los Desaparecidos, se muestra
cauto en los datos, pero asegura que ellos han registrado, tan sólo en los
últimos años, 250 casos.
La tarde del jueves 12 de enero, después de encabezar una manifestación
frente al edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado –al
cumplirse cinco años dela desaparición de su hijo Diego, un caso de escandalosa
impunidad-, Irma Leyva y un contingente de integrantes de Unidos por los
Desaparecidos, se trasladaron al Congreso del Estado.
El tema tenía que ver con la propuesta de agilizar los trámites de carácter
civil en los casos de desaparecidos, para legalmente concretar la ausencia y
presunción de muerte.
Primero fueron recibidos por el diputado panista Ricardo
Magaña, quien les informó que ya estaba la propuesta de reforma al Código Civil,
y que los legisladores estaban en la disposición de sacarla lo más rápido
posible. También dialogaron con el priista Juan Montejano.
“La importancia de este punto es bien clara, pues hay personas que tienen
gente desaparecida de cinco, diez años, que tenían propiedades. Era lo único que
tenían los familiares, no hay muchos recursos económicos para salir adelante,
pero tampoco pueden hacer uso de esos bienes porque la persona propietaria está
desaparecida”, resumió Leyva en cuanto al reclamo a los legisladores.
“Haz de cuenta que está intestado, pero la familia tiene que seguir comiendo,
tiene que seguir viviendo”, completó la mexicalense.
Refirieron casos concretos, como el de una señora cuyo hijo desapareció cinco
años atrás. El joven se acababa de recibir como abogado en el CETYS, mediante la
opción de crédito educativo, y, para obtenerlo, sus padres fungieron como
aval.
Pero el muchacho desapareció junto con un joven, hijo de otra mexicalense que
aparentemente tenia ligas con el Cártel Arellano Félix. Se llevaron a los dos,
pero sólo liberaron al descendiente de la mujer presuntamente inmiscuida con
criminales, y de inmediato se fueron a vivir a San Diego, California.
La familia de la segunda víctima, un joven abogado, se quedó sin su hijo, y
con un abultado adeudo a una universidad privada, que a la fecha suma más de
cien mil pesos y que, legalmente, deben de seguir pagando.
Leyva comenta que en Tijuana hay varios casos de adeudos con el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o con los
bancos.
“Los familiares están desesperados”, asegura, de ahí la urgencia por
agilizar la iniciativa.
Parece un tema contradictorio, ya que subjetivamente quisieran pensar que sus
familiares están vivos, pero objetivamente deben empujar la reforma para
oficializar la muerte.
“Hay una madre que no acepta que su hija está muerta, no quiere aceptarlo y
su hija tiene ya tres años que desapareció, pero ella está bloqueada. Yo en mi
lugar, pues es muy duro, durísimo, pero mi hijo está muerto y tenemos que poner
los pies sobre la tierra”, refiere la activista mexicalense.
En un video grabado y publicado en mayo de 2007, el ex Comandante Ramón
Velázquez Molina, asesinado a golpes después de testimoniar ante los criminales
que lo capturaron, detalló cómo varios agentes ministeriales, incluido el joven
Hernández Leyva, fueron “levantados”, asesinados y enterrados en fosas
clandestinas en la colonia Ahumadita de Mexicali.
Diputados proponen
El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, Juan Montejano, explicó que la iniciativa de reforma al Código
Civil de Baja California en los artículos 661 y 697, fue propuesta por el
diputado Ricardo Magaña a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional (PAN) en el Congreso, y ya ha sido consensada.
“En la propuesta inicial le faltaban algunas cuestiones que se contraponían a
la legislación federal”, refiere Montejano al asegurar que los resolutivos de la
consultoría legislativa ya están redactados en un dictamen concluido y listo
para aprobarse en la Comisión, tentativamente en la sesión del lunes 30 de
enero.
El diputado priista explicó que las reformas abarcan el tema de los
desaparecidos, cualquiera que sea el motivo de la ausencia, y “pueden ser desde
causas naturales o por el fenómeno migratorio”.
“Hay gente que busca emigrar y desaparece cinco, seis años o más, que dejan a
sus familiares en un estado de preocupación, y jurídicamente hablando, esa
ausencia tiene una serie de consecuencias”, afirmó.
Montejano se dijo cercano al tema y mencionó el caso de su hermano, que
“desapareció” durante 12 años, hasta que finalmente lo localizaron en Seattle,
Estados Unidos.
“Esta situación trae una serie de implicaciones jurídicas terribles para los
familiares, y problemas. Inclusive hay familiares que firman como avales y
siguen pagando deudas”.
Sobre la retroactividad de estas reformas, el legislador recordó el principio
general, que cuando son de afectación no la hay, pero al tratarse de un
beneficio, sí existe jurisprudencia a favor.
Ricardo Magaña Mosqueda, inicialista de la reforma, explicó que Fernando
Ocegueda, del grupo Unidos por los Desaparecidos, se acercó para explicarle lo
delicado del conflicto legal que atravesaban los familiares de los
desaparecidos.
“Este problema transgrede el patrimonio de los familiares de los
desaparecidos, no pueden obrar, no pueden actuar judicial ni jurídicamente sobre
esos bienes hasta que no se oficialice después de cinco años la declaración de
ausencia y presunción de muerte.
El problema no son sólo los bienes de la
persona, sino los créditos hipotecarios y fiscales que tiene”, expuso el
legislador panista por Tijuana, quien consideró que esas propiedades se pueden
perder.
“No pueden actuar porque, ante la Ley, hay una persona que presuntamente
existe, pero físicamente ya no está. Lo importante es reducir los términos, el
tiempo para beneficiar a los familiares, que son los que están sufriendo, aparte
de la pérdida, de la ausencia de los desaparecidos en la cuestión económica y su
patrimonio, sobre todo, hay que salvaguardarlo”, anotó.
Las peticiones
En la opinión del activista Fernando Osegueda, por estar más enfocados en la
búsqueda de los desaparecidos y por desconocimiento de la situación por la que
estaban pasando las familias, esos temas no se habían tocado a fondo.
Recordó que al iniciar con las reuniones de grupo y tener más contacto con la
gente, empezaron a conocer más a fondo los problemas.
“Fue uno de los puntos que me llamó mucho la atención y me hizo tomar la
batuta en este aspecto”, dijo Ocegueda
Por eso fueron primero a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
donde les dijeron que esa instancia nada podía hacer, aunque se comprometieron a
emitir una recomendación sobre el punto, pero ésta nunca llegó.
Después de deambular por varias dependencias, finalmente dieron con la
Defensoría de Oficio, donde explicaron la situación que atraviesan. Aparte de la
ausencia del familiar, los compromisos hipotecarios y crediticios que deben
seguir pagando ante bancos y afianzadoras, al no existir un acta de
defunción.
“Las hipotecarias siempre te dan una cláusula donde dice que si la persona
llega a fallecer, automáticamente queda cancelada la deuda, creo que también en
las tarjetas de crédito y en otro tipo de situaciones de deudas.
Al morir el
esposo, automáticamente la familia queda con su patrimonio y queda cubierta. Mas
no es el caso de las personas desaparecidas, porque las dependencias están
pidiendo acta de defunción y las autoridades no te pueden dar un acta de
defunción porque no existe el cuerpo”, expuso Ocegueda, cuyo hijo desapareció en
Tijuana desde febrero de 2007.
Resolver la situación implica emprender un procedimiento, contratar un
abogado, tramitar un recurso y tener que esperar seis años, que empiezan a
correr a partir del inicio legal del caso ante un juez civil.
Ahora existe la propuesta en el Congreso para modificar el Código Civil, y
que los plazos se acorten a uno y dos años para la declaración de ausencia y la
presunción de muerte, respectivamente.
Pero Ocegueda cayó en cuenta que -por el desconocimiento del tema- no
incluyeron la parte relacionada con la retroactividad, pues de aprobarse esa
reforma, una vez iniciado el trámite, los familiares tendrían que esperar dos
años para terminarlo.
“No queremos esperar dos años, queremos que la persona que haya puesto una
denuncia en el 2005, que ya sea retroactiva”, ejemplifica Ocegueda.
El activista insiste en la importancia del tema y menciona casos de mujeres
que no pueden cobrar pensiones en el Seguro Social, ya que al no ser
oficialmente viudas, no les cubren la pensión por la falta del acta de
defunción.
Hay casos de gente que tienen un vehículo y no le pueden hacer el
cambio de propietario, otros que están en peligro de perder sus casas y unos más
que tienen adeudos por créditos.
“Aparte de que están destrozados por la pérdida de un familiar, están
teniendo problemas económicos”, y menciona el caso de los hijos menores que no
pueden obtener el pasaporte ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
por la falta de la firma del padre, o el caso de una señora ya mayor a quien le
desaparecieron al hijo -quien acababa de vender un terreno y tenía más de 300
mil pesos en el banco- y, aunque ella es beneficiaria, no puede acceder a ese
dinero que, además, tanta falta le hace.
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